Chile | Partidos logran acuerdo para el nuevo órgano constituyente: conoce cómo estará compuesto
Órgano constituyente tendrá 50 ciudadanos electos y 24 expertos designados: Todos los detalles del acuerdo
«Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva Constitución para Chile«.
Así comienza el esperado acuerdo alcanzado este lunes por los partidos políticos con representación parlamentaria y que, después de tres meses de intensas negociaciones, logró definir la hoja de ruta que seguirá el nuevo proceso constituyente, tras el plebiscito de salida en que la ciudadanía rechazó la propuesta emanada por la antigua Convención Constitucional.
El documento, titulado «Acuerdo por Chile», determina que la redacción del texto fundamental contará con el trabajo de tres órganos: el Consejo Constitucional, compuesto por 50 ciudadanos electos; una comisión de 24 expertos designados por el Congreso; y un Comité Técnico de Admisibilidad de 14 juristas que funcionará como «árbitro» de las bases constitucionales.
El Acuerdo por Chile 📖✍️ @Cooperativa pic.twitter.com/K3hcecQVUy
— Camila López González (@g_pelusa) December 13, 2022
El acuerdo fue firmado por Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evolución Política (Evópoli), el Partido Demócrata Cristiano (DC), el Partido Radical (PR), el Partido Liberal (PL), el Partido Por La Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC), el Partido Comunes, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Convergencia Social (CS), Revolución Democratica (RD) y Acción Humanista (AH), además de los movimientos Amarillos por Chile, Democratas y Unir.
El Partido Republicano (PREP) y el Partido de la Gente (PDG) se restaron del acuerdo.
A continuación, conoce los detalles del «Acuerdo por Chile»:
CONSEJO CONSTITUCIONAL
El Consejo Constitucional estará compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos, que podrán incluir a personas independientes.
La elección de los consejeros constituyentes se realizará en abril próximo y la sesión de instalación del nuevo órgano será al mes siguiente, el 21 de mayo.
El Consejo tendrá un plazo de seis meses -hasta el 21 de octubre- para presentar una propuesta de Constitución, que será sometida a un plebiscito ratificatorio el 26 de noviembre, también con sufragio obligatorio.
Al igual que la antigua Convención Constitucional, la conformación del Consejo seguirá el principio de paridad de entrada y de salida; es decir, un mecanismo asegurará que los candidatos electos se repartan equitativamente entre hombres y mujeres.
También será integrado por escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección.
Este Consejo tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada.
Las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las 3/5 partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final a una aprobación del Consejo por el mismo quórum.
COMISIÓN EXPERTA
A su vez, la Comisión Experta estará conformada -dice el acuerdo- por «24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria», elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras.
Los especialistas partirán su trabajo en enero próximo.
No podrán ser parte de la Comisión Experta personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular.
Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo. Las decisiones de la Comisión se tomarán por un quórum de 3/5 de sus miembros.
La Comisión Experta iniciará sus funciones en enero del año 2023 y se incorporará al Consejo Constitucional, pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias.
Una vez evacuada la propuesta de texto de la nueva Constitución y previa armonización, el Comité Experto entregará su informe al Consejo Constitucional; en dicho informe podrá formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas del texto. Estas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y serán votadas según las reglas siguientes: se entenderán aprobadas las propuestas de normas si cumplen con el quórum de 3/5 de sus miembros en ejercicio. Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cada una por las 2/3 partes de los miembros en ejercicio.
Todas aquellas propuestas que no se encuentran en alguna de circunstancias anteriores, se resolverán mediante una Comisión Mixta, compuesta por doce personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y que se resolverá con el voto de las 3/5 partes de dicha instancia. En caso de no lograr dicho quórum, la Comisión Experta, dentro del plazo de cinco días, por 3/5 partes de sus miembros, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se conforme a las reglas generales.
COMITÉ TÉCNICO ASESOR (O ÁRBITRO)
Finalmente, el Comité Técnico de Admisibilidad será compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputados y Diputadas. Ambas votaciones deberán contar con el apoyo de 4/7 de los miembros en ejercicio.
Este Comité Técnico de Admisibilidad -denominado en las negociaciones como un «árbitro»- tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión Experta y/o el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de éstas cuando sean contrarias a las bases institucionales.
Podrá pronunciarse a requerimiento fundado de una quinta parte del Consejo Constitucional; o de dos quintas partes de la Comisión Experta. El Comité resolverá conociendo los antecedentes de derecho, aplicando las bases constitucionales, conforme a las normas e interpretación constitucional.
Sus resoluciones se adoptarán dentro de tercero día, ampliándose por cinco días más para incorporar los fundamentos, por la mayoría absoluta de sus integrantes y no serán recurribles ante órgano alguno, nacional ni internacional. En caso de acogerse la inadmisibilidad, la norma impugnada no podrá incorporarse en el texto constitucional. En caso de que la vulneración consista en la omisión de alguna de las bases institucionales, y previo requerimiento, el Comité de Admisibilidad le instruirá a la Comisión Experta la redacción de una propuesta, la que será deliberada por el Consejo Constitucional conforme a las reglas generales.
LAS 12 BASES CONSTITUCIONALES
Según detalla el documento, el proyecto constitucional deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales:
- Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo.
- El Estado de Chile es unitario y descentralizado.
- La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.
- La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas.
- Chile es un Estado social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal; y a través de instituciones estatales y privadas.
- Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional.
- Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí: a) Poder Ejecutivo, con un jefe de Gobierno con iniciativa exclusiva en el gasto público; b) Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas; c) Poder legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de sus atribuciones y competencias en particular.
- Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, justicia electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República.
- Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida; la igualdad ante la ley; el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones; la libertad de conciencia y de culto; el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos; entre otros.
- Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas; y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.
- La Constitución consagra, a lo menos, cuatro estados de excepción constitucional: estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia.
- Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.
Diego Ibáñez (CS) y Diego Schalper (RN): los parlamentarios que encontraron las llaves del cerrojo
A las 18:00 horas de este lunes el diputado Raúl Soto (PPD), expresidente de la Cámara Baja, a los pies de una escalera en la sede del Congreso Nacional en Santiago, dijo ante las cámaras: “Hay acuerdo”. Este lunes 12 de diciembre se contaban 99 días desde que se rechazó la propuesta de nueva Constitución el 4 de septiembre, con 61,9% de los votos para la opción Rechazo.
Más temprano, antes de que empezaran las negociaciones en el tercer piso del edificio, se reunían en una de las salas el diputado y presidente de Convergencia Social (CS) –la colectividad del Presidente Gabriel Boric–, Diego Ibáñez, y el también diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper.
¿La razón? Cercanos a ambos parlamentarios aseguran que debían “coordinar los últimos detalles». Esto, porque parte de la propuesta que redactó Schalper –con ayuda de expertos y con ideas de integrantes de la UDI, como su presidente, Javier Macaya– en gran medida había surgido de las conversaciones que mantuvieron los dos diputados.
El origen de la fórmula que presentó Chile Vamos este lunes, proyectándola en la sala donde se reunían los diferentes negociadores de la alianza de Gobierno y la oposición, se remontaba al viernes. Según cuentan quienes estuvieron presentes en las reuniones de la semana pasada, uno de los momentos de mayor tensión se dio cuando ese día Zarko Luksic (Amarillos) avisó que, como eje –es decir, junto a Chile Vamos–, no aceptarían la última propuesta que el oficialismo había puesto sobre la mesa.
Se trataba de una mayoría de electos, con expertos que pudieran redactar un anteproyecto y votar en armonización y normas transitorias.
Tras la negativa, cuentan que Natalia Piergentili, presidenta del PPD, fue la primera en levantarse de la mesa –molesta y cansada, tal como admitió el domingo en ‘Mesa Central’– y bajar las escaleras para anunciar que no tenían acuerdo.
Después que Piergentili se dirigiera a la puerta, miembros del oficialismo que estaban allí describen que se les acercó Diego Schalper y se comprometió a llevar una contrapropuesta el lunes (ayer).
Los contactos entre Ibáñez y Schalper
El domingo, Diego Schalper –quien estaba redactando una fórmula para presentar el lunes con influencia de la UDI y ayuda de expertos– contactó a Ibáñez. Ambos, según indican cercanos, mantuvieron conversaciones telefónicas y por mensaje durante todo el día para acordar ciertos temas de la propuesta.
De acuerdo a lo que señalan desde su entorno, ambos representaban “la manija”, los más obstinados con sus posiciones, y habían construido confianzas desde la redacción de las bases institucionales para el proceso. Esto explicaba la decisión de mantener una serie de conversaciones.
El martes 6 de noviembre, cuando se impulsó una comisión mixta –con voz y voto de los expertos– y el nudo había estado en el porcentaje de cada grupo que integraría la instancia, desde la oposición acusaron específicamente al diputado Ibáñez de intransigencia, al negarse a estar disponible para definir un órgano que tuviera expertos con voto.
Ese día y ante las cámaras, el diputado y jefe de la bancada Evópoli, Francisco Undurraga, reclamó que “a la pregunta sobre si había factibilidad de las fuerzas que representan al actual Gobierno de llegar a un acuerdo hoy, el diputado Diego Ibáñez dijo que ‘ninguna posibilidad'».
Mientras que una de las razones que daban desde la alianza oficialista para no llegar a acuerdo, tanto el miércoles como el viernes, fue la de una “inflexibilidad de Renovación Nacional, escudado en Amarillos». Presentes relataban que, al tener la propuesta de la izquierda el miércoles 7 de diciembre, que contemplaba 50 electos, Schalper se negó, ya que –según lo que habría dicho el parlamentario– la fórmula no garantizaba la moderación y tenía ánimos refundacionales.
A las 20:00 horas la alianza de Gobierno tuvo una reunión en la casa de Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS). No llegó Diego Ibáñez, sin embargo –de acuerdo a lo que relató uno de los asistentes–, en esa instancia se describió «cómo venía la mano” de la oposición para el lunes, razón por la cual no muchos en el oficialismo estaban sorprendidos con la propuesta que presentó Chile Vamos.
Los puntos en común entre el acuerdo final y propuesta de Chile Vamos
La última propuesta que había sido empujada por Chile Vamos fue la de Amarillos, presentada el viernes. La que presentó este lunes era radicalmente distinta y se asemejaba más a la que ese mismo día había impulsado la izquierda.
En síntesis, la última idea del oficialismo consistía en un órgano conformado por 70 electos y 30 expertos. El segundo grupo cumpliría un rol asesor y podría votar en la última etapa de redacción de la nueva Constitución: armonización y normas transitorias.
Los principales puntos que recogía el mecanismo eran:
-La redacción de un anteproyecto por un comité de expertos (que serviría de base).
-Un órgano redactor que trabaje sobre el anteproyecto.
-Comisión mixta para el espacio final donde expertos y elegidos puedan resolver diferencias.
El documento, que lleva el nombre “Acuerdo Constitucional, Definitivo 2.0″ y que cuenta con cinco páginas, propone:
-Una comisión experta conformada por 24 personas redactará un anteproyecto que servirá como base para la redacción del nuevo texto constitucional (aprobará por 4/7).
-Consejo Constitucional compuesto por 50 personas, sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos (aprobará por 3/5).
-Una vez que el texto de nueva Constitución esté listo y antes de armonizarlo, el Comité Experto entregará un informe al Consejo Constitucional con propuestas que mejoren la redacción y comprensión de las normas.
-Las propuestas serán votadas por el Consejo Constitucional: “Se entenderán aprobadas las propuestas de normas si cumplen con el quórum de 3/5 de sus miembros en ejercicio. Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cada una por las 2/3 partes de los miembros en ejercicio”.
-Si el resultado de las votaciones no se encuentra en ninguna de las condiciones anteriores, se resolverá mediante una comisión mixta compuesta por doce personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y resolverán con el voto de las 3/5 partes de dicha instancia.
-En caso de no lograr dicho quórum, la Comisión Experta, dentro del plazo de 5 días, y por 3/5 partes de sus miembros, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se repita el proceso.
La idea que empujó Chile Vamos, bajo el lápiz de Schalper y expertos, también fue en la línea de lo que planteó el senador Javier Macaya (UDI) el viernes por la mañana. Después que el pasado miércoles el oficialismo propusiera un órgano de 50 electos más asesores sin voto, dos días después el presidente de la UDI propuso un anteproyecto vinculante. Esto quiere decir que los redactores electos deberían escribir la nueva Constitución a partir de la propuesta base de los expertos.
Más allá de la idea puntual –según presentes el viernes–, el timonel de la UDI compartió que era clave que los expertos con derecho a voto tuvieran incidencia.
Los nudos principales durante las conversaciones
“Tenemos que aprender con mucha humildad de las lecciones de nuestra historia. No solo las del pasado reciente, y por ello se ha suscrito esta noche un acuerdo por Chile con un sinnúmero significativo de fuerzas políticas», aseguró el senador Álvaro Elizalde (PS), cuando presentaron el «Acuerdo por Chile» en el hall de la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago, cerca de las 22:00 horas.
El punto más crítico durante la jornada del lunes fue el de los quórums del Consejo Constitucional. Relatan que el diputado Diego Ibáñez impulsada la opción de que para aprobar una norma constitucional se requiriera de 2/3 de los integrantes, mientras que la derecha proponía 4/7. Finalmente quedó en un punto intermedio: 3/5.
Desde los demás partidos interpretaron la insistencia de Ibáñez en un quórum de 2/3 como una forma de defender las posturas de la izquierda, por temor a tener un mal desempeño electoral. Esto, por el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, y debido a que la elección de consejeros y consejeras constitucionales está fijada para abril de 2023, el mismo mes en que –según un informe de la secretaría de la Cámara de Diputadas y Diputados– podrá ponerse en tabla un nuevo proyecto de retiro de fondo de pensiones.
Que la resolución de controversias entre el Consejo Constitucional y la comisión experta conduzca a una comisión mixta, desde la derecha se comentaba en reserva que era una especie de “joda jurídica”. Esto, pues el no llegar a acuerdo con la recomendación de los expertos, supondría un problema para los redactores. Con lo cual, explican, quedaron conformes.
Desde el oficialismo admiten que esta idea no era totalmente de su agrado, sin embargo, precisan que fue uno de los temas en que cedieron para evitar la idea de que, una vez lista la propuesta de Constitución, tuviera que ser ratificada por 4/7 del Congreso –propuesta que surgió de la conversación que mantuvieron el Presidente Gabriel Boric y el timonel de la UDI, Javier Macaya–.
Otro de los temas que causó resquemor entre la alianza de Gobierno fue el de la cantidad de electos, ya que desde la izquierda se impulsaba un número de 70 y quedó en 50. Quienes fueron parte de las negociaciones, puntualmente desde el oficialismo, detallan que reducir el número de redactores fue la moneda de cambio para que expertos tuvieran voto acotado (solo a través de los mecanismos antes señalados).
Aunque todos los grupos estaban satisfechos, teniendo claro que habían llegado a «un acuerdo imperfecto» –como los instó el Presidente Boric el miércoles 7 de diciembre–, integrantes de la oposición pedían realismo y decían: “Ahora debemos ver si están los votos, los parlamentarios siempre se pueden arrancar».
