Costa Rica se aísla en materia ambiental al rechazar el Acuerdo de Escazú
En una entrevista con Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), se incluyeron varios temas sobre la extraña situación en la que se encuentra Costa Rica en la región.
Actualmente, el Acuerdo de Escazú cuenta con 24 firmas y 12 Estados que lo han ratificado, entre ellos Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Chile, que lo ratificó el pasado 13 de junio.
El planteamiento original del Acuerdo de Escazú es «equiparar la cancha» al establecer el mismo conjunto de reglas ambientales desde una perspectiva de derechos humanos, aplicables en toda América Latina y el Caribe. Y ello a partir de tres ejes principales: Acceso a la información técnica en materia ambiental; Derecho a la participación ciudadana en materia ambiental; Acceso a una Justicia ambiental.
Según lo externado por Nicolas Boeglin, América Latina se destaca por ser la región, a nivel mundial, en la que la mayor cantidad de personas que defienden el ambiente son asesinadas. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado en reconocer el peligro que afrontan solos y en situación de total vulnerabilidad los líderes de estas pequeñas comunidades, procurando (en su artículo 9, propuesto inicialmente por Chile, Costa Rica, Perú y Panamá) protegerlos.
En efecto, este Artículo 9 obliga a los Estados a prever algún mecanismo que impida las intimidaciones y amenazas de las que son muy a menudo objeto, y a proteger la vida de quienes protegen el ambiente. El caso de dos líderes asesinados en menos de un año entre marzo del 2019 y febrero del 2020 evidencia que Costa Rica no escapa a esta triste realidad. «Por arte de magia», señala, las investigaciones de estos dos asesinatos ocurridos en la región de Salitre no logran dar con sus responsables. El académico asevera que, además de los ejecutores, las autoridades deberían buscar la manera de dar con los autores intelectuales. El jurista recordó también la muerte de Jairo Mora ocurrida en playa Moín en el 2013.
En Costa Rica existe un sector económico que no quiere ver consolidada y mucho menos ampliada la participación ciudadana en materia ambiental. Ya durante la administración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010), la única ley aprobada por la Asamblea Legislativa y vetada por el Poder Ejecutivo en cuatro años, fue precisamente la Ley de Participación Ciudadana en Materia Ambiental.
Una parte de la entrevista hace ver la extraña omisión de los medios de prensa costarricenses con relación a comunicados de prensa circulados tanto por la CEPAL como por la misma cancillería costarricense sobre una importante reunión celebrada en San José el 8 de marzo del 2022 relativa al Acuerdo de Escazú.
