2022: La protesta social en Latinoamérica

Que las y los latinoamericanos nos movilicemos para lograr mejores condiciones de vida no es ninguna novedad. Desde las rebeliones de Túpac Amaru, pasando por las gestas independentistas de principios del siglo XIX, y hasta los momentos insurreccionales de las décadas del `60 y `70, nuestros pueblos siempre han estado en lucha y organización permanente. Este 2022 no fue diferente en las calles de América Latina y el Caribe. Así fuimos fieles testigos de las más variadas protestas sociales que sacudieron a los gobiernos de turno.

Algunas movilizaciones estuvieron marcadas por la violencia que impulsan sectores de la derecha neofascista conservadora y a su vez hubo masivas concentraciones de sectores populares, impulsadas por fuerzas progresistas que asumieron un rol protagónico. Estas protestas merecen un análisis en profundidad para observar el despliegue de los enfrentamientos de calle, descifrar los intereses y programas de los sectores enfrentados, destacar las formas que asumen las protestas y las consignas bajo las cuales una gran cantidad de sectores se enarbolan, tanto en la virtualidad como en los principales centros urbanos de la región.
Pero para comprender y actuar sobre la realidad que vivimos, necesitamos establecer algunos elementos estructurales y superestructurales que atraviesan y dividen el mundo, ya que son la verdadera causa de las protestas sociales que observamos.

La cuarta revolución industrial, las transformaciones que trae consigo el acelerado proceso de digitalización de la economía, los cambios en los modos de producción y circulación de bienes que favorecen a sectores cada vez más concentrados de capital, sumergen a las grandes mayorías, cada vez más excluidas, en una crisis general de una profundidad y extensión sin precedentes. Estos cambios económicos impactan y modifican toda la superestructura política, así como la forma de organizarnos y de luchar como clase trabajadora por el reparto de la riqueza socialmente producida.

América Latina: La calle en disputa

Entre los principales conflictos de calle que se desarrollaron a lo largo del 2022 se destacan las protestas en Ecuador que estallaron con el llamado Paro Nacional; en Brasil, las movilizaciones y acciones neo-fascistas marcaron un proceso electoral que expulsó a Bolsonaro de la presidencia; en Bolivia, las protestas y enfrentamientos de calle también fueron impulsadas por la derecha golpista principalmente en Santa Cruz; otro tanto ocurre en Perú, que actualmente el pueblo se encuentra movilizado a raíz de los acontecimientos que se sucedieron a partir de que Castillo declara el estado de excepción y es encarcelado; en Argentina, las protestas se desarrollaron a lo largo del año en contra del pago de la deuda al FMI, y en contra del intento de magnifemicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández, y finalmente, en medio de un clima político agitado, la alegría ocupa las calles de Argentina como nunca antes por los festejos del campeonato mundial de fútbol.

Una mirada completa de las protestas sociales en América Latina y el Caribe, exige mencionar los recientes acontecimientos ocurridos en Chile, un país que demostró en la calle y a fuerza de lucha el hartazgo por el modelo neoliberal, y que, al dar paso al proceso constituyente, y al gobierno de Gabriel Boric, transitó un 2022 demostrando una vez más el rechazo a la nueva constitución, abriendo de esta manera nuevos interrogantes sobre los programas e intereses que persigue el campo del pueblo. Por otro lado, desde el Caribe, el pueblo haitiano una vez más se encuentra azotado por una crisis política, económica, social y sanitaria que solo despliega violencia en la isla.

Ecuador, un pueblo que sufre el ajuste del FMI

En Ecuador la deuda con el FMI que tiene el país ocupa el 56,8% de su PBI. Hacia la mitad del año 2022 los paros y protestas masivas fueron impulsadas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) superando los 15 días consecutivos, y dejando como saldo al menos 6 manifestantes muertos.
El malestar crece, para regocijo del FMI, que implementa una vez más sus políticas de ajuste, en un país donde el valor de la canasta básica de alimentos está cercano a las $730 dólares mientras que el salario mínimo es de $425 dólares y solo 3 de cada 10 trabajadores perciben un salario igual o mayor que ese.

Brasil, del neofascismo a la esperanza popular

En un Brasil muy convulsionado por las elecciones presidenciales, se observaron hechos de violencia cometidos por parte de partidarios de Bolsonaro contra militantes, funcionarios y candidatos de partidos opositores.

Con un Jair Bolsonaro que convocó a movilizaciones en conmemoración del Día de la Independencia con una emblemática marcha que reunió a miles de manifestantes para repudiar a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Superior Electoral durante el 2021, negando los contagios y la pandemia por Covid19, el pueblo de Brasil vió crecer una fuerza neofascista a través de la agitación social, particularmente de las clases medias empobrecidas, con la constitución de peligrosas fuerzas de choque paraestatales, con apoyo de las iglesias evangélicas, y en complicidad de la corporación mediática y financiera. Este proceso es posible de vislumbrar en articulación con un movimiento global de extrema derecha que se hace fuerte tanto en el uso del territorio virtual como un “campo de batalla”, como en las calles latinoamericanas.

Finalmente, el despliegue popular se hizo presente en forma de fiesta en la ceremonia de asunción de Lula, con quien se abre paso a un nuevo proceso que pretende fortalecer la democracia.

Perú, la inestabilidad política como moneda corriente

En 2022 Perú estuvo signado por inestabilidad política, protestas ambientales por la contaminación del mar y por el alza del combustible, y la destitución del presidente electo Pedro Castillo.

Tras la declaración del estado de excepción por parte de Castillo, el Congreso logró destituirlo en menos de dos horas. Castillo fue detenido y trasladado al penal de Barbadillo, y el Congreso juramentó en su cargo a Dina Boluarte, la vicepresidenta. Acá se pueden visualizar 2 fuerzas en pugna: una en contra de Castillo formada principalmente por Dina Boluarte, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, sectores económicos, judiciales y mediáticos, miembros de derecha del Congreso y algunos de sus ministros, con el apoyo internacional de E.E.U.U. y la OEA. Y la otra fuerza compuesta por Pedro Castillo, organizaciones indígenas y campesinas de izquierda, con el apoyo internacional de México, Bolivia, Argentina y Colombia.

Este hecho desencadenó manifestaciones por parte de los sectores populares, organizaciones indígenas y campesinas a favor de Pedro Castillo, pedidos por la disolución del Congreso y la destitución de la presidenta Dina Boluarte, contra el modelo neoliberal y el reiterado engaño de la derecha que controla el Congreso. Miles de personas se movilizaron por las calles de diferentes regiones del país. Las consignas fueron “elecciones inmediatas”, “cierre del congreso” y “asamblea constituyente”. La policía reprimió, dando por resultado un mínimo de 30 fallecidos y 71 detenidos. Dina Boluarte decidió adelantar las elecciones presidenciales y legislativas para abril de 2024.

En Bolivia la derecha fascista contraataca

En Bolivia, en el 2022 tanto el campo popular como la derecha han salido en reiteradas ocasiones a las calles para intentar imponer sus respectivos intereses. Cabe recordar que en el año 2019 el gobierno de Evo Morales sufrió un golpe de Estado por parte de las fuerzas armadas y actores políticos y económicos principalmente de la provincia de Santa Cruz.

El pasado 25 de agosto se realizó la gran marcha en La Paz “En defensa de la democracia” y en contra de los actores que apuestan “por la confrontación y la violencia”. La movilización fue convocada por el llamado Pacto de Unidad, a la que también se unieron legisladores oficialistas como el presidente del Senado, Andronico Rodríguez y al menos cien organizaciones como la Central Obrera Boliviana, principal central sindical del país. Además, estuvieron presentes Evo Morales, fundador y líder del MAS, el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el vicepresidente, David Choquehuanca.

En el mes de noviembre, Fernando Camacho, Gobernador de Santa Cruz -quien confesó que él y su padre fueron los que cerraron filas con la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas para ejecutar el golpe de Estado a Evo- impulsó y sostuvo el denominado paro cruceño que duró casi un mes.

El paro cruceño, que se caracterizó por bloqueo, incendios y ataques a las instituciones, se desarrolló bajo la consigna de adelantar la fecha del censo en Bolivia. El gobierno implementó diversas medidas y mesas de diálogos que finalmente acordaron que el censo se realizará en marzo del año 2024.

Recientemente, se produjo la detención de Camacho, acusado de promover el golpe de 2019, lo que generó nuevamente la reacción de la derecha boliviana.

Desde entonces, se han generado protestas que van desde el paro cívico, al intento de toma del aeropuerto de dicha provincia, principalmente en Santa Cruz, pero también en Cochabamba y Tarija. Producto de las manifestaciones hay varios detenidos.

Argentina, campeones del mundo en fútbol y endeudamiento

Las protestas sociales de Argentina se dan en el marco de un gobierno encorsetado por el acuerdo alcanzado en enero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el préstamo de U$S 45.000 millones; y con una realidad económica que marca el reparto del PBI entre el capital y el trabajo, del 62% y 38% respectivamente, con un crecimiento del mismo del 6.9% durante el segundo trimestre de 2022, que se define como un “crecimiento sin inclusión”.

Se observó principalmente la salida a la calle de la fuerza social Nacional y Popular, sintetizada en las distintas fracciones del Frente de Todos, con toda su heterogeneidad de identidades y posiciones, pero de manera enfrentada y fragmentada. Un hecho aglutinante fue la respuesta masiva a la persecución judicial y el posterior intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner que, sin embargo, no impidieron que el Estado paralelo y mafioso de la derecha política, el poder judicial y los medios de comunicación insistiera en su doble estrategia de terrorismo y lawfare.

El movimiento feminista viene colmando las calles bajo la consigna: “la calle es mi casa”. Así lo demostró el 8 de marzo en el día Internacional de la Mujer trabajadora, donde miles de mujeres y disidencias colmaron las principales plazas del país. También se hicieron sentir los movimientos transfeministas en la gran movilización popular en el marco 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries (35 EPMLTTIBNB), realizado en octubre con más de 100 mil personas en las calles, con reclamos de justicia por los transfemicidios, aparición con vida de jóvenes y niñas desaparecidas, en contra del intento de magnifemicidio de Cristina Fernández de Kirchner, por la libertad de Milagro Sala, en contra del FMI, y en reclamo de las mujeres mapuche presas. En noviembre la XXXI Marcha del Orgullo, se desplegó a lo largo y ancho del país bajo la consigna “La deuda es con nosotres”.

Por último, el pueblo argentino finalizó el año con un diciembre histórico en donde cinco millones de personas celebraron en Buenos Aires el triunfo de la selección argentina en el mundial masculino de fútbol, con réplica en todas las ciudades del país, y en varios puntos más del planeta como Barcelona, Madrid, Londres, Dublín, Nápoles, Bangladesh, Indonesia, Caracas, Miami, Haití, Pakistán, Calcuta, entre otras. La felicidad no es sólo argentina.

Oportunidad histórica: organizarse y luchar es la clave

Latinoamérica es la región más desigual del mundo, y cuenta con valiosos recursos naturales de vital importancia para la fase del capitalismo digital que estamos atravesando como el litio, el cobre, el níquel, el cobalto, las tierras raras, etc. Es por esto que observamos como se posan vorazmente los intereses de diferentes organismos multilaterales de gobernanza global como el FMI, la OTAN, la ONU, la OEA, entre otros, quienes han subordinado a los Estados-Nación a la simple administración de tensiones secundarias. Es por esto que se observa la profundización de las políticas neoliberales de ajuste, la represión de la protesta, la guerra judicial y mediática contra líderes y lideresas, entre otros.

Ante el empobrecimiento y exclusión cada vez más profunda de los sectores populares, la falta generalizada de empleo, los aumentos de los costos de vida y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, las organizaciones del campo popular se vuelcan a las calles para intentar inclinar la balanza hacia el lado del pueblo.

A través de las distintas formas de protestas, podemos observar la importancia clave de la disputa del territorio virtual, por medio de las redes sociales, para la imposición de consignas y programas.

Sin duda los territorios donde se expresa el pueblo (tanto la calle como la virtualidad) no sólo son el lugar donde los proyectos populares acuden para tomar nota de las necesidades sociales y refrendar las bases de su apoyo, sino que son objeto de disputa de las distintas fuerzas sociales y a menudo se convierten en el lugar donde la violencia cobra protagonismo y las fuerzas de ultraderecha utilizan para intentar instalar programas neoliberales.

La historia latinoamericana nos demuestra que la violencia que imponen las derechas, muchas veces ponen en tensión los límites de los procesos democráticos y su capacidad de asegurar la participación política de las grandes mayorías, la justicia social y las condiciones de igualdad para los pueblos.

Sin embargo, el momento histórico que estamos viviendo, marcado por la digitalización de las relaciones sociales de producción y la consecuente intensificación de la disputa intercapitalista, genera para la clase trabajadora una oportunidad de emancipación. Es en las calles donde las expresiones populares asumen protagonismo, por lo que es preciso entender las movilizaciones como una herramienta que permite amplificar las demandas, exigir a los gobiernos y por tanto construir e impulsar programas populares con justicia social.

Para esto, las clases populares tenemos la responsabilidad de profundizar la lucha en todos los ámbitos, en las calles, en las urnas y en la virtualidad. Es necesario el diseño de nuevas formas de lucha y organización para transformar el orden establecido, tener iniciativa política, velar por la integración popular de los pueblos, apelar a la creatividad y claridad en las consignas, identificando al 1% que se queda con la riqueza mundial. Tenemos una oportunidad histórica para construir un nuevo mundo, socialmente humano y económicamente justo. Es ahora y tenemos con qué.

*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).