México | Fiscalía General confirma detención de un general por el caso Ayotzinapa
Confirma FGR captura del general Rodríguez Pérez por caso Iguala
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la aprehensión del general José Rodríguez Pérez, quien fue comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El militar se entregó a los agentes de al Policía Federal Ministerial a la una de la tarde con 45 minutos del miércoles pasado, y conforme a la ley fue ingresado en la prisión del Campo Militar 1-A, a las seis y media de la tarde, según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Registro de la aprehensión del general Rodríguez Pérez. Imagen difundida por la SSPC
El subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer la detención durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde anunció que otros dos elementos del Ejército también fueron detenidos en relación al mismo caso, quienes de igual forma permanecen en el Campo Militar 1-A.
Todos fueron presentados ante un tribunal militar donde comparecieron para notificarles de la orden de aprehensión librada en su contra, así como para registrar su buen estado de salud.
Sin embargo, en las próximas horas deberán comparecer ante el juzgado segundo de procesos penales federales, en Almoloya, Estado de México, quien solicitó su detención, y en donde se llevará su proceso, pues como las presuntas víctimas son civiles, el juicio se llevará ante un juez del fuero civil.
José Rodríguez Pérez, los ojos, la mano y el arma en la noche de Iguala
Por Lydiette Carrión
Este miércoles, autoridades detuvieron a José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Iguala cuando los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada. La detención fue en la Ciudad de México, ya como general brigadier en retiro. Fuentes extraoficiales señalan que, en las últimas 24 horas, se han generado más detenciones por la desaparición forzada de los normalistas, entre ellas estaría el subteniente Alejandro Pirita.
Desde 2014 medios periodísticos y declaraciones ministeriales señalaron la relación entre el Batallón 27 de Iguala y el crimen organizado, específicamente encarnado en Guerrero Unidos; y señalaron las omisiones y probables responsabilidades de Rodríguez Pérez.
A diferencia de la mayoría de los batallones, que son reubicados cada pocos años para evitar una posible corrupción, el Batallón 27 de Iguala se encuentra en el mismo lugar desde la época de la guerra sucia. Fue un Batallón que se especializó por años en el combate a grupos insurgentes.
Un recuento de lo recabado por la CNDH y publicada en su recomendación de 2018 detalla el papel que Rodríguez Pérez tuvo aquella noche.
Derivado de la información que el C-4 de Iguala proporcionó al 27/o. Batallón de Infantería, relacionada con la caravana de autobuses de los normalistas bloqueada en su trayecto en las calles de Juan. N Álvarez y Periférico Norte por policías municipales de Iguala, el Coronel José Rodríguez Pérez, Comandante del 27/o. Batallón de Infantería se comunicó telefónicamente con Felipe Flores Velázquez, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Iguala, a quien le preguntó si tenía algún problema con los estudiantes. Felipe Flores contestó: “que no, que no tenía ningún problema, que su personal ya se encontraba en filtros”. 1458 (declaración de José Rodríguez Pérez).
La CNDH destaca que, en el mismo mensaje 22632, el Comandante del 27 Batallón informó que, «dada la situación, aproximadamente a las 22:00 horas, se comunicó con el Coordinador Operativo de la Policía Estatal en la Zona Norte, José Adame Bautista, quien señaló que su personal no asistiría a prestar apoyo a la Policía Municipal de Iguala, a menos que recibiera instrucciones de sus superiores. El Coronel José Rodríguez Pérez, Comandante del 27/o. Batallón, en sus declaraciones ministeriales, omite haberse comunicado con el Coordinador Regional de la Policía Estatal, sin embargo, si informó de esta comunicación al Comandante de la 35/a. Zona Militar en el referido mensaje”.
7:30 pm. El coronel envía subalterno a la caseta
De acuerdo con los registros telefónicos, Rodríguez Pérez instruyó directamente vía celular, al cabo Ezequiel Carrera Rifas para que se trasladara a la caseta de cobro número 3, ubicada en la carretera Iguala-Puente de Ixtla y verificara si los estudiantes normalistas realizaban en el lugar actividades de boteo.
Minutos más tarde, el cabo le informó que sí –aunque no hubo evidencia de que los estudiantes hicieran exactamente eso– y luego se retiró rumbo al centro.
Rodríguez Pérez informó de esto a su superior, en la zona militar 35, en Chilpancingo, Alejandro Saavedra, se recoge en el Primer informe del GIEI.
9 pm. Sabe que los estudiantes se llevan un autobús.
A las 9 de la noche, según un subordinado informa directamente al Comandante que los estudiantes se quieren llevar un autobús desde la central camionera Estrella Blanca. Pero Rodríguez Pérez no gira ninguna orden.
A las 9:30, media hora más tarde, le informan de nuevo al comandante que hubo “problemas” en el centro de Iguala: una “riña” entre policías y estudiantes. Desde ese entonces, el comandante fue informado de que policías municipales disparaban contra estudiantes. Y de nuevo, no dio ninguna orden.
9:30 a 11 pm. Le informan del ataque de los policías
Los subalternos Joel Gálvez Santos,y González Cano reportan al comandante que: “Personal de la policía municipal y normalistas tenían confrontamiento y los normalistas les estaban tirando piedras a los policías”.
El informe de la CNDH agrega:
La situación da un giro radical en el momento en el que, de manera injustificada y desproporcionada, los estudiantes son agredidos frontalmente con disparos de arma de fuego, por elementos de la policía municipal de Iguala. Este momento es determinante en la sucesión de los hechos, porque evidencia de forma clara que quienes agreden con armas de fuego son los policías municipales de Iguala».
En otras palabras, Rodríguez Pérez sabía desde las 9:30 de la noche que los policías municipales agredieron con armas de fuego a los estudiantes.
11 pm. Envía a subalterno al hospital
Entre las 11 y 11 y media de la noche, Rodríguez Pérez instruyó al teniente Roberto Vázquez Hernández, para que acudiera al Hospital General “Jorge Soberón Acevedo”. Ahí Vázquez verificó el ingreso de personas heridas por arma de fuego. A pesar de tener reportes claros de personas lesionadas, no hizo nada más.
En el hospital informaron que, alrededor de las 9 de la noche, ingresaron a dicho nosocomio personas lesionadas por arma de fuego. Uno de ellos, quien después se sabría, se trataba del normalista Aldo Gutiérrez Solano, había sido herido en la cabeza. Horas después, alrededor de las 03:40 horas del 27, el Teniente Vázquez Hernández, acudió al hospital “Jorge Soberon Acevedo”, lugar en el que le informaron del ingreso de 17 adolescentes. Entre estas personas se encontraban integrantes del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo.
El Coronel Rodríguez Pérez instruyó a su teniente que se trasladara al crucero de Santa Teresa para verificar los hechos en los que adolescentes del equipo de fútbol Los Avispones fueron agredidos. Nunca ordenó que se les diera ayuda.
Por su parte, el Coronel Rodríguez Pérez declaró en su momento que llegaron a las instalaciones del Batallón, alrededor de 6 personas “alteradas”, que requerían apoyo para sus compañeros, que habían sido agredidos por civiles armados.
Minutos más tarde, el Comandante envió a otro subordinado al cruce de Santa Teresa (donde había ocurrido la agresión contra los avispones).
Poco después de la medianoche, el coronel Rodríguez Pérez habría ordenado al capitán segundo de Infantería, José Martínez Crespo integrar un comando para dar “recorridos por la ciudad de Iguala”. José Martínez Crespo fue el primer militar detenido por el caso Ayotzinapa, el 14 de noviembre de 2020.
El comando de Martínez Crespo se encontró los cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino tirados sobre el asfalto -se trataba de los normalistas Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo- en las calles de Periférico y Juan N. Álvarez. También hallaron tres autobuses con impactos de proyectiles. Pero no hicieron nada. Se dirigieron al hospital Cristina. Tampoco pidieron ayuda o asistencias. Llegaron ahí a las 1:08 horas del 27 «e intimidaron a sobrevivientes del ataque.
Los días siguientes: el asesinato
Después de esa noche, y ya con las denuncias por la desaparición de los estudiantes, el 28 de septiembre, madres y padres de los normalistas acudieron personalmente a la sede del Batallón. Se entrevistaron con el coronel. Este negó la entrada a las instalaciones y negó saber algo respecto a sus hijos.
En octubre o noviembre de 2014, un grupo de estudiantes escuchó decir a un grupo de soldados que los cuerpos de normalistas habrían sido incinerados o desaparecidos en las instalaciones militares.
El día de hoy, según el informe de Ayotzinapa dado a conocer por el subsecretario de Derechos Humanos, se desprende que fue el mismo coronel –hoy detenido– mató o mandó matar a seis estudiantes que habrían permanecido privados de la libertad, vivos, al menos hasta cuatro días después.
Familiares de normalistas: «No nos informaron»
Este jueves las madre y padres de los normalistas emitieron un comunicado, acompañados por diversas organizaciones sociales. Ahí denunciaron que las familias no fueron personalmente notificadas, ni del fallo en favor de José Luis Abarca, ni de la detención de José Rodríguez Pérez.
A continuación, lo transcribimos íntegro:
1. En cuanto a la resolución dictada a favor de José Luis Abarca: las familias no han sido notificadas y no conocemos integralmente el fallo. Se ha dado a conocer que es una sentencia absolutoria a favor de José Luis Abarca y 19 personas más, entre las que se encuentran al menos 11 ex policías municipales de Iguala que habían sido señalados como parte del Grupo de «Los Bélicos», controlado por la delincuencia organizada (Alejandro Andrade de la Cruz, Arturo Calvario Villalba, Baltazar Martínez Casarrubias, Emilio Torres Quezada, Fausto Bruno Heredia, José Vivencio Flores, Mario Cervantes Contreras, Miguel Ángel Hernández Morales, Nicolás Delgado Arellano, Zulaid Mariano Rodríguez, Iván Armando Hurtado Hernández). La sentencia fue dictada dentro de la Causa Penal 66/2015 del Juzgado Primero de Distrito
con sede en Tamaulipas. Destacamos que la sentencia es todavía impugnable y llamamos a la Fiscalía a interponer la apelación correspondiente. No dejamos de hacer notar que esta sentencia deriva de una causa que en su momento se inició con la acusación que en 2014 presentó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), misma que presentó numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura, lo que derivó incluso en la exclusión de múltiples pruebas de cargo debido a su ilicitud. La acusación era incorrecta pues incluso encuadraba los
hechos como «secuestro» y contenía múltiples errores fácticos. En ese sentido, más que la judicatura, el resultado de absolución es atribuible a la mala actuación de la entonces Procuraduría General de la República. Por ello, como en su momento insistimos reiteradamente los representantes de las familias, debieron presentarse nuevas acusaciones con la tipificación correcta de desaparición forzada y con pruebas lícitas, pues era previsible que este fallo llegaría.
2. En cuanto a la presunta detención del General Brigadier José Rodríguez Pérez, quien en su momento fuera Coronel del 27 Batallón de Infantería, los padres y las madres no han sido notificados aún de la radicación de esta causa penal. Ignoramos por ello los extremos de la acusación, incluyendo los delitos que se le imputan y si estos se ajustan a los hechos contenidos en el Informe del Presidente de la COVAJ (incluyendo la presunta participación de este militar como autor intelectual de delitos graves contra algunos estudiantes) o bien a otros hechos investigados por la UEILCA. Dado que la prueba sobre la colusión de elementos del 27 Batallón de Infantería con la delincuencia organizada es abundante, si este proceso avanza con prueba sólida puede ser muy relevante para que rindan cuentas quienes por acción u omisión tienen responsabilidades.
