Argentina | Cristina Fernández tras el pedido de condena: “Estoy ante un pelotón de fusilamiento mediático – judicial”

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Cristina Kirchner denunció el juicio como «un pelotón de fusilamiento mediático – judicial»

Por Irina Hauser

Pocas veces se vio con tanta nitidez cómo funciona el dispositivo mediático-judicial-político como ocurrió con la exhibición durante nueve jornadas de una estrategia de fuegos artificiales de la fiscalía del juicio sobre la obra pública en la provincia de Santa Cruz destinada a tapar que en estos más de tres años de audiencias no se había probado nada que comprometiera a Cristina Fernández de Kirchner. Así, tal como anunciaron en su propia cadena los medios opositores que el fiscal Diego Luciani pediría una pena elevadísima para la vicepresidenta, finalmente este lunes requirió 12 años de prisión para ella e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La misma pena puso para el empresario Lázaro Báez y 10 años de cárcel para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López y el extitular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. CFK solicitó, a través de su abogado, Carlos Beraldi, ampliar su indagatoria ya que, escribió en Twitter, “los fiscales en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”. Como se veía venir, el tribunal le dijo que no. Ella anunció que este martes a las 11 hablará por sus redes sociales. Por la noche una movilización espontánea en su apoyo, en la puerta de su casa, fue reprimida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días”, volvió a tuitear la vicepresidenta. Por eso, anunció que este martes a las 11 a través de sus redes va “a demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”. Será una transmisión en vivo, a la que podrán acceder los medios.

A la mañana, después que CFK hizo público que pediría ampliar la indagatoria, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) notificó que los alegatos de las defensas comenzarán el 5 de septiembre: en la lista, a ella le tocó el sexto lugar. En el tramo final de la audiencia de este lunes, cuando los jueces anunciaron el rechazo al pedido para declarar, Beraldi, enfurecido les dijo: “Es una vergüenza que la limiten (a CFK) en el momento en el que tiene el derecho de contestar las barbaridades que se han dicho en la acusación (…) La persona acusada en un juicio tiene derecho a declarar cuantas veces considere necesario. No se puede confundir esa facultad con las ‘ultimas palabras’”. Dejó sentado que la decisión es “arbitraria y que desnaturaliza el desarrollo de este proceso”. La audiencia estaba presidida por Rodrigo Giménez Uriburu, el integrante del tribunal que comparte equipo de fútbol, La Liverpool, con Luciani, con quien jugaron en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri cuando era presidente. Beraldi anticipó a la noche, en C5N, que la vicepresidenta expondrá las principales falacias de la acusación de la fiscalía.

“Esto no es un juicio, es una farsa”, sostuvo el abogado, y responsabilizó de las anomalías a la Corte Suprema, que tuvo tres años cajoneados los reclamos de CFK porque el juicio estaba por comenzar (y así ocurrió) sin peritajes y justo antes del inicio de los alegatos los rechazó. “Hoy salió a la luz el Partido Judicial. Y tiene en este caso algunos de sus cabecillas. Son antidemocráticos, no los eligió nadie. Llegaron a decir que todas las cuestiones que hacen los gobiernos democráticamente elegidos pueden ser revisadas por los jueces”, advirtió Beraldi.

El mensaje de los fiscales

El mensaje que buscan dejar los fiscales Luciani y Sergio Mola es que el kirchnerismo no fue o es un proyecto político (al que a la vez un sector judicial descalifica por ‘populista’) sino una organización delictiva para apropiarse del dinero público. Para eso exprimieron el último día del alegato con la misma fórmula discursiva que usaron desde que le dieron inicio, con frases repetidas. “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad”; “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”; “arrasaron todos los principios de contratación pública”; “los organismos de control están parasitados”, fueron algunas de las expresiones que apostaron a instalar. También afirmaron que para ellos el perjuicio al Estado fue de 5231 millones de pesos, que pidieron decomisar.

No queda claro en qué se basa el cálculo, dado que el TOF2 sólo autorizó peritar cinco de las 51 obras viales cuestionadas. Beraldi recordó que participó el perito Eloy Bona, con aval del tribunal, pese a que tuiteaba contra CFK. “Señores jueces, este es el momento, es corrupción o justicia”, fue otra frase rutilante de Luciani. Antes había cuestionado a la Unidad de Información Financiera (UIF) que pidió absoluciones, y a la Oficina Anticorrupción (OA) por dejar de querellar. Ambos habían sido utilizados por el macrismo para fogonear causas contra opositores.

Luciani dirigió ciertos tramos derecho a CFK al achacarle haber “defraudado” “a los ciudadanos que la votaron” y la acusó de haber “demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general por dilapidar fondos púbicos y a los ciudadanos de Santa Cruz en particular”. Dijo que tenía “poder de dirección” y que buscaba el “lucro personal”. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, dijo. “La misma imputada desafió a este tribunal al aseverar ‘a mí me absolvió la historia’ cuando bien sabe que el Poder Judicial es el que condena o absuelve”, provocó. Se despachó también contra Alberto Fernández y le atribuyó una “injerencia indebida” en el juicio. “Le quisiera recordar que dijo públicamente que renunció como jefe de Gabinete por la corrupción en la obra pública”, chicaneó el fiscal y le adjudicó esta vez “defender puerilmente a su compañera de fórmula”.

Lo que declaró Alberto Fernández fue lo siguiente: “Un presidente o un jefe de Gabinete están muy lejos de cada obra en particular. En casi todos los casos, lo que se decide es la adjudicación de fondos, pero luego es la provincia la que licita, adjudica y controla. Se imagina que es imposible que yo controle, hoy en día, 3.000 obras que tenemos andando y 100.000 viviendas que se están construyendo. Ese control no lo ejerce ni un ministro. Se miran los grandes números, si se está cumpliendo con la ejecución”. Como es obvio, esta afirmación conspira contra la idea que planean de los fiscales de que CFK debía estar al tanto de todo. Al presidente tampoco le preguntaron cuando testificó sobre las razones de su renuncia.

La vicepresidenta recibió respaldo de todos los sectores del Frente de Todos, de la CGT y la CTA al igual que referentes de izquierda. El Gobierno nacional difundió un comunicado donde condenó “la persecución judicial y mediática”, el abuso de la figura de la asociación ilícita, la aplicación de la prisión preventiva como pena anticipada y señaló la falta de pruebas. El presidente se solidarizó personalmente con la vicepresidenta por Twitter y luego se comunicó con ella. La Asociación de Fiscales saltó enseguida a cuestionarlo por la supuesta interferencia.

Pruebas falsas

En la edición del último domingo de Página/12, se resaltó que en los tres años que lleva este juicio pocos medios de comunicación le dieron cobertura. Los alineados con la oposición lo ignoraron porque audiencia tras audiencia se desmoronaba la acusación y la vicepresidenta no era ni mencionada. Incluso a la hora de alegar los fiscales no pudieron exhibir decreto ni orden administrativa, correos o mensajes que vinculen a la expresidenta con la obra pública en Santa Cruz, sólo una serie de especulaciones.

Es más, el informe de la Dirección de Vialidad que hizo la gestión de Javier Iguacel al comienzo del gobierno de Macri, y que dio lugar a la causa, señalaba que las obras que se pagaron fueron las que se hicieron y que los plazos estaban dentro de lo previsto. Como sea, sostienen que es jefa de una asociación ilícita.

Para eso, al momento del alegato –que evidentemente hicieron en forma remota para abarcar más audiencias y leer (aunque no está permitido) su exposición– recurrieron a pruebas falsas y a otros expedientes, que introdujeron apenas antes de comenzar, o sea, ya terminado todo el desarrollo central del juicio. Es decir, son cuestiones que no formaron parte del debate oral y que incluso en algunos casos son mentirosas.

  • Uno de los ejes fue traer al presente el juicio por los bolsos que llevó José López al convento de General Rodríguez con 9 millones de dólares. El fiscal Mola llegó a decir que ese dinero a López se lo dio un secretario de CFK, Fabián Gutiérrez, cuando durante la investigación y el juicio en el que López fue condenado ya había quedado demostrado que el exsecretario de Obras Públicas tenía el dinero escondido en su casa en Río Luján, en un cuartito de difícil acceso (se llegaba por una escalera apartada), e incluso los billetes tenían impregnada la humedad del lugar.
  • Los fiscales habían mostrado chats extraídos del teléfono de López (es parte de lo que agregaron a último momento) pero lo que hallaron fueron dos mensajes de 2014 y 2015 en los que el exfuncionario le decía a un secretario de la entonces presidenta que Lázaro Báez reclamaba que le paguen, algo que hacen todos los empresarios que contratan con el estado. La conversación no era con ella. Se aferraron a mensajes que indican que el empresario y CFK tuvieron dos reuniones en 2010. También evocaron el nombre de Máximo Kirchner, que no está imputado en esta causa.
  • Otra causa a la que aludieron para alimentar la imagen de una mega maquinaria de corrupción es la conocida como la “Ruta del dinero K”, donde Báez fue condenado. Usaron el testamento del empresario, que tiene como beneficiarios a sus cuatro hijos con la condición de que no pueden dividir la empresa ni los bienes durante 30 años, según dijo el juez Sebastián Casanello. Para la fiscalía, eso implicaría que el dueño/a de la fortuna sería otro, cuando en realidad el mecanismo que se usa para ese tipo de ocultamiento son sociedades off shore o similares. Tampoco aparece ningún Kirchner.
  • Aludieron a dos causas cuyos juicios orales no se hicieron, como si algo de esos expedientes probara delitos: uno es “Hotesur – Los Sauces”, sobre el cual señalaron que los hoteles y alquileres eran formas de blanqueo de dinero pese a que todos los imputados, incluida CFK, están sobreseídos; el otro es el caso “Cuadernos”, del que tampoco se hizo el juicio pero se utilizó para dar por sentado el pago de coimas. Según parte del alegato, hubo constructoras que se presentaron en las licitaciones de Santa Cruz para simular una competencia y que ganaran las empresas de Báez. Luciani pidió que se investiguen posibles delitos de las empresas Petersen, de los Eskenazi, y Esuco, de Carlos Wagner, que lideraba la Cámara de la Construcción. Báez era enemigo de esa cámara, no se entiende por qué lo ayudarían.

Página 12


Masivo respaldo a la vicepresidenta por el «hostigamiento judicial y mediático»

El Presidente, funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) expresaron este lunes su «solidaridad» hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el «hostigamiento político, judicial y mediático» expresado en el juicio que investiga la obra pública en Santa Cruz que, consideraron, tiene el único fin de «proscribir» o «condicionar políticamente» a la exmandataria.

El presidente Alberto Fernández transmitió su «más profundo afecto y solidaridad» hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el pedido del fiscal Diego Luciani para que la exmandataria sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, a la vez que difundió desde sus redes sociales un comunicado oficial del Gobierno en el que se repudia «la persecución judicial» en su contra.

El pronunciamiento del jefe del Estado tuvo difusión pública apenas el fiscal Luciani terminó de pedir las condenas en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

«Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas», escribió Fernández en su cuenta de Twitter, y agregó: «Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner».

En su posteo, adjuntó un comunicado oficial del Ejecutivo en donde resalta que «el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada este lunes, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad».

«Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina», escribió el ministro del Interior, Eduardo de Pedro en su cuenta de la red social Twitter.

«En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos», pidió De Pedro en su hilo de tuits, a los que adjuntó un posteo de esta mañana de la Vicepresidenta.

El ministro de Economía, Sergio Massa, consideró «absurdo» que los fiscales de la causa ‘Vialidad’ hayan planteado «que el jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes», al criticar el pedido de 12 años de prisión y la inhabilitación contra la Vicepresidenta, y señaló que eso supone un «peligroso antecedente» que implica modificar el «Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad».

«Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes», aseguró este lunes desde las redes sociales.

Además, el titular del Palacio de Hacienda compartió desde su cuenta de Twitter el documento oficial del Gobierno sobre el cierre del alegato de los fiscales en el juicio oral por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, con el que el Ejecutivo condenó «la persecución judicial y mediática contra la Vicepresidenta».

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseveró que «hoy estamos viendo como parte del poder judicial está queriendo proscribir a @CFKArgentina».

«La Argentina se merece una Justicia independiente. Es imperioso para nuestro sistema democrático no dejar pasar esta persecución política», remarcó.

Para el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, la «falta de pruebas contra @CFKArgentina muestra que existe una persecución política en marcha» y además señaló que «esas prácticas no deben ser parte de nuestra democracia».

«Repudiamos la persecución judicial y política a @CFKArgentina, quien cambió la historia de nuestro país para transformar la vida y la educación de millones de argentinos», expresó el titular de Educación, Jaime Perczyk.

Apoyo de gobernadores

Gobernadores provinciales del Frente de Todos (FdT) expresaron en redes sociales su repudio al intento de «proscripción» contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y manifestaron su solidaridad, luego de que el fiscal Diego Luciani presentara este lunes el pedido de condena de 12 años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la expresidenta.

«Expreso mi rotundo repudio a la judicialización de la política, como así también a la acusación infundada que intenta proscribir o condicionar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner», escribió el vicegobernador de Tucumán a cargo del Poder Ejecutivo provincial, Osvaldo Jaldo, en su cuenta de Twitter.

Y continuó: «Sin dudas se está haciendo un daño irreparable a su persona, pero también a nuestra República y al sistema democrático que tanto nos ha costado mantener vigente. Nuestra solidaridad absoluta ante este lamentable hecho que debe preocuparnos a todas y todos los argentinos».

En tanto, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, expresó su «total rechazo a este armado judicial y político contra nuestra Vicepresidente, que no hace otra cosa que afectar a nuestra democracia».

Y denunció: «No solo es la proscripción contra Cristina Fernández, sino que se quiere provocar un daño muy grande al campo nacional y popular».

«Todos miramos con muchísima preocupación el avance de la justicia sobre la política, con un andamiaje que, insisto, tiene que ver con una cuestión política contra quienes piensan distinto a los grupos de poder en nuestro país», subrayó el mandatario provincial y aseguró que «es necesario que todo el arco político se exprese en contra de este avance sobre la República, porque la gran mayoría del pueblo argentino está movilizado en defensa de nuestros dirigentes, de la transparencia judicial y nuestra Vicepresidenta».

Por su parte, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, remarcó que «una parte del poder judicial quiere proscribir a CFK como lo hicieron con Lula y otros».

«Arman causas sin pruebas para disciplinarla por trabajar en beneficio del pueblo argentino. Exigimos el fin de la persecución, vivamos en democracia», señaló.

En esa misma línea, el mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, aseguró que «la persecución judicial y mediática contra Cristina solo tiene como principal objetivo proscribirla políticamente», y coincidió en que «son las mismas maniobras judiciales extendidas en Latinoamérica para impedir que gobiernos democráticos defiendan los intereses del pueblo».

«Mi más enérgico repudio a estos hechos y toda mi solidaridad hacia la vicepresidenta de los argentinos y argentinas», agregó.

El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, expresó que «con Cristina no se jode» y agregó: «Cristina contra el poder, en el medio no hay nada».

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau señaló por su parte que el juicio por la causa vialidad es «un gran operativo de persecución política contra Cristina Kirchner». Aludió, también por Twitter, a que «un fiscal sin pruebas concretas en el juicio apelará a un compendio de frases construidas en el tiempo por Clarín, La Nación, Lanata y hasta Viviana Canosa».

«También echará mano -continuó Moreau- a dichos en otros juicios. Sabe que goza de la impunidad de ser compinche del presidente del tribunal».

Moreau concluyó que «el pueblo movilizado pacíficamente se encargará de defender el Estado de Derecho».

Desde los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires repudiaron «la persecución judicial» contra Cristina Kirchner. Aseguraron que la causa vialidad «es un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático que se lleva adelante en forma coordinada en nuestro país y en Latinoamérica desde el año 2015».

«En el caso de nuestra Vicepresidenta, esta práctica tiene un claro objetivo: proscribirla políticamente», sostuvieron.

Los diputados nacionales del Frente de Todos, en tanto, ratificaron en un comunicado su «solidaridad con la compañera vicepresidenta» y repudiaron «toda utilización del Poder Judicial como mecanismo de persecución de dirigentes políticos y sociales». «La compañera Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución», expresaron los legisladores.

Afirmaron que el objetivo es «condicionar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia argentina».

Por su parte, los senadores nacionales del FdT, también en un comunicado, aseguraron que existe una «persecución política» contra la Vicepresidenta que proviene de «una parte de la Justicia».

En un comunicado difundido esta mañana de lunes, el grupo de senadores que encabeza el formoseño José Mayans expresó que esto se lleva a cabo «en complicidad con los grandes grupos mediáticos, con el fin de desprestigiar, dañar la imagen y sacar de circulación a distintos referentes nacionales y populares».

«Nuestro interbloque se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa», precisaron los senadores del Frente de Todos.

El objetivo del juicio es «condicionar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia argentina»
Bloque de diputados nacionales del FdT

Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT), dijo que «no es algo contra» ella (en alusión a la Vicepresidenta) sino que «vienen por el peronismo».

«Esto es un bochorno, una vergüenza, este sector de la Justicia es parte del PRO», añadió en declaraciones a FM La Patriada.

Para García, «a Cristina se la está juzgando por haberse enfrentado a los sectores de poder», por lo que consideró que «todo lo demás es fabulación, es un alegato sin sustentación, sin pruebas y con actos de provocación».

Intendentes bonaerenses del FdT también hicieron llegar sus palabras de apoyo a Fernández de Kirchner a través de Twitter.

«La condena está escrita por el Partido judicial macrista. Como a Perón, quieren proscribirla, por su inteligencia y su coraje para darle dignidad a lxs trabajadores y enfrentar al poder real que ganan a costa del hambre de nuestro Pueblo», evaluó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

También el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza manifestó su apoyo y afirmó que «no vamos a permitir que se dañe nuestra democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar».

«Cristina es sinónimo de más derechos populares e igualdad. Eso molesta mucho a las minorías privilegiadas que buscan su proscripción», indicó.

Télam


En apoyo a Cristina, cientos de personas improvisan una vigilia frente a su casa

Por Federico Lamas

Desde que se conoció el pedido de proscripción y cárcel para la vicepresidenta Cristina Kirchner que hicieron los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, cientos de personas comenzaron a congregarse en las inmediaciones de la casa de vice. «Vine por gratitud. Cristina se la jugó por nosotros y lo que corresponde es que la vengamos a cuidar», dijo en Marcelo diálogo con El Destape, uno de los presentes en la vigilia.

Como sucedió en varios casos, Marcelo se acercó a la esquina de Uruguay y Juncal luego de ver las declaraciones de los fiscales; intercambió mensajes en grupos de WhatsApp con amigos y compañeros y no dudaron en movilizarse: «Cuando lo que estaba pasando naturalmente quisimos venir», explicó.

Entrada la noche y previendo una larga jornada, en las esquinas del barrio de Recoleta empezaron a improvisar unas parrillas para hacer choripanes. No hay micros pero si un camión hidrante sobre la calle Uruguay. Las cuatro esquinas que rodean el edificio donde vive la vicepresidenta están repletas de militantes y personas que se acercaron solas a la espera de las palabras que dará Cristina en redes sociales el martes a la mañana. Con varios cánticos a medida que avanzan las cuadras, todos coinciden en un mismo pedido: «Cristina presidenta».

También se acercaron a Uruguay y Juncal varios dirigentes y personalidades políticas que alertan sobre la intención del Poder Judicial de proscribir a la vicepresidenta. Uno de los presentes fue el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabatellla, quien opinó ante El Destape que «sería un disparate que el juicio avance con una condena». El exintendente de Morón opinó que sería una «brutal lesión» no solo al movimiento popular y a la principal líder sino a toda la democracia. «Cristina es la esperanza de nuestro pueblo por eso la persiguen. Además lo hacen por una lógica ejemplificadora, para que nadie más se anime a hacer lo que ella hizo, a enfrentar a los grupos poderosos en defensa de las mayorías populares», agregó Sabatella.

El Destape Web

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