El gobierno de Lacalle, jaqueado por escándalos, no se sale del libreto ajustador – Por Nicolás Centurión
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El gobierno de Lacalle, jaqueado por escándalos, no se sale del libreto ajustador
Nicolás Centurión*
Se cierra un 2022 convulso y en movimiento. Con frentes de lucha abiertos, con reformas que definirán la vida de miles de uruguayos sobre la última estocada del calendario. Un abajo que se mueve pero aún no se sabe hacia dónde, mientras otros tantos miles siguen comiendo en ollas populares, en un país donde la macroeconomía crece pero los trabajadores siguen perdiendo puntos salariales y los grandes capitales reciben exoneraciones exorbitantes.
Pero también con escándalos de espionaje y corrupción que involucran al narcotraficante Sebastián Marset y a Alejandro Astesiano, escolta jefe del propio presidente.
Ni urgente ni considerado
En marzo de 2022 el gobierno liderado por el derechista Luis Lacalle tuvo su primera prueba de fuego: el referendo en contra de la Ley de Urgente Consideración. Una victoria por la mínima, similar a lo acontecido en las elecciones nacionales de 2019. Confirmación de la consolidación de dos bloques antagonistas donde no hay margen de error y donde aún no queda claro el porcentaje de votos fluctuantes en disputa. Porcentaje que seguramente se va a definir la próxima elección presidencial de 2024.
Esta batería de ajuste y reformas del Estado de más de 400 artículos fue y es el buque insignia de este gobierno. La táctica oficial de lanzar esa cantidad de artículos de una sola vez, con todo lo que implicaba no fue nada considerado y obviamente utilizó la estrategia de arrear una estampida de elefantes para poder camuflar uno, aunque en este podrían ser hasta tres.
¿Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90?
Si algo caracteriza a este gobierno multicolor son las reminiscencias a los 90 y sobre todo (y justamente) al gobierno del padre de Luis Lacalle, Luis Alberto Lacalle Herrera, un símil del argentino Carlos Menem de la década nefasta. No es un atajo ni un refrán decir que el país volvió a los 90. O al menos existen muchos puntos en común.
Podemos empezar por el aumento de los delitos y la inseguridad. Al 10 de octubre de 2022 ya se había alcanzado el número de homicidios de todo el 2021. En el último día del año del año corriente, los homicidios van a superar la cifra de los 380.
“Este será el peor año en materia de homicidios con una gestión con jerarcas indagados (por caso del jefe de escoltas de Lacalle, Aljenadro Astesiano)”, dijo el exdirector de Convivencia Gustavo Leal. Agregó que concurrió a la reunión Interpartidaria por seguridad, “pero el Ministerio dijo que no cree en los acuerdos”.
Uruguay acabó el tramo inicial de la era Lacalle con 13.700 presos en sus cárceles (más de 386 personas por cada 100 mil habitantes), un número aterrador para un país de poco más de tres millones de habitantes.
Según a un asesor de la Comisión Legislativa en materia carcelaria, “muchos presos entran descalzos o semidesnudos” al recinto carcelario. Son algo más de 14 por día, lo que preanuncia que 2022 cerrará con 5.200 nuevos reclusos, llevando el total de presos a casi 20 mil.
Otra coincidencia con los 90 es el aumento de la pobreza infantil. En aquella década se inauguró el proceso de infantilización de la pobreza y ahora -en la tercera década del siglo XXI-, se profundiza. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística indican que la pobreza infantil en menores de 6 años alcanzó el 22,5% durante el primer semestre de este año. Entre los 6 y 12 años la cifra es 18,5%.
El intento privatizador también está a la orden del día, con el retiraro del monopolio a empresas o entes estatales, favoreciendo a capitales privados. Incluso estamos hablando de recursos estratégicos como el agua. Y el gobierno insiste en su intento de reglamentación del derecho de huelga
Uno de los puntos de contacto con el pasado, esta vez de los 2000, son las ollas populares. Elemento popular que había quedado casi en el olvido. Con el advenimiento de la pandemia de Covid-19, las familias que estaban pendidas de un hilo, se cayeron.
Esto también demuestra los límites del progresismo, en cuanto a la primer crisis, los que caminaron por el pretil de la pobreza los quince años sostenidos de crecimiento macroeconómico, terminan de caer al abismo de la indigencia. O a lo sumo, como consuelo de tontos, tener que alimentarse en una olla popular sostenida por vecinos y vecinas que no están mucho mejor que los que allí concurren.
El 15% de los hogares uruguayos están en riesgo o ya han caído en inseguridad alimentaria. Al menos 590.000 personas se alimentaron menos y mal en el Uruguay, por motivos económicos. La prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y grave alcanzó el 21,5% en los hogares con menores de 6 años, mientras que la inseguridad alimentaria grave alcanzó el 3,8% de la población.
Incluso en Montevideo, la capital del país y donde se concentra aproximadamente la mitad de la población, hay barrios donde la pobreza infantil es casi inexistente y otros donde superan el 60%. A 20 minutos de distancia, Luxemburgo y Sudán del Sur en una sola ciudad. ¿Será ésta la verdadera grieta y la verdadera polarización de la sociedad?
Lo paradójico es que el país produce alimentos como para 30 millones de personas, habitantes como de unos 10 Uruguay. Medio millón de trabajadores (35% de la población ocupada) ganan menos de 25.000 pesos (unos 600 dólares) por mes por 40 horas semanales de labor, informa el Instituto Cuesta Duarte de la central unitaria de trabajadores PIT-CNT, que agrega que hay 169.000 ocupados que no alcanzan ni siquiera a un sueldo de 15.000 pesos (364 dólares).
Se vuelve a repetir la máxima de los gobiernos de derecha: prometen modernidad y progreso, gobiernan para el atraso y lo regresivo.
Enclave regional, en clave narco
Según un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el mundo la cantidad de consumidores de drogas aumentó en un 26% en la última década y con un repunte vertiginoso en épocas de confinamiento. Con ello también aumentó la venta por internet y se comparó intergeneraciones, arrojando por resultado el aumento de consumo en jóvenes con respecto a anteriores generaciones.
En la región el consumo entre la población de 15 a 64 años aumentó un 2.6% en Argentina, un 2.4% en Chile y un 1.4% en Uruguay. Eso en términos porcentuales, porque Uruguay lidera el ranking de consumo de cocaína per cápita en la región.
En un mundo vertiginoso, el del narco también muta y se adapta para poder seguir generando mayores ganancias. Del clásico cartel de los patrones al estilo Pablo Escobar, hoy los carteles colombianos han bajado su perfil. Evitan la confrontación con las fuerzas de seguridad, no ostentan sus fortunas y a su vez no existen grandes capos que copen la escena, sino más bien distintos grupos de mediano porte que se reparten el territorio.
En un esquema de división internacional del trabajo, el narco ha hecho lo mismo con los suyos y aquellos cárteles que controlaban todos los tramos de la cadena de producción hoy se han segmentado en una especie de fordización del narcotráfico.
Uruguay ya no es solo un enclave apetitoso para lavar dinero y realizar operaciones fraudulentas. De ruta de entrada y salida del continente, ahora también es punto de acopio.
La suspensión de la implementación del Sistema Integral de Control de Transporte de Cargas (Sictrac) significa que el Estado prescinde de controlar la carga terrestre. Algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que flexibilizan las operaciones realizadas con efectivo y a raíz de todo esto los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) han bajado a un número que resulta cómico por no decir preocupante, aportan poco y nada a paliar esta situación-
Uruguay no tiene fiscales, jueces o periodistas asesinados por el narco, aunque sí amenazas y un atentado desactivado antes de tiempo con ayuda de la DEA al ex Jefe Nacional de Policía. Y también tiene autoridades que niegan: Por ejemplo (el presidente) “Lacalle negó que el Puerto de Montevideo sea un blanco fácil para el ingreso de droga”.
Duro con los débiles, blando con los de arriba
La última publicación del semanario Búsqueda titula que “Siete de cada diez empresarios aprueban al gobierno pero la mitad quiere cambios en el gabinete”. Los principales blancos son los ministros de Interior y Cancillería, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo respectivamente.
Más allá de los que estén en la cuerda floja, la afinidad del gobierno con cámaras empresariales es más que obvia. El Presidente de la Asociación Rural (ARU) comentó en la última exposición Rural del Prado que estaba contento porque el gobierno “seguía la línea que la ARU había propuesto”.
Es un gobierno representante de la oligarquía local, sin tapujos. Complaciente y alineado con el poder de turno, con los grandes capitales locales y regionales.
En junio del 2020, el gobierno de Lacalle flexibilizó las condiciones que deben cumplir los argentinos para tributar en Uruguay para tramitar una residencia fiscal, medida que también beneficia a las empresas de tecnología con bajos impuestos, alimentando la idea de un Silicon Valley – sede de muchas compañías emergentes y globales de tecnología. en el área de la bahía de San Francisco de California- en Uruguay, pero a medida de empresarios argentinos.
Ojo por ojo
El 2022 cierra con dos estocadas del gobierno que arremete en su momento más magro de la gestión. Primero el caso del pasaporte del narcotraficante Sebastián Marset, donde se siguen descubriendo incongruencias en el actual gabinete ministerial, y ello le permitió estar prófugo hasta el día de hoy.
Segundo es el caso del ex custodio del presidente Alejandro Astesiano que en plena Torre Ejecutiva desarrollaba un abanico de servicios delincuenciales y prácticas paraestatales. La imagen de Lacalle y su impronta comunicativa se vieron melladas por estos dos casos.
Quizá para desviar la atención de los escándalos, el gobierno arremetió con dos reformas que van a tener al movimiento popular, sindical y social más que ocupado: la de educación y la de la seguridad social.
La primera es una reforma que vacía de contenido, presupuesto y crítica a la educación. Apunta a una educación mercantil e individualista. Un objetivo claro y deseado de uno de los hombres de confianza del presidente Lacalle, el ministro de Educación Pablo Da Silveira. Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública, es el hombre del trabajo sucio.
La segunda reforma significará que se trabaje más y se gane menos. Es decir, que los años de servicio pasen de 30 a 35 y que las personas que se jubilen bajo este sistema cobrarán menos jubilación o pensión que las que se jubilan hoy en día. Varias cajas jubilatorias tienen déficit, por ejemplo la Profesional. Sin embargo, la más escandalosa por monto y por lo que implica políticamente, es la caja Militar, que parece intocable.
La reforma afectará a más de 1.700.000 uruguayos y ya cuenta con media sanción por parte de la cámara de Senadores. Los votos en diputados para el oficialismo ya están. Se proyectan 9 puntos de crecimiento de la economía para el final de este período de gobierno pero los salarios en el mejor de los escenarios recuperaran el nivel de 2019. Entonces ¿quiénes se están llevando esos nueve puntos?
Una imagen vale más que mil palabras: las exportaciones no paran de crecer mes a mes, pero miles de orientales (uruguayos) se siguen alimentando en ollas populares.
Algo no cierra: el abajo se mueve, aunque más bien se mece entre la falta de músculo movilizador que dejó el progresismo, entre los que especulan un retorno seguro del Frente Amplio en 2024 como solución mágica a todos los problemas que aquejan a los uruguayos, entre los que no pueden esperar a 2024 y entre la apatía de un mundo voraz que nos quiere devorar por separado.
El 2023 será entre el ajuste, la resistencia y el oficialismo en mantener o no la coalición multicolor, que se resquebraja, hasta las elecciones.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
