Bolivia frente a la crisis alimentaria post COVID-19

Néstor Araujo

La economía boliviana se enfrenta a dos retos sustanciales: aumentar sus niveles de reservas internacionales y disminuir su excesiva dependencia del sector primario

En Bolivia existen condiciones estructurales y políticas que le permiten mayor resiliencia frente a la crisis alimentaria que enfrenta el mundo en 2022. La política económica boliviana le ha permitido que, a junio de 2022, tenga una tasa de inflación de 1.79% y perspectivas de crecimiento de 3.9%; un escenario distinto al de sus vecinos. El crecimiento boliviano se ha basado en políticas heterodoxas. La soberanía alimentaria es un posicionamiento político sobre cómo afrontar la crisis alimentaria; ha tenido éxito en Bolivia, pero es difícilmente replicable en otros países.

La actual crisis alimentaria occidental no solo es coyuntural, sino estructural. Si bien la pandemia de Covid-19 agudizó esta problemática y el conflicto ruso-ucraniano la puso en boga en la prensa, las causas están en la estructura de los sistemas alimentarios. La FAO señaló en 2020 que el problema del hambre en países subdesarrollados tiene que ver con el acceso económico a los alimentos.

La inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe está relacionada con problemas de desigualdad económica, dependencia, economía política y cambio climático. Las políticas económicas neoliberales instauraron la liberalización y financiarización de la agricultura. Con el neoliberalismo, los gobiernos latinoamericanos abandonaron las transferencias al campo, y la tecnificación de éste pasó a manos del capital agroindustrial. Esto causó que la región quedase más vulnerable ante externalidades como la inflación importada, la depreciación de las monedas nacionales y los cambios en los precios internacionales de productos agroalimentarios.

Bolivia cambió drásticamente su política económica con la llegada al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2005 y una nueva constitución en 2009. El tipo de cambio es controlado por el Banco Central; desde 2011 un USD equivale a 6.86 bolivianos. Como resultado, la economía boliviana se ha desdolarizado, la moneda nacional ganado confianza y se mantiene un bajo nivel de endeudamiento externo. Los problemas son el nivel de reservas por el alto consumo importado y la acumulación de la inflación.

La nacionalización de los hidrocarburos en 2006, aunado al tipo de cambio fijo, aumentó los ingresos de Bolivia, principalmente por la venta de gas natural a Argentina y Brasil; su PIB entre 2005 y 2019 creció a un promedio de 5% anual, pasó de 19,355 mdd a 37, 365 mdd. Las políticas redistributivas y de transferencias impulsadas por el MAS redujeron la pobreza extrema de 37% de la población en 2005, a 13.5% en 2020. Lo anterior fue determinante para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria en el país.

En Bolivia las políticas de seguridad alimentaria van de la mano de la soberanía alimentaria. La diferencia sustancial entre una categoría y otra es el derecho que reclaman los pueblos indígena-campesinos para definir sus propias estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos. La seguridad con soberanía alimentaria (SSA) implica privilegiar la pequeña propiedad agrícola y la producción para el mercado interno. El gobierno boliviano estableció una política comercial que, aunado a la geografía del país, limita la importación de productos agroalimenticios y al mismo tiempo se está produciendo una pequeña exportación de éstos a los países vecinos.

El crecimiento de la economía boliviana y las políticas de transferencias bajo la directriz de la SSA causaron que la prevalencia de la subalimentación, indicador utilizado por la FAO para medir el hambre, disminuyera de 28% en 2005 a 12% en 2020. Si bien Bolivia aún está lejos de erradicar este problema, el avance es significativo por el tiempo en el que lo lograron.

La SSA es un posicionamiento político frente a la producción agroindustrial en el neoliberalismo. Bolivia promueve activamente esta categoría a nivel regional. En la OEA, Estados Unidos y Canadá tildan a la soberanía alimentaria de proteccionismo. En cambio, en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la SSA es vista como una herramienta para conseguir mayor autonomía con respecto a Washington.

En el contexto del multilateralismo bipolar y la crisis de la hegemonía estadounidense en ALC, la SSA es políticamente relevante para los países de la región. Esta supone un antagonismo explícito a la visión de la organización internacional occidental sobre cómo afrontar la crisis alimentaria; sin embargo, el caso boliviano es difícilmente replicable en otros Estados de ALC.

La geografía, la política económica y las características socioculturales del país andino hicieron posible la instauración de la SSA en sus políticas públicas. Además, su cuenta de capitales cerrada y el tipo de cambio fijo reducen la vulnerabilidad frente a externalidades que pudieran impactar en la inflación y, por tanto, en el acceso a alimentos. Para sostener esto, la economía boliviana se enfrenta a dos retos sustanciales: aumentar sus niveles de reservas internacionales y disminuir su excesiva dependencia del sector primario.