Vicepresidenta Boluarte denuncia un nuevo intento de golpe de Estado por parte del Congreso
Dina Boluarte atribuye denuncia a intento de golpe de Estado
Por Wilber Huacasi
La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, acudió ayer al Parlamento para ejercer su defensa ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). En su intervención, y con la asistencia de su abogado, insistió en que las firmas como presidenta del Club Departamental de Apurímac fueron solo para regularizar actos registrales y descartó eventuales conflictos de intereses.
A su salida, ante los medios de comunicación, consideró que las dos denuncias constitucionales formuladas en su contra se enmarcan dentro de la intención de un sector del Congreso de dar un golpe de Estado contra el Gobierno de Castillo.
“Están queriendo forzar una interpretación al artículo 126 de la Constitución y, al parecer, el contralor de la República está jugando en pared con estos congresistas antidemocráticos que quieren dar un golpe de Estado a un gobierno legítimamente elegido”, manifestó.
Boluarte recordó que hubo dos intentos frustrados de vacancia del presidente Pedro Castillo y algunos congresistas ya se han pronunciando en la línea de sacarla a ella de la vicepresidencia, como paso previo.
Actos de regularización
Durante la audiencia en la SAC, el abogado de Boluarte, Alberto Otárola, hizo énfasis en que el informe que sobre el caso elaboró la Contraloría no precisa en qué términos se produjo la supuesta gestión que califique como conflicto de intereses, por parte de Dina Boluarte.
Agregó que los documentos suscritos por Boluarte son de regularización registral, sobre hechos producidos entre mayo del 2019 y junio del 2021; es decir, antes de que resulte elegida vicepresidenta. “La expresidenta del club Apurímac (Boluarte) se encontraba obligada a suscribir estos documentos, aun cuando ya se encontraba de licencia”, recalcó.
En otro momento, Otárola se refirió al trámite que hizo Boluarte para solicitar la licencia del club. Según apuntó, ella era la única que podía efectuarlo, “en la medida que tenía la última inscripción registral”.
De hecho, en la audiencia también se hizo mención al documento enviado por Boluarte ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en diciembre del 2021, por una exoneración del impuesto predial.
Sobre esto último, el tesorero del club, Néstor Amado Camargo, que acudió como testigo, explicó que este trámite lo realizan todos los clubes departamentales, en el marco de una norma que lo permite.
Licencia en entredicho
Durante la misma audiencia, el notario Jorge Luis Gonzales puso en duda la licencia que solicitó Dina Boluarte respecto de su cargo como presidenta del club, al señalar que esta no tiene inscripción registral.
“Desde el 2019, ella sigue siendo presidenta (del club) hasta donde sé, y la licencia que ha pedido entiendo que no ha generado una inscripción registral, (…) no ha cambiado la situación posterior”, manifestó.
Consultado por La República sobre el tema, el abogado Alberto Otárola sostuvo que una licencia no es materia de registro. “Lo que pasa es que la renuncia o la licencia no son inscribibles, no se registran ante Registros Públicos”, expresó.
El tesorero del club, Néstor Amado Camargo, precisó que en enero de este año Dina Boluarte le otorgó los poderes para los trámites ante el municipio metropolitano de Lima.
Durante la sesión de ayer, Martha Moyano (Fuerza Popular) intentó limitar la intervención de Otárola para que no formule preguntas a los testigos. El pedido fue rechazado por la titular de la SAC, Lady Camones.
El contralor Nelson Shack no se presentó en la sesión y volverá a ser citado, lo mismo que el exalcalde de Lima Jorge Muñoz, quien se refirió a comunicaciones de Boluarte para incidir en la gestión de la licencia.
Luego de esto, Edgard Reymundo tendrá cinco días para presentar su informe final.
Piden intervención de juez en elección del defensor
El Sindicato de la Defensoría del Pueblo remitió un escrito al Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando que ordene al Congreso a cumplir con la medida cautelar otorgada para la suspensión de la elección del defensor.
El documento es enviado luego de que el Parlamento, bajo la presidencia de José Williams, decidiera someter a votación la terna de finalistas, en el pleno del jueves pasado.
El sindicato defensorial pide también al juez responsable que informe sobre lo ocurrido al Ministerio Público, a fin de que esta instancia actúe en el marco de sus competencias, en tanto se estaría cometiendo desacato a la autoridad.
