Perú | El órgano electoral consideró «inviable» la propuesta de un referendo para la constituyente
JNE consideró inviable propuesta de referéndum para Asamblea Constituyente
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) consideró este miércoles inviable la propuesta de un sector del Congreso para realizar un referéndum nacional, a fin de consultar a la población sobre la realización de una Asamblea Constituyente.
De acuerdo con la institución, el mecanismo de consulta a la ciudadanía (referéndum) está referido a la aprobación o desaprobación de normas y a lo vinculado a procesos de descentralización.
La Asamblea Constituyente es un órgano de representantes escogidos por la ciudadanía que se encuentra encargado de redactar una nueva Constitución. Las bancadas de izquierda impulsaron esta iniciativa durante los últimos debates de adelanto de elecciones, pero no prosperó.
Así, en respuesta a la consulta realizada por la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento, el JNE determinó que la propuesta legislativa no se encuentra conforme a lo establecido a la Carta Magna.
Además, el JNE refirió en un oficio hacia dicha comisión que el Congreso, respetando los límites materiales y formales para las reformas normativas, puede evaluar la pertinencia de establecer otro procedimiento de consulta popular.
Adelanto de elecciones: «Es necesario que haya un tiempo de meditación»
El presidente del Congreso, José Williams Zapata, se pronunció respecto a la decisión que se tomó en el último Pleno de reabrir el debate del adelanto de elecciones generales y sobre la reconsideración que presentó el parlamentario Jorge Montoya para que se volviera a votar la propuesta de dicha reapertura.
Al respecto, Zapata señaló que esa reconsideración no se votó el viernes pasado porque los parlamentarios debían tener «tiempo» para «meditar con calma» su decisión sobre el tema.
«No se votó la reconsideración porque considero que es necesario que haya un tiempo de meditación, que los congresistas piensen bien en el asunto, y que no nos apresuremos con un proyecto al 2023, al 2024 o al 2026. Creo que una calma es conveniente para poder analizar bien las cosas», refirió.
El presidente del Legislativo señaló que «hasta julio» próximo habrá tiempo para ver un nuevo dictamen sobre dichos comicios.
«De aquí a julio, se puede volver a tratar el tema, no solamente en esta legislatura que ya terminó el 19 (de febrero), sino a partir del 1 de marzo podemos ver el tema con un nuevo dictamen y se puede ver el adelanto de elecciones», resaltó.
España suspende venta de material antidisturbios a Perú por violaciones a los derechos humanos
Por Kenny Jhorch
En los últimos meses, las protestas sociales en Perú han sido noticia por la represión policial que se ha ejercido en contra de los manifestantes. En medio de este contexto, el gobierno de España decidió suspender la exportación de material antidisturbios para la represión policial. Esto en respuesta a reclamos de varias organizaciones de derechos humanos.
La empresa española Maxam, fabricantes de proyectiles que lanzaron los policías a manifestantes es el centro de la atención de las organizaciones pro derechos humanos. De hecho, Amnistía Internacional solicitó al gobierno español la suspensión de la venta de este material al Perú. Esto se dio luego de que se reportaran más de medio centenar de muertes a causa de la represión policial.
Ante las presiones de diversas bancadas parlamentarias, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, confirmó durante una intervención en el Congreso de España que el país no podrá volverle a comprar a España, por lo menos por ahora, más material antidisturbios para usar en las movilizaciones sociales organizadas en Perú.
España, principal suministrador de armas a Perú
Cabe destacar que España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. Entre 2017 y junio de 2022, las autorizaciones de licencias de armas a Perú alcanzaron los 184 millones de euros. De ese total cerca de 40 millones fueron de material antidisturbios. En este sentido, Amnistía Internacional señala que el gobierno de Pedro Sánchez estaba «legalmente obligado» a suspender el envío de armamento en este contexto represivo.
Las protestas en el Perú
Las protestas sociales en Perú iniciaron tras la vacancia de Pedro Castillo y la posterior asunción de Dina Boluarte en la Presidencia de la República. El exmandatario terminó saliendo de Palacio de Gobierno luego de su fallido intento de golpe de Estado, y fue Boluarte, en ese entonces vicepresidenta, quien juró al cargo por sucesión presidencial.
Entre los pedidos de la población movilizada figuran la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso de la República, el llamado a nuevas elecciones generales, la liberación de Castillo y una nueva Constitución Política.
En definitiva, la decisión del gobierno español de suspender la exportación de material antidisturbios al Perú es una respuesta importante ante la preocupación por la violación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. A pesar de que el comercio de armas entre ambos países sigue siendo significativo, esta medida puede ayudar a reducir la violencia y a fomentar el diálogo y la solución pacífica de los conflictos.
Amnistía Internacional : «La represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población Indígena y campesina»
Amnistía Internacional. Desde diciembre de 2022, ha habido una serie de protestas masivas en las que la población indígena y campesina ha participado. Sin embargo, en lugar de escuchar y responder a las demandas de la población, el Estado ha recurrido a la represión violenta. Tanto el Ejército como la Policía Nacional han utilizado armas letales y otras armas en contra de la población. Estos ataques son generalizados y reflejan el desprecio del Estado hacia estas comunidades.
Amnistía Internacional ha documentado varios casos de violaciones de derechos humanos, incluyendo la muerte de 12 personas a causa del uso de armas de fuego. Además, se han reportado 46 posibles violaciones de derechos humanos y fallas en la investigación y justicia en relación a estos incidentes.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas ha denunciado que las autoridades peruanas han respondido al clamor social de miles de comunidades con el uso excesivo y letal de la fuerza durante más de dos meses. Esto demuestra la falta de voluntad del gobierno para garantizar los derechos humanos de estas comunidades.
Las protestas comenzaron en las regiones más marginadas del país, como Apurímac, Ayacucho y Puno, donde la población indígena ha sido históricamente discriminada y ha luchado por acceder a derechos básicos. A medida que las protestas se han extendido a la capital y otras partes del país, la situación política se ha vuelto cada vez más incierta.
Gobierno presenta PL para endurecer penas de delitos durante un estado de emergencia
Por Ricardo Mc Cubbin
El Gobierno de Dina Boluarte ha presentado un proyecto de Ley al Congreso de la República con el fin de agravar las penas de delitos cometidos durante un estado de emergencia. Para esto, se busca modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal. La propuesta fue presentada mediante una carta dirigida al presidente del poder Legislativo, José Williams.
De acuerdo al documento, el objetivo de la norma es «reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados cometidos durante la vigencia de un estado de emergencia».
En la exposición de motivos, el texto cita al Tribunal Constitucional, el cual señala, por ejemplo, que si bien existe el derecho fundamental a la manifestación, esta no ampara el uso de la violencia como un fin o mecanismo. El TC también indica que «los autores de los desmanes, actos violentos o delitos deben ser sancionados sin reprimir a todos los que participan de la protesta».
Es así que la violación de domicilio pasa de una pena no mayor a 2 años de cárcel a entre 2 y 4 años. Si mediante violencia se obstaculizan vías de comunicación o impide el libre tránsito, se pasa de entre 5 a 10 años de cárcel a entre 6 y 10 años. Las formas agravadas de usurpación pasan de entre 5 y 12 años de cárcel a entre 8 y 15 años.
La pena por el daño agravado a un inmueble ajeno pasa de entre 1 y 6 años de cárcel a entre 4 y 8 años de cárcel. La del peligro por medio de incendio o explosión pasa de entre 3 y 10 años de cárcel a entre 4 y 12 años.
¿Qué modificaciones en el Código Penal propone el Gobierno?
El Poder Ejecutivo busca realizar cambios en los artículos 121, 122, 159, 186, 189, 200, 204, 206, 273, 279, 279 – A, 279 – B, 279 – G, 280, 283, 315, 365, 366 y 367 del Código Penal. Entre las modificaciones se encuentran:
| Artículo | Pena actual | Pena durante estado de emergencia |
| 159. Violación de domicilio | Pena no mayor a 2 años de cárcel. | Entre 2 y 4 años de cárcel. |
| 200. Mediante violencia o amenaza se obstaculizan vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos. | Entre 5 a 10 años de cárcel. | Entre 6 y 10 años de cárcel. |
| 204. Formas agravadas de usurpación. | Entre 5 y 12 años de cárcel. | Entre 8 y 15 años de cárcel. |
| 206. Daño agravado a un inmueble ajeno. | Entre 1 y 6 años de cárcel. | Entre 4 y 8 años de cárcel. |
| 273. Peligro por medio de incendio o explosión. | Entre 3 y 10 años de cárcel. | Entre 4 y 12 años de cárcel. |
| 279. Fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos. | Entre 5 y 15 años de cárcel. | Entre 10 a 20 años de cárcel. |
| 279-B. Sustracción o arrebato de armas de fuego. | Entre 10 y 20 años de cárcel. | Entre 12 y 22 años de cárcel. |
| 279-G. Fabricación, comercialización, uso o porte de armas | Las penas van entre los 6 y 15 años de cárcel. | Entre 12 y 20 años de cárcel. |
| 280. Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos | Las penas van entre los 4 y los 8 años de cárcel | Entre 8 y 10 años de cárcel. |
| 365. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo. | Pena no mayor a 2 años. | Pena no mayor a 4 años años. |
| 366. Violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. | Entre 2 y 4 años de cárcel. | Entre cuatro y 6 años de cárcel. |
¿Cuántas personas han fallecido durante las protestas en contra del Gobierno y el Congreso?
Victimas. De acuerdo al último reporte diario de crisis política y protesta social de la Defensoría del Pueblo, 48 civiles han muerto durante enfrentamientos con las fuerzas del orden. Asimismo, 11 personas han perdido la vida por hechos vinculados al bloqueo de carreteras. Por otro lado, un policía falleció en el contexto del conflicto.
