Récord de asesinatos en 2022: de 4.450 casos, solo 300 fueron resueltos
El 2022 dejó un récord de asesinatos en Ecuador: 4.450 casos; solo 308 fueron resueltos
El fiscal Édgar Escobar fue asesinado en septiembre cuando estaba a punto de cruzar a la Fiscalía de La Merced, una zona del centro de Guayaquil donde hay presencia policial y cientos de transeúntes. Eran cerca de las 08:00 cuando los noticieros daban a conocer ese crimen.
La confianza con la que actuaron los sicarios a plena luz del día, con testigos, cámaras y prácticamente frente a los uniformados, se volvió casi común en el 2022, en el que la cifra de asesinatos casi se duplicó a nivel nacional: pasó de 2.464 casos en 2021 a 4.450 hasta el 20 de diciembre del 2022.
Aunque minutos después de ejecutar a Escobar se detuvo a los dos sospechosos, quienes huían en moto, sus conocidos esperan que el proceso sentencie a quienes halaron el gatillo y los autores intelectuales.
De las 4.450 muertes violentas reportadas en Ecuador, solo se habrían resuelto un poco más de 300 casos.
En la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), donde se ha reportado el 30 % de los asesinatos del país, 1.443 en la quincena de diciembre, se ha resuelto el 6,3 % de los crímenes, es decir, 89 casos. El resto está aún en investigación (1.357), y solo en 4 procesos se cuenta con boleta de detención vigente.
Muchas personas acuden a la oficina de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) o a la Fiscalía para conocer cómo va la investigación por el crimen de su familiar; pero, como en el caso de Digna López, se terminan rindiendo.
Ella perdió a su hijo de 17 años hace casi un año en medio de una balacera, en el Guasmo sur. Un grupo de jóvenes estaba conversando luego de un partido de fútbol, cuando llegaron a disparar contra un vecino. Kevin también fue impactado y falleció en el hospital del Guasmo tras dos días de agonía.
Digna dice conocer a quien disparó contra su hijo, pero señala que, como no se pudo detenerlo en flagrancia, “la justicia es lenta, casi una burla”.
“Imagínese que la fiscal me dijo que lo estaban citando para que fuera a dar su versión libre y voluntaria. ¿Cuándo ese chico se va a acercar al despacho de la fiscal? Nunca. Solo me queda esperar a que lo maten en el barrio”, sostiene, dolida, la madre de Kevin.
“Imagínese que la fiscal me dijo que lo estaban citando para que fuera a dar su versión libre y voluntaria. ¿Cuándo ese chico se va a acercar al despacho de la fiscal? Nunca. Solo me queda esperar a que lo maten en el barrio”, sostiene, dolida, la madre de Kevin.
Era el segundo caso en menos de un mes en que una gestante era acribillada. En el noroeste de Guayaquil ocurrió lo mismo el 22 de noviembre, cuando una embarazada esperaba con su niña de 18 meses en brazos y hombres en moto dispararon contra el carro en el que aguardaban. Tres fallecieron. En Guayas asesinaron a unas 170 mujeres con disparos en 2022.
Además, en este mismo territorio, más de 80 niños y adolescentes han sido víctimas colaterales en medio de la disputa de las bandas.
Fuera de la Zona 8, Esmeraldas constituyó en el 2022 otro foco de violencia. El año terminó con un incremento importante de muertes violentas. A lo largo del año, negocios cerraron o ajustaron sus horarios ante la ola de crímenes y delitos.
La cercanía con la frontera con Colombia y el narcotráfico volvieron más conflictivas algunas zonas de esa provincia, donde tienen fuerte presencia Los Tiguerones, una banda que controla no solo la cárcel, sino barriadas de la capital provincial.
La cifra de asesinatos llegó a 488 entre enero y mediados de diciembre, según datos de la Dinased de Esmeraldas.
Ese territorio, al igual que Guayas y Santo Domingo, estuvieron 45 días en estado de excepción. Según las cifras del Ministerio del Interior, se lograron reducir en un 27 % los homicidios intencionales durante el estado de excepción: se pasó de 73 casos a 53.
Daniel Pontón, decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, sostuvo que los ecuatorianos están en un estado de incertidumbre ante tantos crímenes. Cree que el Gobierno debería asignar a más unidades especializadas para investigar a las organizaciones que están tras estos ataques.
“El sicariato está instalado en la sociedad, ya no como un instrumento del crimen organizado, sino (…) presente como un mecanismo al servicio de la población para resolver conflictos”, dijo Pontón.
Kléver Carrión, abogado y experto en seguridad, consideró que para los sicarios la vida ya no tiene valor; y señaló que, mientras no se depure la justicia, esta situación no va a cambiar, porque todos los días son liberados asesinos y narcotraficantes mediante los beneficios penitenciarios.
El caso de Júnior Roldán, alias JR, es un claro ejemplo de lo que pasa, señala Carrión, pues el líder de Los Choneros tiene varias sentencias por asesinato y, pese a eso, obtuvo la prelibertad. Solo horas después fue recapturado y se lo procesa por tráfico de armas.
“Esto no va a cambiar si no se hacen cambios profundos en la Constitución. También se necesita un buen sistema de rehabilitación. A un reincidente no se le pueden seguir dando beneficios; tampoco a un menor que mate, porque ellos salen máximo a los 23 años de prisión, aunque cometan diez sicariatos”, destacó Carrión, quien hace 20 años fundó la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), cuando era parte de la Policía Nacional.
