Régimen de Excepción | Bukele despliega dos mil militares y cerca dos comunidades de San Salvador
Bukele despliega 2.000 militares y cerca 2 barriadas de San Salvador en lucha contra pandillas
Unos 2.000 soldados cercaron este sábado dos barriadas de la capital de El Salvador en el marco de la «guerra» contra las pandillas que lleva adelante el presidente Nayib Bukele, sumando tres los operativos de este tipo este mes en el país centroamericano.
Desde la madrugada de este sábado fueron desplegados 1.000 soldados en la comunidad Tutunichapa, mientras casi al anochecer otra cantidad igual de militares cercaron la comunidad La Granjita junto a 100 policías, ambas en la capital.
«Desde esta mañana, la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, está totalmente cercada», informó Bukele en Twitter.
«Más de 1.000 soldados y 130 agentes de la Policía, extraerán a los criminales que aún quedan en esta comunidad, famosa por el narcotráfico», agregó, y señaló que esto se hace «sin remover un solo elemento del cerco de (la ciudad de) Soyapango», que se mantiene desde el 3 de diciembre.
«Luego de cercar la Tutunichapa, famoso centro de distribución de droga, sabíamos que muchos narcotraficantes irían a abastecerse a la comunidad La Granjita, otro famoso centro de distribución», remarcó el mandatario siempre en su cuenta de Twitter.
En Tutunichapa, una populosa barriada de San Salvador, hubo 23 detenidos, según el ministro de la Defensa, René Merino.
«Todos los terroristas, narcotraficantes y pandilleros serán removidos de esta comunidad, hasta hace unos meses bastión del crimen. Los ciudadanos honrados no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente», dijo Bukele en otro tuit.
Soyapango, tercera ciudad del país con 242.000 habitantes, fue rodeada por 8.500 soldados y 1.500 policías hace 21 días.
El gobierno tomó la medida al amparo del régimen de excepción declarado por el Congreso -de mayoría oficialista- a pedido de Bukele el 27 de marzo tras un aumento de la violencia de las pandillas.
El cerco a Soyapango ha implicado el registro de casas y personas a pie o en vehículos, además de búsquedas aleatorios en unidades de transporte colectivo.
Carros blindados del ejército, algunos artillados, efectúan constantes patrullajes, mientras vehículos de la policía con agentes fuertemente armados con fusiles de asalto ingresan en las colonias del municipio.
El ministro de la Defensa aseguró que en Soyapango detuvieron hasta este sábado a 690 presuntos pandilleros.
«Seguimos trabajando en el resto del territorio buscando a delincuentes terroristas», sostuvo Merino.
– «El que nada debe, nada teme» –
Imágenes difundidas este sábado por la Casa Presidencial mostraban a militares fuertemente armados ingresando a la comunidad Tutunichapa, donde pequeñas casas en su mayoría construidas de bloques grises de concreto se levantan junto a uno de los tantos arroyos contaminados que surcan San Salvador.
Muchas de las casas lucían adornadas con guirnaldas o pequeñas figuras de hombres de nieve por la Navidad.
«Vamos a extraer a cada delincuente de nuestras comunidades», prometió en Twitter el ministro de Justicia y Seguridad de Bukele, Gustavo Villatoro, en un mensaje en el que incluyó fotos de perros de la unidad antinarcóticos de la policía desplegados para buscar drogas en Tutunichapa.
Desde que se declaró el régimen de excepción a fines de marzo en El Salvador, más de 60.000 personas fueron arrestadas por supuestos nexos con organizaciones criminales, lo que ha llevado a grupos humanitarios a cuestionar los métodos del gobierno de Bukele.
Pero para muchos salvadoreños estos operativos no generan preocupación.
Edwin Díaz, de 51 años, ha vivido la mayor parte de su vida en Tutunichapa, considerado un sitio peligroso por las pandillas y la venta de drogas.
«Toda la vida hemos sufrido el estigma de que acá hay narcomenudeo, pandilleros, cosas malas pues, y hoy con esta seguridad que han montado no hay nada que temer», dijo Díaz el sábado a la AFP en una llamada telefónica.
«El que nada debe, nada teme», añadió.
El 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 salvadoreños aseguran que la delincuencia «ha disminuido» con la política de Bukele, según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) publicada en octubre.
El jueves, el Congreso prorrogó por novena ocasión el régimen de excepción, por un mes, pese a las críticas de organismos humanitarios que denuncian violaciones a los derechos humanos bajo esa medida.
12 mil militares y policías cercan mareros
Por Alessia Genoves
12 mil policías y militares establecen cercos en 3 zonas del país. Los operativos de seguridad buscan la contención de unos 26 mil miembros de maras y pandillas que estarían en libertad, al margen de los 60,475 presuntos pandilleros detenidos hasta el 14 de diciembre. Ésta última cifra, no obstante, sustrae unas 2,100 personas liberadas, algunos inocentes y otros con medidas sustitutivas.
Soyapango, Colonia Tutunichapa I y la Comunidad La Granjita son los escenarios de incursión para las tropas la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y de la Policía Nacional Civil (PNC). Los operativos responden a la vigencia de la Fase 5 del Plan Control Territorial, que hasta la segunda semana habría dejado una cifra de 400 personas detenidas en Soyapango; y en Tutunichapa I -hasta el día de ayer-, al menos 42 personas detenidas.
170 días sin homicidios se aproximan desde el 1 de enero al 24 de diciembre de 2022. La cifra representa cerca del 62.9% de los días sin homicidios durante la administración del presidente Nayib Bukele, que totalizan un aproximado de 270. Autoridades del Gabinete de Seguridad Pública relacionan los resultados con la aplicación del PCT.
Luego de cercar la Tutunichapa, famoso centro de distribución de droga, sabíamos que muchos narcotraficantes irían a abastecerse a la comunidad La Granjita, otro famoso centro de distribución.
Lo que no esperaban es que cercaríamos La Granjita, una vez estuvieran adentro 😉 pic.twitter.com/M82uF3Tle0
— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 25, 2022
12 mil policías y militares
12,232 policías y militares es la cifra que totaliza a los elementos que incursionan en la Fase 5 del PCT. Sus áreas de distribución responden a los recién instalados cercos militares del municipio de Soyapango, y a las comunidades de la Tutunichapa I (San Salvador) y La Granjita. Los resultados han superado a las 432 personas detenidas.
10,000 elementos de seguridad se tienen presencia en el Cerco Soyapango. El cerco militar se instaló desde la noche del pasado 2 de diciembre, por lo que su vigencia tiene al menos 22 días de operación. Según lo detalla el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), la cifra comprende 8,500 efectivos de las FAES; y 1,500 de la PNC.
Tutunichapa, por su parte, despliega 1,132 elementos de seguridad pública. El presidente Bukele anunció la instalación del cerco desde el pasado 23 de diciembre; y hasta el día siguiente, el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, indicó a la prensa que se habría conseguido la detención de 42 presuntos pandilleros. Éste cerco de seguridad, hay que detallar, define el despliegue de 1,000 elementos de las FAES; y de 132 de la PNC.
1,100 elementos de seguridad -adicionales- tienen presencia en la Comunidad La Granjita, en San Salvador. Bukele justifica su estadía con la apertura de un tercer cerco de seguridad, a nivel nacional. Indicó el presidente que 1,000 de las tropas corresponden a las FAES; y 100 de los efectivos pertenecen a la PNC; de los que “ninguno de ellos es sacados de los cercos de Soyapango, ni de Tutunichapa”.
2,000 efectivos de seguridad precederían a los anteriores, en el primer cerco instalado en el municipio de Comasagua (La Libertad). El operativo no responde precisamente a la Fase 5, denominada Extracción, sino a la fase anterior; por lo que sus resultados y operarios no se circunscriben a las recientes cifras.
Denuncias presuntas
4,071 presuntas denuncias han sido motivo de controversias. Los datos corresponden a los últimos informes emitidos por 9 organizaciones sociales, como la Fundación Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y el Servicio Social Pasionista (SSPS). La media aritmética de las denuncias darían una proporción del 75% de ellas, que corresponderían presuntas detenciones arbitrarias.
Las denuncias han sido procesadas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que solicita a El Salvador la veeduría de la situación penitenciaria y de los operativos de seguridad realizados. También tuvieron lugar en el Comité Contra la Tortura (Cat en inglés), de la Organización de Naciones Unidas (Onu), que ordena al país, entre otras cosas, mantener el plazo de las detenciones iniciales a 15 días y verificar 90 presuntas muertes en centros penales, de las que el Estado asegura no tener responsabilidad.
Villatoro, por su parte, sostiene que el objetivo de las detenciones en la Fase de Extracción responde a personas identificadas en un registro de pandillas, que se habría consolidado desde los últimos 20 años. “Los derechos de los buenos salvadoreños, de los trabajadores de la gente de bien, de los que creen que sí este país vale la pena y a los malos, les vamos a aplicar el uso racional de la fuerza para reducirlos y ponerlos a disposición de la justicia”, reforzó el titular de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas.
Menos homicidios
170 días sin homicidios se han reportado en todo el año. 165 de los registros responden a los días con cero homicidios reportados de forma periódica por la PNC, de la vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. El año 2022 ha transcurrido, prácticamente, ha tenido un registro de 490 homicidios; es decir, una contracción del -56.5% respecto de los 1,127 homicidios del año 2021.
2,303 homicidios registrados en 2019 contrastan con el registro actual, al menos en una proporción del -78.32%. La administración del presidente Bukele reportaría, entonces, un total de 250 días sin homicidios; en los casi tres años y medio de su administración presidencia.
Sin embargo, en los años 2014 al 2018, el Ministerio Público Fiscal investigarían unos 23,258 homicidios perpetrados. El período de análisis no corresponde al gobierno del presidente Nayib Bukele, sino al de su predecesor, el ex-presidente Salvador Sánchez Cerén, que se caracterizó por ser el más violento en la historia del país.
