Lacalle flexibiliza la política antitabaco para “competir más efectivamente” con el contrabando
Lacalle Pou decretó la flexibilización de la política antitabaco para “competir más efectivamente” con el contrabando
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó un decreto que modifica la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo (18.256), reglamentada por el decreto 120 de 2019, relativa al empaquetado y etiquetado de cigarrillos. El documento aprobado por el mandatario, que fue propuesto por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y respaldado por el Consejo de Ministros, señala que la ley establecía “limitaciones” que afectan la comercialización en el “mercado formal frente a la competencia de cigarrillo de contrabando”.
La normativa aprobada durante la presidencia de Tabaré Vázquez imponía como única versión comercializable la cajilla dura de cigarrillos, de cartón con apertura flip top, y prohibía la cajilla blanda que, según plantea el gobierno, “ha sido tradicionalmente la de mayor venta en el mercado y cuyas características le permiten competir más efectivamente con aquellas mayoritariamente del mismo tipo que ingresan de contrabando”.
“Se entiende necesario mantener la identificación de cada unidad del producto y su empaquetado en cajilla blanda e identificar a quienes lucran con la venta al por mayor y menor de cigarrillos falsificados y de contrabando, desalentando el acceso al producto informal, determinando sanciones aplicables y explicitando su ámbito de aplicación”, se expresa en el decreto, que cambia la redacción de los artículos 7, 8 y 10 del anterior de 2019.
Además de eliminar el requisito de cartón duro como único material habilitado para el empaquetado, la nueva disposición establece que no se requiere que el interior de la cajilla sea de color blanco liso y que contenga una cubierta de papel metalizado. Además, se suprimió de la redacción la prohibición de incluir en los cigarrillos logos o inscripciones de las marcas, que ahora podrán “incorporar la identificación” que las caracteriza.
Según informó El Observador, el decreto fue aprobado sin contar con la opinión de la comisión asesora para el control de tabaco del Ministerio de Salud Pública.
