Tensión entre Gabriel Boric y Alberto Fernández por un comunicado del Grupo de Puebla
Presidente Boric descarta «escalar en polémicas», tras carta firmada por Alberto Fernández en apoyo a ME-O, pero pide «respetar las instituciones»
El Presidente Gabriel Boric abordó las declaraciones del denominado Grupo de Puebla —integrado por 29 líderes iberoamericanos—, quienes dieron a conocer una carta donde expresan su apoyo a Marco Enríquez-Ominami —uno de los fundadores de la organización— y cuestionan el aplazamiento del juicio oral por el caso SQM. Entre los firmantes que cuestionan a la justicia chilena se encuentra el mandatario argentino Alberto Fernández, con quien recientemente hubo otra polémica.
«Me cuesta meterme en esas polémicas, desde acá, lo único que puedo decir es que yo respeto las instituciones y espero lo mismo de mis colegas», sentenció el Presidente Boric, desde la Región del Biobío, hasta donde llegó para entregar las primeras viviendas de emergencia para damnificados por los incendios forestales que abrasan a la zona centro-sur del país.
«Entiendo que mi ministro de Justicia ya se refirió al tema, pero no voy a escalar en polémicas cuando las urgencias están en otra parte, en particular acá en el territorio”, agregó el Presidente Boric, específicamente desde Punta Lavapié, comuna de Arauco.
Especialmente duro fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, que apuntó hacia el presidente de Argentina, Alberto Fernández, uno de los 29 líderes iberoamericanos que firmaron la carta, en la que se denunciaba una supuesta maniobra de jueces y abogados cercanos al expresidente Sebastián Piñera para aplazar el juicio.
En declaraciones difundidas por radio Biobío, Cordero afirmó que no se «atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la Justicia argentina”.
“Yo logro entender cartas de ese tipo como apoyos políticos, pero del punto de vista institucional, me parece improcedente e impropio el contenido», afirmó el secretario de Estado.
Y añadió: «Me parece que desconoce cuestiones elementales del funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal en Chile y, por lo tanto, el Ejecutivo no solo respeta, sino que promueve y ampara la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público”.
Esta es la segunda polémica entre el Gobierno chileno y el Gobierno argentino en el último mes después de la filtración durante la última cumbre de la CELAC de un controvertido audio que implicaba a la Cancillería chilena y a la Embajada de Argentina en Chile.
En la carta, también firmada por el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo denuncia que «desde 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera”.
«Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones. Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio», criticaron.
En este contexto, expresaron su desencanto por la decisión adoptada esta misma semana, en la que se volvió a aplazar la apertura de la vista oral con un argumento que consideraron peregrino.
La misiva concluía con dos párrafos en los que los firmantes decían estar seguros de que «finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos».
Ademas de la del presidente argentino y el exmandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la misiva aparecían las rúbricas de líderes latinoamericanos como el colombiano Ernesto Samper, el ecuatoriano Rafael Correa, el panameño Martín Torrijos y el boliviano Evo Morales.
Igualmente firmaron Celso Amorim, ex canciller brasileño y actual asesor internacional del Presidente Lula da Silva, la presidenta de la Comisión de RR.EE. del Senado de México, Beatriz Paredes así como juristas del Clajud, liderados por el exjuez español Baltasar Garzón.
El escándalo SQM estalló en 2015, durante el segundo Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, e investiga el financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos con pagos procedentes de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile a personas relacionadas con estos por servicios nunca prestados.
El caso comenzó a ser indagado a finales de 2014, en el marco de la investigación de la Fiscalía de Chile por un caso similar de facturas falsas, conocido como «caso Penta».
Según el citado medio, la polémica sobre la apertura del Juicio Oral «ya la zanjó la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó abrir un sumario en contra de jueces del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago, por eventuales negligencias».
Quien también abordó el tema fue la Canciller Antonia Urrejola, confirmando que abordó el tema con el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa y señaló que “nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes”.
Pero el Gobierno del Presidente Boric no fue el único que respondió la carta del Grupo de Puebla. Desde el Ministerio Público también se refirieron a la misiva en apoyo a MEO y la calificaron de “improcedente”.
“Consideramos improcedentes las expresiones vertidas en la declaración citada y queremos reafirmar el carácter profesional y objetivo con el cual actúan los y las fiscales que ejercen la persecución penal en nuestro país, quienes lo hacen con estricto apego a la Constitución y las leyes, en un contexto institucional de autonomía e independencia”, se afirmó desde la Fiscalía.
Presidente Boric recorrió sector de Punta Lavapié, lugar afectado casi en su totalidad por incendios
En horas de esta tarde el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, en compañía del ministro enlace de la región del Biobío, Carlos Montes, y autoridades locales, llegó hasta el sector de Punta Lavapié en la comuna de Arauco, con la finalidad de revisar en terreno el avance de la instalación de las viviendas de emergencia que comenzaron a construirse desde el día martes.
Además, el Mandatario recorrió los restos de lo que fue la Escuela Jorge Iván Valenzuela, afectada en su totalidad y donde más de 140 niñas y niños perdieron su espacio de estudio.
«No podemos bajar la guardia. Esta misma semana se vienen altas temperaturas y tenemos alerta roja en ciertos sectores, en donde la prudencia nos indica que tenemos que mantenernos alerta», señaló.
Y añadió: «No me cabe ninguna duda que vamos a recuperar lo que se ha perdido. Ahora, hay cosas que no se recuperan, las vidas de las 25 personas fallecidas, la historia, los recuerdos, los olores del hogar. Y por eso el trabajo que tenemos que hacer tiene que ser también muy humano, no se trata solamente de números de personas, no son solamente las 63 viviendas de Punta Lavapié o los 3.242 damnificados. Detrás de cada uno de esos números hay una historia, hay recuerdos, hay olores y sabores que también es importante empatizar».
30 líderes iberoamericanos de 14 países, y 15 destacados juristas y abogados de 6 países, solidarizan con Marco Enríquez-Ominami
“Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo, una nueva modalidad de Lawfare”.
En Chile, desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones.
Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile.
Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado.
Aunque ya no se cumplió el plazo razonable, se inicia finalmente el juicio, pero con un nuevo obstáculo: un auto de apertura que no sería válido, lo que significaría la futura nulidad del juicio. De este modo se siguen violando o afectando los derechos de la defensa o el debido proceso.
Estamos seguros que finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos.
Como Grupo de Puebla y Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), nos solidarizamos con él y su causa porque estamos seguros de que saldrá adelante.
Grupo de Puebla- CLAJUD, febrero 2023.
Suscriben:
- Alberto Fernández, Presidente de la República de Argentina.
- José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España.
- Ernesto Samper, ex presidente de Colombia.
- Rafael Correa, ex presidente de Ecuador.
- Martín Torrijos, ex presidente de Panamá.
- Evo Morales, ex presidente de Bolivia.
- Celso Amorin, ex Canciller, actual asesor internacional del presidente Lula, Brasil.
- Cecilia Nicolini, Secretaria Cambio Climático, Argentina.
- Gabriela Rivadeneira, ex presidenta Asamblea Nacional, Ecuador.
- Daniel Martínez, ex candidato presidencial, ex intendente de Montevideo, Uruguay.
- Carlos Tomada, Embajador, Argentina.
- Beatriz Paredes, Senadora, Presidenta Comisión RREE del Senado, México.
- Ana Isabel Prera, ex Ministra de Cultura, ex embajadora, Guatemala.
- Carol Proner, Abogada, fundadora Asociación Juristas por la Democracia, Brasil.
- Adriana Salvatierra, ex presidenta del Senado, Bolivia.
- Ivan Cepeda, Senador, Colombia.
- Guillaume Long, ex Canciller, Ecuador.
- Karol Cariola, Diputada, Chile.
- Ricardo Patiño, ex Canciller y ex Ministro de Defensa, Ecuador.
- Camilo Lagos, ex Presidente Partido Progresista, Chile.
- Jorge Rodríguez, Presidente Asamblea Nacional, Venezuela.
- Aída García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, ex Embajadora, Perú.
- Hugo Martínez, ex Canciller, El Salvador.
- Andrés Arauz, ex candidato presidencial, ex Ministro de Economía, Ecuador.
- Carlos Ominami, ex Senador, ex Ministro de Economía, Chile .
- Verónika Mendoza, ex candidata presidencial, Perú.
- Mónica Xavier, ex Senadora, ex presidenta del Frente Amplio, Uruguay.
- Carlos Sotelo, ex Senador, México.
- Esperanza Martínez, Senadora, ex Ministra de Salud, Paraguay.
- Clara López, Senadora, Colombia.
- Aloizio Mercadante, ex Ministro, actual Presidente Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), Brasil.
CLAJUD
- 1. Baltasar Garzón, Jurista, España.
- Gerardo Pissarello, Diputado, Jurista, España.
- Eli Gómez Alcorta, Abogada, ex Ministra de la Mujer, Argentina.
- Gisele Ricobom, Abogada, Brasil.
- Silvina Romano, Historiadora y Comunicadora, Argentina.
- Harold Corréa, Abogado, Chile.
- Virgilio Hernández, Abogado, Ecuador
- Damian Loreti, Abogado, Argentina.
- Larissa Ramina, Abogada, Brasil.
- Emilio Camacho, Jurista, Paraguay.
- Charlotth Back, Jurista, Brasil.
- Adoración Guamán, Jurista, Ecuador-España.
- Juárez Tavares, Abogado, Brasil.
- Gisele Cittadino, Jurista, Brasil.
- Jaime Quiroga, Abogado,Ecuador.
Caso SQM: Fiscalía califica de «improcedentes» las críticas del Grupo de Puebla
Este miércoles, un grupo de cuarenta líderes políticos que forman parte del Grupo de Puebla -entre ellos el presidente argentino Alberto Fernández– publicó una carta en que respaldan a Marco Enríquez-Ominami en el marco del inicio del juicio oral por el caso SQM.
En la misiva, el Grupo de Puebla dice que en el caso que investiga financiamiento irregular de la política se ha configurado «una inadmisible forma de perseguir un liderazgo» y acusa que hay fiscales «ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera».
Este jueves, la Fiscalía Nacional respondió a la carta y negó las acusaciones. «Consideramos improcedentes las expresiones vertidas y queremos reafirmar el carácter prodesional y objetivo con el cual actúan los y las fiscales que ejercen la persecución penal en nuestro país», dicen en un comunicado.
En esa línea, el Ministerio Público señala que los fiscales cumplen su labor «con estricto apego a la Constitución y las leyes, en un contexto institucional de autonomía e independencia».
Más temprano, el ministro de Justicia Luis Cordero manifestó que las «declaraciones que tienen por propósito afectar o comprometer o criticar esa independencia o esa autonomía, en mi opinión, me parecen impropias».
