Perú | Fiscalía presentó denuncia constitucional contra Castillo por organización criminal y tráfico de influencias
Poderes enfrentados: Fiscalía deja en manos del Congreso el futuro del presidente Castillo
Luego de un día intenso de allanamientos en oficinas del Congreso, detenciones e intervenciones en viviendas del entorno presidencial, el mandatario Pedro Castillo Terrones enfrenta una nueva acusación a 15 meses de iniciado su gobierno. La fiscal de la nación presentó ante el Parlamento una denuncia constitucional por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y presunto cómplice de colusión.
Esta denuncia –la primera en su tipo contra un mandatario en ejercicio– se suma a cinco investigaciones en marcha contra Castillo Terrones por presuntos delitos de corrupción, organización criminal, encubrimiento personal contra la administración de justicia, tráfico de influencias y una sexta adicional por el supuesto plagio de su tesis de maestría.
«Desde este momento, es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción», dijo la fiscal de la nación, Patricia Benavides, tras presentar la denuncia ante el Parlamento.
Inmediatamente después del mensaje difundido por la fiscal Benavides, el Congreso informó que la denuncia constitucional ya había sido derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones, de la bancada de Alianza para el Progreso.
En la noche, el presidente Castillo, dijo en una conferencia –en la que no permitieron la presencia de la prensa peruana y solo habilitaron un espacio para los reporteros extranjeros– que se ha iniciado “la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú, con libretos creados utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal».
En la misma línea argumental, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, intentó descalificar las investigaciones contra el presidente Castillo con el argumento de que la razón es que «es una persona del campo» y que detrás están los que impulsaron la narrativa del fraude sin evidencia. “Aparecieron esos colaboradores eficaces, pero nunca presentaron una prueba directa contra el presidente de la República”, dijo Torres.
Aníbal Torres también hizo referencia a que el articulo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado en su periodo por delitos específicos como traición a la patria, impedir las elecciones o disolver el Congreso en casos no previstos. «La fiscal de la Nación está violando la Constitución», sostuvo.
Dos casos, un mismo objetivo
Las intervenciones contra el círculo más cercano del presidente y los seis congresistas de Acción Popular comenzaron a las 6 a.m. del 11 de octubre y se prolongaron durante más de 10 horas. Se tratan de dos casos: Asesores en la Sombra y Los Niños.
Como parte del caso Asesores en la Sombra se realizaron allanamientos y se ordenó la detención preliminar por 10 días de seis de las 13 personas identificadas por el Equipo Especial como parte de esta presunta organización criminal. En esta diligencia, fueron detenidas las personas del círculo más íntimo del presidente: Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León y Eder Vitón Burga.
El dueño de la casa del jirón Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, también estaba comprendido en el pedido de detención preliminar. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, su paradero era desconocido.
Como parte de este caso, también se allanaron los inmuebles de Beder Camacho, David Pérez Curi, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Gian Marco Castillo, Henry Shimabukuro Guevara, y Fray Vásquez Castillo, el sobrino prófugo del presidente Castillo Terrones.
Según la Fiscalía, esta presunta organización criminal se formó luego de la primera vuelta presidencial del 11 abril de 2021, para financiar la campaña para la segunda vuelta electoral de Pedro Castillo. Posteriormente, buscó recuperar lo invertido a través de la injerencia en el nombramiento de funcionarios públicos y en el direccionamiento de contrataciones públicas.
En paralelo a dicho operativo, personal de la Fiscalía y de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) también llevó a cabo el allanamiento de las oficinas y viviendas de seis congresistas de Acción Popular en el marco de la investigación del caso conocido como Los Niños.
En este caso, la hipótesis fiscal señala a un grupo de congresistas como parte de una organización criminal y de haber participado en el direccionamiento de obras públicas a cambio de obedecer órdenes del presidente Pedro Castillo.
Los congresistas de Acción Popular cuyas oficinas y residencias fueron allanadas durante la mañana fueron Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara.
Tras conocerse las diligencias de estos operativos, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, que es presidida por el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), solicitó a la Superintendencia Nacional de Migraciones que emita una alerta roja migratoria contra Segundo Alejandro Sánchez Sánchez y los seis congresistas de Acción Popular señalados como integrantes del grupo Los Niños.
Financiamiento en campaña
De acuerdo con el Equipo Especial, el grupo de Asesores en la Sombra ejecutó sus actividades en cinco etapas diferenciadas. La primera fase involucró el financiamiento de la campaña electoral de segunda vuelta de Pedro Castillo Terrones, entonces candidato por Perú Libre.
Según la investigación del Equipo Especial, un colaborador eficaz sostuvo que Castillo Terrones recibió aportes de campaña que no habrían sido declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Mencionan que el alcalde distrital de Anguía, José Nenil Medina Guerrero –en prisión preventiva por 30 meses– habría aportado a la campaña de Castillo Terrones más de un millón de soles.
En tanto, el empresario Segundo Alejandro Sánchez Sánchez –dueño de la casa Sarratea, en Breña, y quien se encuentra prófugo– habría aportado más de medio millón de soles. Según el mismo colaborador eficaz, Abel Cabrera Fernández aportó más de medio millón de soles.
De acuerdo con el informe técnico de la ONPE sobre el segundo reporte financiero de Perú Libre en el marco de las elecciones generales de 2021, esta organización política declaró que Segundo Alejandro Sánchez Sánchez aportó solo S/31.800 para la campaña de Castillo Terrones; en tanto, Abel Cabrera aportó S/23.000.
Consultado por OjoPúblico sobre cómo podría ser el proceso a seguir de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, César Azabache sostiene que lo primero que debe suceder es que desde el Congreso de la República se admita o no a trámite la misma.
Si se admite esta denuncia, una posibilidad –indica-–es que el Congreso opte por el mismo camino que el Ministerio Público: investigar al presidente Castillo, pero no acusarlo, pues el artículo 117 de la Constitución imposibilita hacer esto último.
Azabache señala que el Congreso de la República también puede aprovechar este periodo de investigación para discutir dos reformas pendientes. Primero, la modificación de su reglamento para autorizar a la Fiscalía de la Nación que los casos que tiene pasen a una fase de investigación preparatoria. “En paralelo, debería empezar a discutir la necesidad de derogar el artículo 117 de la Constitución y remover los obstáculos que en estos momentos impiden acusar a un presidente en ejercicio”, sostiene.
Otra hecho que recoge la investigación del Equipo Especial de la Policía es la declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP, que denunció que el mandatario Pedro Castillo buscó asilo para su exsecretario general Bruno Pacheco y también para sus sobrinos Gian Marco Castillo y Fray Vásquez, hoy prófugo.
Este colaborador eficaz sostuvo que Castilló habló por teléfono con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para coordinar el asilo y este le manifestó su respaldo y que luego el embajador de Venezuela le dio a Beder Camacho, exsubsecretario general de Palacio de Gobierno, los requisitos que debían presentar para que admitiera el asilo de los involucrados.
Horas más tarde, en conferencia de prensa, el presidente Castillo negó esta versión. «No lo he hecho y no lo haré», declaró.
Estos hechos, como señala el politólogo Iván Lanegra, pueden impactar en los siguientes escenarios políticos. “Los precedentes son claves para la institucionalidad pues abren cajas de Pandora. Aplaudir hoy una medida por sus efectos inmediatos y llamar tibios a quienes piden mesura, es seguido por lamentos cuando luego los rivales usan igual medida”, escribió.
Actualmente, el Congreso de la República tiene una desaprobación del 78%, mientras que la del presidente Pedro Castillo Terrones es de 67%, según una encuesta de setiembre Ipsos.
Abogado de Pedro Castillo anuncia acciones legales ante denuncia constitucional
El abogado Benji Espinoza, defensor legal del presidente Pedro Castillo, cuestionó la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el jefe de Estado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión y adelantó que presentará acciones «a nivel judicial y constitucional».
«Esta denuncia del Ministerio Público se hace violando frontalmente la resolución del juez supremo (Juan Carlos) Checkley, que en el expediente del caso Tarata dijo que el presidente Pedro Castillo durante su periodo no puede ser acusado constitucionalmente por el Congreso, salvo los cuatro supuestos del artículo 117 de la Constitución, pero parece ser que la Fiscalía desconoce los alcances de esta resolución judicial», señaló.
«Vamos a presentar una tutela ante la Corte Suprema para que haga prevalecer el fallo del juez (Juan Carlos) Checkley, que ya resolvió algo que tiene que cumplirse, porque el fallo no es papel mojado en tinta, tiene que respetarse y cumplirse lo que dice el juez. Vamos a presentar una demanda constitucional de amparo porque se está afectando los derechos fundamentales del presidente con esta actuación arbitraria y despótica del Ministerio Público», apuntó.
En diálogo con RPP Noticias, el abogado de Pedro Castillo insistió en que, si el Ministerio Público no toma en consideración lo dictado por el Poder Judicial sobre la posibilidad de investigar al jefe de Estado, entonces se está atribuyendo un «poder especial». Asimismo, cuestionó que la Fiscalía «tenga conclusiones» en una «investigación express».
«Por más elementos que tenga la Fiscalía, nunca presenta pruebas. Las pruebas únicamente se producen ante los ojos del juez y en el juicio oral. En la investigación no hay pruebas, menos aún en las diligencias preliminares no se actúan pruebas, así que es una gran engañifa que se pretenda decir que la Fiscalía tiene pruebas sólidas que soportan su denuncia», indicó.
«La Fiscalía está afectando el derecho al plazo razonable a la inversa; es decir, en lugar de garantizar que el presidente Pedro Castillo se defienda en un plazo razonable, le corta el plazo, le quita la investigación y lleva la discusión a un plano político. La pregunta es: ¿tenemos a una fiscal política o que actúa con criterios jurídicos», agregó.
Denuncia constitucional contra Pedro Castillo
Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, presentó la tarde de este martes una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.
Así lo informaron desde el Ministerio Público desde su cuenta de Twitter, donde precisaron que el documento suscrito por la fiscal de la Nación fue ingresado este martes a la mesa de partes del Congreso de la República.
En la denuncia indicaron, además, que la denuncia constitucional alcanza a Juan Silva Villegas, durante su gestión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Geiner Alvarado López, cuando se desempeñó como titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Ambos son sindicados por el Ministerio Público como presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario.
Actualmente el presidente Pedro Castillo afronta hasta seis carpetas de investigación por parte del Ministerio Público. Los exministros aparecen en algunas de estas carpetas fiscales como investigados por diversas licitaciones de obras.
Pedro Castillo: estos son los exasesores del presidente detenidos por la Fiscalía
Este martes, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por un plazo de diez días en contra de Segundo Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea en donde el presidente Pedro Castillo habría despachado durante los primeros días de su gobierno. Sin embargo, al llegar hasta su domicilio, el equipo especial de la Fiscalía no logró encontrarlo y se encuentra actualmente en condición de no habido.
Además, la orden judicial alcanzó a los exasesores presidenciales Eder Vitón y Biberto Castillo, quienes son sindicados por pertenecer al llamado ´Gabinete en la Sombra´. Asimismo, el exjefe del Gabinete Técnico de la Presidencia Auner Vásquez, el exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Salatiel Marrufo y el empresario Jenin Abel Cabrera Fernández fueron detenidos gracias a las diligencias del Ministerio Público.
Madre de Pedro Castillo se encuentra delicada
De acuerdo con fuentes de RPP en el Ministerio Público, la salud de la madre del presidente Pedro Castillo es delicada. Sin embargo, esto responde a razones ajenas a la diligencia de allanamiento. Según información ofrecida por sus hijas, el último lunes 10 fue dada de alta luego de haber sido operada al apéndice.
Una ambulancia llegó hasta la casa de la hermana del jefe de Estado, ubicada en la calle Fray Calixto, en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho, para brindarle asistencia médica. Fuentes de RPP mencionan que el allanamiento responde a fines de registro e incautación de documentos y equipos electrónicos pertenecientes a Gian Marco Castillo Gomez, sobrino de Pedro Castillo.
Minutos antes, el mandatario responsabilizó a la Fiscalía de la Nación por la salud de su madre. Mientras tanto, Eduardo Pachas, abogado del presidente, llegó hasta la vivienda de San Juan de Lurigancho.
