Siguen las protestas violentas en Santa Cruz que ya dejaron 27 inmuebles destruídos y 44 vehículos incendiados
Turbas violentas obligan a mujeres a abandonar una vigilia y vuelven a atacar el comando policial cruceño
La escalada de violencia de grupos radicales vinculada a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) obligó a un grupo de mujeres a abandonar su vigilia en la zona del Cristo Redentor, en una nueva noche de ataques a los policías en el afán de tomar el edificio del Comando Departamental de la Policía.
“Bendiciones señores policías”, atinó a decir una de las mujeres cuando se retiraba del lugar ante el ataque con fuegos artificiales de alto poder en contra de los uniformados que cada noche, desde el 28 de diciembre, resisten violentos ataques.
Las mujeres se habían puesto en medio de los policías y los violentos, pero a medida que escalaba las agresiones de la turba vieron por conveniente retirarse y abandonar su vigilia. Los propios policías les sugirieron, por su seguridad, retirarse.
Poco después recrudecieron los ataques de los grupos violentos contra los uniformados que hacen uso de gases lacrimógenos para contenerlos.
La violencia cobró hasta el momento 27 propiedades públicas y privadas saqueadas y quemadas, entre ellas la completa destrucción del edificio de la Fiscalía Departamental. Al menos 26 detenidos se declararon culpables y fueron condenados en un proceso judicial abreviado.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró en reiteradas oportunidades que no se tolerará la violencia y se actuará cuando las protestas se salgan del marco legal.
Violencia en Santa Cruz dejó un saldo de 27 inmuebles destruídos y 44 vehículos incendiados
La violencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra dejó como saldo provisional a 27 estructuras dañadas entre públicas y privadas, 44 vehículos destruidos bajo el fuego y 26 policías heridos, desde el pasado 28 de diciembre, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Grupos radicales al servicio del comité cívico cruceño arremetieron contra instalaciones públicas y bienes privados, vehículos oficiales y uniformados en defensa del detenido Luis Fernando Camacho.
El excívico tiene cargos en la justicia por terrorismo que habría cometido en las violentas jornadas del golpe de Estado de noviembre de 2029.
“Los delincuentes contratados” para atacar bienes públicos y privados buscan la impunidad de Camacho, dijo el titular de Gobierno, de acuerdo con un reporte institucional.
Del Castillo detalló que de esos hechos violentos se tienen 24 personas sentenciadas, 22 en calidad de aprehendidas, con detención preventiva y 16 con medidas sustitutivas.
En total fueron 76 personas aprehendidas y arrestadas en flagrancia por los delitos de destrucción o deterioro a bienes del estado y la riqueza nacional, instigación pública a delinquir, además del secuestro de 10 vehículos que fueron utilizados para estos fines.
“Existen varios videos que circulan en redes sociales y en medios de comunicación donde se puede ver que son estos sectores radicales los que atacan a la Policía Boliviana, y las fuerzas del orden responden usando gases lacrimógenos para dispersar a estas personas”, indicó.
El Gobierno amplió la denuncia contra Camacho por los delitos de cohecho activo y seducción de tropas
El Gobierno amplió la denuncia contra el gobernador Luis Fernando Camacho por los delitos de cohecho activo y seducción de tropas, en el marco del caso Golpe de Estado I, en el que ya fue imputado por terrorismo.
En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que se asumió esa acción legal luego que durante las investigaciones se detectaron movimientos bancarios irregulares por al menos Bs 4,5 millones durante la crisis de 2019.
“Ya se ha formulado la ampliación de la denuncia por otros delitos al señor Camacho, ya hemos presentado una formulación de ampliación a la denuncia por los delitos de cohecho activo y seducción de tropas”, detalló la autoridad.
Del Castillo afirmó que en el marco del caso Golpe de Estado I, también se investiga “grandes movimientos financieros” por parte de Camacho, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, que llegan a al menos Bs 4,5 millones.
De este monto, Bs 2,1 millones le fueron depositados a su cuenta en una entidad financiera y Bs 2,4 millones en transferencias a las cuentas de otras personas.
Según las investigaciones, esos recursos se depositaron en favor de distintas personas, entre ellas, exautoridades y exjefes militares, como el general Jorge Terceros Lara, entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), quien guarda detención preventiva por este caso en el penal de Palmasola de Santa Cruz.
“Esta es solo una pequeña parte de la investigación que se lleva a cabo hace un año y 10 meses en el Ministerio Público”, agregó el ministro, aunque no dio detalles de la cantidad exacta que habría recibido el exjefe militar.
Según el artículo 127 del Código Penal, el sentenciado por seducción de tropas “será sancionado con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar”.
En el caso Golpe de Estado I, Camacho es procesado por el delito de terrorismo, que se castiga con una pena de 15 a 20 años de cárcel.
En tanto, el delito de cohecho activo se sanciona con una pena de entre dos y cinco años de prisión, según los artículos 145 y 158 del Código Penal.
El caso fue denominado Golpe de Estado I y en ese marco se libró una orden de aprehensión contra Camacho, en octubre de 2022, que se ejecutó el 28 de diciembre de ese año.
Así, el gobernador de Santa Cruz fue capturado y trasladado a La Paz, para comparecer ante la Fiscalía, que lo imputó por el delito de terrorismo y, luego, un juzgado cautelar determinó su detención preventiva, por cuatro meses, en el penal de Chonchocoro.
El caso investiga la renuncia del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, quien tomó la decisión asfixiado por protestas cívicas lideradas por Camacho ante denuncias de un fraude electoral, a la par de un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
Por esas movilizaciones y reuniones extralegislativas, llegó al poder la entonces senadora de oposición Jeanine Áñez, quien ahora está encarcelada en Miraflores, sentenciada a 10 años de prisión, en primera instancia, por el caso Golpe de Estado II, que estableció su proclamación irregular sin respetar el quórum de la Asamblea y el reglamento del Senado.
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