Venezuela | EEUU trabaja para la demolición paulatina del diálogo gobierno-oposición – Por Álvaro Verzi Rangel
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Álvaro Verzi Rangel
Si bien Washington no pudo impedir el diálogo entre gobierno y oposición venezolana, está haciendo todo lo posible para boicotear y así garantizar la demolición paulatina de los acuerdos alcanzados, cuando aún no se repone del fracaso de su farsesco invento de “presidente interino”: Juan Guaidó debió hacer mutis por el foro.
Algunos pronunciamientos y filtraciones durante las últimas horas permiten pensar que los compromisos específicos de importancia asumidos en el segundo acuerdo parcial firmado por el Gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria en la Mesa de Diálogo Nacional y Negociación (MDN) de México en noviembre del año pasado están siendo boicoteados – directa e indirectamente- por el gobierno “demócrata” de Estados Unidos.
El martes 17 de enero, el diario El País de España reveló que los fondos venezolanos ilegalmente secuestrados por las sanciones estadounidenses, unos tres mil millones de dólares, próximos a ser liberados tras el acuerdo en México, continúan retenidos. El medio reseña una misiva enviada a la ONU por James Story, «embajador» de Estados Unidos no reconocido por Venezuela, donde indicó que dichos fondos podrían caer en manos de acreedores extranjeros.
Esto ha supuesto «un terremoto en el seno de la negociación», dice El País, y puede entenderse como una maniobra encubierta para evitar que se concrete la liberación de los fondos con el fin de debilitar la credibilidad de la Mesa de Diálogo Nacional de cara a los venezolanos y minar la confianza construida entre los actores.
El mismo día, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Jorge Rodríguez, exigió a los participantes de la mesa de diálogo cumplir con el acuerdo social firmado en México que, entre otros puntos, aseguraba la liberación de 3.200 millones de dólares congelados en bancos internacionales para la inversión en distintos ámbitos de carácter nacional.
«Si hay algo en lo que yo creo es en la palabra empeñada, y esos representantes de la derecha venezolana que firmaron un acuerdo social, en presencia del gobierno mexicano, los países acompañantes del reino de los Países Bajos y la República de Rusia; con el aval, hay que decirlo, que ellos le solicitaron primero autorización a sus dueños de EEUU, que si no se cumple con la devolución de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, secuestrado a los venezolanos, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra», aseveró.
El alto funcionario aseguró estar «asombrado» que la Comisión Nacional de Primarias opositora pida que se financie el proceso electoral interno con los activos del país, retenidos en el extranjero.
Un día antes, el lunes 16, un portavoz del Departamento de Estado no identificado aseveró que «Mientras Maduro y sus seguidores sigan reprimiendo al pueblo venezolano y desviando recursos para prácticas corruptas, nosotros continuaremos presionando al régimen con sanciones». Por lo menos eso difundió la agencia española de noticias EFE.
La declaración ocurrió en medio de las manifestaciones convocadas por el sector educativo en algunos estados del país, una situación que Washington busca rentabilizar políticamente para justificar la prolongación de su política de sanciones ilegales, justo cuando el descalabro definitivo que para el bloque opositor significó la caída de Juan Guaidó y las últimas confesiones de Leopoldo López, dejan muy poco espacio de maniobra para una corrección de la estrategia, señala Misión Verdad.
La semana del 9 al 16 de enero de 2023 ha sido de centralidad del movimiento social, especialmente del magisterio y los obreros de las empresas básicas de Guayana, el epicentro del proletariado industrial venezolano. En menor medida se han incorporado los gremios médicos de Lara y de la salud de Caracas, asociaciones de jubilados de la administración pública y del sector judicial, y el sector de trabajadores eléctricos.
En las 23 capitales y la mayoría de ciudades del país se presenciaron movilizaciones, en su mayoría masivas, con la característica central de estar integradas por partidarios y opositores al gobierno de Maduro, dada su naturaleza reivindicativa. Son las primeras grandes movilizaciones despolarizadas y masivas del movimiento social desde 1999, recuerda Luis Bonilla.
Unidad opositora: todos contra todos
Mientras, la fiscalía general venezolana ordenaba la detención de Julio Borges, el ex responsable de Relaciones Exteriores del “gobierno interino made in USA” de Guaidó, por su vínculo con un fallido golpe de Estado para derrocar al presidente Nicolás Maduro el 30 de abril de 2019, denominado “Operación libertad”.
Borges, que ya contaba con dos órdenes de aprehensión previas, despachaba desde Colombia, donde estaba refugiado y protegido por el gobierno del expresidente ultraderechista Iván Duque. La medida judicial contra Borges es por los delitos de traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir. La orden se produjo luego del señalamiento que el dirigente de partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, hizo en reciente rueda de prensa virtual con medios extranjeros.
Desde Madrid, donde se le concedió asilo, López señaló que Borges tuvo una participación directa y esencial en los hechos de abril de 2019, cuando él mismo y Guaidó encabezaron una fracasada rebelión militar sin consecuencias. Horas después, Borges manifestó en Twitter que la nueva orden de arresto en su contra es un acto de persecución de la dictadura, como llama al gobierno de Maduro.
Borges aún vive en Colombia en condición de refugiado luego de que le abrieron dos procesos judiciales, entre ellos, uno relacionado con la disputa de 30 toneladas del oro venezolano depositado y secuestrado en el Banco de Inglaterra. El gobierno constitucional ha intentado recuperarlo desde octubre de 2018.
Los fracasos de Washington
Estados Unidos tomó la decisión de poner fin a la figura del gobierno interino, que durante cuatro años había hecho parte de su política hacia Venezuela, interpretado como un nuevo paso en el giro paulatino iniciado por Joe Biden, que cobró mayor fuerza a partir de marzo de 2022, a raíz de la guerra de Ucrania y de los problemas energéticos.
El esquema diseñado en el período de Donald Trump para un cambio de gobierno en Venezuela falló, de manera que Biden procedió a elaborar una nueva programación sobre la base de otras premisas y métodos que, a su vez, pongan a disposición de Occidente las grandes reservas petroleras venezolanas durante los próximos años.
En el terreno político, los funcionarios de la Casa Blanca decidieron poner fin al vector de presión del gobierno interino y posteriormente concertaron con un sector de la Plataforma Unitaria para que se formalizara la destitución de Guaidó. Julio Borges, Henry Ramos y Manuel Rosales asumieron los nuevos lineamientos.pero Leopoldo López y Guaidó se mostraron en desacuerdo.
“Esta fractura no es ajena a las posiciones encontradas que existen en Washington. Hoy, a diferencia de 2019, la estrategia de viraje definida por la Casa Blanca no cuenta con un respaldo bipartidista, como el que tuvo Trump”, señala el politólogo Leopoldo Puchi.
Money, money
Hasta el momento, la estrategia de poder dual diseñada por Washington ha servido para justificar el bloqueo o la toma de la administración de los activos venezolanos en el exterior. El fin del gobierno interino no le puso fin al bloqueo ni a las sanciones que colocaron los fondos venezolanos en manos de autoridades estadounidenses y de otros países. El interinato ha recibido parte de esos recursos por decisión de esos gobiernos y se usaron sin rendición de cuentas, para actividades partidistas y uso personal.
El viraje de la política estadounidense puede brindar un alivio a Venezuela. Por el momento, ya se han iniciado los envíos de crudo de Chevron hacia las refinerías de Estados Unidos. Pero sin un levantamiento más amplio de sanciones para acceder a financiación no se producirá un cambio sustancial en la producción petrolera venezolana.
Por razones políticas el levantamiento no tendrá lugar, ya que Washington mantiene su objetivo de provocar un cambio de gobierno en las elecciones de 2024, para lo que requiere que el sector oficialista esté debilitado, aun cuando se logren algunas mejoras económicas. Es decir, “algo, pero no tanto”, de manera de que el sector oficial sea menos competitivo electoralmente.
Estos eventos y la liberación de recursos financieros que se acordó en México suponen para Washington un afianzamiento de Nicolás Maduro y una vía de fortalecimiento de la estabilización política y económica venezolana, en un contexto de perfil preelectoral que comienza a tomar forma, en el cual Maduro parte con ventaja frente a una oposición dividida, sin identidad y –aparentemente- cada vez más fragmentada.
El interés de Estados Unidos de debilitar la Mesa de Diálogo Nacional e impedir la liberación de fondos parece estar dirigido a intensificar el cuadro económico adverso del país, afectando indirectamente con ello la viabilidad del plan de recuperación económica del gobierno.
Pero a su vez se ve obligado a no tensar la cuerda porque podría comprometer las recientemente aprobadas operaciones de Chevron en Venezuela –que garantiza el abastecimiento petrolero a EEUU- y las propias concesiones electorales que a corto plazo espera conseguir la Plataforma Unitaria opositora en los diálogos en México.
E la nave va…
Mientras, el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este lunes las siete líneas de trabajo para este 2023 que ejecutará su gobierno para consolidar el crecimiento económico del país y ampliar la participación del poder popular.
Estas líneas incluyen consolidar el crecimiento económico con igualdad, expandir la protección social y ampliar la presencia del poder popular, consolidar la seguridad integral de la nación y garantizar la justicia, consolidar y expandir el método del 1×10 del Buen Gobierno y las Brigadas Comunitarias-Militares para la Educación. Las dos últimas líneas abarcan «avanzar en la independencia integral y la descolonización de Venezuela», así como consolidar la Patria Grande, dijo Maduro.
Todavía quedan meses por delante para las elecciones y dado el malestar social existente por los bajos salarios y el mal estado de los servicios públicos, la oposición pudiera superar su deterioro si encuentra la unidad, las fórmulas y –sobre todo- el candidato adecuado.
