Chile: por un “apruebo” popular, que haga costumbre la dignidad – Por Paula Giménez y Matías Caciabue
Por Paula Giménez y Matías Caciabue*
El próximo domingo, 15,1 millones de chilenos asistirán a las urnas para aceptar o rechazar la nueva constitución que la Asamblea Constituyente entregó en mano al presidente chileno Gabriel Boric en julio de este año.
El nuevo texto constitucional supone un cambio radical para el modelo de país construido desde la dictadura pinochetista. Toca intereses, tensiona a diferentes sectores y pone al pueblo chileno en la encrucijada de forzar los límites institucionales a través de los que se encauzó el estallido rebelde del pueblo chileno, en 2019.
El jueves pasado, el acto de cierre de campaña por el apruebo convocó a casi medio millón de personas en Santiago, mientras que la opción contraria apenas movilizó a 400 personas. Sin embargo, las últimas encuestas que se difundieron el 19 de agosto, pronosticaron 46,7% para el rechazo; 37,8% para el apruebo y 15,5% para indecisos. Unos números que denotan el trabajo quirúrgico de las operaciones mediáticas.
Si bien en la historia de las luchas populares, queda demostrado que la conquista y la institucionalización de los reclamos que se materializan en leyes sólo son una parte de las mismas, la comparación entre la nueva y la vieja Constitución chilena, muestra un saldo de amplias y profundas conquistas, como resultado del proceso de lucha popular que se desencadenó en 2019.
Hay cuatro ejes que pueden calificarse centrales dentro del proceso de reforma que propone la nueva constitución, referidos al rol del estado, el régimen de gobierno, reconocimiento de los pueblos originarios, medioambiente y derechos del agua.
Se propone un «Estado social y democrático de derecho», apuntando a transformaciones económicas, pensiones, salud y cuidados. La definición de un Estado Plurinacional e intercultural, y la determinación de constituir las autonomías territoriales indígenas; aspecto que involucra desde la posibilidad del ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos y naciones indígenas hasta la garantía de que podrán disponer de recursos para eso (como la recuperación de sus tierras).
Otro de los aspectos centrales es el agua que se transforma de «propiedad» a «inapropiable». El Estado debe preservarlos, conservarlos y, en su caso, restaurarlos. Debe, asimismo, administrarlos de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa. Respecto de aquellos bienes comunes naturales que se encuentren en el dominio privado, el deber de custodia del Estado implica la facultad de regular su uso y goce.
En lo que refiere al Sistema Político se establece un régimen presidencial con poder legislativo que contempla un congreso de diputados y diputadas y se eliminaría el senado y se suma una Cámara de las Regiones. Por otro lado, Chile tendrá por primera vez una democracia paritaria establecida desde la constitución.
En relación a la policía la nueva constitución establece que “son instituciones policiales, no militares” y esto llevaría a una reforma y un debate sobre la institución de los Carabineros. En la misma línea se elimina la figura del Estado de Emergencia, relacionado con la perturbación al orden interno, utilizado durante el estallido del 2019 y en la macrozona sur.
Entre el “Apruebo” y el “Rechazo” ¿Qué está en juego?
El rechazo de la propuesta de esta nueva constitución supondría sin dudas el triunfo de la derecha que empujó hacia un acuerdo para dar una salida institucional al estallido social iniciado en 2019.
El nuevo texto constitucional recoge muchos de los reclamos y banderas que emergieron al calor de la lucha popular y que buscan transformar las instituciones como el Estado en una herramienta que otorgue garantías a los sectores populares. Le da rango constitucional a cuestiones fundamentales, tales como el derecho al agua y tensiona las estructuras económicas y políticas que han sostenido un status quo a lo largo de las últimas tres décadas.
La instalación de una Asamblea Constituyente, presidida en primera instancia por Elisa Loncón, una pensadora académica de origen mapuche; la redacción de un nuevo texto y su aprobación, es un nuevo enfrentamiento, al que acude el pueblo Chileno. El resultado, definirá las posibilidades del avance popular, no sólo en Chile sino en la región, si se considera que latinoamérica se encuentra hoy frente a otras disputas decisivas, como es el caso de Brasil y la pelea electoral que libra Lula da Silva, tras haber sido encarcelado e inhabilitado, o la resistencia de Cristina Fernández de Kirchner contra el Lawfare y el sicariato, rodeada y custodiada por el pueblo argentino, en los últimos días.
De ser rechazado el nuevo texto, el presidente Boric quedará debilitado y deberá volver a convocarse a la constituyente para elaborar una nueva propuesta. Se ampliará así el margen de acción de los sectores económicos concentrados la derecha política que buscarán cercar al gobierno, desgastar a la movilización y a las células organizativas que quedaron como saldo del proceso de la revuelta.
Aprobada la constitución se abren nuevos desafíos, no más sencillos, pero sí con otras condiciones para los sectores populares; que deberán redoblar los esfuerzos en pos de la organización, recuperar los cabildos o formas de construcción que les permita tener un despliegue territorial, conquistar decididamente las calles y tensionar la aplicación de todos y cada uno de los artículos de esta nueva constitución. Basta ver como el apruebo del Sí en el referendo que puso fin al gobierno de Pinochet, ocurrido en 1988, no alcanzó para desterrar la herencia de la dictadura.
Jamás la derecha ha cedido sus privilegios, se aferrará a ellos hasta el fin. Solo la lucha del pueblo organizado y movilizado puede arrancárselos. Que este cuatro de septiembre la dignidad se haga costumbre.
*Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
