Intento de magnicidio: Cristina Fernández volvió a recusar a la jueza por sus vínculos con el gobierno porteño

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este lunes una nueva recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti y pidió que sea apartada de la causa que investiga el intento de magnicidio en su contra. La exmandataria apuntó contra las actividades y relaciones incompatibles de la magistrada con el Ministerio de Seguridad de CABA y su falta de imparcialidad en la investigación contra la Policía de la Ciudad.

«En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado», escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado.https://t.co/ty0TjqBV2J

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 9, 2023

 

El documento detalla que el viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene una relación rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El vínculo entre Capuchetti con el ISSP es desde 2014. En este marco, el documento de la recusación sostiene que «es central aclarar que el ISSP no es un órgano con fines académicos, sino políticos. Aun si realiza actividades académicas, estas actividades tienen un objeto estrictamente político. Esto es central porque implica que participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo».

De este modo, afirma que «aun si Capuchetti efectivamente da clases e investiga en el marco del ISSP, es explícito que esto no tiene un fin académico, sino apoyar a la conducción política del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires«. En cualquier caso, remarcan que «lo cierto es que el artículo 9 del Decreto-Ley No. 1285/58 establece las incompatibilidades que conlleva el ejercicio de la magistratura. Lo cierto es que, como mínimo, las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces.

‘Si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo. Para cualquier actividad que no sea la docencia universitaria, la jueza debería contar con la autorización expresa del organismo de superintendencia (artículo 8, “k”, del Reglamento para la Justicia Nacional), en este caso la Corte Suprema. No tenemos conocimiento de dicha autorización», agregaron.

Coimas o sobornos

En este marco, sobre el empleo de Capucchetti en el ISSP, la recusación asegura que por un lado, el organismo adujo que la jueza daría clases en dicho establecimiento, pero por otro el organismo no tiene como objeto la docencia. Además, sostiene que «el argumento de que Capuchetti hizo un trabajo de investigación en nueve años es casi una admisión de que cobraba por no hacer nada».

«Estamos, entonces, frente a lo que parece prácticamente una coima o soborno sostenido de un operador judicial hacia una jueza federal«, concluyeron. Asimismo, cuestionaron qué implica ser “Investigadora Senior”. Remarcaron que «Capuchetti no reúne los requisitos mínimos para las tareas académicas. Para empezar, no se conoce ningún trabajo suyo con una mínima relevancia. Pero, además, la lectura de cualquiera de sus resoluciones revela una catarata de errores gramaticales y sintácticos que es totalmente inconcebible en cualquier persona que tenga un trabajo de ‘Investigadora Senior'».

«La relevancia de todo esto es que la contratación de Capuchetti solo es entendible si se la percibe como una forma de incidir en el comportamiento de una jueza a través de dinero y de otorgarle un cargo que puede presentarse como académico, lo que puede servirle para legitimarse y para sumar puntos para concursar, entre otras cosas», denunciaron.

La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno pic.twitter.com/arYxSe0mi9

— Martin Soria (@MartinSoria_) January 6, 2023

Según el escrito,  en cuatro meses, la Cámara del fuero debió revisar y revocar dos decisiones de Capuchetti vinculadas con medidas de prueba. Por lo que afirmaron que un organismo superior revoque una decisión sobre prueba muestra un error gravísimo de un magistrado. «Que haya pasado dos veces revela la total incapacidad para dirigir investigaciones complejas. Si el ISSP contrató a Capuchetti para enseñar ese tema, estamos frente a una nueva muestra de que lo único que busca el organismo es influir ilegalmente en una magistrada federal», concluyeron.

«La ceguera de Capucchetti con la actuación de la Policía de la Ciudad»

En otro de los puntos, la recusación apunta contra el accionar de la jueza ante la actuación de la Policía de la Ciudad en la causa por el atentado a Cristina. Apuntaron que en la causa, Capuchetti libró una serie de oficios al Ministerio de Seguridad de la Nación relacionados al accionar de la custodia de la vicepresidenta, y hasta le tomó declaración testimonial a su jefe. Pero, «llamativamente, se olvidó de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente la fuerza de seguridad que con más contundencia debería haber investigado«. Es que es esa policía la que tenía jurisdicción sobre el lugar donde se produjo el atentado y la que, consecuentemente, tenía el deber de garantizar la seguridad, enfatiza el documento.

«Tal es así que la policía de la CABA realizó un fuerte (e ilegal) operativo frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner desde el 22 de agosto de 2022, día en que el fiscal Luciani pidió la condena de la vicepresidenta. Desde esa fecha, el Ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, dispuso una fuerte presencia policial en Juncal y Uruguay, por el mero hecho de que militantes políticos habían organizado una vigilia para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner», relataron. Sin embargo, cuestionaron que pese a las vallas que pusieron «para impedir que la gente se acerque al domicilio de la Vicepresidenta, situación que terminó con agresiones policiales injustificables y la detención de dirigentes políticos por el mero hecho de manifestarse, Ese día, hubo dos personas que sí lograron acercarse al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte«.

«Como surge de sus conversaciones, los imputados estaban preparados para matar a la vicepresidenta ese día. Es decir que un enorme dispositivo de seguridad se encargó de cercenar la libertad de expresión, pero permitió que dos asesinos estén al borde de cumplir su cometido», agregaron y criticaron que «mientras las fuerzas a cargo de D’Alessandro agredieron a Máximo Kirchner cuando quiso visitar a su madre, no tenían problema en que los miembros de Revolución Federal, quienes ya tenían causas por manifestar su voluntad de matar a Cristina Fernández de Kirchner, subieran al departamento de la vecina de la Vicepresidenta, se sacaran fotos y, presumiblemente, realizaran tareas de inteligencia. Situaciones que la jueza Capuchetti decidió no investigar».

«Marcelo D´Alessandro, el empleador de la jueza»

El documento de recusación reveló que «Marcelo D´Alessandro, el empleador de la jueza a cargo de esta causa, ocupa y ocupó durante el atentado y los meses previos, ni más ni menos que el control de la calle». En este marco, plantearon que «cualquier funcionario, político o judicial, con conocimientos mínimos en materia de seguridad y justicia, conoce perfectamente las relaciones de las fuerzas de seguridad policiales con los actores que caminan y viven la ‘calle’ como son los vendedores ambulantes».

«¿Respecto de qué fuerza Capuchetti no hizo absolutamente nada? De la policía de la CABA ¿De quién depende la policía de la CABA? Del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA ¿Quién le paga un sueldo por realizar tareas incompatibles con su trabajo a Capuchetti (si es que hace algo)? El Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA ¿De quién depende este organismo? De Marcelo D’Alessandro, de quien ahora se sabe a ciencia cierta su involucramiento en tareas directamente mafiosas en las que, entre otras cosas, amaña casos judiciales y utiliza su cargo como responsable de la seguridad y justicia de los vecinos de la CABA con fines exclusivamente políticos partidario», dispararon.

«Los nuevos hechos revelados explican, en gran medida, lo que ha sido esta investigación hasta ahora: un cúmulo de obstrucciones a la producción de pruebas, de impericias procesales y de decisiones sustantivas equivocadas. Aun así, lo revelado es suficiente para, por sí solo, generar el apartamiento de la jueza«, completaron.

Incompetencia, parcialidad y pedido de apartamiento

Por último, el documento afirma que «jueces como Capuchetti, que mantienen vínculos como mínimo irregulares y probablemente mafiosos con personas ajenas al Poder Judicial, generan precisamente ese efecto: socavar lo poco que queda de legitimidad judicial«. Por lo que «que una jueza que cobra un sueldo incompatible con sus funciones de una fuerza a la que debe investigar y que además está comandada por un delincuente dedicado a armar causas judiciales siga a cargo de una investigación hace añicos la institucionalidad argentina».

«A esta altura, es necesario recordar que Capuchetti no solo omitió investigar a la policía de la CABA, sino que obstaculizó todo lo posible las medidas contra quien, junto a D’Alessandro, es la referencia en materia de seguridad de Juntos por el Cambio: Gerardo Milman. La jueza obstruyó tan burdamente investigar a este diputado que la Cámara tuvo que indicarle el camino a seguir», agrega la recusación. Y recordaron también, que «Capuchetti visitaba frecuentemente la AFI durante el gobierno de Juntos por el Cambio antes de ser nombrada. Evidentemente, asumió su cargo con lineamientos claros respecto de cómo actuar si le tocaba investigar a Juntos por el Cambio«.

«A esto se le sumó un sueldo mensual ilegal por si no le alcanza con la suma cercana a dos millones de pesos que cobra un juez federal. Todas estas cosas muestran el interés de Capuchetti en el resultado del proceso, que queda aún más explicado con los nuevos hechos revelados. Por esto, entendemos que debe apartarse del proceso en los términos del artículo 55, inciso 4, CPPN. En pocas palabras, Capuchetti cobra dinero y asesora a un organismo del que depende una fuerza de seguridad a la que explícitamente omitió investigar», expusieron.

«Al cobrar un sueldo de un órgano que tiene a cargo una fuerza de seguridad a la que debe investigar, es evidente que Capuchetti no supera un test de imparcialidad objetiva. Supongamos, además, que fuera verdad que Capuchetti enseña en el ISSP. En este caso, ella sería la encargada de capacitar a policías de la CABA en ‘investigaciones criminales complejas’ (como surge de las resoluciones citadas) y de brindar apoyo político en materia de seguridad al gobierno de la CABA», expusieron.

Ante este panorama, el documento sostiene que «investigar a la policía de la CABA y al Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA implicaría admitir que su apoyo político y su docencia fueron pésimas, ya que en un caso complejo sus alumnos y asesorados hicieron todo mal. Por este motivo, desde una perspectiva externa, es imposible tener confianza en que será imparcial en la investigación«. Y completa: «Solicitamos su inmediato apartamiento de estas actuaciones, ya sea por su evidente interés en el resultado del proceso o, subsidiariamente, por su falta de imparcialidad objetiva».

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El Destape

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