Crisis en Perú | El gobierno rechaza adelantar las elecciones y Castillo agradece el apoyo en la Celac
Alberto Otárola cuestiona pedido para adelantar elecciones a fines de este año
En medio de la convulsión social al interior del país, que hasta el momento ha ocasionado más de 50 fallecidos y 800 heridos, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) planteó como salida a esta crisis que las elecciones generales se adelanten a fines de este año, y no esperar hasta abril del 2024, tal como pretende el Gobierno.
Es más, ayer el presidente de dicho organismo, Rohel Sánchez, anunció que presentarán un proyecto de ley en ese sentido, tras reunirse con el titular del Parlamento, José Williams.
Sin embargo, esta propuesta no sería del agrado del Ejecutivo. El premier Alberto Otárola consideró que esta propuesta es confusa.
“Yo sé que hay un pedido de otros sectores en el sentido de hacer un adelanto, de adelanto, de adelanto (de elecciones). Fíjese, eso es tan confuso como querer asumir de que las condiciones que ponen estos sectores violentistas que están vulnerado los derechos fundamentales de los peruanos van a ser atendidas por el sistema democrático. Nosotros tenemos que garantizar, en primer lugar, unas elecciones libres, transparentes y que puedan asegurar adecuadamente la voluntad popular”, indicó a Canal N.
El titular de la PCM consideró que sería muy lamentable que a los problemas que tenemos en estos momentos le añadamos “un proceso electoral que no ha sido debidamente garantizado con los requisitos que la propia ley electoral establece”, en referencia al pedido para que los comicios se celebren este mismo año.
Esto, a pesar de que Rohel Sánchez indicó que los titulares de los organismos electorales le aseguraron que sí es posible hacer elecciones a fines de este año.
“El gobierno espera respetuosamente que el Congreso adelante, si es posible, la decisión y pueda un poco descongestionar el ambiente politico que han tenido signos de violencia y que, felizmente, han sido controlados por la Policía hasta el momento”, añadió.
Respecto al proyecto de ley que prepara la ANGR, Otárola se mostró a favor de que se debatan todas las iniciativas; no obstante, dijo esperar que el Congreso, que es al que le corresponde tomar esta decisión, “esté a la atura de las circunstancias y obre en consecuencia”.
“Hemos manifestado ayer al presidente del Congreso (José Williams) y le hemos pedido respetuosamente que se apruebe o vean ellos la manera de que se apruebe esta segunda votación (del adelanto de elecciones) para convocar inmediatamente al cronograma electoral y se resuelva estas elecciones en el plazo que han sido contemplados por todas las autoridades tanto electorales como políticas”, acotó.
Pedro Castillo se autodenomina «prisionero político» de Dina Boluarte en carta enviada a la CELAC
Ausente en la reciente reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el expresidente Pedro Castillo publicó en sus redes sociales un texto digitalizado desde el penal de Barbadillo (Ate, Lima). En la misiva, quien lideró el sindicato de profesores del 2017 agradeció a los mandatarios Gustavo Petro (Colombia), Xiomara Castro de Zelaya (Honduras) y Andrés Manuel López Obrador (México) «por su firmeza en condenar la dictadura (de Dina Boluarte), (su) detención arbitraria y por exigir las garantías constitucionales de las cuales (sigue) privado ilegalmente».
También reconoció a los jefes de Estado Alberto Fernández (Argentina), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile) y Nicolás Maduro (Venezuela) por su exposición abocada a la «grave situación que vive» el Perú.
Sobre su situación legal, Castillo Terrones la calificó como un «cautiverio arbitrario sometido por la dictadura de Dina Boluarte, mediante un proceso judicial viciado de legalidad». Según su versión, es un «prisionero político» y la detención en su contra viola la Constitución peruana, Carta Interamericana de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas.
El exprofesor se solidarizó con «su hermano» Evo Morales, «perseguido político», «a quien le prohibieron el ingreso al Perú». Castillo le agradeció en nombre del país por haber sido «coherente en su defensa con la democracia y denuncia al gobierno fascista de Dina Boluarte, responsable del derramamiento de la sangre que hoy enluta al Perú».
Policía y Fuerzas Armadas anuncian operativo para desbloquear carreteras tomadas por manifestantes
Los ministerios de Defensa y del Interior anunciaron este jueves, 26 de enero, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutarán un operativo para desbloquear las carreteras de las zonas que se encuentren declaradas en estado de emergencia, de acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo 009-2023-PCM, y que estén tomadas por manifestantes.
“Hacemos un llamado a quienes persisten en estas medidas ilegales a desistir de ello, permitir el desbloqueo pacífico de las vías y evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden que actuarán en defensa de la legalidad, en el marco del artículo 137 de la Constitución, los Decretos Legislativos 1186 y 1095, y demás normas vigentes”, indicaron en un comunicado.
Ambos sectores recordaron que 10 personas han fallecido debido al bloqueo de vías, entre ellas tres menores de edad en La Libertad, Puno y Cusco, quienes no pudieron llegar a tiempo a un centro médico para recibir atención de emergencia.
📄 Bloquear vías de comunicación es un delito. Hasta la fecha, 10 peruanos han muerto porque sus ambulancias o vehículos quedaron varados por obstáculos y tomas de carreteras. La @PoliciaPeru y las FF. AA. procederán de acuerdo a ley para garantizar los derechos de todos. pic.twitter.com/m9efkW5kI4
— Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) January 27, 2023
“El derecho a la protesta no faculta la obstaculización de vías, ni mucho menos puede superponerse al derecho a la vida de aquellas personas que requieren ser trasladadas para recibir tratamientos delicados, como el oncológico o que necesitan que llegue a sus regiones oxígeno y medicinas para seguir viviendo”, señalaron el Mindef y el Mininter.
Además, advirtieron que el Código Penal, en su artículo 200°, tipifica como delito de extorsión a quienes “con violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos” y establece como sanción entre 5 y 10 años de cárcel.
“El bloqueo de carreteras ha ocasionado, además, escasez y sobrealza en los precios de alimentos de primera necesidad y combustible, e incluso en algunas regiones está poniendo en riesgo el suministro de agua potable, lo cual afecta principalmente a los peruanos más pobres”, expresaron.
