Perú | La crisis agraria y el gobierno de Castillo – Por Eduardo Zegarra
La crisis agraria y el gobierno de Castillo
Eduardo Zegarra
El presidente Pedro Castillo nombró esta semana a su sexto ministro de agricultura, la Ing. Jenny Ocampo, en medio de una severa crisis agraria que hasta el momento no ha tenido una respuesta mínimamente eficaz por parte del gobierno. Nombrar seis ministros en esta cartera en un periodo de sólo 13 meses ya es un indicio claro de improvisación, y refleja los graves problemas en el gobierno para entender y encarar los problemas coyunturales y estructurales de este vasto sector de más de dos millones y medio de agricultores familiares de nuestro país.
La anunciada segunda reforma agraria, pensada inicialmente como una propuesta de cambios profundos en la forma de gobernar para orientar políticas integrales y recursos presupuestales hacia la olvidada agricultura familiar, se ha convertido en un eslogan casi vacío de todo contenido concreto.
El ejemplo más claro de este desinterés (del propio presidente Castillo, por ejemplo), es que no se ha instalado el gabinete de desarrollo agrario rural (que le toca presidir), y que fuera creado mediante DS 002-2022-MIDAGRI a inicios de este año. Pese a tener un plazo de diez días para instalar esta instancia clave para el impulso a la segunda reforma agraria, han pasado más de doscientos cuarenta días y nada.
Los diversos gremios agrarios vienen expresando en todas sus letras su descontento y frustración frente a este abandono de una de las promesas más importantes del entonces candidato de segunda vuelta Pedro Castillo. Es probable que esta promesa al electorado haya sido decisiva para consolidar y ampliar el apoyo que tuvo el candidato de Perú Libre en las zonas rurales y agrarias de todo el país. Sin embargo, parece que se trató de una promesa demagógica más, sobre la cual hoy ya los agricultores tienen pocas esperanzas de cumplimiento.
Pero este tema no es el más grave y urgente para nuestros agricultores, sino la cada vez más patente incapacidad del gobierno de Castillo para enfrentar la grave crisis de los fertilizantes, un problema sobre el que se le viene advirtiendo al Ejecutivo por lo menos desde setiembre del año pasado.
A un año de estas advertencias desde los gremios (los precios de los fertilizantes se empezaron a disparar hasta duplicarse a fines del año pasado y se triplicaron este año en medio del conflicto Rusia-Ucrania), el gobierno sólo ha atinado a nombrar ministros sin mayor capacidad de gestión, que no han podido siquiera organizar una compra internacional de urea. El descrédito y la pérdida de credibilidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego entre los agricultores debe estar a niveles parecidos a los que tiene el Congreso de vacadores y gestores de intereses particulares.
En este contexto, los retos que enfrenta la nueva ministra Ocampo son inmensos. Deberá encontrar rápidamente una respuesta eficaz a la crisis de los fertilizantes, la que ha ido mutando en los últimos meses ya que los privados han aumentado de manera significativa las importaciones de urea en los últimos tres meses (aunque aún a precios altos). Lo que ahora se requiere es lanzar un programa rápido de subsidios a través de vouchers de descuento para que los agricultores puedan adquirir urea a un tercio de su elevado precio actual (promedio 225 soles por saco, cuando deberían pagar unos 80 soles máximo), y aprovechar el poco tiempo que queda de la campaña grande.
La nueva ministra debería desechar la idea de insistir en importar urea desde el estado (ya el problema no es de falta de oferta interna sino de elevados precios), y orientar esos recursos al subsidio. Igualmente, debe cambiar el esquema del llamado fertiabono, una transferencia monetaria no condicionada a la compra de fertilizantes y que se ha lanzado de manera irresponsable con un padrón de agricultores que apenas tiene registrados al 30% de nuestros productores agrarios.
Los recursos del mal diseñado fertibono se deberían también orientar al esquema de vouchers de descuento, y utilizar los padrones de las más de 120 juntas de usuarios de riego en todo el país. Esto debe acompañarse de convenios con las distribuidoras y casas comerciales de insumos agrarios para el buen funcionamiento del esquema. La ministra tiene muy poco tiempo para tomar estas decisiones, pero sí sigue atada a la herencia de ineptitud y burocracia insensible que predomina en el MIDAGRI (con excepciones), difícilmente podrá pasar esta difícil prueba de fuego.
Finalmente, si la nueva gestión de la ministra Ocampo sale más o menos bien librada de este primer desafío de los fertilizantes, deberá plantearse con seriedad el relanzamiento del proceso de la segunda reforma agraria. Y la señal más importante al respecto es que el propio presidente Castillo instale el gabinete de desarrollo agrario y rural al que se comprometió, y que se inicie una etapa distinta en favor del agro, con compromisos firmes, decisiones ejecutivas, planes y asignación de recursos financieros hacia el crucial desarrollo de nuestra agricultura familiar, pilar central de nuestra alimentación y agrodiversidad.
