Uruguay | Un mapa de las luchas feministas que podemos esperar en 2023
Un mapa de las luchas feministas que podemos esperar en 2023
Todo comienzo de año sirve como oportunidad para evaluar qué cosas dejamos atrás, en qué situación nos encontramos y qué podemos esperar de los siguientes 12 meses. Si bien hay muchas cosas que no se pueden prever, en algunos casos ya hay un camino trazado que marca posibles definiciones. En materia de derechos de las mujeres, 2022 dejó un mapa de luces y sombras en distintas partes del mundo, que va desde el histórico fallo de la Corte Constitucional de Colombia que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, a la derogación de Roe vs. Wade en Estados Unidos, o la inédita revolución que lideran las mujeres en Irán.
En muchos países, los procesos o debates inconclusos podrían definirse en el correr de 2023. En algunos casos, con proyectos de ley que están en el tapete desde hace un tiempo y que este año podrían ser aprobados o rechazados. En otros, se trata de luchas o de situaciones que podrían fortalecerse más, diluirse completamente o transformarse.
En Uruguay hay distintos proyectos de ley vinculados a derechos de mujeres e infancias que podrían decantarse este año o que, al menos, seguirán su discusión parlamentaria. Uno de ellos es el de tenencia compartida, que desde que se presentó en 2020 despertó la preocupación y el rechazo de organizaciones sociales, colectivos vinculados a temáticas de género e infancias, organismos internacionales y abogadas especializadas que aseguran que la iniciativa plantea elementos que ponen en riesgo a las niñas y los niños, y vulneran sus derechos.
El proyecto fue aprobado por el Senado en agosto, obtuvo el visto bueno de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados el 28 de diciembre, y la votación definitiva en el plenario de la cámara baja está prevista para febrero o marzo.
Otro proyecto que posiblemente seguirá en debate este año es el de la ley de paridad, que presentó la senadora nacionalista Gloria Rodríguez en marzo de 2021, y que busca establecer un sistema paritario de orden alternado y secuencial de mujeres y varones en cada lista, tanto de titulares como de suplentes. La iniciativa empezó a tratarse en junio del año pasado en la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado, que a fines de octubre comenzó a recibir los aportes y sugerencias de académicas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
Por otra parte, se espera que la Comisión de Legislación del Trabajo y la Seguridad Social de la Cámara de Representantes continúe con el debate del proyecto que pretende modificar la Ley 17.515, que regula el trabajo sexual. La iniciativa, que ingresó al Parlamento en diciembre de 2021, recoge los reclamos que viene realizando desde hace años la Organización de Trabajadoras Sexuales de Uruguay (Otras), que reivindican una regulación integral de su trabajo, en clave de derechos humanos, que saque el foco de la perspectiva “sanitarista” que plantea la ley actual –que hace unos meses cumplió dos décadas–. Durante el segundo semestre del año pasado la comisión recibió delegaciones de los ministerios de Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social e Interior, así como a representantes de la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual y Otras, y se espera que el debate siga en 2023.
A la lista de proyectos de ley se sumó hace unos días el presentado por senadores del Partido Colorado que propone reducir las penas a mujeres que ingresen drogas a las cárceles y que modificaría así un artículo de la ley de urgente consideración.
Fuera de la agenda legislativa, todo indica que 2023 también será el año en el que finalmente se concretará la instalación de los tres juzgados especializados en violencia de género que prevé el artículo 542 del Presupuesto Nacional 2020-2024. Hasta ahora, sólo se inauguró el de San Carlos, en Maldonado, que empezó a funcionar en febrero de 2022. Hace apenas unas semanas, en diciembre, se firmaron los acuerdos cooperativos necesarios para la instalación del juzgado en Paysandú, que se inauguraría después de que termine la feria judicial el 31 de enero. Según adelantó en esa instancia la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, una vez que termine la feria de la construcción se empezará a trabajar para adaptar un inmueble donde funcionará el tercer juzgado, que estará ubicado en Rivera.
En el resto del mundo ya se pueden anticipar algunas de las luchas que liderarán los feminismos.
La marea verde en América Latina
La “ola verde” que desataron los feminismos de Argentina en 2018 para lograr la legalización del aborto –que finalmente se aprobó a fines de 2020– motivó a activistas y organizaciones de otros países de la región a movilizarse para conquistar este derecho. Desde entonces, se aprobaron iniciativas en distintos puntos del continente y todo indica que en 2023 la marea seguirá avanzando.
México es uno de los países donde podría haber novedades si más estados deciden armonizar sus leyes con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de setiembre de 2021 que declaró inconstitucional la penalización del aborto. Algunas iniciativas ya están en marcha: el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las principales organizaciones que trabaja en México por el aborto legal, lanzó el año pasado junto con otros colectivos una estrategia jurídica para eliminar el delito de aborto en varios estados, en base a la sentencia de la Suprema Corte. Según informó el GIRE en octubre, ya presentaron amparos contra los códigos penales de Puebla, Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Jalisco, Querétaro y en contra del Código Penal Federal.
Hoy en día, el aborto es legal en nueve de los 32 estados mexicanos: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur. Seis de estos nueve estados aprobaron las iniciativas en 2021 y 2022.
Este año también podría ser decisivo para Chile, cuando se reactive el proceso constituyente, tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de setiembre. Gracias al impulso de colectivos feministas, ese primer intento proponía que la nueva Constitución chilena contemple la responsabilidad del Estado de “reconocer y garantizar a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad y sin discriminación, incluyendo el derecho al aborto sin interferencia de terceros, instituciones o agentes del Estado”.
En Venezuela, la plataforma Ruta Verde está juntando firmas desde el año pasado para poder presentar ante la Asamblea Nacional, por iniciativa popular, una propuesta de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos que, entre otras cosas, busca derogar cuatro artículos del Código Penal que criminalizan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el país. La plataforma sigue en campaña para alcanzar las 21.000 firmas necesarias, por lo que en los próximos meses podría haber noticias.
Por otra parte, está Colombia, que a principios de 2022 hizo historia cuando la Corte Constitucional definió retirar del Código Penal el delito de aborto hasta las 24 semanas de gestación, después de la campaña que lideró el movimiento Causa Justa. Si bien la decisión marcó un avance inédito en la región, el delito de aborto sigue estando en el Código Penal colombiano, por lo que el horizonte de las activistas es la despenalización total y es a lo que se abocan ahora.
La defensa del acceso al aborto estará latente incluso en países en los que ya es legal y donde todavía hay obstáculos en la implementación de la normativa, como es el caso de Argentina, a dos años de la aprobación de la ley, e incluso de Uruguay, cuya legislación acaba de cumplir diez años.
El retroceso en Estados Unidos
Mientras varios países de América Latina avanzan en garantizar el derecho al aborto, Estados Unidos vive uno de los mayores retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos, después de que en junio del año pasado la Suprema Corte de Justicia derogó el fallo Roe vs. Wade y eliminó así el derecho constitucional al aborto en todo el país. Con la decisión de junio, quedó en manos de cada estado la potestad de decidir su propia legislación sobre el aborto. Desde entonces, más de una docena de estados prohibieron o restringieron el acceso a este derecho y otros van en camino.
En este escenario, las organizaciones que promueven la defensa de los derechos sexuales y reproductivos crean estrategias para ayudar a las mujeres que buscan interrumpir su embarazo en esos estados.
La semana pasada la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó una nueva normativa que habilita la venta de pastillas abortivas de mifepristona en las cadenas de farmacias de los estados donde la práctica es legal. Según las nuevas directrices, las farmacias sólo podrán ofrecer el medicamento si fue recetado por un médico y se cumplen ciertos requisitos. Hasta el momento, sólo profesionales de la salud o clínicas certificadas tenían el aval para distribuirlo. La medida de la agencia, que depende del gobierno federal, marca un pequeño avance en medio del oscuro panorama, que probablemente tenga nuevas derivaciones este año.
Contra las opresiones en Irán y Afganistán
Fuera del continente americano, uno de los focos de lucha seguirá siendo Irán, donde continúan las protestas masivas que se desataron el 16 de setiembre tras la muerte de Mahsa Amini en manos de la Policía de la moral. Si bien no son las primeras manifestaciones contra el régimen que encabeza el ayatolá Alí Hoseiní Jamenei, son las que duraron más en el tiempo y, sobre todo, son las primeras que protagonizan las mujeres. Con su negativa a usar el hiyab y a cumplir el estricto código de vestimenta al que son sometidas desde que se instauró la República Islámica en 1979, las iraníes reclaman el fin de toda restricción a su libertad.
Hasta el 9 de enero, 481 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad iraníes en el marco de las protestas, según reportó la organización civil Iran Human Rights. Además, al menos 109 manifestantes corren hoy el riesgo de ser ejecutados. En este último informe la organización denunció la “intensificación de la represión mediante detenciones arbitrarias, torturas físicas, agresiones sexuales y violaciones durante las detenciones y el dictado masivo de sentencias”. En ese sentido, afirma que “ha habido suficientes casos reportados en todo el país para concluir que no se trata de incidentes aislados sino de una política sistemática del gobierno”. Que las protestas continúen pese a la brutalidad de la represión es una muestra de que las y los manifestantes no van a parar hasta que algo cambie.
Este año los ojos también estarán puestos en Afganistán, donde las mujeres, las niñas y las adolescentes enfrentan cada vez más restricciones a sus libertades desde que los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021. Las últimas medidas al respecto se impusieron en diciembre de 2022, cuando el régimen prohibió el acceso de las mujeres a la universidad y comunicó a todas las organizaciones civiles del país, tanto nacionales como internacionales, la prohibición de que las mujeres trabajen en ellas. Esta última decisión, entre otras cosas, obstaculiza la distribución de ayuda humanitaria a la población.
La larga lista de reglas que impusieron los talibanes y que afectan la vida de las mujeres también incluye la obligación de que vayan acompañadas por un familiar varón en trayectos de más de 72 kilómetros y que utilicen el hiyab fuera de sus casas. A la vez, las niñas y las adolescentes tienen prohibido estudiar en la secundaria. A esto se suma que las afganas están excluidas de la vida política y de los medios de comunicación, y sólo se les permite trabajar con excepciones en ámbitos como la educación y la salud, entre otras cosas que fueron impuestas en apenas 16 meses de gobierno.
