La OEA aprueba una investigación externa a Almagro por presuntas faltas éticas

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Por Guido Vassallo

El uruguayo Luis Almagro parece atravesar sus horas más complicadas al frente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su puesto está en tela de juicio y no por sus polémicas denuncias de fraude en Bolivia, que terminaron sirviendo de puntapie para el Golpe de Estado, ni por su intención de intervenir militarmente la Venezuela de Nicolás Maduro. El Consejo Permanente de la OEA acaba de aprobar por amplia mayoría que se realice una investigación externa a Almagro sobre presuntas faltas éticas por una relación íntima con una de sus subordinadas, quien además habría sido beneficiada con un ascenso. La resolución, presentada por Uruguay y Antigua y Barbuda, fue aprobada en una reunión del Consejo Permanente con 30 votos a favor, apenas dos abstenciones y una ausencia.

Incluso Washington, un fiel ladero de Almagro que contribuyó con casi la mitad de los cien millones de dólares de fondos destinados a la organización este año, ya había expresado su apoyo a una investigación externa, antes de la votación del viernes. «Hubo un consenso casi unánime al cual Argentina no podía dejar de adherir. El planteo no está hecho desde la perspectiva de inmiscuirse en la vida personal del secretario general, sino en ser celosos en que no se utilice ningún privilegio institucional en favor de una persona», aseguró a Página/12 el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi.

Una relación «superconfirmada»

En su intervención durante la sesión del viernes, Almagro expresó su acompañamiento al pedido de investigación y aprovechó para «confirmar, reconfirmar y superconfirmarles que existía esa relación». Sobre la mujer mencionada en la denuncia, el uruguayo que lidera el organismo desde 2015 subrayó: «Ella fue mi partner prácticamente por tres años, a nivel personal quizás los mejores de mi vida, aún cuando nuestra relación terminó hace meses».

Un grupo de trabajo integrado por los países que lideran el Consejo Permanente, más el secretario de Finanzas de la OEA, será ahora el encargado de elegir a la empresa externa, que deberá entregar un informe en un plazo de tres meses desde la fecha de contratación. Una vez que se complete la investigación y el informe llegue a manos del Consejo Permanente, los países miembros deberán «adoptar las medidas oportunas».

La investigación buscará dilucidar si, en el marco de la relación sentimental, Almagro violó el reglamento interno de la OEA, que estipula que aquellos que tengan una relación íntima con otro miembro del personal o proveedor de servicios «se descalificarán para supervisar o evaluar a esa persona» y no podrán «participar en ningún proceso en el que se tome o examine una decisión administrativa que afecte los intereses de esa persona».

La denuncia nació de un correo electrónico enviado por un denunciante anónimo a la organización, acusando a Almagro de mantener o haber mantenido «una relación personal íntima con una funcionaria» originaria de México y de «ascenderla, súbitamente y sin concurso, de un puesto de nivel medio a asesora principal» del secretario general. Esta información fue luego confirmada por un artículo de la agencia Associated Press.

«Desde esa perspectiva es que nosotros, con mucha sobriedad, acompañamos este pedido de investigación, sin sobreactuarlo en absoluto sino simplemente confiando en los canales institucionales de investigación», explicó Raimundi a este diario. Si bien todavía no se conoce su versión, distintos medios y agencias de noticias revelaron que se trata de la politóloga mexicana Marián Vidaurri, quien ya aparecía mencionada en el libro Luis Almagro no pide perdón, publicado en 2020, como pareja del secretario general.

Almagro también será investigado respecto a otra denuncia de un informante anónimo, señalando que una exempleada doméstica que trabajaba en la residencia oficial de la OEA fue agredida física y verbalmente por su exesposa. El secretario general falló en protegerla y la despidió, según señala el denunciante. Respecto a esta denuncia, la investigación deberá determinar el motivo del cese de la empleada y si Almagro tenía conocimiento de los supuestos abusos.

Un largo historial de polémicas

El diplomático uruguayo lleva años acumulando reveses: países como Bolivia, México y Argentina han pedido su renuncia en más de una ocasión y una corte de la OEA concluyó que causó «daños morales, personales y profesionales» a Paulo Abrao por difamarlo cuando decidió no renovar su mandato al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2020. Ahora la secretaría general de la OEA debe indemnizar al abogado brasileño, de reconocida trayectoria internacional, con el equivalente a doce meses de salario, además de pagarle los gastos legales y costas.

La semana pasada, México criticó duramente a Almagro por renovar el contrato de la ombudsman de la OEA, Neida Pérez, días antes de que se aprobara un plan discutido durante mucho tiempo para ocupar ese cargo con un proceso abierto y competitivo. «Desafortunadamente este no es un acto aislado», dijo la delegación de México en una declaración escrita el primero de noviembre, agregando que esa conducta de Almagro «encaja en un patrón en el que se desconoce la voluntad de los Estados y se violan las instituciones de la OEA».

Almagro, de 59 años, fue elegido presidente de la OEA en 2015 con un apoyo casi unánime después de haber servido como canciller en el gobierno del Pepe Mujica en Uruguay. Pero una vez instalado en Washington, cerró filas con los Estados Unidos al oponerse a los gobiernos de Cuba y Venezuela. Incluso llegó a acompañar la línea del expresidente Donald Trump respecto a no descartar el uso de la fuerza militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

También es muy recordada su participación estelar en las elecciones de 2019 en Bolivia, por las denuncias de un supuesto fraude frenando los comicios que llevaron a la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Ese escenario habilitó la asunción de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, quien hoy cumple condena por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, y con quien Almagro se solidarizó en reiteradas ocasiones. Por todos esos temas, el diplomático uruguayo sigue sin dar explicaciones.

Página/12


 

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