Bolivia | Organizaciones Sociales y Colectivos de DDHH se declaran en estado de emergencia
COB y Pacto de Unidad se declaran en estado de emergencia y exigen al Gobierno no permitir impunidad de autores del golpe
Movimientos sociales del país, aglutinados en la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad se declararon este miércoles en estado de emergencia debido a la amenaza del Comité Cívico de Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) de generar convulsión social para conseguir la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho, procesado por el caso Golpe I. Exigieron al Gobierno no permitir impunidad para los actores de los hechos vandálicos de 2019 y 2022.
“No puede haber impunidad para quienes han sido los autores intelectuales del golpe de Estado de 2019, por eso hoy más que nunca las organizaciones sociales a nivel nacional nos vamos a reunir para tratar estos y otros porque estamos viendo actos de vandalismo, de sedición, terrorismo”, afirmó el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.
Las protestas de los grupos afines Camacho distan mucho de manifestaciones sociales pacíficas porque su mayor característica es el uso de la violencia como medida de presión, con amedrentamiento a la población, a transportistas, gremiales, saqueos y toma y quema de instituciones públicas y privadas, observó.
“Nuestros hermanos han sido afectados fuertemente la gestión pasada con los 36 días de paro y hoy otra vez están amenazados, es más otra vez se pone en riesgo la economía y eso es muy preocupante para nosotros por eso es que nos declaramos en estado de emergencia”, expresó.
Denunció que los mismos actores ligados al régimen de facto de Jeanine Añez, que convulsionaron el país en 2019, comenten, como en ese tiempo, injerencia en Bolivia al entrometerse en asuntos internos.
“Hoy vemos autoridades europeas, chilenas haciendo injerencia en nuestro país. ¿Dónde se ha visto esas cosas? Pedimos al Gobierno que actúe también con esas personas. Ahora nos damos cuenta quiénes han sido los que han financiado el golpe de Estado de 2019, por eso es que el pueblo pide a gritos que no puede haber impunidad”, afirmó.
Solicitó a los administradores de la justicia ampliar los procesos para detener a los promotores y ejecutores del golpe del golpe de Estado de 2019 con el gobierno de facto.
“Al mismo tiempo llamamos a la reflexión a nuestros hermanos, no estamos generalizando. Eso queremos que quede claro con nuestros hermanos de Santa Cruz, el 60% de la población quiere trabajar, reconstruir otra vez su economía, pero hay algunos grupos, logias que lamentablemente quieren politizar todo”, enfatizó Huarachi.
En ese contexto, detalló que en las siguientes las organizaciones populares del país se reunirán para expresar su rotundo rechazo a las nuevas intentonas golpistas y determinar acciones para defender el estado de derecho, resguardar la democracia y el pedir justicia para las víctimas de las masacres de 2019.
Coordinadora en Defensa de la Democracia se suma a vigilia pacífica en Chonchocoro
La Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia se sumó, este miércoles, a la vigilia pacífica instalada en inmediaciones del penal de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, en rechazo a los hechos de violencia en el departamento de Santa Cruz y evitar la fuga del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
«Estamos aquí haciendo un acto de vigilia para impedir que el señor Luis Fernando Camacho pueda fugar del país ya que dice que tiene problemas de salud, para nosotros esa es una excusa para salir de esta cárcel y darse a la fuga», declaró el presidente de la Coordinadora, Simón Aguirre.
Según Aguirre, en Santa Cruz se comete terrorismo en medio de la violencia desatada por la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y afines a Camacho que quemaron al menos 23 instituciones, entre ellas el edificio de la Fiscalía Departamental y oficinas del Banco Unión.
La Coordinadora se sumó a la vigilia que ayer instaló los Ponchos Rojos Federación Regional del Lago Cordillera ante la posibilidad de que Camacho salga del penal por temas de salud.
Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre en Santa Cruz ante una orden fiscal por el caso Golpe de Estado I que hace referencia al estado de convulsión que vivió Bolivia entre octubre y noviembre de 2019, donde el gobernador cruceño es imputado por el delito de terrorismo.
Un juez envió a Camacho, el 30 de diciembre, al penal de Chonchocoro con detención preventiva por cuatro meses.
