Pueblos indígenas latinoamericanos en la mira del narcotráfico y la contrainsurgencia – Por Gilberto López y Rivas

Pueblos indígenas latinoamericanos en la mira del narcotráfico y la contrainsurgencia

Por Gilberto López y Rivas*

El crimen organizado presiona a las comunidades para que cultiven amapola y marihuana. La estrategia de “combate contra el narcotráfico” militariza los territorios y despoja a los pueblos indígenas de sus recursos naturales. A los casos de Colombia y México, se suma el tráfico de drogas en Centroamérica y, en las fronteras entre Bolivia, Ecuador y Perú. Las Expediciones Bowman y el mapeo de regiones para los fines estratégicos estadounidenses también demuestran la complicidad de la academia con el neocolonialismo y el despojo.

La territorialidad, los recursos naturales, la integridad física y cultural, y las formas de organización colectiva de los pueblos indígenas latinoamericanos son acosadas permanentemente por las corporaciones del capitalismo neoliberal. Entre ellas, una de las más agresivas y menos mencionadas, es el narcotráfico que penetra día a día en los territorios indígenas, el bosque, el monte y la selva. Al mismo tiempo que los narcos fuerzan a los pueblos a cultivar amapola y marihuana, los jóvenes indígenas son reclutados como mano de obra por los cárteles de droga.

El desempleo generalizado en el mundo rural y la debacle de la producción agropecuaria provocada por los tratados de libre comercio, que benefician a Estados Unidos y condenan a la miseria y al éxodo a los campesinos, son razones para que muchas comunidades sean penetradas por el crimen organizado. Mientras el tráfico de drogas se expande, la estrategia del “combate contra el narcotráfico” ha servido de pretexto para que avance la militarización y la violación de derechos humanos en los territorios indígenas. A esto se suman las tareas contrainsurgentes de las fuerzas armadas hacia grupos paramilitares y guerrilleros.

El narcotráfico en América Latina

Colombia es el caso más claro de cómo los indígenas se encuentran entre el fuego cruzado de militares, narco-paramilitares y guerrilleros. En el norte del Cauca, el pueblo Nasa se vio forzada a poner en práctica una ordenanza para que su guardia indígena, armada solo con sus bastones con colores vivos, expulsara a los narcotraficantes de su territorio. Allí operaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los nasa también debieron negociar el cese del reclutamiento de jóvenes. En otros territorios, el enfrentamiento entre el ejército colombiano y los paramilitares generó el desplazamiento forzado de miles de indígenas que decidieron huir de la violencia.

En México, el narcotráfico opera en territorios indígenas ubicados en Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. En las cárceles se registran centenares de presos indígenas acusados por delitos contra la salud al mismo tiempo que existe una especial preocupación por los crecientes índices de drogadicción, como sucede en la comunidad Raramuris de Chihuahua. Se calcula que alrededor de 50.000 indígenas han sido víctimas de las redes del narco en al menos 60 comunidades del país. Así, la lucha contra el narcotráfico criminaliza a los pueblos indígenas y encubre las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y el sistema judicial.

Los indígenas de Centroamérica también sufren el narcotráfico. En los poblados mayas de Guatemala, los carteles mexicanos han instalado estructuras delictivas y controlan el transporte hacia América del Norte. En la ciudad hondureña de Puerto Lempira, el narco asedia a los indígenas misquitos. En tanto que en Nicaragua, las redes del tráfico de drogas han penetrado las comunidades misquitas de la Costa Caribe y las urbes multiétnicas de Bilwi y Bluefields. En el Tapón de Darién, como se denomina a la espesa selva ubicada en la frontera entre Panamá y Colombia, el narco despliega una red que se extiende desde Centroamérica hacia el norte.

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas expresó su preocupación por la situación de los pueblos indígenas transfronterizos víctimas de la militarización y el tráfico de drogas en las regiones limítrofes entre Bolivia, Ecuador y Perú. En este último país, se denunció que colonos procedentes de la región andina de Ayacucho invadieron territorios indígenas ubicados en la selva central para cultivar hoja de coca: uno de los cultivos que más se ha expandido en la Amazonía de la mano de la deforestación y la violencia.

Capitalismo y narcotráfico

Mientras las empresas madereras, mineras y turísticas buscan apoderarse de los recursos de los pueblos indígenas, el narcotráfico pretende despojarlos de su territorialidad, base material de su sustento y reproducción, y espacio estratégico de sus luchas. De este modo, las corporaciones capitalistas legales e ilegales expropian a los indígenas de sus tierras, recursos y fuerza de trabajo, al mismo tiempo que la criminalización facilita las actividades del ejército y los grupos paramilitares (el brazo clandestino de las Fuerzas Armadas) en sus tareas represivas y contrainsurgentes.

Esta descripción deja claro que la militarización no trae una disminución de las actividades delictivas. A nivel mundial, Afganistán es un caso ilustrativo ya que la ocupación neocolonial de Estados Unidos intensificó a más del doble la siembra y la venta de drogas. El economista canadiense Michel Chossudovsky afirma: “Resulta una amarga ironía que la presencia militar estadounidense haya servido para restablecer, en lugar de erradicar, el tráfico de drogas. (…) Las agencias de inteligencia, las grandes empresas, los traficantes de drogas y el crimen organizado compiten por el control estratégico de las rutas de la heroína. Una gran parte de los multimillonarios beneficios de las drogas están depositados en el sistema bancario occidental. La mayoría de los grandes bancos internacionales y sus filiales en los paraísos fiscales extranjeros blanquean enormes cantidades de narco dólares”.

Desde hace varias décadas han sido denunciadas la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros organismos de inteligencia en el tráfico de drogas para financiar sus gastos militares en Centroamérica, Vietnam y Afganistán. No es necesario recordar las denuncias de congresistas estadounidenses acerca de que la CIA financió a la guerrilla nicaragüense, los Contra, a través del tráfico y venta de cocaína en los barrios pobres de Los Ángeles.

El periodista Michael Gallant Smith sostiene acertadamente que el narcotráfico dota a Estados Unidos de un flexible mecanismo de control interno, da pretextos para presionar a otras naciones, especialmente latinoamericanas, y fortalece su economía al exportar inflación mediante el lavado de dinero: “Decomisos ocasionales de narcóticos, arrestos espectaculares de jefes del narcotráfico, tiroteos con muertos, imágenes conmovedoras de jóvenes adictos y robos violentos relacionados con las drogas son solo parte del espectáculo con actores reales montado por la propaganda del régimen de Washington”.

La delincuencia organizada actual es la cara clandestina del sistema capitalista neoliberal y su violencia inherente. El narcotráfico es una industria altamente rentable. Además de la economía del lavado de dinero también financia la venta legal e ilegal de armas del narco, en donde Estados Unidos es el principal proveedor. Ya en 2004, The Independent daba a conocer que “el tráfico de drogas es la tercera mercancía mundial en generación de efectivo tras el petróleo y el tráfico de armas”.

Geopolítica estadounidense en territorios indígenas

Las Expediciones Bowman son un programa que implica la utilización de la geografía para realizar un mapeo de las regiones que significan un interés estratégico para Estados Unidos. Hace 10 años, el dirigente zapoteco Aldo González denunció al Proyecto México Indígena por “geo-piratería” y financiamiento de parte de la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero de Estados Unidos. El proyecto era coordinado por los profesores de la Universidad de Kansas, Peter Herlihy y Jerome Dobson, quienes pretendieron acusar a González de ostentar una falsa representación comunitaria, estar “políticamente motivado” y hacer denuncias sin fundamentos.

A 10 años de esta controversia, con numerosos artículos y el libro Oaxaca. Militant Empiricism and Geographical Thought de por medio, podemos constatar que las acusaciones de Aldo eran ciertas y tenían bases sólidas: el Proyecto México Indígena forma parte de las conocidas Expediciones Bowman.

Uno de los supuestos “teóricos” más importantes, a raison d’etre de las Expediciones Bowman, proviene del Teniente Coronel Geoffrey B. Demarest. Antes de ser uno de los analistas principales del Proyecto México Indígena, el militar había sido entrenado en la Escuela de las Américas y fue agregado militar de la embajada de Estados Unidos en Guatemala durante el auge de las masacres contra poblaciones indígenas. Durante su paso por Colombia, Demarest escribió un ensayo que fue publicado por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero: Mapeando Colombia: información geográfica y estrategia. Allí relaciona sus estudios geográficos con el desarrollo de una guerra de contrainsurgencia exitosa.

La principal hipótesis de este experto castrense es que la propiedad comunal es la matriz de la criminalidad y la insurgencia. En Geopropiedad: asuntos externos, seguridad nacional y derechos de propiedad, Demarest señala que la posesión informal y no regulada de tierras “favorece el uso ilícito y la violencia”, y propone la privatización como “el único camino para el progreso y la seguridad de América Latina”. Para este investigador del Ejército de Estados Unidos es fundamental la desaparición de las formas de propiedad colectiva que sustentan los procesos autonómicos indígenas, ya que “el poder estratégico se convierte en la habilidad de retener y adquirir derechos de propiedad alrededor del mundo”. La defensa de la propiedad privada es clave para entender el interés del Pentágono en la tenencia de la tierra.

Como sea, la constituyente chilena, vanguardista en su configuración, se está jugando una cuestión trascendental: el reconocimiento de los pueblos, de sus derechos y del Estado como un sujeto político colectivo, múltiple, diverso y complejo. En las manos de los 154 constituyentes está la fórmula para lograr estos objetivos o, al menos, acercarnos a ellos en el Chile de los próximos 50 años.

Neocolonialismo, despojo y narcotráfico

Colegios profesionales, facultades, departamentos e investigadores optaron por un silencio cómplice a proyectos como México Indígena. En la misma línea, el Departamento de Defensa financió con más de 3.000.000 de dólares a la Iniciativa Minerva: una serie de investigaciones en América Central en conjunto con la academia local. Tal como ocurrió en México con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, las autoridades y profesores latinoamericanos suelen participar en estas investigaciones extractivistas que forman parte de la colonialidad académica: estancias en universidades extranjeras, la aceptación en revistas indexadas y la participación en congresos.

Tanto el Proyecto México Indígena como la Iniciativa Minerva demuestran que la ciencia no es neutra y que la acumulación primitiva curricular está al servicio del neocolonialismo sobre los territorios indígenas. En efecto, ningún colegio profesional se ha pronunciado en torno a la utilización de los Estados Unidos de sus respectivas disciplinas en quehaceres contrainsurgentes. Tampoco parece preocupar demasiado a los colegas que otra Expedición Bowman esté por iniciarse en algún “oscuro rincón” de Nuestra América.

Mientras tanto, las inversiones y políticas públicas que frenan de modo efectivo la expansión del narcotráfico en América Latina siguen estando ausentes. A pesar de que el “combate contra el narcotráfico” ha empeorado la situación, es la única herramienta que utilizan los Estados.

Este texto es una adaptación de un artículo publicado en el libro Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación (Bajo Tierra Ediciones, 2021). La versión electrónica del libro se puede descargar libremente haciendo click aquí.

*Gilberto López y Rivas es Doctor en Antropología por la Universidad de Utah, Profesor Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Morelos) y articulista del periódico La Jornada.Debates Indígenas