Otro capítulo de impunidad en Uruguay – Por Nicolás Centurión
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Nicolás Centurión*
Esta semana en Uruguay se escribió un nuevo capítulo de impunidad. La Fiscalía pidió el archivo de la causa que investigaba espionaje en democracia.
La investigación concluyó que existió espionaje ilegal y “debilidad de los controles institucionales y democráticos”, pero el fiscal consideró que los delitos prescribieron.
Las cloacas del Estado, los servicios de inteligencia, los herederos de la dictadura cícico-militar (1973-1985) salieron indemnes una vez más.
El Archivo Castiglioni
En octubre de 2015 el fiscal Carlos Negro y la jueza Beatriz Larrieu incautaron 60 cajas que contenían archivos de la dictadura reunidos por el exdirector de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Víctor Castiglioni.
Castiglioni es señalado como el cuadro de los Comando Caza Tupamaros, y uno de los coordinadores de los escuadrones de la muerte junto a Armando Acosta y Lara, Oscar Delega, Hugo Campos Hermida, y Ernesto Motto. Era uno de los nexos uruguayos con la triple A argentina incluso antes de que tomara forma el Plan Cóndor con las demás dictaduras del Cono Sur, lo que se dice un “pesado” de la represión antisubversiva.
El voluminoso archivo (65 cajas de papel, 500 disquetes y más de 100 CDs) reúne documentos oficiales, registros de seguimientos y notas de Castiglioni que llegan hasta 2015, es decir que los aparatos de inteligencia militar continuaron operando más de 30 años luego del retorno democrático.
Este archivo fue heredado por su sobrino, Elmar Castiglioni, quien además de docente del Centro de Altos Estudios Nacionales CALEN fue el vocero del Foro Libertad y Concordia, organización que se ha destacado por hacer una abierta defensa de golpistas y torturadores, siempre bajo la mirada tolerante de los distintos partidos políticos que fueron gobierno (colorados, blancos y frenteamplistas), incapaces de dictar mínimas sanciones ante diversas declaraciones de reivindicación de la dictadura y el terrorismo de Estado.
Junto a documentos calificados como reservados hay recortes de prensa, audios e informes nacionales e internacionales sobre distintos temas. El archivo cuenta con información sobre lo sucedido en dictadura, y también sobre el periodo democrático, mostrando la continuidad de estas prácticas aún luego del retorno de la democracia.
Los documentos revelan, entre otras cosas, la presencia en Uruguay de Licio Gelli, líder de la logia Propaganda Due (P2), organización criminal italiana con vínculos con todo el sistema político de aquel país y que varios miembros de la masonería uruguaya, que fueron también miembros de la logia.
Castiglioni también mostró su interés por la situación en Centroamérica (Nicaragua, Cuba, etc.), por la organización separatista vasca ETA y por el caso Berrios, militar pinochetista que fabricaba armas letales y fue asesinado por militares chilenos y uruguayos.
El semanario Brecha, sostiene que entre los objetivos de este esquema de inteligencia paraestatal estuvieron Jorge Batlle, Liber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti, Gustavo Penadés, Azucena Berrutti, la fiscal Mirtha Guianze, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Setelich, Jorge Vázquez.
Asimismo, los jueces penales Alberto Reyes y Rolando Vomero, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Colorado, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, el Partido Comunista, la Unión de Trabajadores del Metal y el sindicato de la estatal telefónica Antel.
Se comprobó además que los archivos tienen información que llega al año 2015 con documentos referidos al plebiscito del 2009 por la derogación de la ley de Caducidad, referencias a actividades de políticos y gremialistas y posiciones de los partidos sobre diversos temas.
Archívese
El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Enrique Rodríguez, archivó la causa que investigaba actividades ilegales de inteligencia militar y policial en democracia. Para Rodríguez, “es contundente la evidencia obtenida” en cuanto a la existencia de “acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y, en principio, hasta 2005, por agencias de inteligencia del Estado”, pero planteó que los delitos que podrían imputarse, prescribieron.
La denuncia penal fue presentada en noviembre de 2018 por el entonces diputado frenteamplista Luis Puig, tras el trabajo de la comisión investigadora que estudió entre noviembre de 2016 y agosto de 2018 los “Archivos Berruti”, hallados en el Ministerio de Defensa, en 2006. Por unanimidad, los legisladores decidieron presentar los antecedentes a la Justicia.
En la causa declararon 20 personas, principalmente, integrantes de las Fuerzas Armadas, y se incorporaron los 63 testimonios de jerarcas, funcionarios, militares y autoridades que comparecieron ante la comisión investigadora. Rodríguez coincidió con el informe final de la comisión que concluyó que después de 1985 se mantuvieron las estructuras de inteligencia de la dictadura cívico-militar y destacó la debilidad de las instituciones para controlarlas.
En esa línea, destacó las omisiones de los actores políticos y recordó que el expresidente Julio María Sanguinetti “negó categóricamente” que hubiera existido el espionaje en democracia y “después [lo] tuvo que aceptar”.
Entre las declaraciones realizadas en la Fiscalía entre mayo de 2019 y julio de 2021, está la del exagente de Inteligencia Jorge Charleta Guldenzoph, quien admitió haber trabajado en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) hasta 1996 e incluso relató que, en 1990, las autoridades de inteligencia policial le pidieron que se quedara. Charleta comenzó a colaborar con la dictadura tras ser detenido como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas
El 20 de mayo de 2019 declaró ante el fiscal el excapitán Héctor Erosa, quien denunció que entre 1990 y 1996 existió espionaje ilegal contra partidos políticos desde el Batallón de Ingenieros de Combate 2 de Florida.
Erosa identificó al coronel retirado Eduardo Ferro como uno de los principales impulsores de esas prácticas y aseguró que fue él quien ordenó operativos contra militantes políticos y llevó a la unidad militar archivos de inteligencia para conformar una estructura de contrainteligencia encargada de investigar a los propios militares.
En su dictamen, el fiscal Rodríguez concluye que las “acciones irregulares e ilícitas de espionaje” se cometieron desde 1985 y, “en principio, hasta 2005”. También señala que persiste la duda de si esas actividades continuaron.
En esa línea, el dictamen hace referencia a un pasaje de la sesión de la comisión investigadora del 29 de agosto de 2018, en la que se alude al robo de archivos de la dictadura y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, cuando se estaba discutiendo el contenido del informe final de la comisión, y particularmente las responsabilidades institucionales de los gobiernos entre 1985 y 2005, por la falta de control de sus servicios de inteligencia.
Aquí no ha pasado nada
Los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y los exministros del Interior de Lacalle, Juan Andrés Ramírez, y de Defensa de Jorge Batlle, Yamandú Fau, aseguraron que no estaban en conocimiento de ninguna actividad de espionaje a políticos y activistas sociales.
Lacalle Herrera, padre del actual mandatario, negó, en diálogo con la radio Universal, haber ordenado actividades de espionaje y afirmó que lo que se hizo fue “recopilar información, que es distinto”. Sanguinetti, por su parte, apuntó contra el fiscal: en diálogo con el diario El País, dijo que sus conclusiones son “un disparate” y que “nunca” ordenó “espiar a nadie”, si bien señaló que los servicios de inteligencia “siempre” deben estar atentos a lo que pasa en los ámbitos políticos y sindicales.
Curiosas declaraciones del exmandatario, ya que la práctica del espionaje se intensificó notablemente entre 1987 y 1989, período de su primera presidencia en el que primero se juntaron firmas para el referéndum y después se produjo la consulta popular para derogar la ley de caducidad. El objetivo de la inteligencia militar estuvo perfectamente alineado con los propósitos presidenciales, que, por supuesto, coincidían con los de los militares.
Samuel Blixen, analista del semanario Brecha, señaló que el dictamen del fiscal Rodríguez “revela la apatía del sistema por saber quién, cómo y por qué las prácticas de la dictadura se mantuvieron intactas. Y también la sospechosa indiferencia por conocer hasta dónde permeó esa vigilancia, para qué sirvieron los resultados de ese espionaje y en qué se utilizó la información recabada. Ese no querer saber tiene tufo a complicidad.” remató.
*Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la).
