Panamá: conciencia crítica contra legado colonial – Por Guillermo Castro H.

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Panamá: conciencia crítica contra legado colonial

Guillermo Castro H.*

En Panamá, el 9 de enero conmemora como ninguna otra fecha el patriotismo de los panameños. Aquel día tuvo lugar el alzamiento popular que abrió paso a la liquidación del régimen de protectorado militar extranjero que había sido impuesto al país mediante el Tratado Hay-Bunau Varilla en 1903, ampliado después por la propia República en su Constitución de 1904.

En lo que hace a aquel régimen, el tratado Hay-Bunau Varilla establecía en su artículo I establecía a los Estados Unidos como garantes de la independencia de Panamá. El artículo VII, además, otorgaba al Gobierno de aquel país el derecho a intervenir “para el mantenimiento del orden público en las ciudades de Panamá y Colón”, en caso de que la República de Panamá, a juicio de aquel gobierno, no estuviera en capacidad de hacerlo.

Por su parte, el artículo 136 de nuestra primera constitución establecía que el gobierno norteamericano podría “intervenir, en cualquier punto de la República de Panamá, para restablecer la paz pública y el orden constitucional si hubiere sido turbado”. Y así lo haría en efecto – a solicitud del gobierno de Panamá – para aplastar la huelga inquilinaria de 1925 y, salvando evidentes diferencias de forma y tiempo, volvería a hacerlo el 20 de diciembre de 1989.

 La lucha contra ese régimen de protectorado constituyó un factor dominante en la lucha por la conquista de nuestra soberanía de nuestra república a todo lo largo del siglo XX. Y en esa lucha tuvieron – y tendrán – un papel de primer orden nuestra intelectualidad patriótica de capas medias y nuestras organizaciones populares. Esa intelectualidad contribuyó a crear las condiciones que llevaron a la negociación del Tratado Arias – Roosevelt de 1936, que derogó el derecho a la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá y abrió el mercado de la antigua Zona del Canal al sector empresarial de Panamá.

El gobierno que negoció ese tratado fue, también, el que creó en 1935 la Universidad de Panamá, que pasaría a ser un semillero de intelectuales y dirigentes en la lucha contra el régimen de protectorado.  Así, en 1947 la primera generación de egresados de la Universidad tuvo un papel decisivo en el rechazo al Convenio Filós-Haines, que pretendía ampliar la presencia militar norteamericana fuera de la Zona del Canal. Esa victoria encerró en la Zona del Canal al ocupante extranjero, y llevó a un nuevo nivel la lucha por el perfeccionamiento de la independencia y la conquista de la soberanía de nuestra república.

Para 1956, el presidente liberal Ernesto de la Guardia pudo plantear al país en su discurso inaugural que Panamá había llegado “al extremo de un modo y una manera de vivir que resultan inadecuados para satisfacer las más apremiantes exigencias del país.” Con ello, añadió, “se ha derrumbado al choque con la realidad” la ilusión en la cual “la función del tránsito interoceánico aparecía como factor predominante, sino exclusivo, de nuestra existencia colectiva.”

Había perdido vigencia, así, la idea “predominante entre nosotros hasta recientes años de que las faenas relacionadas con el cruce por el istmo subvendrían eternamente a nuestras necesidades” ha perdido vigencia.

Ante esa situación, el presidente planteó la necesidad de una política desarrollista orientada a la ampliación del mercado interno como medio para atender a las necesidades sociales del país. Para ello, dijo, era necesario reformar tanto la modalidad de desarrollo vigente en el país como al propio Estado, para ponerlo en capacidad de ejecutar esa reforma, con el fin de “aumentar el ingreso nacional en forma que asegure el mejoramiento progresivo de los niveles de vida de toda la población” conjugando lo económico y lo social, “que pueden y deben funcionar armónicamente en todo programa racional de expansión económica.”

Con todo – y sobre todo-, aquel discurso dejó en evidencia que el proceso de construcción de la República de Panamá tendría que encarar las limitaciones que el régimen de protectorado imponía a tales propósitos. Con ello, la lucha contra ese régimen pasó a expresarse en tres dimensiones estrechamente relacionadas entre sí.

Una era la disputa entre Panamá y los Estados Unidos por el ejercicio de la soberanía en el Istmo. Otra, la disputa entre los Estados panameño y norteamericano por el control de la renta generada por la operación del Canal y otras actividades económicas asociadas al tránsito interoceánico. Y la tercera, implícita en la realidad profunda de nuestra sociedad, el hecho de que ninguno de esos objetivos podría ser alcanzado sin la participación de los sectores medios y populares.

 Y ocurrió en efecto que todos los intentos del sector desarrollista del liberalismo oligárquico para alcanzar sus objetivos al margen de los sectores populares, o contra ellos, fracasaron ante la tenaz resistencia de los sectores más tradicionales y conservadores de la burguesía panameña. Esto, a su vez, hizo inevitable que las contradicciones subyacentes a ese enfrentamiento crearan las condiciones para la irrupción de los sectores populares en la vida política del país. Y tenía razón.

El 9 de enero demostró que no podría haber solución a los problemas que generaba el protectorado sin la participación de los sectores medios y populares. Esa participación, por otra parte, no podía limitarse a la lucha patriótica: además, necesitaba ser incorporada a la lucha política, en el planteamiento de las transformaciones que el país necesitaba para encarar los problemas de su propio desarrollo político, social y económico.

En este sentido, también, el 9 de enero expresó el agotamiento del régimen político existente en su capacidad para conducir esa lucha patriótica y esa transformación política, como quedó en evidencia. En este sentido, constituyó un factor de enorme importancia en el paso a las transformaciones que permitieron negociar el Tratado Torrijos-Carter de 1977-1999, que liquidó la Zona del Canal y transfirió al Estado panameño la administración de la vía interoceánica.

No cabe duda de que el sacrificio de los mártires del 9 de enero de 1964 selló el destino del régimen de protectorado que aún entonces atenazaba y mediatizaba a nuestra república. Tampoco ha de caber duda de que el alcance de ese régimen desbordaba ya por entonces sus dimensiones políticas y legales, para incluir además una dimensión cultural cuya erradicación dista mucho de haber sido lograda.

En efecto, la solución al problema de la soberanía mediante el Tratado Torrijos-Carter trasladó la disputa por la renta transitista al interior del país, sobre todo a partir de la década de 1980. Y ese traslado vino a traducirse en la disputa entre los sectores dominantes del país en torno al papel del Estado nacional como agente a cargo de la administración de dicha renta tras la integración del Canal a nuestra economía, formalizada el 31 de diciembre de 1999.

En el marco de esa disputa, aún vigente, el espíritu del protectorado – reavivado por la invasión de diciembre de 1989 – ha mantenido un importante lugar en nuestra cultura, y dificulta el ejercicio de los deberes de nuestra soberanía en bien de la nación entera. En ese sentido, podemos decir que el 9 de enero aún está en curso, y que llevarlo a su culminación demanda como nunca el ejercicio de la conciencia crítica de la Nación.

Esa tarea constituye, hoy, el principal desafío para el relevo generacional que está en curso en todos los planos de nuestra vida cultural. Ella abarca en efecto la atención a tres grandes problemas pendientes. El primero y más urgente consiste en consolidar la soberanía nacional mediante la consolidación de la soberanía popular. El segundo, en hacer uso de la renta canalera para superar el modelo transitista que heredamos del protectorado por otro de desarrollo integral del país. Y el tercero, y de más largo aliento, consiste en superar el legado cultural del protectorado.

Hoy, ahora, la crítica de ese legado es imprescindible para llevar a su verdadera culminación la causa por la que ofrendaron sus vidas los mártires cuyo sacrificio conmemoramos cada 9 de enero. Y esa culminación consiste en construir una nación plenamente soberana, con un Estado capaz de ejercer los deberes y los derechos de esa soberanía en conjunto con su propio pueblo para hacer cada vez más competitivas todas sus ventajas comparativas y más equitativa su prosperidad, trabajando con la naturaleza, y ya no contra ella. Eso está pendiente: culminarlo es el verdadero legado que nos dejan nuestros mártires de enero.

*Intelectual panameño