Perú | Castillo habla desde la prisión y afirma que Boluarte trabaja con el Fujimorismo
Pedro Castillo: «Dina Boluarte trabaja con el fujimorismo»
El equipo del medio español El Salto ha entrevistado en exclusiva al presidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. Aún sin sentencia pero con prisión preventiva, el artículo describe que Castillo se encuentra en una celda sin ventanas (solo un tiempo para salir al huerto del penal) y desde que fue detenido no ha tenido ninguna comunicación con su familia, muy diferente régimen al de Alberto Fujimori en el mismo recinto penitenciario pero en cárcel dorada.
En la celda hay un escritorio y un televisor, describe el periodista Julio Zamarrón de El Salto, y le pregunta sobre su familia. «No tengo acceso a comunicación, tampoco a derecho de videollamada con ellos. Se encuentran refugiados en México. Quisiera hablar con ellos», señala Castillo.
Es la primera entrevista que Castillo da y habla sobre Dina Boluarte: «Ella se colgó de la lucha. Yo la hice conocida, porque yo sí llegaba a las bases del pueblo. Se aferró a ser ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nunca quiso soltarlo. Tuvimos muchas peleas por eso. Lloraba para no ser removida del cargo, decía que tenía familia y nos manipulaba con eso. Siempre logró que no la removiéramos».
¿Cuál es la relación de Boluarte actual con el fujimorismo y la oligarquía peruana? ¿Se han aliado?, pregunta el periodista y Castillo da una respuesta contundente: «Ella trabaja con el Fujimorismo, todos ellos organizaron el complot. Ella tiene el apoyo y lo sé muy bien. Todo estaba preparado con la policía y las fuerzas armadas. Ella, la Fiscalía, la derecha peruana, sobre todo el Fujimorismo. Sé ahora que ella tenía acercamiento con la derecha peruana desde antes del 7 de diciembre del 2022. Ella tenía y tiene amistad con la derecha. Se han aliado, conversado y eso fue desde antes, según sé ahora. Ella contrató a personas del Fujimorismo en el Ministerio, nunca le dio la oportunidad a quienes son del pueblo y las regiones. Y ahora ha quedado expuesta, ha llamado a toda la derecha más violadora de derechos humanos a un gabinete. La lista es conocida. Ella solo aparentó ser demócrata hasta que ahora ya es evidente su verdadera personalidad: dictadora».
Castillo no se ha guardado mucho para esta entrevista a un medio extranjero y responde a quienes opinan que la culminación de su gobierno fue un autogolpe. Castillo dice: «Es un discurso que ha creado la derecha. Desconocen la realidad de las cosas, son tan ignorantes que se crean sus propias historias y ellos mismos repiten y repiten sin realizar un correcto trabajo de periodismo de investigación. La prensa tradicional en Perú es una vergüenza. Han intentado destruir a mi familia, están destruyendo a muchas otras personas opositoras a este Gobierno de facto. Los responsables de la prensa me parecen los verdaderos ignorantes y son ellos quienes dicen que ha sido un autogolpe, no el pueblo».
Terruqueo y multinacionales
Respecto al teruqueo desde el Poder Ejecutivo y el Congreso, Castillo advierte que «el terrorismo es un psicosocial y una mentira que utiliza este Gobierno para callarnos a los opositores. A mí me han llamado terrorista desde la segunda vuelta. Siendo presidente nos han insultado y maltratado, nos decían terroristas en la prensa y ahora me encarcelan por un delito de rebelión que no he cometido».
En otro momento, el presidente vacado -aunque no lo afirma- señala que hay un gran poder económico que podría haber influido en el hostigamiento a su mandato. ¿Han jugado algún papel las multinacionales europeas, concretamente españolas en el hostigamiento hacia su mandato?, pregunta el periodista. A lo que Castillo responde: «Sobre las multinacionales, sobre todo en Europa, se me viene a la mente los cancilleres y embajadores. Es un espacio de vacas sagradas. Las embajadas son un mundo de élite diferente al pueblo. Mi Gobierno quería impulsar el cambio de requisitos para acceder a la diplomacia peruana, pero no lo permitieron. Hay mucho elitismo y poder en este espacio».
El equipo legal que defiende a Pedro Castillo, según lo confirma él mismo, se encuentra conformado por la Red Nacional de Derechos Humanos a cargo del abogado venezonano Asdrubal Gonzales. También le asisten el abogado peruano Wilfredo Robles y recientemente los abogados penalistas y de derechos humanos Indira Rodríguez, Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto.
INPE inicia segundo proceso sancionador contra Pedro Castillo en el penal de Barbadillo
El Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) anunció este martes que abrió un nuevo proceso administrativo disciplinario contra el expresidente Pedro Castillo.
Según indicaron, la razón sería la “presunta entrevista” que el exmandatario brindó a un medio de comunicación llamado elsaltodiario.com. En este sentido, es el segundo trámite que se inicia en su contra luego de que se le recluyera en el penal Barbadillo.
La institución indicó en el comunicado que no autorizó ninguna entrevista dentro del centro penitenciario, además, recordó que ya se le había iniciado un proceso por una carta que publicó en Twitter.
«El 26 de enero el INPE ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario al interno por la comisión de una presunta falta disciplinaria con respecto a la carta firmada y publicada en la red social Twitter, la misma que se encuentra en proceso de investigación a fin de que el Consejo Técnico Penitenciario determine alguna responsabilidad conforme a ley», se lee en el documento.
Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo durante 18 meses en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Sin embargo, su cuenta en redes sociales ha seguido activo.
La defensa de Castillo Terrones había solicitado que se varíe la medida cautelar impuesta en contra de su patrocinado por una comparecencia con restricciones, a fin de que el exmandatario pueda llevar el proceso en libertad. No obstante, esto no prosperó.
Continúan procesos contra Castillo
La Comisión Permanente del Congreso evaluará este martes el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
La denuncia constitucional, presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, alcanza a Juan Silva y Geiner Alvarado, en su condición de exministros de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respectivamente.
De ser aprobado, el informe final, sustentado por el congresista de Avanza País, Diego Bazán, tendrá que ser votado en el Pleno del Congreso.
Poder Judicial declaró el pasado 1 de febrero infundada la cuestión previa planteada por la defensa legal del expresidente Pedro Castillo que buscaba anular el proceso en su contra por el presunto delito de rebelión. Pese a esto, el exmandatario ha continuado con la presentación de varios documentos judiciales.
La defensa de Pedro Castillo también solicitó al Poder Judicial que se anule la resolución emitida por el Congreso en la que se dispuso su vacancia por incapacidad moral permanente. La solicitud se dio mediante una acción de amparo que lleva la firma de Castillo Terrones y el exministro de Defensa, Walter Ayala.
Poder Judicial condena a Vladimir Cerrón a cuatro años de prisión efectiva
El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se encuentra en serios aprietos. El Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Junín lo sentenció a cuatro años de prisión efectiva al encontrarlo responsable del delito colusión por el caso “Aeródromo Wanka”. La medida también alcanza a otras cuatro personas, quienes son exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín.
No obstante, el juez Guido Arroyo Ames dispuso que la sentencia se ejecute cuando esta sea confirmada en segunda instancia.
Hasta que el fallo sea declarado firme, el juzgado dispuso que los sentenciados cumplan una serie de medidas: no ausentarse de la localidad de su residencia (bajo advertencia de solicitar un impedimento de salida del país en su contra) y pasar semanalmente por el control biométrico en la sede fiscal.
El magistrado también ordenó que Cerrón y los otros coacusados paguen, de manera solidaria, una reparación civil de S/2′018,180. Además, se dispuso la inhabilitación de estas personas para ejercer cargos públicos por cuatro años, aún así vengan de elección popular. Esto último se aplicará una vez que la sentencia sea confirmada en segunda instancia.
El representante de la Fiscalía se abstuvo de emitir una postura hasta no conocer el íntegro de la sentencia judicial, mientras que el defensor de Cerrón apeló la decisión.
El caso
De acuerdo a la tesis fiscal, en junio del 2014 el entonces gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y el representante legal del consorcio Gran Aeródromo Wanka, Luis García Morón, suscribieron un contrato para la construcción de dicho recinto sin considerar el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Antes de que se suscribiera el contrato, la DGIP del MEF señaló que el diseño final de los contratos de Asociación Público Privadas (APP) deberá contar con la opinión favorable del MEF bajo sanción de nulidad de manera previa a su suscripción. Es decir, de esto ya tenía conocimiento Vladimir Cerrón antes de la firma del contrato”, señaló el representante del Ministerio Público durante la audiencia inicial del juicio oral contra Cerrón.
Además, la Fiscalía concluyó que el Gobierno Regional de Junín no debió haber realizado gestiones para construir dicho aeródromo en la zona ya que colisionaba con la postura del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En un informe, el MTC determinó que esta región (Junín) ya cuenta con un aeropuerto y consideró que no se debía invertir en la creación de otro.
Desde la defensa legal de Cerrón alegan que “no existe ninguna prueba o acto de concertación entre el líder de Perú Libre y el representante del consorcio”.
A través de Twitter, Cerrón cuestionó el fallo judicial y recalcó que presentará una apelación. “Sentenciado por tratar de construir un aeropuerto para Huancayo. Contrato APP declarado nulo, el Gobierno Regional de Junín no invirtió un solo centavo. Se postula que habríamos puesto en riesgo al Gobierno Regional, se impone reparación de 2 millones (de soles), inhabilitación laboral, electoral e impedimento de salida. Apelaré”, cuestionó.
