Detenciones por el régimen de excepción satura las cárceles hasta seis veces su capacidad
Régimen satura las cárceles hasta seis veces su capacidad
Por David Bernal y Edwin Segura
Entre el 27 de marzo y el 24 de agosto de 2022, el sistema penitenciario salvadoreño reportó 50,311 nuevos ingresos en las distintas cárceles del país, según cifras oficiales divulgadas por Human Rights Watch (HRW) y que confirman la crisis carcelaria que se ha generado con la implementación del régimen de excepción.
Hasta abril de 2021, último mes cuando la Dirección General de Centros Penales (DGCP) hizo pública la cifra de población carcelaria a nivel nacional, la cantidad de presos era de 35,976, es decir que estaba al 120 % de su capacidad instalada, que para ese entonces era de 30,118 personas en 20 recintos de El Salvador.
Esa condición ya crítica se complicó tras los operativos de arrestos masivos que provocó la instalación del régimen de excepción en El Salvador a partir del 27 de marzo del año pasado. Los datos oficiales consignan que para al 24 de agosto de 2022, cerca de cumplirse los primeros cinco meses del régimen, el sistema judicial ya había enviado a prisión preventiva a 50,311 capturados, el 79 % de ellos bajo el cargo de agrupaciones ilícitas. Eso implicó que la cifra de privados de libertad alcanzara los 86,287, lo que refleja un 287 % de ocupación carcelaria para entonces.
De acuerdo con los registros, la mayoría de los arrestados fueron enviados al centro penal La Esperanza (conocido como Mariona), donde la población penitenciaria aumentó de 7,600 a 33,000, y al penal de Izalco, donde el incremento de reclusos pasó de 8,500 a 23,300.
Los datos oficiales también dan cuenta que durante agosto 2022, Mariona contaba con cuatro veces más detenidos que su capacidad instalada. En Izalco, la población triplicaba su capacidad. Y en otros reclusorios, como el penal de San Miguel (al oriente del país) y la cárcel de Mujeres en Ilopango fueron sobrepasados hasta seis veces su capacidad.
La Dirección General de Centros Penales confirmó, en octubre, que la población de mujeres recluidas en Ilopango había sido trasladada a otra prisión.
«Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas», dijo Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Organizaciones internacionales como el International Crisis Group (ICG) y el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reconocieron a finales de 2022 que la situación en las cárceles, aún sin conocerse cifras oficiales, era preocupante y que podría convertirse en una olla de presión.
«Con una población penitenciaria que ahora triplica su capacidad es probable que el hacinamiento empeore las ya precarias condiciones sanitarias que han convertido a las cárceles en un foco de enfermedades, particularmente de tuberculosis, revirtiendo los limitados avances que este mismo gobierno logró incluso durante la emergencia del covid-19», publicó el ICG en un informe de octubre de 2022.
Mientras que el Comité de la ONU dijo en su informe más reciente, hecho público el 25 de noviembre de 2022, que «mantiene su preocupación ante la sobreocupación en los centros penitenciarios del país, agravada por el considerable aumento de la población reclusa, que según la información de la que dispone el Comité habría pasado de 39,500 reclusos en marzo de 2022 a más de 94,000 en octubre de 2022». El mismo organismo internacional lamentó que el Estado salvadoreño no proporcionara información actualizada sobre la población carcelaria.
PRIMEROS AVISOS DE CRISIS
En abril de 2022, la crisis carcelaria por las detenciones durante el régimen comenzó a dar sus primeros avisos. El día 3 de ese mes, en el Centro Penal de Izalco se documentó la primera muerte de una persona capturada durante el régimen de excepción: Wálter Vladimir Sandoval Peñate, de 32 años. Él fue capturado el 30 de marzo en Ahuachapán acusado de pertenecer a una pandilla, pero sus familiares aseguran que al momento de su captura solo ingería bebidas alcohólicas y por eso se lo llevaron los policías.
Cuatro días después, su familia recibió la noticia de que Wálter había muerto en el estacionamiento del Hospital Nacional General «Dr. Jorge Mazzini» de la ciudad de Sonsonate. Los guardias lo llevaron de emergencia después de que, aparentemente, fue vapuleado al interior de la prisión. La esquela de Medicina Legal que recibió su familia reveló que murió a causa de un trauma cerrado de tórax y que además tenía una mano fracturada y lesiones en el rostro, rodillas y hombros.
Desde Wálter a la fecha, las organizaciones sociales contabilizan más de 90 fallecidos durante el régimen dentro de las prisiones, pero solo tienen documentados 69 casos ocurridos entre el 27 de marzo y el 4 de agosto, los cuales ya fueron adjuntados en una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En agosto de 2022, un informe del Instituto de Medicina Legal y publicado por LA PRENSA GRÁFICA dejó constancia de que al menos 35 de los fallecidos murieron con signos de tortura y al menos otros 22 murieron por «negligencia», como el no recibir sus medicamentos a tiempo.
LA PRENSA GRÁFICA logró recopilar testimonios de personas que estuvieron detenidas durante el régimen de excepción, como el de Luis, quien estuvo en Mariona. «Nos contaban por la mañana y cuando lo hacían nos daban un garrotazo a cada uno. También nos tiraban gas pimienta. A mí me metieron en una celda solo en bóxer y descalzo. Éramos 80 en una celda que solo era para 12», contó en julio de 2022. A él lo arrestaron el 1 de mayo, pero lo dejaron en libertad porque no le encontraron antecedentes delictivos.
Mario Mejía, capturado el 25 de abril, también salió luego de permanecer seis meses y medio en prisión, pero tuvo duras secuelas, pues dentro de la prisión sufrió una infección que, sumado a su diabetes, generó que le amputaran ambas piernas. Debido a ello, Mario recibió medidas alternas a la detención y su proceso sigue vigente.
«En el penal el recibimiento eran golpes de parte de los custodios. Me desvistieron, me quitaron la medicina para la diabetes y luego me subieron a una celda. Cuando yo llegué había 30 personas, pero después éramos 170. Teníamos que andar descalzos porque no nos permitían yinas y creo que ahí me infecté», recordó.
UNA NUEVA CÁRCEL
En junio, las cifras de capturas y de personas que ingresaban a las cárceles durante el régimen comenzaron a descender y el promedio diario también (ver gráfico). Aun así, la cifra de privados de libertad ya superaba con creces la capacidad instalada y el Gobierno arrancó con la construcción de un megapenal en el municipio de Tecoluca, San Vicente.
Dos meses antes del inicio de la obra, el presidente de la república, Nayib Bukele, dijo que la construcción del megapenal se tenía que hacer para «vaciar las bartolinas y volver a llenarlas de nuevo. Obviamente habrá un punto en el que no van a caber y por eso he dado la orden de construir otra cárcel de máxima seguridad».
El mandatario anunció en abril de 2022 que el nuevo penal tendría capacidad para 20 mil reos, pero en julio cambió esa cifra y la duplicó, lo cual, según el International Crisis Group, generará no solo mayores costos económicos, sino que alojar a miles de personas en un mismo lugar, la mayoría aparentemente ligadas a pandillas y sin opciones de reinserción, podría permitir que estos grupos delincuenciales se fortalezcan.
«Al duplicar la cantidad de reclusos, las autoridades penitenciarias también están desatando una serie de problemas financieros y logísticos. Alimentar a una población penitenciaria tan numerosa y construir la nueva cárcel masiva planeada en Tecoluca requerirá financiamiento adicional, prácticamente duplicando las asignaciones presupuestarias actuales. El aumento de pandilleros encarcelados, mientras que el número de guardias penitenciarios permanece igual, también aumenta el riesgo de disturbios e intentos de fuga», sostuvo la organización sobre la medida gubernamental.
Para las organizaciones nacionales e internacionales y para especialistas en temas penales, la creación de una nueva cárcel no garantizará que el hacinamiento disminuya, sobre todo si siguen las capturas.
Sidney Blanco, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional y ahora juez, se refirió a la resolución del 3 de junio de 2016 en la cual se declaró el hacinamiento como inconstitucional porque «vulnera el derecho fundamental a la integridad personal». Él fue uno de los que votó en esa ocasión para que se tomaran medidas que frenaran la problemática.
«Esa fue la primera vez que la Sala calificó como un atentado a la integridad física y mental las condiciones de hacinamiento. En esa sentencia de 2016 se explicó que había reducción de espacio, aire, escasez de agua y los hacinados viven en condiciones infrahumanas, lo cual se demostró con diversas inspecciones. Se determinó que era un problema generalizado y el tribunal reconoció que hay masivas violaciones a derechos humanos y constitucionales y que se debía resolver el problema de raíz», explicó Blanco.
El jurista dijo que en esa oportunidad se recomendó a las autoridades hacer inspecciones y que se le daría seguimiento al cumplimiento, pero desconoce si el Gobierno y la actual Sala de lo Constitucional cumplen con ello.
En 2016, la cantidad de reos que reportaba el sistema penal era de 28,000 personas, cuando las cárceles solamente tenían capacidad para 10,000 internos. Por ello la Sala argumentó que el hacinamiento viola el artículo 11 de la Constitución, que concede a los privados de libertad el derecho a una detención digna. Blanco señala que aunque la sentencia ya lleva casi ocho años de emisión, todavía existe una obligación de darle cumplimiento.
«Es la Sala de lo Constitucional la que está obligada a velar por el cumplimiento de esta sentencia, pero por otro lado para eso están también los jueces de vigilancia penitenciaria, que son una figura responsable de verificar las condiciones de los privados de libertad, que no haya hacinamiento, que tengan recursos necesarios para subsistir, que gocen de condiciones dignas para un ser humano. Por eso se insiste mucho en este tema», agregó.
Aunque las cifras oficiales divulgadas por HRW revelan datos hasta el 24 de agosto de 2022, las autoridades sostuvieron a inicios de enero que los capturados durante el régimen ya suman 61,300, lo cual refleja un total de 97,025 privados de libertad y coloca a El Salvador como el país con la tasa más alta de población carcelaria a nivel mundial, según la entidad internacional World Prison Brief.
El Salvador reporta casi 63 mil detenidos en «guerra» contra pandillas
La administración del presidente de el Salvador, Nayib Bukele, anunció la captura de casi 63 mil presuntos miembros de organizaciones criminales de como resultado de su «guerra» contra las pandillas.
«Al momento son más de 62 mil 975 terroristas (pandilleros) que han sido detenidos», informó Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad.
Desde hace 10 meses, El Salvador se encuentra bajo una estrategia de seguridad implementada por el actual presidente, Nayib Bukele, que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos.
Estas estrategias han permitido detenciones sin orden judicial que han sido aprobadas por el Congreso de El Salvador tras una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas en dos días en marzo de 2022.
Antes de marzo de 2022, previo a la estrategia de Bukele, las cárceles de El Salvador tenían alrededor de 16 mil pandilleros encarcelados, pertenecientes a bandas rivales: la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, con sus dos facciones Sureños y Revolucionarios.
El viernes, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que en las cárceles salvadoreñas hay un «hacinamiento extremo» y que hay muchos menores de edad presos por el régimen de excepción, pero el ministro Villatoro desestimó las críticas.
«Los grupos de oposición continúan con sus cuentos de señalar la vulneración de los derechos humanos, pero no ven lo que está sucediendo en otros países porque solo velan por los intereses de terroristas (refiriéndose a pandilleros)», expresó el ministro.
En los 10 meses de lucha contra las pandillas, la policía ha decomisado 2 mil 218 armas de fuego, 2 mil 799 vehículos, 15 mil 38 teléfonos celulares y 1,6 millones de dólares en efectivo, según el ministro.
