Bolivia | La justicia rechaza la tercera acción de libertad para Camacho y mujeres cruceñas realizan vigilia permanente
Acción de libertad de Camacho en suspenso, jueza declinó competencia
El Juzgado de Sentencia Penal Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz decidió este lunes declinar su competencia para tratar la Acción de Libertad interpuesta por los abogados de defensa del excívico Luis Fernando Camacho.
Esta es la tercera acción de libertad interpuesta por la defensa del imputado, quien está recluido en el penal de máxima seguridad del municipio altiplánico de Chonchocoro. Sus abogados buscaban que el investigado pudiera ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.
La audiencia estaba programada para las 18:00 de esta jornada y tenía que ser administrada por la jueza Elvira Velásquez, pero tras analizar el caso determinó derivar el proceso a un juzgado de la ciudad de La Paz, porque las presuntas vulneraciones a tratar están en esa jurisdicción y no así en la capital cruceña.
La juez explica que en el artículo 3 de la Ley 1104 se establece que las Salas Constitucionales serán competentes para conocer y resolver las acciones por hechos generados en las ciudades capitales de departamento y los municipios que se encuentren a 20 kilómetros de las mismas.
“El hecho denunciado sucedió en la ciudad de la Paz, y la ciudad de Santa Cruz se encuentra fuera de los 20 Kilómetros de la ciudad de La Paz porque son departamentos diferentes, y a una distancia aproximada de más de 800 kilómetros, por lo que corresponde la competencia en razón de territorio al departamento de La Paz”, indica el documento judicial al que tuvo acceso la ABI.
Además, recuerda que las acciones deben presentarse en razón al domicilio de los accionados, accionante y sujetos procesales, quienes radicarían en la Sede de Gobierno.
“La suscrita Juez de Sentencia Penal 8º de la Capital, en aplicación del Art. 125 de la Constitución Política del Estado (…) declina competencia al tribunal departamental de justicia de La Paz, a efectos de que los jueces y salas de ese distrito judicial conozca y resuelva la acción de libertad impetrada por Luis Fernando Camacho Vaca en contra del doctor Sebastián Pacheco Diamantino juez octavo de instrucción cautelar penal de la ciudad de La Paz y Omar Mejillones fiscal de materia”, se lee en el documento judicial.
El excívico Luis Fernando Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre acusado de acto de terrorismo en el denominado caso golpe de Estado I.
La madrugada del 30 de diciembre, un juez determinó que el imputado sea recluido de manera preventiva por cuatro meses en el penal de Chonchocoro.
Sus abogados argumentan que su estado de salud estaría en riesgo, sin embargo, en las últimas horas este hecho fue desmentido por el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien asegura que la salud del cruceño es “absolutamente estable” y además tiene atención médica las 24 horas del día.
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Demandaron la excarcelación de Luis Fernando Camacho y el “cese de la violencia” contra los cruceños.
Familiares y víctimas de la Masacre de Senkata, El Alto, llamaron “racistas” a los miembros de la Conferencia Episcopal Boliviana que el viernes 30 de diciembre se pronunció a favor del expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, por su aprehensión y posterior detención preventiva.
Gloria Quisberth, representante de las víctimas aseguró que el pronunciamiento de la Iglesia Católica es un insulto para los afectados de 2019, quienes exigen justicia por las vulneraciones a los derechos humanos ocurrido ese año.
“Nunca se han pronunciado a favor de nosotros, son racistas, están actuando con racismo y discriminación, cuando ellos deberían ser parciales con la verdadera Iglesia, con su pueblo, con su gente. Ellos nunca se pronunciaron por las muertes, por la violación de derechos humanos. Ellos ahora están ganando un pecado y tienen que pedir perdón de Dios”, cuestionó la joven que perdió a su hermano en las jornadas de noviembre del golpe de Estado de Jeanine Áñez.
Señaló que contrariamente a lo que indica la Iglesia Católica, la aprehensión de Camacho, el 28 de diciembre, no fue un secuestro ya que él tenía conocimiento del proceso en su contra y de las declaraciones que debía rendir en el caso Golpe de Estado I.
“(Camacho) siempre se ha negado a declarar, tenía que decir la verdad en su momento; pero la verdad tarde o temprano sale a la luz y nosotros lo que pedimos es justicia. Nos parece irracional lo que está haciendo la Iglesia con ese pronunciamiento que dice que hay un proceso injusto, lo que él hizo no tiene olvido, ni perdón”, dijo a Bolivia Tv.
Quisbert es presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, una de las organizaciones que representa a los afectados de 2019.
Es hermana de Ronald Quisberth Ticona, quien falleció durante los sucesos de noviembre 2019, según el relato de los familiares, impactado por una bala cuando salía de su casa para cobrar su sueldo.
El viernes, la segunda organización que también representa a los afectados demandó a la Fiscalía iniciar los procesos penales contra los autores y cómplices de los delitos identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como torturas, detenciones y procesos ilegales cometidos en 2019.
Esta organización aclaró que los procesos por los hechos de 2019 tienen tres años de investigación, y que a la fecha “la Fiscalía no ha realizado imputaciones por los delitos”.