Colombia | El Congreso ratifica la adhesión al Acuerdo de Escazú
Colombia aprobó el Acuerdo de Escazú, ¿cómo va a implementarse?
Tres meses después de que asumiera la nueva bancada legislativa y tras cuatro debates en el Congreso, Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú, siendo el país número 14 entre los 24 que lo aprobaron. Aunque Iván Duque solicitó durante su gobierno que el Congreso de la República lo ratificara con celeridad, pasaron más de 700 días y unas elecciones antes de que se diera por fin.
La aprobación se dio en medio de un debate en el que las bancadas del Centro Democrático y de Cambio Radical se retiraron del recinto, minutos antes de la votación, alegando falta de garantías. Lo mismo señalaron los congresistas Marelen Castillo y Miguel Abraham Polo Polo.
Mientras el Acuerdo entra en vigor, la Corte Constitucional realizará un examen de si Escazú es acorde a los mandatos de la constitución. Y aunque su ratificación se dio este lunes, el pasado 22 de agosto, el Ministerio de Ambiente anunció la creación de un plan de emergencia para la protección de defensores ambientales, explicando que se trataba del inicio de la implementación de Escazú. Luego de que pase por la Corte Constitucional, entraría en vigor el Acuerdo.
Escazú tiene tres objetivos principales: el acceso a la información ambiental, por ejemplo, en contextos de proyectos que puedan afectar a ciertas comunidades y sus territorios, como explotación de hidrocarburos y minerales; la participación pública de todos los actores en las tomas de decisiones ambientales; y las garantías de acceso a la justicia para los defensores ambientales.
Sobre este último punto, vale la pena recordar que el último informe de la ONG Global Witness advirtió que en 2021 asesinaron a 33 líderes ambientales en el país. A nivel mundial, los países más inseguros para los defensores ambientales son México, Colombia y Brasil, de los cuales, solo falta Brasil por ratificarlo.
¿Qué sigue para el acuerdo?
Juan Pablo Sierra, Codirector de la ONG juvenil PactoXElClima, cuenta que ahora tienen que conciliar un cambio de título. “Era una proposición que se hizo en Cámara y se aprobó. Como se aprobó un texto diferente en Cámara y Senado hay que conciliar el texto. Es una cosa muy pequeña. Al texto de Escazú no se le puede cambiar nada”, añade.
¿Cómo se implementaría?
La pregunta del millón es cómo se aterrizará Escazú en el país teniendo en cuenta las políticas ambientales que ya tiene Colombia. Manuel Pérez Martínez, director del departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, explica que cada país debe implementar Escazú de acuerdo a su jurisprudencia, su aparato institucional y sus conflictos ambientales. Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente de la Universidad de los Andes, detalla lo que se hará es “tomar la reglamentación de Escazú, tomar la reglamentación que existe en Colombia y hacer un vínculo: cuál es más garantista y cómo fortalecemos”.
Sierra explica que tras la ratificación están previstas unas mesas de diálogo “para construir junto a las comunidades, sociedad civil y la academia cómo se va a aterrizar el Acuerdo, es decir, cómo se va a aterrizar el derecho al acceso a la información y a la participación” y cómo se diferenciaría de, por ejemplo, un derecho de petición o de una consulta previa, respectivamente.
La idea, comenta Sierra, es que esas mesas no se adelanten “encerradas en universidades o en espacios de difícil acceso para mucha población; no queremos que sean en Bogotá, queremos que sean descentralizadas y que no se quede en paneles de académicos”.
La Alianza por el Acuerdo de Escazú, integrada por la ONG Ambiente y Sociedad, la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, WWF, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y Dejusticia, ha formulado dos líneas para implementarlo.
Una sería reglamentarlo por sectores y actividades productivas, como el sector minero energético, el sector de transporte, entre otros. Y la otra sería reglamentar de acuerdo a líneas temáticas como agua, cambio climático y bosques. Por poner un ejemplo, Escazú podría entrar a fortalecer los planes de ordenamiento y manejo de cuenca, así como ayudar a actualizar los nodos regionales del Sistema Nacional de Cambio Climático. El fortalecimiento consistiría tanto en garantizar el acceso a la información ambiental, así como la participación de todos los actores, especialmente, de las comunidades.
El presupuesto de Escazú
La representante Carolina Giraldo Botero, líder ambiental y representante coordinadora del proyecto del Acuerdo de Escazú en la Cámara de Representantes, quien inició la plenaria en el debate de hoy, explica que la implementación del Acuerdo debe tenerse en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo. Según Giraldo, ya están en curso algunos proyectos de ley sobre participación ciudadana que serían complementarios al Acuerdo. De modo que Escazú entraría a ser el marco bajo el cual se dan los lineamientos para las leyes y el plan de desarrollo en materia ambiental.
Giraldo puntualiza que Escazú tiene “partidas presupuestales para que haya ese acceso a la información ambiental, se podrán hacer guías para que toda la población, especialmente los líderes ambientales, sepan cuáles son los mecanismos y las protecciones que ofrece el Acuerdo”. De hecho, una de las inquietudes sobre las que todavía no hay una respuesta clara es el tema del presupuesto. Y es que el Acuerdo establece un Fondo de Cooperación para todos los países que lo aprobaron, aunque, según explica Madrigal, aún no se conocen los criterios para acceder a los fondos ni el presupuesto con el que podría contar cada país.
Pérez, de la Universidad Javeriana, agrega que con Escazú habrá un “llamado al sector empresarial para generar una suerte de espíritu de colaboración” que tiene como base que “todos somos titulares de derechos: el empresario, el minero legal, el cultivador, los habitantes de la ciudad, los campesinos; todos tenemos las condiciones de reflejar de manera sincera las intencionalidades de proteger el recurso natural, sea el agua, sea el suelo, sea el bosque y es una obligación de determinada por él y protegida por el derecho internacional”, por lo que, puntualiza Pérez, “nadie se puede quedar atrás de esto, ni siquiera los organismos internacionales”.
Los “peros” a Escazú
Uno de los “peros” por parte de los sectores políticos que se oponían al Acuerdo es que alertaban que Colombia podría perder su soberanía como Estado. Según afirmó la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, durante una plenaria del Senado en julio, “la soberanía de Colombia estaría en riesgo con Escazú porque, cuando fusiona derechos humanos con derechos ambientales, activa la jurisdicción internacional”. Giraldo argumenta que “este es un Acuerdo internacional, como tantos otros que ha firmado Colombia y el ordenamiento jurídico seguirá siendo el que determine Colombia”.
Por su parte, Madrigal agrega que haber ratificado Escazú no significa “someterse” al Sistema Interamericano de Derechos, como afirman dichos sectores, sino que “es estar en un marco de garantías de derechos humanos”, pues el Acuerdo, dice, “establece de manera clara que los países tienen soberanía sobre sus recursos naturales y que siempre se van a aplicar las normas más garantistas” al respecto.
A esto, dice Sierra, hay que sumar la garantía del acceso a la justicia para líderes ambientales y su influencia en las metas climáticas que tiene Colombia y que son dos principales: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 51 % y cero deforestación a 2030, así como alcanzar la carbono neutralidad a 2050. “Si Colombia quiere cumplir con esas metas tan ambiciosas hay que enfocarse en las estrategias de proteger el liderazgo socio ambiental porque si mantenemos las cifras de asesinatos a líderes y lideresas ambientales no vamos a cumplirlas, ya que son ellos, y no es ninguna entidad, ninguna corporación autónoma ni ningún ejército, quienes ejercen la verdadera gobernanza en el territorio y protegen los ecosistemas estratégicos”, como la Amazonia.
Hasta la fecha el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Uruguay, Chile y Colombia.
