Perú | Castillo declaró y responsabilizó al actual gobierno por las muertes en las protestas
Pedro Castillo: “Quien se levantó en armas para acabar con la vida de los peruanos es el actual gobierno”
Este miércoles, el expresidente de la República, Pedro Castillo, responsabilizó al actual gobierno de Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las violentas protestas registradas a mediados de diciembre en diversos puntos del país.
Durante la audiencia para apelar la prisión preventiva en su contra, el exjefe de Estado brindó sus descargos y negó ser responsable del delito de rebelión que le imputa la Fiscalía de la Nación.
“Estoy totalmente de acuerdo con los argumentos desarrollados por parte de mi abogado, pero quiero agregar que yo jamás he cometido el delito de rebelión. No me he levantado en armas, tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie. Pero debo decir que quien se sí se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno”, declaró.
“Yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien sí ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”, agregó el expresidente
Asimismo, Castillo Terrones calificó de “venganza política” la situación judicial que afronta y solicitó su libertad, exigiendo que se le revoque la prisión preventiva.
“Finalmente, pido que se reflexione y se vea cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar al país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política. Pido que cese el odio y solicto mi libertad por ser un justo derecho”, enfatizó.
Del mismo modo, dijo que hasta el momento no se ha podido contactar telefónicamente con su familia. “Debe tener conocimiento, usted, señor juez, de que hasta la fecha estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia”, sostuvo.
En esa línea, pidió que se le brinde acceso a un servicio telefónico para comunicarse con sus parientes, quienes se encuentran en México tras recibir asilo político.
“En cuanto a en mi arraigo familiar, cómo más puedo justificar si no más anteponiendo a buen recaudo a cambio de mi libertad. Es más, debo manifestar que solicito se me dé la oportunidad para tener acceso a un servicio telefónico para llamar a mis padres y a mi familia. Muchas gracias”, culminó su intervención.
Antecedentes
Como se recuerda, Castillo se encuentra recluido desde el pasado 16 de diciembre en el Centro Penitenciario de Barbadillo, ubicado en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el distrito de Ate, por el fallido intento de golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre.
Es investigado por presunta rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La prisión preventiva de Castillo se computará hasta el 6 de junio del 2024.
Dirigentes de gremios de 7 regiones acuerdan reiniciar huelga y exigir adelanto de elecciones en el 2023
Los dirigentes de gremios y organizaciones de siete regiones acordaron reiniciar la huelga el próximo 4 de enero, como medida de protesta para exigir el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones en el 2023. De acuerdo al acta que obtuvo La República, los representantes del sur del país anunciaron, además, nuevas medidas de lucha para lograr su cometido.
Entre los acuerdos destaca también la convocatoria de una asamblea constituyente, la renuncia de Dina Boluarte del Gobierno por los 28 fallecidos, así como la salida de Pedro Castillo, quien se encuentra con 18 meses de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Barbadillo.
En esa línea, los dirigentes precisaron que se “conformará la coordinadora macrorregional del sur con representantes de Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa”.
Asimismo, expresaron que “se coordinará con los frentes regionales que deseen conformar un comité de lucha por provincia”. De igual forma, avisaron que convocarán “la marcha de los cuatro suyos en una fecha próxima”.
Por último, manifestaron que se aprobará el segundo encuentro macrorregional del sur en la provincia de Andahuaylas.
Posición del Poder Ejecutivo
Desde el Poder Ejecutivo se anunció la instalación de una comisión multisectorial encargada de analizar la situación de los 28 fallecidos (22 por represión y 6 por bloqueos o accidentes en el contexto de los paros) y la asignación de un apoyo económico.
El ministro de Justicia, José Tello, adelantó que “el Gobierno brindará un apoyo solidario económico para los familiares de los fallecidos durante las protestas”. Expuso que la medida va de la mano con una debida investigación y determinación de responsabilidad.
Cesan a 1.076 subprefectos de Pedro Castillo, incluidos 11 firmantes del Movadef: gastos y otros cuestionamientos
El último martes, el gobierno retiró de sus cargos a 1.076 subprefectos distritales de las 25 regiones del país, autoridades políticas que ingresaron a estos cargos durante la gestión de Pedro Castillo. La resolución que dispuso su salida fue firmada por Benigna del Carmen Aguilar Vela, directora de Gobierno Interior del Ministerio del Interior (Mininter).
Con estas últimas remociones, se concluyó con las designaciones de 1.619 personas que accedieron a las prefecturas regionales (26), y subprefecturas provinciales (188) y distritales (1.405, incluyendo las efectuadas el martes).
Estas autoridades políticas, que representaban al Ejecutivo en las jurisdicciones que eran de su competencia, tras haber sido cesadas deberán presentar sus respectivas declaraciones juradas de bienes y rentas, así como de intereses.
| Número de subprefectos distritales cesados (por regiones) |
|---|
| Amazonas: 53 |
| Áncash: 110 |
| Apurímac: 68 |
| Arequipa: 55 |
| Ayacucho: 53 |
| Cajamarca: 89 |
| Callao: 6 |
| Cusco: 58 |
| Huancavelica: 62 |
| Huánuco: 48 |
| Ica: 16 |
| Junín: 77 |
| La Libertad: 48 |
| Lambayeque: 20 |
| Lima: 35 |
| Lima Provincias: 44 |
| Loreto: 26 |
| Madre de Dios: 1 |
| Moquegua: 11 |
| Pasco: 24 |
| Piura: 48 |
| Puno: 77 |
| San Martín: 25 |
| Tacna: 12 |
| Tumbes: 8 |
| Ucayali: 2 |
Presencia del Movadef
Durante el gobierno del expresidente Castillo, estos cargos habían sido utilizados para que personas allegadas a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), el grupo más radical del magisterio, ingresen a la función pública. Este sindicato fue fundado por Castillo y derivó del Conare-Sutep.
Además, durante el año y medio que duró la gestión del exmandatario, se eligió a adherentes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), organización fachada de Sendero Luminoso, para ocupar estas posiciones de confianza.
En total, al menos 20 personas que firmaron los planillones de este movimiento habían sido designadas por el gobierno de Castillo en prefecturas y subprefecturas. De ellos, el Mininter dispuso ayer el cese de 11.
Ellos son Shirley Paola Huamán Fabián (Paccha, Junín), Teófilo Cisneros Infante (Ocros, Ayacucho), Segundo Juan Montoya Oliva (Molinopampa, Amazonas), Justo Abraham Oscco Barrientos (Pacapausa, Ayacucho), Lily Cecilia Espíritu Ramírez (Catac, Áncash), Madaleyne Graciela Alata Fernández (Llamellin, Áncash), Irineo Lucio Meza Marcos (San Marcos, Áncash), Justo Jihuallanca Huanca (Nicasio, Puno), Alfredo Luis Paredes (Chacayan, Pasco), Aurio Sánchez Honorio (Cholón, Huánuco) y Mariluz Salinas Salva (Ancón, Lima).
Este grupo se suma a otros seis subprefectos distritales y provinciales de Ayacucho, Lima y Puno que fueron también adherentes del Movadef y el gobierno concluyó con sus designaciones entre el 16 y 25 de diciembre.
Entre el grupo de prefectos regionales también vinculados a este grupo fachada, que fueron cesados el 14 de diciembre, se identificó a Eliseo Huamaní Curihuaman (Apurímac); Manuela Elizabeth Méndez Rojas (Áncash) y Jacqueline Marisol Encinas Copa (Tacna).
Gasto público
En total, son 1.635 los prefectos y subprefectos del país incluidos en la planilla de pagos, de acuerdo con consultas hechas en el portal de Transparencia del Mininter. En noviembre, se destinaron S/ 4′851.694,71 para el pago de sueldos de estas autoridades políticas.
Estas remuneraciones mensuales oscilan entre S/2.900 y S/3.500. El 2022, el gobierno ha gastado S/53,9 millones en estas autoridades políticas del presupuesto anual modificado que asciende a S/63,4 millones. El 2021, se ejecutó S/62,6 millones por este mismo concepto.
Iniciativa sigue pendiente
El 7 de noviembre, la Comisión de Descentralización, presidida por Diana Gonzales (Avanza País), aprobó un dictamen que plantea eliminar los cargos de prefectos y subprefectos, así como reasignar estas funciones a otras instancias del Mininter. La iniciativa fue aprobada por mayoría, con la oposición de congresistas del Bloque Magisterial, Perú Libre, Perú Democrático e Integridad y Desarrollo.
La propuesta plantea que mantener estas autoridades políticas “no resulta necesario ni consecuente con la estructura de Estado descentralizado”. El dictamen sigue pendiente de ser debatido y votado en el pleno del Congreso.
La legislación actual establece que los prefectos y subprefectos son autoridades políticas que contribuyen “al orden público, gobernabilidad y la paz social”, además de ser considerados funcionarios de confianza que están supeditadas a la Dirección General de Gobierno Interior, que se encarga de dirigir y supervisar su actividad.
Flavio Cruz, vocero de la bancada de Perú Libre, dijo a ayer que recomendarán que no se eliminen los cargos de prefectos y subprefectos “porque son articuladores de las bases, que son los tenientes gobernadores. Si desaparecen vamos a tener serios problemas en estas protestas que se tienen”.
Rechazó que su partido haya buscado cuotas en estos cargos. Esto pese a que 672 personas que son militantes de Perú Libre accedieron a estas designaciones. “Quizás por eso Pedro Castillo no necesitó de Perú Libre, porque ahí tenía un partido político prácticamente. […] Quizás algunos eran militantes de Perú Libre, pero no fueron designados por Perú Libre”, dijo a la prensa.
De otro lado, el congresista Diego Bazán (Avanza País) comentó que haber removido a los prefectos y subprefectos ha sido “acertado” y que ahora “corresponde nombrar a los mejores ciudadanos de cada ciudad en su localidad. Que sean los mejores los que asuman estas responsabilidades”.
El primer ministro, Alberto Otárola, anunció el último lunes que se nombrará en estas posiciones “a personas reconocidas y distinguidas por su comunidad, sin importar su color político y de clara vocación democrática”.
Petro responde al Congreso del Perú y vuelve a defender a Castillo: “Hay un presidente detenido sin sentencia de juez penal”
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a salir en defensa del exmandatario peruano Pedro Castillo asegurando que es un presidente “elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal” tras el rechazo mostrado por el Congreso peruano por “actos de intromisión”.
El Congreso de Perú aprobó este miércoles una moción parlamentaria en rechazo a “los constantes actos de intromisión en los asuntos internos” del país andino por parte de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y del colombiano.
Haciendo referencia a este rechazo del Congreso peruano a las declaraciones de Colombia y México, los únicos que ha respaldado abiertamente a Castillo junto a los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, y Bolivia, Luis Arce, Petro reiteró su posición a través de un mensaje en redes sociales.
“El artículo 23 de la convención americana establece como derecho político elegir y ser elegido. Para quitar este derecho se necesita sentencia de juez penal. Tenemos un presidente en Suramérica elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.
El mandatario colombiano también agregó que “la violación de la convención americana de derechos humanos es manifiesta en el Perú”.
“No puedo pedirle al Gobierno venezolano que reingrese al sistema interamericano de derechos humanos y al mismo tiempo aplaudir que dicho sistema se viole en el Perú”, aseguró.
La nueva Administración del Perú ya había mostrado su “profundo malestar” por las declaraciones de Petro en apoyo a Castillo, al considerarlas una injerencia “inaceptable” en los asuntos internos del país en una nota diplomática que el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano entregó a la embajada de Colombia.
El Gobierno de Dina Boluarte hizo referencia al mensaje de Petro en el que aseguró que “hoy por hoy hay una crisis” en Perú, donde hay “un presidente elegido popularmente preso”, lo que calificó como “exabrupto”.
Petro dijo, además, que la crisis interna en Perú “está alterando el cronograma del proceso de integración que traíamos” pues, según remarcó, las dificultades que el Congreso peruano le venía poniendo a Pedro Castillo para viajar a reuniones latinoamericanas impedían “la articulación, la integración económica de América Latina y del área andina”.
Colombia también firmó un comunicado junto a los Gobiernos de México, Argentina y Bolivia asegurando que Castillo, al que aún reconocen como presidente, es “víctima de un antidemocrático hostigamiento”, algo a lo que el Gobierno peruano respondió llamando a consultas a sus embajadores. Al ser preguntado sobre si reconoce a Boluarte como presidenta, Petro evitó contestar.
Castillo fue destituido el pasado 7 de diciembre por el Congreso, después de anunciar que cerraría el Legislativo y gobernaría por decreto, y actualmente cumple prisión preventiva por 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión y conspiración, cargos por los que afronta una eventual condena a 10 años de cárcel.
