Colombia | Petro presenta ante el Congreso su proyecto de reforma laboral
Llega el día ‘D’ para la reforma laboral del presidente Petro
Por Laura Lucía Becerra Elejalde
El tercer proyecto de reforma del Gobierno de Gustavo Petro, la reforma laboral, será radicado este jueves ante el Congreso. La iniciativa, según el Ejecutivo, pretende modificar el Código sustantivo del trabajo en tres grandes puntos: la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la protección de los derechos individuales de los trabajadores y la protección del derecho colectivo del trabajo, referente a las garantías sindicales.
Por ello, entre las bases del proyecto que llegaría al Congreso está, en primer lugar, el concepto de estabilidad laboral reforzada, que busca que las personas que se encuentren en circunstancias especiales solo puedan ser desvinculadas, si además de una justa causa o causa legar, se obtiene una autorización administrativa o judicial.
Esto cobijaría a las personas amparadas por el fuero sindical o de salud, trabajadores en situación de discapacidad, mujeres en estado de embarazo y hasta los 6 meses después del parto, prepensionados a los que les falten tres año para la jubilación y madres o padres cabeza de familia sin alternativa económica “que tengan a su cargo exclusivamente las responsabilidades familiares”.
El proyecto también buscaría reforzar la contratación con la figura del contrato a término indefinido como regla general, limitando la contratación por prestación de servicios, y avalando el contrato a término fijo hasta por dos años.
Además, define cambios en la jornada laboral, que sería de 8 horas al día y 42 horas a la semana distribuidas en 5 o 6 días, con un horario para el trabajo diurnode 6:00 am a 6:00 pm y nocturno desde las 6:00 pm.
Además y, según se ha conocido por el borrador de 73 artículos que se discutió en los últimos días en la mesa de concertación, se buscará formalizar a los trabajadores de mensajería por medio de plataformas a través de un contrato laboral y, con el fin de promover la política pública de formalización laboral, todos los empleadores del sector privado, deberán registrar los contratos de trabajo que suscriban ante el Ministerio del Trabajo.
Aunque hace cerca de cinco meses se instaló una subcomisión para construir el proyecto, compuesta por gremios, sindicatos y el Gobierno, y esta semana se reunió el Comité tripartita de políticas laborales y salariales, aún son varios los puntos que no llegan con un acuerdo definitivo ante el Legislativo.
Desde Fenalco, por ejemplo, se criticó el poco tiempo que tuvo en los últimos días la mesa de concertación para revisar el proyecto. En entrevista con Portafolio, Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, aseguró que desde Fenalco se dejó constancia sobre algunos puntos en los que no hay acuerdo, como consenso “por ir en contravía de la posibilidad de generar empleo como los nuevos costos que asfixian a las empresas”.
Desde la Andi, Bruce Mas Master, destacó, por su parte, la importancia del diálogo social y mencionó que si bien es poco probable llegar a un consenso total o un completo acuerdo frente a lo que se termina radicando entre gremios y sindicatos, “es valioso saber que hay aspectos con acuerdos totales”.
Para varios expertos, sin embargo, el proyecto aún genera dudas en relación con el impacto que podría tener en el mercado laboral, especialmente en relación con la formalidad de los trabajadores.
Carlos Mario Sandoval, Socio Líder People Advisory Services, EY Colombia y México, aseguró que se prevén cambios en los costos laborales para las empresas y que por ello hay que “analizar el impacto de estas propuestas para las empresas, microempresarios, informales y desempleados”.
Tal sería el caso con la limitación de la prestación de servicios, que según el experto, eliminaría oportunidades para pymes y personas naturales, pues Implicaría un incremento en costos de algunos servicios que contratan las compañías como vigilancia o aseo.
También alertó que en el caso de la tercerización laboral, dado que la reforma obliga a estas empresas a tener el mismo esquema de costos extralegales, se “afectaría de manera estructural a estas empresas, que hoy dan empleo formal a más de 400.000 personas”.
Reforma laboral de Petro: los 5 grandes cambios que quiere hacer el Gobierno
El Gobierno de Gustavo Petro alista una reforma laboral con la que pretende dignificar a los empleados en Colombia devolviendo algunos beneficios que reformas anteriores quitaron o modificaron.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez habló con la revista Semana de cuáles son los puntos clave de la reforma, cómo van a estar orientados los cambios y cómo ha sido la negociación con los empleadores.
Sin embargo, en la entrevista que realizó la ministra no hay una sola respuesta orientada a cuáles son los elementos de la reforma que les permitirán a los desempleados de hoy conseguir empleo luego del trámite legislativo.
La ministra incluso reconoce que uno de los riesgos que hay con la reforma es que algunos empleadores del sector privado prefieran despedir personal antes que asumir más cargas laborales contratándolos de planta.
Sobre cuáles son los ejes de la reforma Ramírez aseguró que “las tres partes de la reforma serán: principios, lo laboral individual y lo laboral colectivo. Así estará construido el proyecto. Eso es lo que estamos debatiendo. Ya empezamos a discutir los principios: la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima y vital, la estabilidad del empleo, el principio de favorabilidad y la progresividad”.
Con respecto a los objetivos del Gobierno con la reforma Ramírez sostuvo que » tendrá como objetivo proteger a la persona trabajadora. Hay una parte que es la estabilidad laboral. Ahí está el contrato a término indefinido como regla general. Es decir, pretendemos reducir a su mínima expresión los contratos a término fijo. Aquellas órdenes de trabajo por seis, ocho o nueve meses van a disminuir. La meta es que el trabajador sienta que tiene una estabilidad y, por tanto, una seguridad social como hoy está: una parte la paga el trabajador y la otra el empleador. Acabamos eso que existe hoy y es que cada cuatro meses a usted le hacen un contrato y tiene que ir y volver a afiliarse a la seguridad social, sacar de su pecunio, pero además quedarse un mes trabajando gratis”.
Ramírez aseguró que esto cobijará tanto al empleador del sector público como al del sector privado.
Sobre los tiempos que esto conlleva para las entidades públicas manifestó que “las normas generales en política laboral las define el Ministerio. Trabajaremos con Función Pública, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, para que esos 1.200.000 contratos que hay de manera perversa vayan disminuyendo en el Estado. Por ejemplo, para 2024, queremos que 28.000 puestos sean por contratación a término indefinido. Van 14 convocatorias que están impulsando la Función Pública y la Comisión del Servicio Civil para que todo sea por meritocracia. Nosotros defendemos ese valor en el sector público. En últimas, tendremos una transición con el fin de que, a partir de 2024, esas prácticas que recortan derechos y traslapan las relaciones laborales se vayan acabando como práctica en el Estado”.
Sobre si esa medida pueda significar el riesgo de que, en el sector privado, los empleadores prefieran prescindir de sus trabajadores la ministra dijo que “siempre hay riesgos. Lo que tenemos que decir es que se tiene que generar empleo, pero sin afectación laboral. El país ha cambiado, quiere que haya salarios dignos y decentes. Es una consigna mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y nosotros en Colombia trabajaremos para que la precarización de derechos humanos, que ha ocurrido en los últimos 32 años, termine”.
Ante la queja de algunos empresarios sobre las dificultades que traerá la reforma para la viabilidad de las empresas, Ramírez dijo que “no es verdad. En 2002, la Ley 789 prometió la creación de cerca de 600.000 empleos como compensación a la pérdida de derechos por trabajos en jornadas nocturnas o lo que conocemos como recargo nocturno. Se probó que la reducción de derechos no generó empleos y, por el contrario, deterioró la calidad de vida, los ingresos y la salud de las y los trabajadores. Lo que ahora estamos haciendo con la reforma laboral es un hecho de justicia social al recuperar las condiciones laborales. Es apenas lógico que a un trabajador o trabajadora que labore más, y por las noches o en horarios extras, le paguen lo justo. Por ejemplo, hoy la hora de un trabajador en Colombia con salario mínimo se paga a menos de un dólar, es decir, menos de 4.800 pesos. Y el recargo nocturno por cada hora es el 35 %, que ascendería a 1.690 pesos. ¿Usted cree que un empresario se va a empobrecer por reconocerle este valor a un empleado o empleada?”.
Sin embargo, aseguró que ha tenido puntos de acuerdo con los empresarios. “Debo decir que hemos encontrado más puntos de acuerdo que de desacuerdo. Hay un ambiente favorable en la concertación e incluso una de las preocupaciones en las que coincidimos tiene que ver con las altas tasas de informalidad y el estado de precariedad laboral en algunos sectores”.
Sobre si podría haber como consecuencia a la reforma una pérdida masiva de empleos, la titular de la cartera laboral indicó que “el empleo es una política de Estado y, como tal, se debe proteger. Este Gobierno apuesta por la reindustrialización, la asociatividad y la economía popular. La reforma no se orienta a la pérdida de empleo. Por el contrario, y así estamos de acuerdo en la mesa, queremos recuperar la formalidad y los estándares de trabajo decente. No se les olvide que las reformas que lidero se están concertando en una mesa tripartita, con empresarios, sindicatos y Gobierno. En ese sentido, son proyectos de ley que buscan lo mejor para las y los colombianos. Estas reformas llegarán al Congreso con la mayor concertación posible”.
Y agregó que “la reforma se orienta a fortalecer la estabilidad en el empleo. Vamos a impulsar la inspección, la vigilancia y el control en los lugares de trabajo para impedir los despidos arbitrarios”.
Sobre los límites para la contratación por prestación de servicios Ramírez aseguró que “habrá casos de límites a la subcontratación. Tenemos una contratación directa como regla general y una reducción de los contratos de prestación de servicios solo para labores excepcionales y especializadas. Ese punto debe quedar muy claro. Aunque hoy lo tiene la ley, este punto lo han vuelto la regla general y ya todo es tercerizado. La tercerización se mantiene, pero reducida a su mínima expresión”.
Incluso, explica que “por ejemplo, en una obra de construcción no puedo pedir que el contrato sea indefinido cuando un proyecto tiene un término de tres meses. Lo que sí puedo hacer es que ese constructor, cuando termine la obra, garantice el pago de la seguridad social de los trabajadores. Ocurriría lo mismo en cosechas, comercio y en todo el trabajo estacional. Eso es lo que estamos debatiendo en la mesa”.
Sobre los cambios previstos para la jornada laboral dijo que “la Ley 2101 de 2021 ordenó la reducción progresiva de la jornada de trabajo semanal de 48 a 42 horas. El límite de ocho horas diarias fue eliminado, una situación que ha generado preocupación en los organismos internacionales, como la OIT, que le han pedido al Gobierno corregir esta situación. La reforma está diseñada para respetar los límites de la jornada máxima diaria y responder a los estándares internacionales”.
Con respecto a cómo quedará la jornada nocturna manifestó que “estamos proponiendo que vuelva a iniciar a las 6:00 p. m. y que los dominicales y festivos vuelvan a remunerarse al ciento por ciento y no al 75 %, como es hoy. También estamos debatiendo y proponiendo que el contrato de aprendizaje vuelva a ser laboral. Que a esos chicos y chicas se les pague la seguridad social y los riesgos laborales. Además, otra de las propuestas de la reforma es la indemnización. Es un tema de un gran debate porque la Ley 789 abarató el despido sin justa causa de las empresas, es decir, hoy para el empresario es más fácil despedir que contratar. ¿Qué pretendemos? Aumentar las multas o ponerle barreras al despido sin justa causa. Ese punto tiene un gran debate en la comisión”.
Y frente a la posibilidad de remunerar de forma especial los sábados indicó que “el presidente Gustavo Petro lo anunció, pero por supuesto las jornadas laborales son un tema que aún se están estudiando en la mesa de concertación para llegar al mejor acuerdo posible”.
También aclaró que “la regulación sobre despidos colectivos no ha sido aún objeto de estudio en la mesa de concertación”, pero explicó que “estamos mirando porque las empresas aducen el derecho a despedir a quien no les funcione. Nosotros estamos diciendo que se despida, pero con un debido proceso. Esas son las diferencias centrales. Estamos en pleno debate”.
Para Ramírez las condiciones actuales son perversas y eso es lo que quiere corregir con la reforma. “tengo que decir que el estado actual de los trabajadores y trabajadoras en Colombia es perverso. Miren este dato: de la fuerza laboral de nuestro país, cerca del 50 % no alcanza a ganar 500.000 pesos. Y, por el otro lado, casi el 60 % está en la informalidad, es decir, trabajando sin protección social y sin derechos. Si a esto le sumamos la inestabilidad por la forma de contratación, no cabe la menor duda de que hoy en el país las y los trabajadores están precarizados”.
Con respecto a las vacaciones indicó que no habrá cambios en el modelo actual, ni para aumentar ni para reducir, porque se quiere priorizar la estabilidad laboral.
Con respecto a lo que contendrá la reforma sobre las plataformas digitales, dijo que “quienes trabajan para las plataformas digitales de reparto y conducción se reconocen como trabajadores. Se lo digo de otra manera: hay un aumento de plataformas digitales en Colombia. Antes de la pandemia, el Gobierno tenía identificadas cerca de 242, y después, y según estudios de la OIT, van más de 700. Esta es una nueva forma de trabajar que no podemos obviar. ¿Cuál es el problema? Primero: la presunción de laboralidad. Es el debate que hay jurídicamente a nivel mundial. Y, dos, la transparencia del algoritmo. ¿Qué es eso? Ya tú cambias de patrón, no tienes a una persona que te dice ‘haz esto o lo otro’. Tienes a un algoritmo, en el caso de Rappi o Uber, que te manda a hacer una carrera o un domicilio. El algoritmo te hace un seguimiento de tiempo. De alguna manera, ese algoritmo es el que da la subordinación. Nosotros decimos que ese manejo del algoritmo tiene que ser transparente para que el trabajador sepa que lo están geolocalizando, si tiene sanciones no lo vuelven a contratar y le disminuyen los pedidos, entre otros”.
Dice Ramírez que el algoritmo hace para los trabajadores de empresas, las veces de jefe. “es reconocer que el algoritmo hace una subordinación completamente al trabajador. Ahí hablamos de la presunción de una relación laboral. Recuerden que una relación laboral tiene tres requerimientos: subordinación, jornadas y condiciones, y que haya sanciones. Eso es lo que hoy hacen algunas plataformas. Ahora, no todas son susceptibles de relación laboral. Por ejemplo, una compra en línea, que se hace a través de una plataforma, no es una relación laboral. Pero sí todas aquellas plataformas que son de bienes y servicios y que son geolocalizadas. Tienen una relación laboral porque cuentan con un algoritmo que da las órdenes a unas personas identificadas en su morral, algunos se desplazan en moto, a pie, en bicicleta, y llevan el domicilio, es un producto que tiene un destinatario final que es un usuario. Si ese trabajador se demora un tiempo más de lo necesario, inmediatamente tiene un requerimiento del algoritmo, el cual le hace un seguimiento a través de satélites”.
Con respecto a los derechos que obtendrían los trabajadores de plataformas dijo que “nosotros hemos venido trabajando con ellos. Hemos dicho que tienen derecho a la seguridad social. Además, a la asociatividad sindical. En el proceso de la mesa que tenemos con las plataformas hemos avanzado: ellos aceptan que haya seguridad social, asociatividad sindical y ¿dónde está el debate? En la presunción de laboralidad, en este caso para la distribución de alimentos, bienes y consumo y la movilidad, los Uber y demás. Es un debate grande. Espero que en estas semanas que nos faltan podamos llegar a un acuerdo que nos permita ponernos a tono con las recomendaciones de la OIT en ese sentido. Hoy son más de 200.000 familias que están viviendo de estos modelos de bienes y servicios y de movilidad en términos generales”.
En el caso de las modelos webcam dijo que “ellas están en las plataformas digitales y tendrán un capítulo especial. Tienen varias modalidades. Unas personas son las protagonistas de los contenidos de pornografía y otras son quienes los producen. Son siete diferenciales. Para todos hay protección y formalización de las relaciones laborales”.
Frente al trabajo rural indicó que “la protección de los trabajadores rurales agrícolas y la agroindustria ya está reglamentada. ¿Cuáles son los trabajadores agrícolas? Acogemos el concepto de la OIT: todos los trabajadores que están en el campo y trabajan con la materia prima. Hablamos de los productores de alimentos, de los ordeñadores, de los recolectores de café. Hay una protección para ellos: la seguridad social que hoy no tienen”.
Sobre cómo sería la seguridad social en esos casos sostuvo que “estamos trabajando en eso. Ellos tienen una connotación, hay grandes y pequeñas fincas. Además, tienen un periodo estacional, es decir, trabajan por cosecha. Estamos discutiendo lo que se llama el trabajo a tiempo parcial con derechos. Eso significa que hay una presunción de estabilidad y una necesidad de garantizar la seguridad social. Además, hay una preparación a los trabajadores para enfrentar los procesos de automatización. Ejemplo: los ingenios antes tenían personas que cortaban caña. Hoy lo hacen con unas máquinas. ¿Qué pasa con los empleados que son sustituidos por las máquinas? Hay que hacerles reconversión laboral. Buscamos la forma de garantizar que sean capacitados. No solamente indemnizo y para afuera, sino un proceso de reconversión laboral. Eso correría por cuenta del empleador y el Estado. Habrá corresponsabilidad. Tenemos programas con el Sena, con el fondo Emprender y en el ministerio también tenemos programas de formación”.
Con respecto a los sindicatos aseguró que “respetamos la libertad sindical. Queremos fortalecer los sindicatos, que las empresas tengan organizaciones de representación de trabajadores para el diálogo social que aporten a la construcción del tejido empresarial. No es un secreto para nadie que el movimiento sindical en Colombia ha sufrido una estigmatización por décadas y es que las cifras lo dicen: solo el 6 por ciento de la fuerza laboral en Colombia está sindicalizada, es decir, apenas 1.200.000 personas pertenecen a una organización sindical. Esto es lo que debemos cambiar y ver en los sindicatos: oportunidades para la concertación y el diálogo constructivo. Es necesario reconocer los pesos y contrapesos en el mundo del trabajo. Si existen agremiaciones o fundaciones empresariales, ¿por qué no pueden fortalecerse las organizaciones de los y las trabajadoras?”.
Sobre las condiciones que trae la reforma para las empresas aseguró que “el empleador tiene garantías. Es un sistema de capitales. Para ellos hay unas prácticas distintas: créditos, programas de generación de empleo para las micro y mipymes. Es claro que la fuerza de trabajo produce la riqueza, pero sola no funciona, necesita a los empresarios, por eso siempre he dicho que tenemos que trabajar porque haya empresas sólidas, fuertes, potentes, coherentes, sin precarización laboral, que se entienda que detrás de las grandes empresas siempre hay una fuerza laboral que necesita tener derechos”.
Sobre los modelos ejemplo en materia laboral Ramírez aseguró que “en los insumos para la reforma laboral hemos tenido en cuenta los modelos de reformas laborales implementados en España y México, que se basan en la estabilidad, la restricción a la terciarización y el fortalecimiento a los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga”.
La ministra Ramírez considera que los puntos clave de la reforma son: “se busca que el fondo público, Colpensiones, y el fondo privado, que son los fondos de ahorro individual, dejen de ser competencia para que se vuelvan complementarios. El segundo punto es la universalidad del derecho a la pensión. Estamos trabajando en la ampliación de la cobertura de ese derecho a la pensión porque hoy tenemos una realidad: ninguno de los dos sistemas pensiona a todos sus afiliados. Llevamos años con la Ley 100 y lo que nos hemos dado cuenta es que la gente no alcanza a la pensión. Habrá un pilar solidario donde vamos a ampliar la cobertura, un contributivo que tendrá una escala (la semicontributiva) para aquella gente que cotiza y no alcanza a llegar a la pensión. Vamos a tomar medidas para que tengan un beneficio no solo de los 500.000 pesos que está planteando el presidente, sino un beneficio adicional que tiene que ver con sus cotizaciones. Y un pilar contributivo, que es donde hay más debate. Estamos proponiendo que sea de cuatro salarios mínimos base y que todos los colombianos coticen hasta esa cifra en Colpensiones”.
Finalmente, Ramírez aseguró que los temas pensionales, el rol de las AFP y el monto mínimo para cotizar en Colpensiones aún está siendo objeto de debate con los privados y otros actores.
