La extraña batalla campal de los presos contra el gobierno de Ecuador– Por Jorge Dávila Miguel

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

La extraña batalla campal de los presos contra el gobierno de Ecuador

Jorge Dávila Miguel*

En Ecuador hay un levantamiento, no popular, sino carcelario. En los levantamientos populares existe siempre una razón –estemos de acuerdo o no o con los sublevados– porque son parte siempre de la “ciudadanía soberana”, pero este levantamiento daña precisamente al pueblo, que contempló asustado cómo hay reos de la justicia criminal que pretenden dictar su voluntad al gobierno. Al mismo tiempo, esa ciudadanía toma nota de que la ley ecuatoriana y la democracia han sido incapaces de resolver este gran problema, sobre todo en los dos últimos años en los que se han producido una decena de masacres en las cárceles ecuatorianas, que se han cobrado la vida de más de 400 personas, según nos refiere Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en español.

Y la sublevación salió a las calles, amenazando directamente al Gobierno y a la población. Ha habido cinco muertos, miembros de la Policía en las calles de Guayaquil y de Esmeralda. El Estado ecuatoriano, incapaz de controlar sus propias cárceles, y admitiendo casi tranquilamente que el crimen organizado se encuentra mejor armado que las fuerzas gubernamentales, ha declarado el estado de excepción en los estados de Guayas y Esmeraldas.

El presidente Guillermo Lasso declaró a la nación que iría personalmente a dirigir el operativo en Guayas. Y allí está en estos momentos.  Pero varios analistas y periodistas ecuatorianos señalan que no se resuelve nada solo con estados de excepción, al igual que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que está conduciendo un drástico plan de control contra las bandas salvadoreñas. Bukele publicó un tuit en el que no menciona expresamente la situación ecuatoriana, pero que obviamente la retrata: “El estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un estado de excepción sin una estrategia contra los terroristas no sirve de nada. Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones».

El mandato de Bukele, que cuenta con un alto porcentaje de apoyo popular, ha sido ampliamente criticado por la prensa, y menospreciado por la administración estadounidense debido, entre otras cosas, a que ha lacerado los derechos humanos de los delincuentes de las maras —la gran mayoría de los reclusos actuales—y en general de otros que no pertenecen a estos grupos criminales. El presidente Lasso se refirió también a ese asunto en una advertencia en su mensaje al pueblo ecuatoriano: “Ya entendieron [los narco delincuentes] que no nos temblará la mano al responder como se debe. Y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos…”.

Lasso también calificó la actual situación en su país de una verdadera declaración de guerra al Estado ecuatoriano. En una declaración hecha desde una prisión, un condenado –en nombre de las bandas de Los Tiguerones y Los Lobos– amenazaba a Lasso con atacar los pabellones 8 y 9 de la prisión y matar a todos. “Muerte, muerte, muerte”, dijo el recluso, enmascarado con una careta de payaso, lo que no nos debe confundir sobre sus amenazas.

La corrupción que alimenta al monstruo

Es casi imposible de imaginar cómo en las cárceles ecuatorianas pueda existir tal cantidad y calidad de armamento –“mejor que el del Gobierno”, según declaran funcionarios gubernamentales–, modernos medios de comunicación y todo tipo de armas punzocortantes, sin una extensa y también criminal corrupción dentro de las penitenciarías, dentro del Estado y dentro de los estamentos judiciales. Que dichas organizaciones criminales se permitan no solo campear por su respeto en las penitenciarías, sino incluso ser “demasiado peligrosas” para que puedan entrar allí los agentes del Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad, única fuerza a la que la ley ecuatoriana le permite controlar a la población penal. ¡Y no les permiten estar armados! Hasta tienen que comprar sus propios medios de defensa personal, según ha consultado CNN con las autoridades, quienes han expresado que están trabajando para dotar mejor a la fuerza penitenciaria.

Por su parte, la Policía y las Fuerzas Armadas participan en la seguridad exterior y periférica de las cárceles. Son las que tienen las armas, formación y mayor personal para contener la violencia. Pero la Constitución ecuatoriana impide a dichas fuerzas que ingresen y respondan el fuego en los centros penitenciarios. Por esta última razón, Lasso plantea un referéndum para enmendarla y permitir una mayor participación militar en la seguridad interna.

Pero ese referéndum, de ser aprobado en el viacrucis legislativo, tardaría tiempo en instrumentarse. Y los críticos preguntan: ¿Qué hacemos hasta entonces? ¿Qué pasa con la Ley para el Uso Progresivo de la Fuerza, aprobada por la Asamblea Nacional desde el 7 de junio de este año?

Es una situación de un mundo al revés, pero lamentablemente cierta. La realidad nos deja correr a los seres humanos a veces largos trechos sin reconocerla, a nuestro capricho, incluso animados por bellos ideales, pero nos tiene siempre atada al cuello una firme cuerda invisible que de momento se tensa y nos deja paralizados, sin aire, confundidos. Ese parece ser el caso actual del Ecuador, un presidente que tiene que ir al frente a dirigir él mismo las fuerzas del estado de excepción; estados de excepción como chorizos en su longaniza, tapando la última herida, la última masacre, la última falta capital poco antes de que se tense la implacable cuerda de la realidad.

El presidente Guillermo Lasso continúa movilizado, como prometió al inicio de esta crisis, en el estado de Guayas, aún bajo estado de excepción, dirigiendo las fuerzas gubernamentales en este extraño lance entre narco delincuentes presos, unos 11,000 y los cuerpos armados estatales. La principal tarea de estos cuerpos son el traslado y redistribución de los sublevados en las penitenciarías del país, para romper la organización de sus bandas, 10 exactamente. Hasta el momento han disminuido las muertes violentas, y aunque el hacinamiento de los encarcelados también ha disminuido en los últimos ocho meses, sigue siendo un problema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha declarado que existe una “ausencia de control efectivo por parte del Estado” en los centros penitenciarios. Y Human Rights Watch, en otro informe, determinó que la sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles han contribuido a las masacres de las bandas delictivas.

En unos años podremos ver si surge la misma situación que ahora parece estar siendo dominada. Será lo más probable si el gobierno ecuatoriano no corrige sus leyes, conceptos carcelarios, así como la corrupción gubernamental.

Y también veremos qué rumbo siguió la “doctrina Bukele”, y si sus criticadas medidas anti derechos humanos le dieron definitivamente más paz y bienestar a la población de El Salvador.

*Licenciado en Periodismo desde 1973 y ha mantenido una carrera continua en su profesión hasta la fecha. Tiene posgrados en Ciencias de la Información Social y Medios de Comunicación Social, así como estudios posuniversitarios en Relaciones Internacionales, Economía Política e Historia Latinoamericana. Dávila Miguel es columnista de El Nuevo Herald en la cadena McClatchy, y analista político y columnista en CNN en Español.