Tres de cada cuatro víctimas de violencia son mujeres en El Salvador
Tres de cada cuatro víctimas de violencia son mujeres, reveló un estudio de la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres. Además indica que solo en 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) registró más de 3,000 denuncias por hechos de violencia.
La Red Feminista –que aglutina a tres organizaciones de mujeres– presentó ayer un informe sobre la situación de la violencia contra las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemorará mañana, 25 de noviembre.
El informe revela una tendencia de violencia hacia las mujeres, afirmó la Red. Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), recopilados en el estudio, en 2021 esta institución recibió denuncias por 3,249 hechos de violencia contra personas adultas y en los cuales se catalogó el sexo de la víctima. Otros nueve aparecen con sexo no determinado, aclaró el informe. Del total de casos donde se identifica el sexo, el 75 % correspondió a víctimas mujeres. Es decir, tres de cada cuatro hechos de violencia se cometieron contra mujeres.
Sin embargo, la cifra es mayor cuando se concentra solo en niñez, adolescencia e incapaces. De 3,032 hechos de violencia registrados por la FGR contra esta población, y donde se especificó el sexo, el 82 % correspondió tuvo a mujeres como víctimas.
Además, las mujeres son la mayoría en el caso de delitos de violación agravada en menor e incapaz: Agresión sexual y maltrato infantil. Lo mismo ocurre con los delitos de violación, inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos. También en otras agresiones sexuales agravadas, como violencia intrafamiliar y privación de libertad.
Siempre en 2021, la FGR registró 81 feminicidios y la mayoría de víctimas fueron mujeres entre 30 y 59 años (41 %) y de los 18 a 29 (41 %), seguido de mayores de 59 años (9 %), de 13 a 17 (5 %) y de 0 a 12 años (2 %).
La Red lamentó que no se cuente con acceso a información en las instancias públicas correspondientes sobre los feminicidios de 2022, pero a través de un monitoreo de medios contabilizaron 51 feminicidios hasta el 20 de noviembre, de los cuales 17 fueron cometidos por sus parejas, «en el ámbito de las relaciones de confianza», apuntó Silvia Juárez, investigadora de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
«Se evidencia que las prácticas sobre las que se asesina a las mujeres siguen siendo crueles, degradantes y en un marco de relaciones de poder en las que el Estado no ha logrado erradicar», agregó.
El estudio también recopiló datos del Instituto de Medicina Legal (IML), que indican que el 91.7 % de reconocimientos por hechos de violencia sexual se practicaron en mujeres. Además, muestra que la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de la Procuraduría General de la República (PGR) atendió a 3,781 sobrevivientes de violencia entre enero de 2021 y junio de 2022. De esta cifra, el 92 % corresponde a mujeres, mientras que el 89 % de los agresores fueron hombres.
Por otra parte, de enero de 2021 al 5 de junio del 2022, las unidades de atención especializada a las mujeres en situación de violencia, de la Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana (UNIMUJER-ODAC) de la Policía Nacional Civil (PNC) brindaron 7,927 atenciones.
La PNC también proporcionó datos de la Oficina de Control Operativo Policial (COP) y de 4,045 atenciones, todas fueron por delitos de violencia basada en género y que están regulados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV).
Sin embargo, el estudio aclara que los datos no están desagregados por sexo, pero se presume que las más de 4,000 atenciones fue para mujeres.
Según la PGR, de 3,871 hombres denunciados como agresores de mujeres, en el 72.7 % de los casos se desconoce la edad. Sin embargo, las cifras revelan que el 19.7 % está entre los 30 a 51 años y que incluso se registran agresores en el rango de edad de los 0 a 17 años.
Capacidad de respuesta
El estudio también señala una baja capacidad de respuesta en los tribunales. Según cálculos realizados por la organización, los 1,672 asuntos resueltos en los Juzgados Especializados de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres representaron el año pasado el 96.9 % de los 1,726 casos que ingresaron. Es decir, «están resolviendo un numero de procesos inferior a los que se han ingresado», señala el documento. En Santa Ana, Segundo de San Salvador y Cojutepeque, esta capacidad resolutiva es inferior, ubicándose en 59 %, 70.2 % y 33.7 %, respectivamente.
Cuando se revisa el nivel de saturación de los juzgados de instrucción de la LEIV, el desempeño empeora. En general, los 2,809 trámites que quedaron pendientes en estos tribunales al cierre de 2021 representaron el 168 % de los 1,672 que se resolvieron y ese porcentaje casi alcanza el 300 % en el Segundo de San Salvador y San Miguel. Esta cifra significa que «se ha resuelto un menor volumen de procesos de los que han quedado pendientes», indica el documento. Además, el estudio advierte de un elevado colapso. Siempre en los juzgados de instrucción, los trámites pendientes al inicio de 2021 y los que ingresaron durante ese año significaron el 266.7 % de los que se resolvieron, llegando a superar el 400 % en Santa Ana.
El panorama es similar en los Juzgados Especializados de Sentencia LEIV.
Juárez sostuvo que la intención no es juzgar a los tribunales, «sino que se considere que es un recurso importante para las mujeres, pero que no tiene la suficiente capacidad de respuesta en la dimensión del problema», apuntó.
Sin embargo, también señaló que los servicios de las instituciones creadas para la protección de las mujeres están siendo ralentizados y son menos integrales.
También advirtió «desinterés por garantizar de manera contundente los derechos de las mujeres y las niñas, adolescentes y mujeres por parte de la institucionalidad pública».
Por su parte, la representante de Las Dignas, América Romualdo, señaló que aún no existen mecanismos de denuncias para otros tipos de violencia, como los que se generan en el transporte público, violencia obstétrica e incluso violencia política. «No combatir la violencia contra las mujeres es fortalecer la violencia contra las mujeres», apuntó Romualdo.
