Radiografía de la represión en Perú: un mes con más de 40 muertes y múltiples violaciones a los DDHH
Emergencia en Perú: la represión del gobierno de Boluarte expone violaciones a los derechos humanos
Con información de Alexander Lavilla, Gianfranco Huamán, Vidal Merma, Luz Alarcón y la Red Investigativa Regional.
Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia se reportan 42 personas muertas durante las protestas (41 civiles y un policía). Además, otros siete civiles han fallecido en accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos de carreteras. La demanda común de los manifestantes es la renuncia de Boluarte, la salida del Congreso y el adelanto inmediato de elecciones. Una serie de imágenes, testimonios, manuales policiales y necropsias analizadas por OjoPúblico exponen graves vulneraciones a los derechos humanos durante las acciones de represión de la policía y militares, principalmente en las regiones del sur del país.
Desde que la presidenta Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú por sucesión constitucional, el pasado 7 de diciembre del 2022, las protestas no se han detenido en diferentes regiones del país. En 39 días de gobierno, 49 personas han fallecido en las protestas: 41 civiles y un policía durante las manifestaciones y otras siete a consecuencia del bloqueo de vías y accidentes de tránsito a raíz de la paralización.
Entre los fallecidos hay 7 menores de edad, tres de ellos eran escolares. Gran parte de las muertes son producto de graves heridas en la cabeza y tórax generadas por proyectiles de armas de fuego de uso policial o militar. El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público reportó que solo en Juliaca –la región con mayor número de muertes– nueve de las 17 fallecidos presentaban proyectiles disparados con armas de fuego.
OjoPúblico ha documentado que incluso algunas de estas personas no participaban en las protestas, regresaban a casa o integraban brigadas de ayuda, e igual fueron alcanzadas por los disparos. Las imágenes registradas por nuestra Red Investigativa Regional y por diferentes ciudadanos y ciudadanas, que hemos verificado desde que la presidenta Boluarte asumió el gobierno, exponen el uso desproporcionado de la fuerza por parte de grupos de policías y militares.
El análisis de imágenes, testimonios, manuales policiales y necropsias expone las vulneraciones de derechos.
En este mismo periodo, más de 650 civiles y 250 agentes de las fuerzas del orden han sido heridos. La Defensoría del Pueblo, ha identificado, además, 69 hechos de violencia, desde ataques a instituciones públicas y privadas, incendios, saqueos, daño a aeropuertos y enfrentamientos directos con la policía. El suboficial de segunda de la policía, José Luis Soncco Quispe, fue hallado calcinado en Juliaca. Su familia, como la de los demás fallecidos en lo que va de estas semanas de gobierno demandan justicia.
El análisis de imágenes, testimonios, manuales policiales, documentación oficial y necropsias expone las vulneraciones de derechos durante la represión del gobierno.
1. Disparos a la cabeza y el tórax
La mayor cantidad de muertes se produjeron en torno a la represión de las fuerzas del orden cuando los manifestantes intentaron tomar los aeropuertos en Apurímac, Ayacucho y Puno. El 12 y 15 de diciembre del 2022, y luego el lunes 9 de enero de este año, grupos de manifestantes ingresaron o intentaron llegar a los aeropuertos de Andahuaylas, Huamanga y Juliaca, respectivamente.
Las fuerzas del orden –entre policías y militares– respondieron con violencia: gran parte de ellas por disparos de proyectiles de armas de fuego en la cabeza y el tórax. Así lo confirman las necropsias de varias de las víctimas a la que OjoPúblico tuvo acceso. “Herida penetrante en tórax posterior por proyectil de arma de fuego”, “herida penetrante en cabeza por proyectil de arma de fuego”, se lee.
Las pruebas sobre el uso de armas de fuego contra civiles por parte de los militares desde el inicio de la represión son distintas y numerosas, pero no se han detenido a pesar del llamado de la Defensoría del Pueblo. Las necropsias realizadas a ocho de los diez jóvenes que fallecieron en Ayacucho señalan que recibieron impactos por proyectiles de arma de fuego. En seis casos, estos impactos fueron en el tórax. En uno, fue en el cráneo y, en otro, en el abdomen.
Incluso, hay casos como los del joven cusqueño y el estudiante de gastronomía Rosalino Flores Valverde, de 21 años, que recibió más de 30 proyectiles de armas de fuego (perdigones) en su cuerpo. Los médicos del Hospital Antonio Lorena informaron a OjoPúblico que tiene muy afectados sus intestinos, riñón y pulmón. Su estado es muy crítico.
“Se han evidenciado heridas por armas de fuego en los pacientes que ingresaron por emergencia. La fiscalía ha recogido los cuerpos extraños extraídos de los pacientes”, confirmó el director adjunto del hospital, Homero Dueñas.
Como OjoPúblico ha explicado en un informe anterior, las acciones policiales para prevenir los disturbios en protestas están enmarcadas en el decreto legislativo 1186 (aprobado en agosto del 2015), que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. La policía no debe disparar a corta distancia de los manifestantes y cuando lo haga no debe hacerlo hacia la parte superior del cuerpo, sino hacia la zona inferior. Sin embargo, hay varios heridos críticos por disparos de perdigones a muy corta distancia.
La norma policial define que el uso arbitrario de la fuerza “es todo uso de la fuerza no justificado, con incumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que afecta derechos fundamentales”.
“La Policía únicamente está autorizada para utilizar la fuerza letal en casos de riesgo y grave inminente para la vida. No está permitido utilizar la fuerza letal para desbloquear carreteras, para proteger infraestructuras y mucho menos para disolver una multitud o para proteger la propiedad privada”, indica Mar Pérez, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).
2. Uso desproporcionado de la fuerza
Las imágenes de las protestas desde el 7 de diciembre hasta el momento –recogidas por la Red Investigativa Regional de OjoPúblico y por decenas de ciudadanos– muestran que la policía dispara bombas lacrimógenas y perdigones contra el cuerpo de los manifestantes. También se muestra cómo los militares dispararon sus armas de guerra de largo alcance durante la represión, incluso cuando los manifestantes ya huían del lugar.
¿Pero qué dicen los manuales de la policía sobre el uso de la fuerza para prevenir y enfrentar los disturbios?
La Policía Nacional del Perú cuenta con un Manual de procedimientos para las operaciones de mantenimiento y restablecimiento de orden público (del 2016), que define el marco legal para la aplicación de la fuerza y el equipamiento que deben utilizar en estas situaciones. También incluye las distintas tácticas para controlar los posibles actos de violencia con estricto respeto a los derechos humanos.
El equipamiento policial, según este manual, consta de traje de protección corporal, armas no letales, bastón, gas pimienta, casco antimotín, máscaras antigás, armas de fuego de puño y armas de largo alcance, dependiendo de las funciones asignadas a cada unidad.
Manual de la policía: “es prioritaria la conservación de la vida e integridad física de las personas, de sí mismo, e inclusive de los infractores de la ley”.
Además, en octubre del 2022, la Comandancia General de la Policía Nacional emitió una resolución que estableció los lineamientos administrativos y operativos aplicables a las operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público.
Esta norma establece que: “El uso de la fuerza es excepcional, debe ser planificado y limitado proporcionalmente, debiendo previamente haberse agotado todos los demás medios de control, incluyendo el punitivo”.
Además, si bien indica que, en cumplimiento de sus funciones, el personal policial hace uso de la fuerza en todo lugar y circunstancia, “es prioritaria la conservación de la vida e integridad física de las personas, de sí mismo, e inclusive de los infractores de la ley”.
Según la directiva de la PNP, los daños al bien público o privado, lanzamiento de objetos contundentes y la agresión y violencia perpetrada por manifestantes son tipificados como agresiones no letales. Por ello, según estos lineamientos, los oficiales solo deben emplear “tácticas defensivas no letales”, como el empleo de gases lacrimógenos, agua o los perdigones de goma.
Solo cuando la agresión de los manifestantes es letal, intensa, peligrosa e inminente para la vida, la Policía puede hacer uso excepcionalmente de las armas de fuego letales.
En su directiva, la policía señala cómo debe actuar: “el personal policial no debe emplear armas de fuego letales, salvo cuando se individualice a la persona que genere un peligro real e inminente de muerte o de lesión grave contra el personal policial o terceros, y cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas; para lo cual, se conforma un equipo especial de respuesta que cuente con el entrenamiento, capacitación y certificación debida, provistos de arma de fuego letal, quienes actuarán de manera excepcional”.
Entre las armas de fuego letales, la PNP establece que los grupos especiales de respuesta cuentan con armas de fuego de corto y largo alcance: pistolas calibre 9 mm Pb y armas de largo alcance de calibres 5.56 x 45 mm, 7.62 x 39 mm y 7.62 x 51 mm.
En el grupo de armas no letales, se encuentran, por ejemplo, las bombas lacrimógenas y los perdigones de goma. No mencionan la posibilidad de que haya perdigones de metal o canicas de vidrio.
La CIDH señala que es difícil establecer una distinción clara entre armas letales y no letales. Precisamente, porque los disparos directos contra el cuerpo y a corta distancia ocasionan pueden ser letales. “Se debe tener en cuenta no solo el diseño o las características del arma, sino también otros factores relativos a su uso y control”, indica la organización en un informe. Por ello, Mar Pérez, de la CNDDHH, se refiere a las armas de fuego no letales como “armas menos letales”.
Aunque las investigaciones penales aún están en curso, lo que se ha podido saber es que gran cantidad de personas murieron a causa de los impactos por proyectil de arma de fuego. Todos por heridas provocadas en la parte superior del cuerpo: cabeza y tórax.
3. El uso de armas letales por parte de los militares
En las protestas se registraron, además del uso de perdigones y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, disparos de fusiles AKM y galil. Estas últimas armas fueron empleadas por personal del Ejército en Ayacucho, donde también se evidenció que personal de la institución castrense dirigió los disparos directamente hacia el cuerpo de los manifestantes.
La presencia de las Fuerzas Armadas se dio luego de que el Ejecutivo decretara el estado de emergencia, primero, en ciertas regiones del país y luego lo extendiera a todo el país. La resolución, publicada en el diario El Peruano, autorizó que la PNP, con ayuda de las FF.AA. se hagan cargo del control interno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda que, cuando se trate de asuntos de control del orden interno, no se incluya a las FF.AA.
“La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos”, aconseja la organización.
“Esta comisión considera, asimismo, que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad. Solo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza”, sostiene en su informe Protesta y Derechos Humanos, elaborado por la CIDH.
4. Uso de helicópteros para arrojar bombas lacrimógenas
Por el momento, las regiones con más víctimas producto de la represión de las fuerzas del orden y la gran convulsión social son Puno (19), Ayacucho (10), Apurímac (6) Junín (3), Arequipa (2), Cusco (1), La Libertad (1). Entre este total de víctimas, siete son menores de edad.
Testimonios recogidos por OjoPúblico en Andahuaylas, Ayacucho y Puno, así como imágenes grabadas por ciudadanos, aseguran que la policía arroja bombas lacrimógenas desde los helicópteros contra los manifestantes. Y, a pesar de las advertencias de organizaciones de derechos humanos y entidades públicas lo ha continuado haciendo.
Incluso, el 15 de diciembre del 2022, la Defensoría del Pueblo solicitó públicamente a las Fuerzas Armadas y a la policía, detener el uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros. Sin embargo, esto continúa.
“El procedimiento reglamentario es usar las bombas lacrimógenas en trayectoria parabólica, no vertical. Había una directiva específica, pero la derogaron y no han sacado una nueva. [Era] una directiva que señalaba expresamente el disparo parabólico. En todo caso, ello se deriva de los principios de uso de la fuerza. El disparo vertical multiplica los efectos letales”, precisa Mar Pérez, de la Cnddhh.
5. Allanamientos a domicilios
Antes de que Puno y Ayacucho registraran gran cantidad de fallecidos, Apurímac era la región con más víctimas mortales durantes las protestas: seis. La mayoría recibió impactos de proyectiles de arma de fuego. Dos de ellos recibieron disparos en el cerro Huayhuaca, ubicado frente a la avenida El Ejército, a unas pocas cuadras de la comisaría de Andahuaylas.
La denuncia en el ámbito penal que interpusieron abogados de los familiares de las víctimas presume que los disparos que acabaron con la vida de Jonathan Arias Choccepuquio (18 años) y Wilfredo Lizarme Barboza (19 años) el 12 de diciembre de 2022 provinieron de una casa ubicada al frente del cerro.
Ese día, personal policial había ingresado a la casa de los padres de E.S.C. (39 años, protegemos por seguridad la identidad del testigo), quien vive en el distrito de Ocobamba, provincia de Chincheros. La casa de tres pisos se encuentra en la intersección de la avenida El Ejército y el jirón César Vallejo.
En el primer nivel hay negocios y en el resto de pisos, los cuartos son alquilados a otras personas. Según E.S.C., la avenida El Ejército es una de las principales vías transitadas cuando hay manifestaciones en Andahuaylas. El 12 de diciembre no fue la excepción.
Aquel día, E.S.C. se encontraba fuera de casa cuando recibió una llamada de parte de uno de sus vecinos, que le avisó que policías se habían metido a la casa y que estaban en la azotea. “Es el primer conocimiento que yo tengo [de] que habían ingresado a mi casa los policías y [que] estaban disparando desde la azotea”, cuenta E.S.C. para OjoPúblico.
De inmediato, llamó a G.CH., una amiga abogada, para saber qué hacer en dicha situación. Chávez le aconsejó que tome fotos y grabe.
E.S.C. también llamó a Andahuaylas Televisión. “Señor, estoy llamando acá desde Andahuaylas. Mi casa es a la que han entrado los policías. Han entrado sin permiso, están en el techo, han reventado mi casa. Está reventando. Tengo unas niñas que están allí dentro. Están que gritan, porque están reventando la casa. […] La policía ha entrado al techo de mi casa. Ellos han provocado que la casa la estén destruyendo ahorita”, contó en vivo.
La presencia de la policía generó que los manifestantes que se encontraban en las calles se exacerbaran y respondieran atacando la casa. Incluso, cuando E.S.C. se acercó a su domicilio, manifestantes la retuvieron, porque la acusaban de haber dado permiso a los policías para ingresar y disparar desde la azotea. Su vida, cuenta, corrió peligro. Horas después pudo zafarse y escapar. Pero la casa se terminó quemando parcialmente.
En el edificio, había una inquilina de 18 años, a la que no identificaremos también por seguridad. Fue —según cuenta— la única persona que estuvo allí mientras los policías se encontraban en el tercer piso de la casa disparando.
Alejandra recuerda que ese día, en ese momento, se sentía desesperada. “Comencé a llorar, porque de verdad tenía miedo. Más me desesperaba con las llamadas que me entraban. Unos me decían no salgas, otros me decían sal, porque la casa se quema. […] Pero tenía la sensación de miedo, quizá, de [decir] hasta aquí nomás [llego]”, cuenta.
Por toda esta situación E.S.C. ha interpuesto una denuncia penal por allanamiento ilegal de domicilio, exposición de persona a peligro y abuso de autoridad.
6. Abusos de poder durante detención a manifestantes
Durante las protestas del pasado miércoles 11 de enero de 2023 en los alrededores del distrito de Santiago en Cusco, agentes policiales detuvieron a 43 manifestantes. De este grupo, cinco aún no habían sido liberados hasta ayer sábad 14 de enero, informó la Defensoría del Pueblo a OjoPúblico.
Uno de los manifestantes que sí fue liberado fue Rómulo Mollo, un ciudadano de Chumbivilcas que estuvo 3 días detenido. Él relató a OjoPúblico que durante la protesta un policía le disparó de muy cerca una bomba lacrimógena e inmediatamente fue golpeado y lo arrastraron hasta la comisaría de Ttio (Wanchac, Cusco). Durante el tiempo que estuvo detenido él y los demás ciudadanos no recibieron alimento alguno y continuaron siendo golpeados.
“Nos han maltratado bien feo, nos han agarrado de la cabeza, nos han golpeado contra la puerta. Yo creo que cada uno tiene su derecho a protestar, yo casi perdí el conocimiento y no he podido defenderme porque el gas lo tenía adentro en el pulmón. Y yo vi que a otros compañeros le han metido al baño y a mí me han golpeado, han puesto un trapo mojado en la cabeza para que no dejen huella, y sobre eso me han golpeado, me patearon”, contó el agraviado a este medio.
Mollo también detalló que, dentro de los detenidos, había 2 mujeres, las cuales también fueron golpeadas: “Las jovencitas que habían sido golpeadas también estaban llorando (…) Se sentía el dolor, a todos los golpeaban. Y después de 3 días no comimos nada”.
El ciudadano también denunció que le intentaron obligar a firmar un acta con acusaciones falsas en su contra, pero se negó y —tras verificar en las cámaras su inocencia— lo dejaron en libertad. Sin embargo, reportó que no le devolvieron su Documento Nacional de Identidad (DNI) ni el resto de sus pertenencias.
7. Amenazas, daño de equipos y disparos a periodistas
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha registrado las agresiones realizadas por policías en contra de los periodistas desde el 7 de diciembre del 2022. Solo en estos primeros días del 2023, la ANP ha identificado 12 agresiones sufridas por los periodistas, de las cuales diez provinieron de la policía.
Siete de estas agresiones ocurrieron en Juliaca. La mayoría de estos ataques tienen como objetivo evitar que los periodistas puedan registrar de manera directa lo que sucede en las protestas sociales.
Uno de estos casos fue el del fotoperiodista de la agencia EFE Aldair Mejía, quien fue víctima de un impacto de un proyectil de arma de fuego en la pierna derecha el sábado 7 de enero.
Ese día, minutos antes de la agresión, Mejía —que cubría la protesta en Juliaca— ya había denunciado que los policías lo habían agredido y amenazado para que dejara de tomar fotos. “Si vuelves a hacer eso, te vuelo la cabeza y sales muerto de aquí”, sostiene que le dijeron los efectivos.
Ese día, también en Juliaca, la fotoperiodista Connie Calderón fue agredida por policías. Ella presentó “hematomas luego de forcejeo con efectivos policiales que le impidieron registrar agresión a su colega Aldair Mejía”.
En conversación con OjoPúblico, otro fotógrafo independiente que estuvo presente en Juliaca, y que solicitó no citar su nombre por seguridad, refirió que la policía lo agredió. Él no pudo registrar la agresión contra Aldair Mejía, porque un efectivo policial golpeó su cámara. Además, cuenta que después, en un determinado momento, uno de los policías le apuntó directamente a él con una de las armas de fuego al cuerpo, aunque no llegó a disparar.
Max Lanza, periodista de La Decana Radio Juliaca, también fue amenazado de muerte, aunque de manera menos directa. “Retírese, luego dices ¿Por qué me balean? Y luego te victimizas. La cosa es que informes bien”, le dijo un agente policial mientras Lanza cubría la protesta en Puno.
En Cusco, un policía le rompió el trípode al reportero Néstor Larico, de Nueva TV Nacional. En Lima, el fotoperiodista independiente Walter Hupiu también sufrió ataques de la PNP. Intentaron detenerlo, a pesar de que se identificó como reportero y mostró su credencial, pero por la presión de la gente no llegaron a hacerlo.
“Me llega altamente que seas periodista”, cuenta Hupiu que le dijeron los policías, quienes además lo agredieron físicamente.
La policía también agredió al fotoperiodista del Grupo El Comercio, Joel Alonzo. La policía dañó su equipo fotográfico.
Silencio en el gobierno sobre estas denuncias
Las muertes de los manifestantes están a cargo de las fiscalías especializadas de derechos humanos de Apurímac, Ayacucho y Puno. Durante las reiteradas presentaciones y declaraciones en los medios, la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, han mencionado que serán estas investigaciones las que determinen a los autores de los disparos que acabaron con la vida de estas personas, y han renovado su confianza y saludado el accionar del cuerpo policial y de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, a pesar de las denuncias con imágenes explícitas sobre las acciones de grupos policías y militares disparando contra el cuerpo, destruyendo medios de transporte como un mototaxi o golpeando indiscriminadamente a manifestantes no han hecho declaraciones que cuestionen estas malas prácticas policiales.
