Defensores de DDHH denuncian más de 4.500 detenciones arbitrarias
Denuncian más de 4.500 detenciones arbitrarias en El Salvador
Alrededor de seis organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron más de 4.500 detenciones arbitrarias ejecutadas por las fuerzas policiales de El Salvador durante el estado de excepción implementado para luchar contra las pandillas, informan el miércoles medios locales.
Según fuentes asociadas a estas agencias, ya son cerca de 4.564 las denuncias por abusos cometidos por la policía en el marco de la moratoria a las libertades constitucionales, sobre todo por parte de mujeres jóvenes detenidas arbitrariamente.
De acuerdo a la plataforma Cristosal, ellas «responden ante estos hechos buscando soluciones para las necesidades inmediatas, pero también para la mejora de las condiciones familiares», señaló.
#Comunicado | Oganizaciones hacen un llamado al Estado para que vele por los derechos de las personas detenidas, cumpla con el debido proceso e investigue los casos de personas con enfermedades crónicas y muertes en centros penitenciarios o durante la detención. 🧐👇 pic.twitter.com/6G1VUbCXaC
— Cristosal (@Cristosal) February 9, 2023
La agencia apuntó que la juventud «continúan siendo uno de los sectores de la población más estigmatizado durante el régimen de excepción», ya que la mayoría de las denuncias de estos organismos multilaterales son por personas de entre 18 y 30 años.
El ente destacó también que la comunidad LGTBIQ+ ha sido víctima de «casos graves de acoso policial, violencia sexual o insultos ejercidos por agentes de seguridad estatal».
#EditorialIdhuca | Históricamente el Idhuca ha puesto esfuerzos por acompañar a personas que han visto sus derechos vulnerados por las pandillas. Pero incoherente sería nuestro actuar si denunciamos solo algunas violaciones de #DDHH y no otras.
📝: https://t.co/BkqUnymuwS pic.twitter.com/HqR8lMqGVR
— Idhuca (@idhuca) February 7, 2023
Asimismo, se hizo un llamado a la sociedad civil y a organismos supranacionales en favor de las 254 personas aquejadas por enfermedades crónicas que se mantienen detenidas, sin atención médica adecuada, a pesar de los reclamos interpuestos dentro de los canales establecidos.
El gobierno salvadoreño justifica el establecimiento del estado de excepción, aprobado para viabilizar la lucha contra las bandas criminales, y su política de Control Territorial con la caída del índice de homicidios en 2022 en un 57 por ciento.
#PresentacióndeDatos| A 10 meses de la aplicación del #RégimendeExcepción, organizaciones documentan más de 4,500 denuncias de abusos bajo el régimen de excepción 🧐🧵👇 pic.twitter.com/W3HFUqUqrk
— Cristosal (@Cristosal) February 8, 2023
Las instituciones que reunieron las denuncias son Cristosal, Amate, Red Salvadoreña de Defensoras de Derecho Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamérica (Idhuca), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Azul Originario (AZO).
Denuncian arrestos arbitrarios en zona rural aledaña a la megacárcel de Tecoluca
El arresto de varios jóvenes de su localidad y otros actos arbitrarios, denuncian habitantes del cantón El Maneadero, en la jurisdicción del municipio de Zacatecoluca y aledaño al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construido en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente.
Una de las capturadas es Dalila Johana flores Flores, de 24 años, quien fue sacada de su vivienda por efectivos de la Fuerza Armada mientras realizaba tareas domésticas y atendía un molino de maíz, afirmó su padre, Antonio Flores, presidente de la cooperativa agrícola ganadera El Maneadero.
Dalila fue detenida el pasado 17 de enero, en la mañana. Según familiares, un grupo de soldados llegó a la casa, le pidieron el DUI y luego se retiraron, mientras, la joven continuó moliendo el maíz que algunas mujeres habían llevado para luego hacer las tortillas del almuerzo.
Una hora después, los mismos soldados regresaron y le dijeron que los acompañara a la delegación de Zacatecoluca, que sólo querían hacerle unas preguntas y que luego regresaría.
Dalila se llevó a su hija de tres años y echó algunas cosas de la niña en un pequeño bolso. Antonio, su padre, decidió acompañarla, pero cuando llegaron al portón de la delegación le dijeron a Dalila que quedaría detenida. Antonio tuvo que regresar a casa con su nieta.
Antonio asegura que su hija nunca ha estado encarcelada y que jamás ha estado vinculada a grupos de pandillas.
“Nunca, señor, nunca ha estado detenida y no ha andado en cuestiones de delincuencia. Se lo afirmo y confirmo y no solo yo, puede venir a la comunidad a investigar”, respondió Antonio, añadiendo que la audiencia de imposición de medidas contra su hija fue el pasado 1 de febrero en un Juzgado Especializado contra Crimen Organizado de San Salvador.
Desde que la capturaron, Dalila fue enviada al centro penal de Apanteos. Antonio aclara que eso es lo que les han dicho pero que ellos no tienen certeza porque nunca la han visto.
Por su parte, Maribel Flores, madre de la joven, agrega que estos tiempos le recuerdan la guerra de los años 80 y cómo la gente tenía que huir para salvar sus vidas: “Somos sobrevivientes de las pandillas y que ahora nos vengan a capturar, nosotros vivimos con mucho miedo”.
Debido a las captura injustificadas, como comunidad se han organizado para estar pendiente de los habitantes. “Nos organizamos y es por eso que en la última capturas los mismo vecinos cuestionan y graban como los militares no hacen bien su trabajo y se quieren llevar a cualquiera”.
Pero Dalila no es la única joven que ha sido capturada por militares. Vecinos del cantón El Maneadero señalan que en total son cinco las personas que entre enero y lo que va de febrero han sido arrestadas, según ellos, de manera arbitraria.
Enrique Manuel Carrillo Merino fue uno de los capturados antes que Dalila. Esta persona también es socia de la cooperativa agrícola y ganadera El Maneadero, según vecinos de ese cantón.
Heriberto González Muñoz y José Rafael Martínez también fueron arrestados en el cantón.
Uno de los últimos en ser arrestados por militares que patrullan los alrededores del Centro de Confinamiento del Terrorismo es un hermano de Heriberto, identificado como Josué Eliú González Muñoz.
A este último lo detuvieron el domingo pasado. La comunidad grabó y difundió un vídeo del momento de la captura realizada por varios soldados. Este hecho también fue viralizado por la Radio YSUCA, de la Universidad Centroamericana (UCA). “A mis dos hermanos los han capturados de forma injustificada”, asegura su hermana Ester González.
Heriberto, de 23 años, fue sacado de su trabajo mientras que su hermano Josué, de 39 años, fue arrestado en su vivienda. “Lo han sacado de acá cuando se estaba bañando. El militar solo le dijo que le diera el DUI y que lo iba a arrestar porque aparecía en un listado, pero en ese listado estamos todos los vecinos ¿por qué? No sabemos” añade.
Debido a las capturas injustificadas los vecinos se alarmaron por lo que la familia González Muñoz estaba pasando y decidieron llegar a donde tenían retenido a Josué. “Mi hermano trabaja de la agricultura y jamás se ha metido con nadie, del trabajo a la casa y esa era su vida y los vecinos saben, por eso salieron a defenderlo”, comenta su familiar.
Tras dos horas de tener retenido a Josué los vecinos empezaron a cuestionar su captura y uno de los militares empezó agredir y amenazar a los presentes. “El militar gritaba que si no nos quitábamos iban a soltar tiros sin impórtales que hubiera niños”, relató.
Según los vecinos, 5 personas fueron agredidos por los militares durante la captura de Josué y están alarmados que más vecinos sean capturados de forma arbitraria.
