Protestas en Perú | El gobierno prorroga el estado de emergencia por 30 días en Lima y varias regiones

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Estado de emergencia se amplía por 30 días en Lima, Callao y varias carreteras

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia por 30 días calendario, a partir de este 14 de febrero, declarado en el departamento de Lima, en la Provincia Constitucional del Callao y en las carreteras Panamericana Sur, Panamericana Norte, Central, corredor vial sur Apurímac-Cusco-Arequipa y corredor vial Interoceánica Sur.

La Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de mantener el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, precisa el Decreto Supremo 022-2023-PCM, publicado en la víspera en una edición extraordinaria de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Durante la prórroga se aplicará lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 137 de la Constitución Política sobre restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio (excepto en las carreteras de la Red Vial Nacional antes mencionadas), libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución.

La intervención de la PNP y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y en el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 003-2020-DE.

Informe al término del estado de emergencia

Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia prorrogado, la Policía Nacional deberá presentar al titular del Ministerio del Interior un informe detallado de las acciones ejecutadas durante la vigencia de la medida y los resultados obtenidos.

La implementación de las acciones previstas en el decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados, y a las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El decreto supremo lleva la rúbrica de la presidenta Dina Boluarte y es refrendado por el jefe del Gabinete Ministerial y los titulares del Interior, de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos.

Mediante el Decreto Supremo 009-2023-PCM se declaró por 30 días calendario, a partir del 15 de enero del 2023, el estado de emergencia en los departamentos de Puno, Cusco, Lima, en la Provincia Constitucional del Callao, en la provincia de Andahuaylas (Apurímac), en las provincias de Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios), y en el distrito de Torata (Moquegua).

RPP


Ministerio Público informó el avance de la investigación por las muertes durante las protestas en Ayacucho

El Ministerio Público informó que la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho está desarrollando actos de investigación por las muertes de 10 personas en la ciudad de Huamanga durante la protesta social del pasado 15 de diciembre en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

En un comunicado, el organismo público indicó que la citada fiscalía provincial especializada ha logrado obtener 147 videos de las municipalidades y viviendas cercanas al lugar de los hechos. «También se han recabado los informes sobre el número de personal policial y militar que participó en las operaciones del 15 de diciembre», señaló.

Detalló que han realizado actas de entrevistas a los heridos, constataciones en establecimientos hospitalarios y centros de salud, así como el requerimiento de las historias clínicas. Entre las declaraciones testimoniales, se encuentran manifestaciones de familiares de las víctimas.

El Ministerio Público precisó, además, que se ha dispuesto la realización de pericias balísticas, necropsias, y reconocimientos médico-legales.

«La fiscalía provincia especializada viene cumpliendo sus funciones de investigación conforme a los estándares legales exigidos para las decisiones que se adoptan durante la fase de investigación», remarcó.

El organismo reiteró su compromiso de cumplir los lineamientos de orden, firmeza y celeridad, pero «respetando la objetividad, la independencia de criterio de los fiscales y, sobre todo, la reserva de las investigaciones que ordena el Código Procesal Penal».

La pesquisa de IDL-Reporteros

Una investigación de IDL-Reporteros revela, a partir del análisis de registros audiovisuales, documentos y testimonios, que 6 de las 10 personas fallecieron por disparos de militares.

El portal periodístico advirtió también que ningún mando militar ha rendido su manifestación por lo ocurrido ante el despacho de la fiscal Karen Obregón Ubaldo, de la Segunda Fiscalía Penal Provincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo de Ayacucho.

RPP



“Misión de Solidaridad” busca recoger testimonios de las víctimas por protestas

Por Luis Frank Tacuri

María José Cano, una de las representantes de la Misión de Solidaridad Internacional de Derechos Humanos, proveniente del país vecino de Argentina, manifestó que arribaron a la ciudad de Ayacucho a fin de recabar denuncias o testimonios de las familias que fueron afectadas por la crisis política que atraviesa el país.

“Uno de los objetivos es visibilizar lo que está pasando en Ayacucho, sabemos muy bien de cómo la información de los medios de comunicación llega tergiversada a los países de la región; por ello, apostamos por recoger los testimonios de las víctimas”, refirió.

Según la organización, todo lo acontecido en el Perú desde que se logró la vacancia del expresidente, Pedro Castillo Terrones, exactamente el 7 de diciembre de 2022, “no se vieron” en otros países como Bolivia, Colombia, Brasil y Ecuador, a los que también viajó esta delegación.

“Hemos recibido denuncias en varias regiones de Perú que está siendo duramente golpeado por la represión estatal. Hay 64 asesinados, gente muy humilde que perdió la vida por manifestarse. Quiénes ordenan estas acciones sepan que son delitos que lo estamos viendo y registrando y van a tener que dar cuenta de esto”, puntualizó.

Por otro lado, María José Cama mencionó que los miembros de la delegación se encuentran en regiones en donde se reportaron muertos o heridos por protestas; entre ellos Cusco, Apurímac, Juliaca, Lima, etc.

Además, consideró como crímenes de lesa humanidad lo que viene haciendo el gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, y de que a través de un informe realizarán una denuncia internacional.

“El informe va contener testimonios de las víctimas y se recopilarán pruebas de lo que sucedió en Perú, pretendemos que sea un instrumento para todo el pueblo de Ayacucho”, detalló.

Agregó que con la intervención de esta Misión de Solidaridad se intentará “frenar con la masacre” y que el derecho a la protesta sea respetado en el Perú y el mundo.

“El derecho a la defensa, a la vida y al debido proceso tienen que ser respetados, lo cual no está ocurriendo. Somos 19 compañeros que nos sentimos comprometidos con esta labor y buscamos tener acercamiento con los deudos”, explicó.

En cuando al arribo de dicha delegación al país, la Defensoría del Pueblo negó haberlos convocado. “Nuestra institución no ha promovido la llegada al país a la Misión de Solidaridad. Tal señalamiento se aleja absolutamente de la verdad”, dice el comunicado.

Jornada


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