Elecciones seccionales y Consulta Popular | ¿Qué eligen las y los ecuatorianos este domingo?
La cantidad total de dignidades a elegir en las elecciones seccionales 2023 de Ecuador
Las elecciones seccionales 2023 han convocado a más de 13 millones de ecuatorianos para el próximo domingo 5 de febrero. La jornada electoral será desde las 07:00 a 17:00 y 279.244 ciudadanos integrarán las Juntas Receptoras del Voto.
Al acudir a las urnas, los electores recibirán siete papeletas si pertenecen al área urbana, y ocho papeletas si pertenecen al área rural. Las papeletas comprenden a alcaldes, prefectos, concejales rurales o urbanos, juntas parroquiales, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y referéndum.
Día de las elecciones
Por cada junta receptora del voto (JRV) habrá 350 electores. Existirán dos urnas para depositar las papeletas: una para las dignidades de prefectos y alcaldes; y la segunda para concejales urbanos y rurales, juntas parroquiales y las del CPCCS.
Se mantendrán tres niveles de seguridad en las papeletas y se implementarán protocolos de entrega y recepción de base de datos de candidaturas y logotipos de organizaciones políticas.
Luego de las 17:00 de ese 5 de febrero, cuando se cierra la votación, los miembros de las JRV empezarán a contar los votos de las papeletas de la dignidad de prefectos; segundo, de alcaldes; y tercero, las tres papeletas de los candidatos al CPCCS, en el siguiente orden: mujeres, hombres y de los pueblos y nacionalidades.
Luego continuarán con las de los candidatos a concejales urbanos y rurales y de los miembros de las juntas parroquiales. (I)
Las ocho preguntas que estarán en la papeleta del referendo 2023
El presidente Guillermo Lasso impulsará ocho preguntas de referendo y no habrá preguntas de consulta popular. Los temas más polémicos son la extradición y el proceso para la selección de autoridades de control.
El presidente Guillermo Lasso decidió no esperar más y convocó a un referendo constitucional con las ocho preguntas que pasaron la revisión de la Corte Constitucional (CC).
Entre las propuestas más polémicas, contenidas en el decreto ejecutivo con el que se hizo la convocatoria, están: la extradición de narcodelincuentes, reducir el número de legisladores y modificar el proceso para la selección de autoridades de control.
Pese a las voces en contra, la Corte decidió que esos planteamientos sí cumplían con los requerimientos legales y dio paso para que puedan llevarse a las urnas.
Así, el contenido de las ocho preguntas que irán a referendo serán:
1- La extradición
La Constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos, sin importar el delito que hayan cometido. Esto incluye aquellos relacionados con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes.
El presidente quiere cambiar la Constitución y que, en esos casos, se permita que los narcocriminales sean extraditados.
“Ecuador se ha transformado en un país donde se encuentra gran parte de la cadena logística necesaria para traficar drogas”, argumenta
El objetivo es que puedan ser juzgados en otros países donde hayan cometido delitos, con penas “más duras e ineludibles” porque la credibilidad del sistema judicial ecuatoriano está en crisis.
2- La Fiscalía
Con la segunda pregunta, el Gobierno quiere cambiar el funcionamiento de la Fiscalía, para que no dependa del Consejo de la Judicatura, que ahora se encarga de seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a los fiscales.
Según el Gobierno, la Judicatura no ha realizado un proceso de selección de fiscales en nueve años, por lo que hay un déficit de 602 funcionarios. Eso provoca lentitud en los procesos penales. Tampoco ha habido procesos de evaluación.
Por lo tanto, el objetivo del referendo es “garantizar la autonomía de la Fiscalía”. Y que, en adelante, sea la misma entidad la que tenga la responsabilidad sobre los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal.
3- La Asamblea
En 2021, los ecuatorianos eligieron a 137 asambleístas y, según la Constitución, para las siguientes elecciones generales de 2025, el número podría ascender a 152.
Esto porque la cantidad de legisladores debe aumentar en proporción con el crecimiento poblacional de cada jurisdicción. Ese cambio estaba previsto para 2021, pero no sucedió porque el censo no se ejecutó en 2020.
La propuesta del Ejecutivo sostiene que esto causa una distorsión en la representatividad y vulnera la igualdad del voto de los ecuatorianos. Por lo que propone un nuevo esquema de criterios para la selección de los asambleístas.
4- Movimientos políticos
La cuarta pregunta del referendo apunta a los 272 movimientos políticos, pero deja de lado a los partidos.
En medio de los permanentes escándalos por la afiliación fraudulenta de militantes de las organizaciones políticas y el nacimiento y renacimiento de tiendas políticas, el Ejecutivo propone un control de sus miembros, que sea auditado periódicamente.
Así como plantea que tengan un mínimo de militantes equivalente al 1.5% del padrón electoral de su jurisdicción. Según los cálculos del Gobierno, podría haber movimientos locales con apenas 10 miembros, en 80 cantones.
5- Autoridades de control
En su afán de restar competencias al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), el Gobierno plantea mantener las postulaciones ciudadanas para las autoridades de control, pero que su proceso de selección sea en el Legislativo.
Los procesos para designar al Contralor, Fiscal, defensores Público y del Pueblo, y a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) estarán en manos de la Asamblea.
Al igual que de los superintendentes, del Procurador y del Consejo de la Judicatura.
Cada uno con sus plazos y con comisiones técnicas, que emitan informes vinculantes para aprobación del Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros (71).
El Ejecutivo critica que las decisiones en el CPCCS dependan solo de cuatro personas y recuerda que los retrasos en la designación de autoridades han puesto en jaque a una decena de entidades de control, que llevan años encargadas o subrogadas.
6- El Consejo de Participación
Esta enmienda constitucional plantea eliminar las elecciones por sufragio universal de los consejeros del CPCCS, pero mantiene la prohibición de que sean militantes de alguna agrupación política, al menos, en los últimos cinco años.
Y señala que en la última elección se presentó el número más alto de nulos y blancos en la historia del país: con 44,96%. Y que, de los actuales consejeros, el que mayor votación obtuvo en las urnas recibió apenas el 28,10% de respaldos.
En su lugar, propone que sean elegidos con el voto de la mayoría absoluta de los asambleístas (71), de entre una lista de 20 candidatos remitidos por la comisión técnica de selección.
El proceso se llevará de la misma manera que la designación del Contralor, Fiscal, defensores, CNE y TCE.
La penúltima pregunta del referendo busca crear un subsistema de protección hídrica, que forme parte de Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo control estatal.
“La consulta es de todos y eso debe incluir a nuestra madre naturaleza”, dijo el Mandatario. Por ello, según el Gobierno, el objetivo es proteger el agua.
8- Compensación ambiental
Esta última interrogante también es de temática ambiental. Buscará que “el ciudadano que proteja el medio ambiente pueda recibir una merecida compensación por sus servicios“, explicó el presidente Lasso.
El Estado, como administrador de los servicios ambientales, “regulará su producción, prestación, uso y aprovechamiento“, indican los anexos.
Y, el documento, agrega que el Estado también “definirá los lineamientos y mecanismos de compensaciones que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban por su apoyo a la generación de los mismos”.
