Grupo juvenil de ultraderecha ataca con petardos y disparos un barrio popular en Santa Cruz
Ataques al Plan 3.000: Experto recomienda cumplir recomendaciones del GIEI y desarticular la paraestatal UJC
Luego del violento ataque de una turba identificada como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que durante cinco horas provocó zozobra en el Plan 3.000 con la utilización de petardos de 12 disparos, el abogado constitucionalista y experto en seguridad y defensa, Pedro Ugarte, instó a seguir las recomendaciones de GIEI y desarticular ese grupo paraestatal.
“Lo que debería hacerse es desarticular, no olvidemos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya ha emitió una opinión, que indica que debe desarticularse los grupos paramilitares y parapoliciales como lo son la Resistencia Juvenil Cochala, la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Kilómetro 0, en la ciudad de La Paz”, indicó el experto en entrevista con la ABI.
La noche del miércoles y parte de la madrugada de este jueves se registraron ataques en la avenida La Campana, del Plan 3.000.
Una turba de motociclistas y otros en vehículos llegaron al barrio popular promoviendo horas de terror en contra de la población que no ataca el paro cívico porque necesita trabajar y se ve obligado a hacer vigilias para resguardar sus fuentes de empleo.
“Debe poner en movimiento la normativa vigente y parar la intolerancia que se está viviendo en Santa Cruz, somos libres de pensar diferente”, remarcó Ugarte.
Señaló que esas personas que protagonizan los ataques al Plan 3.000 serían “pagadas” porque tienen una “logística muy amplia” que con los atentados y saqueos muestra su “intolerancia a la reactivación económica”.
Ante esta situación, el constitucionalista indicó que este grupo radical arremete contra los habitantes del Plan 3.000 porque durante años mostraron su vocación democrática y su deseo de trabajar.
Según los videos difundidos por medios locales, decenas de motocicletas identificadas como parte de la Unión Juvenil Cruceñista amedrentaron a los comerciantes con la utilización de petardos lanzados contra la población.
La procedencia de esos petardos de alto impacto debería ser investigado, según el jurista.
“Son grupos pagados, son grupos que tienen recursos económicos. Esos petardos que se están demostrando son de 12 tiros, son de fabricación brasilera. Hay que ver si su importación es legal, eso debería investigarse”, indicó.
TSE pone plazo para distribuir escaños y Gobierno ofrece adelantar resultados
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, manifestó que para la redistribución de escaños, de cara a los comicios del 2025, se requiere que la información oficial del censo les sea entregada en septiembre del 2024. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, prometió los resultados del operativo censal para la fecha solicitada.
“Si (la información oficial del censo) la recibimos en diciembre del 2024, ya resulta extemporáneo, resulta imposible que podamos esas dos tareas de asignación de escaños y de delimitación de las circunscripciones uninominales (…). Idealmente, esa información deberíamos recibirla en el mes de septiembre del año 2024”, expresó Hassenteufel.
El titular del TSE explicó que el procedimiento tiene dos pasos. El primero, la asignación de escaños, que es un trabajo técnico que se puede realizar “en pocos días”. El segundo, en caso de que la Asamblea Legislativa apruebe la ley de redistribución, la delimitación de circunscripciones, que puede demorar “dos, tres o hasta cuatro meses”.
Tras esto, Cusicanqui dijo que se iba a presentar los resultados oficiales de “población oficial” del censo al TSE en septiembre del 2024. “Esos resultados también serán remitidos al Tribunal Supremo Electoral para que esa instancia pueda realizar el trabajo de la nueva redistribución de escaños”, enfatizó.
El ministro detalló que la información final desagregada será concluida por el Instituto Nacional de Estadísticas en diciembre. “En diciembre estaremos (remitiendo el informe) con la desagregación mínima (…), es decir el nivel de manzanos y a nivel de comunidades y demás”, aseveró.
Al respecto, el exvocal electoral Gonzalo Lema declaró que el TSE debe contar con toda la información final para poder trabajar la redistribución de escaños y la delimitación de circunscripciones. Afirmó que sin el informe desagregado por municipios, no será posible que el Órgano Electoral trabaje en una nueva designación de curules.
“Se necesita los resultados desagregados para la redistribución, porque las circunscripciones uninominales van a trabajar sobre la suma de secciones municipales y pueblos originarios para armar redacción que se llama diputación uninominal (….). No se puede hacer redistribución de las circunscripciones uninominales sin resultados desagregados”, explicó.
El decreto de Arce
El senador de Comunidad Ciudadana Rodrigo Paz manifestó que luego del pronunciamiento del TSE y las declaraciones de Cusicanqui, el Decreto Supremo 4824 queda obsoleto. Añadió que la autoridad del Ejecutivo evidenció la debilidad de la normativa.
“El decreto debería indicar con precisión la información puntual que requiere el TSE pese llevar adelante su trabajo. Ahí la declaración del ministro nos revela que el decreto no tiene la función para generar un pacto fiscal real ni para generar un proceso de redistribución de escaños en el país”, aseveró.
Paz aseveró que las declaración del titular de Planificación no garantizan que se vaya a realizar la redistribución de escaños, porque los resultados desagregados estarán para diciembre de 2025.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz Rómulo Calvo calificó a Cusicanqui como “el ministro de la mentira”, puesto que hace seis días aseguró que no se podían entregar los resultados finales antes de diciembre y ahora declaró que lo harán en septiembre.
“Esta vergonzosa actuación, a la que el mismo ministro de la mentira e improvisación, se expone públicamente, hace que nos hagamos las siguientes preguntas: ¿por qué nos hicieron perder el tiempo con supuestas mesas técnicas? ¿Por qué nos mintieron diciendo que habrá censo con consenso, cuando en realidad lo que han hecho es imponer un criterio netamente político?”, cuestionó Calvo.
El cívico agregó que los representantes del Gobierno, los ministros: Eduardo Del Castillo (Gobierno), María Nela Prada (Presidencia), Cusicanqui y el vocero presidencial le “mintieron” a Santa Cruz. Por lo cual, pidió a los legisladores a despojarse de los colores políticos y aprobar la ley del censo para darle certidumbre a la población.
Santa Cruz comenzó un paro indefinido en demanda del censo 2023 el 22 de octubre. Hasta la fecha, el ente cívico mantiene la medida, en espera de la aprobación de la norma.
Ataques al Plan 3.000: Experto recomienda cumplir recomendaciones del GIEI y desarticular la paraestatal UJC
Luego del violento ataque de una turba identificada como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que durante cinco horas provocó zozobra en el Plan 3.000 con la utilización de petardos de 12 disparos, el abogado constitucionalista y experto en seguridad y defensa, Pedro Ugarte, instó a seguir las recomendaciones de GIEI y desarticular ese grupo paraestatal.
“Lo que debería hacerse es desarticular, no olvidemos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya ha emitió una opinión, que indica que debe desarticularse los grupos paramilitares y parapoliciales como lo son la Resistencia Juvenil Cochala, la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Kilómetro 0, en la ciudad de La Paz”, indicó el experto en entrevista con la ABI.
La noche del miércoles y parte de la madrugada de este jueves se registraron ataques en la avenida La Campana, del Plan 3.000.
Una turba de motociclistas y otros en vehículos llegaron al barrio popular promoviendo horas de terror en contra de la población que no ataca el paro cívico porque necesita trabajar y se ve obligado a hacer vigilias para resguardar sus fuentes de empleo.
“Debe poner en movimiento la normativa vigente y parar la intolerancia que se está viviendo en Santa Cruz, somos libres de pensar diferente”, remarcó Ugarte.
Señaló que esas personas que protagonizan los ataques al Plan 3.000 serían “pagadas” porque tienen una “logística muy amplia” que con los atentados y saqueos muestra su “intolerancia a la reactivación económica”.
Ante esta situación, el constitucionalista indicó que este grupo radical arremete contra los habitantes del Plan 3.000 porque durante años mostraron su vocación democrática y su deseo de trabajar.
Según los videos difundidos por medios locales, decenas de motocicletas identificadas como parte de la Unión Juvenil Cruceñista amedrentaron a los comerciantes con la utilización de petardos lanzados contra la población.
La procedencia de esos petardos de alto impacto debería ser investigado, según el jurista.
“Son grupos pagados, son grupos que tienen recursos económicos. Esos petardos que se están demostrando son de 12 tiros, son de fabricación brasilera. Hay que ver si su importación es legal, eso debería investigarse”, indicó.
Gremiales piden al Gobierno intervenir la violencia en Santa Cruz y analizan revocatoria del gobernador cruceño
La secretaria general de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, Mavel Machicado, pidió este jueves al Gobierno nacional intervenir los hechos de violencia que se viven en Santa Cruz y el sector analiza pedir la revocatoria del gobernador Luis Fernando Camacho.
“Estamos pidiendo la intervención del defensor del pueblo, del Ministerio Público, de la Policía ese tipo de acciones de violencia tienen que ser sancionados por que no es posible que nos vulneren el derecho al trabajo (…) estamos analizando de pedir lo que es la revocatoria de Luis Fernando Camacho”, aseveró Machicado en el programa Primer Plano de Bolivia TV.
La ejecutiva lamentó que Santa Cruz esté viviendo una dictadura ya que el gobernador Camacho no acepta que el sector quiera trabajar y a su vez desmintió que representantes autonombrados llamaron a un paro gremial, ya que el sector rechazó esa medida y realizó sus actividades con total normalidad en todo el país.
Asimismo, reprochó el accionar del Gobernador indicando que debería trabajar por la población y no incitar a la violencia.
La Confederación se encuentra en estado de emergencia, ya que es un sector que vive del día y no descarta en acudir a instancias legales para sancionar los hechos del Plan 3.000.
Machicado informó que aproximadamente el 80% del sector este compuesto por mujeres que, fueron violentadas por parte de la Unión Juvenil Cruceñista
“Han robado sus mercaderías, hay movilidades que han sido rotos sus parabrisas, se puedo ver por los medios de prensa, no vamos a permitir ese tipo de hechos”, lamentó.
Los gremiales aceptaron la fecha que el presidente Luis Arce fijó para el 23 de marzo de 2024 el censo de población y vivienda, y para septiembre del mismo año la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria.
“Apoyamos el Censo el 2024, porque la determinación no ha sido de una persona sino de las mesas de trabajo, además han asistido todas las autoridades menso Luis Fernando Camacho, nosotros no vamos a entrar en el juego de ese personaje nefasto”, aseguró.
