Bolivia | 36 días de fracaso y racismo – Por Esteban Ticona Alejo
Bolivia | 36 días de fracaso y racismo
Por Esteban Ticona Alejo*
Una vez finalizada la derrota de los 36 días de “bloqueo y/o autobloqueo” del Comité Interinstitucional de Santa Cruz contra el Censo de Población y Vivienda programado para el año 2024, uno puede hacer su propio balance y sacar conclusiones. Hay muchos efectos, incluidas las muertes, atropellos a la libertad de expresión, violaciones a los Derechos Humanos y una inmensa bronca, sobre todo, contra el mundo kolla.
Las acciones violentas y delincuenciales del paro fueron ejecutadas por el grupo irregular Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que es una muchedumbre de choque racista y amantes de las dictaduras al estilo nazi. ¿Cuándo se desmantelará a este grupo paramilitar irregular? Varios organismos internacionales han recomendado al Gobierno de la peligrosidad de esta tropa y la urgencia de destruirla. ¿Por qué no se realizan estas acciones? ¿Hay mucho miedo a la UJC?
Desde la simple lógica, uno sabe lo que es ganar o perder. La oposición ultraderechista del Comité Interinstitucional, sus allegados comités cívicos y partidos políticos saben que fueron derrotados en su intento por desestabilizar al Gobierno y generar otro golpe de Estado; aunque públicamente se manejó el discurso de oposición al Censo de Población y Vivienda. ¿Por qué fracasó la intención golpista? Las condiciones no son como la del año 2019, aunque se puede hacer otras consideraciones.
Pese a este chasco, insisten en afanes desestabilizadores, ahora bajo el argumento de que son “perseguidos políticos” y harán “desacato jurídico” si es que les notifican presentarse en la ciudad de La Paz. ¿Acaso no hubo muertos en los 36 días nefastos? Los culpables por este acto criminal tienen que ser juzgados y sancionados. El espíritu del patrón capitalista al que apuesta la élite cruceña, hoy representado dignamente por el subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, que garrote en mano azotó a las mujeres Ayoreas, porque no obedecían el paro. Además, quiso expulsarles creyéndose dueño de las tierras ancestrales, cuando en el fondo no es más aquel un vil colonizador de los indígenas. Lamentablemente los administradores de justicia le sancionaron con “detención domiciliaria”. Cuidado con la insurrección total del pueblo ayoreo, que sería su legítimo derecho a la rebelión el expulsar a los colonizadores como Velásquez y sus seguidores.
El rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, con ínfulas de académico usa un ridículo razonamiento. Dice que presentará a dos millones de ciudadanos como testigos a su favor, esto en base al acuerdo en el Cabildo para pedir que el Censo fuera el año 2023. ¿Cómo registró a los dos millones de ciudadanos? ¿Cómo testificarán estas dos millones de personas a favor de Cuéllar? Pero cuánta ignorancia del señor rector, cuando la Constitución Política del Estado (CPE) expresamente dice en el Artículo 11: “Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo”, es decir, no son vinculantes y por lo tanto no son valederos para el argumento que sustenta Cuéllar.
Indudablemente el lío sobre el Censo no está zanjado. El razonamiento desde el mundo kolla es muy claro y puede ser muy contundente: el día del Censo, el 23 de marzo de 2024, estar en sus lugares de origen, es decir, el retorno al lugar ancestral. Si se da este llamado conciencial Santa Cruz se quedaría con un número reducido de habitantes y unos cuantos croatas y de otras nacionalidades. Entonces, ¿Santa Cruz seguiría pensando que tiene más habitantes? Pero si no se diera el acuerdo kolla, valdría la pena saber cuántos kollas existen en Santa Cruz, y comparar con la población del Comité Cívico. Pues hablar de que son todos cruceños y representan a más de dos millones de personas es usufructuar el poder a punta de garrote y racismo contra los inmigrantes andinos. ¿Eso es democracia o una forma de camuflar una dictadura patronal? Qhipa urunakanxa wasitampiwa uñisistuxa khaya karayana jaqinakaxa. Jupanakaxa wali jisk’achistu. Kutkatañasawa uka jaqinakaruxa ¿janicha?
*Sociólogo y antropólogo aymara
El golpista Luis Fernando Camacho y la terrorista Unión Juvenil Cruceñista
Durante el 2019, el Comité Cívico Pro Santa Cruz entonces liderado por Luis Fernando Camacho y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) fueron parte de un paro que derivó en un golpe de Estado en Bolivia. Luego de recuperar la democracia, se invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que conforme un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) para investigar los hechos violentos durante el golpe de Estado.
En su Informe final el GIEI recomendó: “Investigar –de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas–, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en este informe y otros similares.” Por lo que el órgano judicial de Bolivia inicio procesos de investigación sobre los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 cumpliendo el compromiso internacional asumido.
El proceso judicial contra Luis Fernando Camacho se inició en diciembre de 2020, (Caso 201102012005679). Entre el 1 de octubre de 2021 y el 8 de octubre de 2022 se lo citó personalmente al menos 4 veces en su domicilio y el declaró ante medios de comunicación que tenía conocimiento del caso. Su padre Luis Camacho prestó declaración por este caso en la ciudad de Santa Cruz el 11 de julio de 2022. Al día siguiente que estaba prevista la declaración del Gobernador Camacho, ésta se suspendió porque los fiscales que fueron a Santa Cruz fueron amenazados de muerte.
Ante la inasistencia de Camacho a reiteradas convocatorias, el Ministerio Público en aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, emitió un mandamiento de aprehensión para que preste su declaración. La detención de Luis Fernando Camacho se concretó el miércoles 28 de diciembre en la ciudad de Santa Cruz, para luego ser trasladado a la ciudad de La Paz, lugar donde se realiza el proceso de investigación denominado “Golpe I”.
Camacho se acogió al silencio y es la Fiscalía del Estado la instancia que decide imputarlo por los hechos ocurridos año 2019, por el delito de terrorismo. La Audiencia posterior para aplicar medidas cautelares a cargo del Juez de Garantías y Cautelar 8 de la ciudad de La Paz, ordenó su detención preventiva por 4 meses en el recinto penitenciario de Chonchocoro en La Paz.
Desde el inicio del proceso, se ha resguardado todas sus garantías constitucionales. En este caso sus médicos y su familia han participado de la Junta Medica realizada el 31 de diciembre. En un amplio ánimo de colaboración han autorizado que un familiar le acompañe y que se resguarde el mejor interés para su salud, cuya información solo puede ser accesible para él y quienes autorice el paciente.
La violencia de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC)
Desde el momento la aprehensión de Camacho, se han generado una serie de delitos contra la infraestructura y la seguridad de funcionarios públicos en la ciudad de Santa Cruz, exigiendo que la Justicia ordene la liberación de Camacho. Estas acciones han sido lideradas por la UJC, calificada por el GIEI como “grupo irregular”, quienes emitieron un comunicado en el que señalaron que: “vamos a desconocer a toda la Policía…vamos a tomar todas las instituciones, y vamos a empezar, en unidad, por el Comando”. Estas acciones además de tratarse de una grave intromisión a la independencia judicial, son una instigación al delito tal como se establece en el articulo No.130 del Código penal vigente. El detalle de estas acciones es el siguiente:
El miércoles 28 de diciembre, luego de la detención de Luis Fernando Camacho, sus seguidores a la cabeza del Comité Cívico, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y sus brazos operativos, protagonizaron ataques y confrontación con la ciudadanía. El miércoles tomaron el aeropuerto internacional de Viru Viru y amedrentaron a funcionarios públicos de diversas instituciones.
El jueves 29 de diciembre, se desató la violencia con la quema del edificio del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid). El saqueo de la oficina de Impuestos Nacionales de la avenida Ovidio Barbery. Quemaron la vivienda del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Invadieron y causaron graves daños a infraestructuras de instituciones públicas como el Palacio de Justicia, el SERECI, el SEGIP y la Dirección Departamental de Migración.
El viernes 30 de diciembre, un grupo de personas lideradas por la UJC saqueó y quemó las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), secuestraron a uno de sus funcionarios a quien llevaron encapuchado a un lugar desconocido y lo sometieron a vejámenes y torturas. Al mismo tiempo quemaron varios comercios y negocios en la zona del Plan 3.000. Casi de manera paralela se registró un incendio en la infraestructura de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), en el cuarto anillo. La oficina central de Entel fue violentamente atacada, rompieron vidrios, muebles e intentaron tomar la instalación.
El sábado 31 de diciembre, los violentos seguidores de Camacho propiciaron un masivo ataque al Comando Departamental de la Policía, donde fueron contenidos por las fuerzas del orden.
El domingo 01 de enero, grupos violentos invadieron, saquearon y quemaron, en horas de la madrugada, la Agencia Norte del Banco Unión, ubicada en la avenida Banzer. Otros ingresaron a una importadora de vehículos en la avenida Beni y causaron graves destrozos en una decena de motorizados nuevos. Al mismo tiempo quemaron una comisaría policial en el Canal Cotoca ubicado entre el tercer y el cuarto anillo. Por la noche, nuevamente arremetieron en masa hacia el Comando Departamental de la Policía, cercano al Cristo Redentor, atacaron a efectivos del orden con bombas molotov.
