Argentina | El presidente Fernández ordenó que se «investigue penalmente» el escándalo de los chats
El Presidente instruyó para que se «investigue penalmente» el escándalo de los chats
El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que instruyó al Ministerio de Justicia para que «se investigue penalmente» el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos tras compartir en octubre un viaje a Lago Escondido.
Al mismo tiempo, al hablar por cadena nacional, solicitó al Congreso que «avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación».
También informó que pedirá que se inicie un sumario ante la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura sobre los magistrados involucrados
El Presidente sostuvo que «por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas», mientras que en otros «simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan».
Al referirse a través de la cadena oficial al viaje que «habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido», en propiedad del magnate inglés Joe Lewis, afirmó que «todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional» en la que están involucrados los participantes.
El viaje se habría producido en octubre pasado y en los últimos días medios de comunicación difundieron el contenido de conversaciones entre sus participantes a través de un grupo de chat de Telegram, en las cuales se intenta armar una versión común sobre el periplo, que incluyó la estadía en la estancia de Lewis.
La conducta de los implicados quedó expuesta este domingo en sendos artículos del diario Tiempo Argentino y del portal El Cohete a la Luna. Los implicados son los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro; el procurador porteño, Juan Batista Mahiques; el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo.
El viaje de los jueces se habría concretado el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando, vuelo que fue revelado por Página 12 el 17 de octubre, el mismo día en que los protagonistas crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta.
La periodista del diario La Nación Paz Rodríguez Niell reveló hoy que el juez Ercolini quiso «convencerla» para que sea «vocera involuntaria de la versión de ellos», algo que «por suerte» no ocurrió.
«Deciden que Ercolini hablara conmigo. Habla conmigo y después cuenta la conversación. Lo que buscaba Ercolini era convencerme a mí de toda su versión para que yo fuera -dice uno de ellos- vocera involuntaria de la versión de ellos», indicó Rodríguez Niell en Radio Con Vos.
El presidente Fernández dijo además que, de acuerdo con las evidencias, «el viaje existió», y explicó que decidió dar el mensaje desde la Casa Rosada porque «es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido», y que esperaba que» todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos».
«Lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas» y anunció una serie de medidas para investigar la situación en distintos ámbitos.
Señaló el Jefe de Estado que para ello dio instrucciones al ministro de Justicia, Martín Soria, para que se presente ante el Ministerio Público Fiscal «a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial lo relacionado a su financiamiento».
También instruyó al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales que habrían intervenido en el viaje.
En el ámbito parlamentario solicitará, expresó, al bloque de legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que «evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados» y en caso de que corresponda, «presentar el juicio político a los funcionarios de la Ciudad» que hubieren participado de los hechos.
Asimismo, enfatizó que «una vez más» solicitará al Congreso Nacional que «avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación».
Fernández recordó en su mensaje, de poco más de cinco minutos de duración y que fue grabado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, que desde el inicio de su gestión advirtió «sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años» y que se comprometió a «eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica», para lo cual «pusimos fin a los operadores y mesas judiciales».
De esa manera, aseveró, «los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al Gobierno».
Sin embargo, puntualizó que «todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado», y dijo que la Argentina «necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros».
Al referirse a los hechos, precisó que hace algunos días «un diario de alcance nacional dio a conocer detalles» del viaje a Lago Escondido, donde los participantes «habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia».
«Todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público», dijo.
Apuntó que quienes intervinieron «contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido».
Si bien advirtió que «lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación», destacó que esa circunstancia «no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes»
«Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo «Operación Página 12″ se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes», resaltó el Jefe de Estado.
De esta manera, «por vez primera queda expuesto» con «enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan».
Así, «todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios», quienes están involucrados «en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia», evaluó.
Los hechos provocaron el repudio de un amplio arco de dirigentes y funcionarios, entre ellos el ministro Soria, quien sostuvo que se trata de «un escándalo como nunca antes había sucedido desde el retorno de la democracia», mientras el senador oficialista Oscar Parrilli afirmó que revelan «la aparición en la superficie de la mafia», que busca «armar una estrategia jurídica y legal para proscribir a Cristina en 2023».
Para el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, de «verificarse la veracidad» del intercambio de chats y audios «hay una exigencia de explicaciones y de rendición de cuentas porque no se pueden naturalizar estos comportamientos», y el diputado Leopoldo Moreau consideró que «se trata de una asociación ilícita porque tapan los delitos originales con más delitos».
El escandaloso chat entre jueces, funcionarios porteños y el presidente del Grupo Clarín
Por Néstor Espósito
El grupo de Telegram fue creado –vaya paradoja– el 17 de octubre pasado como una suerte de comité de crisis después que trascendiera que un grupo de funcionarios judiciales viajó por invitación de directivos del Grupo Clarín a la zona del Lago Escondido, encerrada en el latifundio del magnate británico Joe Lewis, amigo personal del expresidente Mauricio Macri.
El grupo fue creado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto. Y lo integran el CEO de ese grupo empresario Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos «Coco» Mahiques; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora de medios Tomás Reinke y Leo Bergot, quien en realidad es el exhombre de la SIDE Leonardo Bergroth. Todos formaron parte del misterioso viaje en un chárter al sur que trascendió por la denuncia de dos dirigentes del Frente de Todos de Bariloche.
El grupo se llama «Operación de Página/12» porque fue ese diario el que contó sobre esa relación con apariencia indubitable de promiscuidad. Las conversaciones parciales de ese grupo trascendieron en las últimas horas y son un escándalo. Todos aseguran no haber hecho «nada malo», pero se empecinan en prefabricar y adulterar pruebas, inventar coartadas, incluso fabricar facturas truchas para demostrar que todo fue legal. Y prometen cobrarse venganza con quien suponen que fue el responsable de filtrar esa «reunión de amigos»: el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.
Del intercambio surge clara la presencia del Grupo Clarín en el viaje. Mientras todos discutían cómo hacer figurar que habían pagado cada uno su viaje y alojamiento, el directivo Pablo Casey les transmitió un mensaje: «Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad», a lo que Yadarola, magistrado, le responde: «Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación».
Jorge Rendo fue quien recibió a los viajeros en el Aeropuerto de Bariloche el 13 de octubre pasado. Se mostró preocupado por eso, ante la posible difusión de imágenes. «El tema de las cámaras es que en el aeropuerto de Bariloche estábamos Pablo (supuestamente Yadarola, aunque también podría ser Casey) y yo esperándolos y nos subimos juntos a las camionetas». El juez Pablo Yadarola le responde: «Cierto, Jorge. Ahí podemos estar juntos en imágenes».
Rendo fue también el garante de que nada apareciera en los medios del Grupo. Y quien operó para diluir la trascendencia en el suyo y en otros medios, a punto tal que el 20 de octubre abrió la ronda de chat con una evaluación: «Yo no vi nada hoy. Creo que, si no hay ningún ‘hecho nuevo’ el tema está terminado mediáticamente».
Los jueces Ercolini y especialmente Yadarola son los más activos en buscar cómo afrontar la situación dando apariencia de normalidad y legalidad. «Difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado sin dejar cabos sueltos», reconoció Ercolini. Su colega Cayssials directamente propone mentir sobre el lugar en el que estuvieron: «Puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo que puede decir que nos la prestó». Y propone fabricar otra realidad: «De paso si quieren el mes que viene vamos de verdad ahí y nos sacamos las fotos con él ahí y cerramos todo». Ercolini parece entusiasmado: «Si se consiguiera eso, sólo queda la idea de confabulación, que es la nada misma. Salvo que tengan más».
Todos aseguran que el expresidente Macri no tuvo nada que ver con el viaje. Se burlan de las especulaciones en ese sentido y Casey incluso dice que «Macri no debe entender nada!!!! Jajaja». Pero hablan de otros viajes anteriores, con los mismos y otros personajes. Siempre invitados por el poder real, siempre en secreto. Hasta que trascendió.
El juez Yadarola le apuntó directamente al jefe de la PSA. «Eso no lo hacen sin una orden de la conducción política, José Glinski. Para anotarlo porque es el responsable». A Glinski le prometen de todo, menos justicia. El ministro porteño D’Alessandro le anunció al grupo: Si en algún momento me tocara ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA». Yadarola anuncia: «Estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento», ante lo que D’Alessandro le formula un pedido por anticipado: «Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar».
«Estoy caliente y motivado para hacer la denuncia penal al puto de la PSA. Conténganme porque se me acaba la paciencia!», anuncia el juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques. Bergroth cumple: «Coco, cuando tengamos cerrado todo pasamos a la ofensiva. Todavía me parece que hay fuego de todos lados y de toda clase. Nos tenemos que juntar para la estrategia». Pero Mahiques está desatado: «Estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad (la PSA) en los medios. Y enfatizar el fake de la noticia. Nos cargamos a la PSA. (…) Habría que hacerle llegar al PSA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entregue nada más».
Tarde. El directivo de Clarín Pablo Casey anuncia al grupo: «Ya se lo hice llegar». Y D’Alessandro saca pecho: «A mí me mandó a preguntar si quería hablar con él… Le dije q no hacía falta q en algún momento la vida nos iba a cruzar. Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida».
El juez Yadarola se ufana de ser quién más conoce a Glinski por razones de su trabajo como juez en lo Penal Económico. «No debe estar tampoco nada tranquilo. Según dicen este Glinski es de la Cámpora y de Cristina. Habla con ella directo, y más aún desde la causa de los copitos, cuando se desplazó a la PFA y entró la PSA en escena». Más aun; ante señales que indican que Glinski no tuvo nada que ver con la filtración, el juez Yadarola especula levantando la apuesta: «si no fueron, se debe querer matar porque sabe efectivamente que nosotros pensamos que es él. Para un jefe de una fuerza es más o menos verse preso».
En los diálogos, el juez Mahiques reconoce tácitamente la existencia de sellos de goma y denunciadores seriales que llevan a tribunales denuncias por encargo. «Hay que denunciar el espionaje ilegal y la violación de los deberes de funcionario al jefe de la PSA. (…) El tema es si lo hacemos nosotros o una ONG o tercero». Ercolini se sincericida en la respuesta: «Eso después sí. (…) Después vemos el tercero».
El grupo también muestra su desprecio por periodistas identificados con nombre y apellido y desnuda cómo negocia y presiona a dueños de medios para frenar la publicación de la información.
El desprecio es extensivo al gobierno. El juez Yadarola reaccionó a los tuits de funcionarios y dirigentes oficialistas sobre el viaje inexplicable: «que se dediquen a twittear todo lo que quieran. Tienen fecha de vencimiento, se van a ir». Al ministro de Justicia, Martín Soria, lo llaman «payaso»; a Rodolfo Tailhade, «burro» o «idiota»; a Cristina Kirchner, «la mina».
El chat es un intento permanente de ocultar qué fueron a hacer todos juntos a Lago Escondido. Tan patético es todo que incluso se les ocurrió justificar que se trató de «dos días intensivos de clases de pesca con mosca».
