Perú | Más de 300 autoridades regionales fueron destituidas por el gobierno de Boluarte
Alberto Otárola resalta que Gobierno dio por concluidas designaciones de 312 subprefectos
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, informó que el Gobierno dio por concluidas las designaciones de 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país.
“Firmes con la meritocracia. Cumpliendo con nuestros compromisos y tal como anunciamos, se dieron por concluidas las designaciones de 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país mediante la resolución directoral Nº403-2022-IN-VOI-DGIN”, informó el jefe del Gabinete a través de su cuenta de Twitter.
Firmes con la meritocracia. Cumpliendo con nuestros compromisos y tal como anunciamos, se dieron por concluidas las designaciones de 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país mediante la resolución directoral Nº403-2022-IN-VOI-DGIN.
— Alberto Otárola (@AlbertoOtarolaP) December 26, 2022
Alberto Otárola agregó que se nombrará en los cargos de prefectos y subprefectos a personas reconocidas y distinguidas por su comunidad, sin importar su color político y de clara vocación democrática.
“Los peruanos necesitan autoridades y funcionarios idóneos”, resaltó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
De acuerdo con el Gobierno, dichos funcionarios habrían tenido un rol desestabilizador mediante las recientes protestas ocurridas en diferentes del país.
Gobierno desmantela esquema de autoridades políticas de Castillo
“Los informes de inteligencia indican documentalmente la relación de algunos de los subprefectos cesados con grupos de fechada senderista. Ha sido irresponsabilidad del gobierno anterior designar representantes del Estado (subprefectos distritales) personas cuya ideología plantea la destrucción del Estado. Es un contrasentido”, explicaron las fuentes del Ministerio del Interior. Después del segundo intento de vacancia presidencial, y mientras crecía la confrontación con el Congreso, Castillo siguió nombrando subprefectos en todo el país. Incluso sostuvo reuniones con estos en Palacio de Gobierno.
“El expresidente convirtió a los prefectos y subprefectos en miembros de un partido político en la sombra, que obedecían fielmente a sus órdenes. Por eso cuando terminó el gobierno, hubo quienes se sumaron a las protestas, sabiendo que una nueva administración nos les permitiría continuar en los cargos”, apuntaron las fuentes.
Mientras el Ministerio del Interior evalúa la designación del reemplazo de los subprefectos distritales cesados, el área administrativa se hará cargo de los despachos transitoriamente. La norma precisa que los exsubprefectos deberán entregar sus cargos y presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas, así como sus declaraciones juradas de intereses, con la finalidad de proceder a los procesos de fiscalización que corresponden.
Esta medida se debe a que el Ministerio del Interior recibió reportes de que presumiblemente los subprefectos usaron bienes y fondos públicos para alentar y respaldar las movilización a favor de Pedro Castillo.
El sueldo de un subprefecto distrital es de 2.300 soles.
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Regiones del sur evalúan retomar paros en enero
Organizaciones sociales consultadas de Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas (Apurímac) informaron que se encuentran en reuniones para tomar una decisión sobre la posibilidad de retomar las movilizaciones y protestas en rechazo al Congreso de la República y a la presidenta Dina Boluarte, desde los primeros días de enero.
En tanto, desde el Ejecutivo anunciaron para este martes la instalación de una comisión multisectorial para analizar la opción de otorgar reparaciones económicas o un apoyo solidario a las familiares de los fallecidos en el contexto de las protestas y la represión estatal.
Reuniones claves
Hoy a las seis de la tarde se reunirán las organizaciones sociales de Huancavelica para analizar la coyuntura y la decisión adoptada en el Congreso sobre mantenerse en sus cargos hasta julio del 2024. En función a los puntos de vista de los representantes, se tomará una decisión.
En Ayacucho ya hubo un acuerdo previo para reiniciar las marchas y protestas el 4 de enero del 2023. Sin embargo, según informaron, la decisión tendrá que ser ratificada en una próxima asamblea. En esta región, varios dirigentes han optado por mantener sus identidades bajo reserva, ante la eventualidad de posibles represalias judiciales o militares.
En Andahuaylas hay también un acuerdo preliminar de reiniciar las protestas el 3 de enero próximo.
En Huancavelica, Ayacucho y Andahuaylas, la represión policial y militar que cobró vidas humanas es una variable que analizan las organizaciones.
Por otro lado, algunas organizaciones sociales de Arequipa se mantienen en reuniones de coordinación, a fin de definir el eventual reinicio de las protestas desde la próxima semana.
En tanto, en el norte, en La Libertad, organizaciones y artistas convocaron para hoy a un plantón, en rechazo a los actos de represión policial y militar que ocasionaron la muerte de jóvenes y adolescentes.
Paro en Ilave
En Ilave (Puno), las comunidades aimaras acatan un paro indefinido y las vías principales ayer estuvieron bloqueadas, según pudo constatar ayer La República. Los manifestantes no descartaron recibir año nuevo en plena paralización.
En las movilizaciones se constató una mayor presencia de mujeres. Varias expresaron su rechazo a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso. Un sector anunció viajar a Lima para apoyar las protestas y en las arengas insistieron en que las muertes de las represiones no deben quedar impunes.
En tanto, en La Convención (Cusco), el comité de lucha expresó su respaldo a un paro indefinido, en protesta contra Dina Boluarte y la exigencia de nuevas elecciones generales.
Apoyo solidario
Desde el Poder Ejecutivo hubo un anuncio para hoy, para la instalación de una comisión multisectorial encargada de analizar la situación de los 28 fallecidos (22 por represión y 6 por bloqueos o accidentes en el contexto de los paros) y la asignación de un apoyo económico.
“El Gobierno brindará un apoyo solidario económico para los familiares de los fallecidos durante las protestas. Esta medida va de la mano con una debida investigación y determinación de responsabilidad”, informó ayer el ministro de Justicia, José Tello, en TV Perú.
El sábado pasado, Tello detalló en RPP que la comisión multisectorial tendrá participación de distintos actores, incluyendo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. De hecho desde esta organización no hubo confirmación de la convocatoria hasta anoche.
El ministro Tello dijo que para la comisión también se convocará a dos representantes de las familias de las víctimas.
Consultado sobre el tema, Jack Diburga, abogado de los familiares de las diez víctimas de la represión de Ayacucho, manifestó que ningún apoyo económico implicará la suspensión del proceso fiscal, a través del cual se busca justicia y sanción penal para los responsables.
Gobierno formula nueva invitación a la CIDH
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó ayer que el Gobierno peruano cursó una nueva invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para culminar sus labores de investigación.
Una delegación de la secretaría técnica de la CIDH llegó al Perú entre los días 20 y 22 de diciembre, e incluso viajaron a algunas regiones para conocer detalles sobre hechos que configurarían violación a los derechos humanos, como producto de la represión.
En la comunicación difundida ayer por la Cancillería, hicieron énfasis en que las autoridades peruanas seguirán prestando plena colaboración a la CIDH.
Esta misma instancia supranacional informó en días previos que en enero del 2023 habrá una visita con participación de comisionados.
Caso ascensos irregulares en la Policía: estos son los seis detenidos en operativo de la Diviac y Fiscalía
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatorio ordenó la detención preliminar en contra del excomandante general de la Policía, Javier Gallardo Mendoza, y otros siete involucrados en los presuntos ascensos irregulares en la PNP, que se habrían producido en el gobierno de Pedro Castillo.
Además de la orden de detención preliminar por un plazo de diez días, el juez Jhon Pillaca Valdez – a pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder – dispuso el allanamiento, descerraje y levantamiento del secreto de las comunicaciones.
En medio del megaoperativo, ejecutado por la Diviac y la Fiscalía Anticorrupción, también se allanó la vivienda y las oficinas del exministro de Defensa, Walter Ayala, en el distrito limeño de Santiago de Surco. A pesar de las diligencias en su contra, el extitular del Mindef no tenía una orden de detención preliminar.
En total, se han realizado 26 allanamientos en distintos puntos del país, como Lima, Cusco, Tacna, Piura, Lambayeque, Ucayali y Áncash.
A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público informó que hasta el momento solo se ha detenido a seis personas, entre las que figuran los generales PNP Nicasio Zapata Suclupe, jefe del Frente Policial Tumbes; Manuel Rivera López, jefe de la XIV Macro Región Policial Tacna-Moquegua; y Luis Legua Egocheaga, jefe del Frente Policial Vraem.
🚨#LoÚltimo
Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realiza megaoperativo contra los generales investigados por presuntamente haber entregado dinero para ascender de rango, en el 2021, con autorización del expresidente Pedro Castillo pic.twitter.com/XltaRjM8Xs— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 26, 2022
También se encuentran detenidos el mayor PNP (r) Luis Tuesta Ramón; el subalterno PNP Jorge Tarrillo Gálvez, quien trabajó como guardaespaldas del expresidente Pedro Castillo; y Oscar Luis Monge Macarlupu.
En medio de los allanamientos simultáneos y la ejecución de la orden de detención preliminar, las autoridades no pudieron hallar al excomandante general de la Policía, Javier Gallardo, ni al jefe de la VII Macro Región Policial Cusco, general PNP Pedro Villanueva Nole.
Mientras tanto, al promediar las 12:00 p.m., Manuel Rivera López, jefe de la XIV Macro Región Policial Tacna-Moquegua, era trasladado desde Tacna hacia Lima.
El caso
Según la hipótesis fiscal, los policías investigados habrían pagado entre 20 mil y 30 mil dólares por su ascenso a general durante el primer año del gobierno de Pedro Castillo, en 2021.
En agosto de este año, el ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, reveló a la Fiscalía que al menos diez oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) ascendieron en sus puestos a cambio de dinero, según el diario El Comercio.
De acuerdo con dicho medio, ellos habrían pagado 20 000 dólares a fin de conseguir este beneficio y que el dinero fue pasado supuestamente a través de las escoltas del mandatario, los suboficiales PNP Jorge Tarrillo Gálvez y Nilo Irigoin Chávez, apodados como “Las sombras”.
