Presentaron recurso de amparo para suspender la vacuna pediátrica contra el Covid-19
Gobierno teme que la Justicia frene la vacunación para niños con comorbilidades</h3
El Poder Ejecutivo y el laboratorio Pfizer en Uruguay tienen hoy una cita con la Justicia, pues el juez subrogante en lo Contencioso Administrativo, Alejandro Recarey, los convocó para que brindaran toda clase de información relativa a la vacunación contra el covid-19, especialmente la referente a los menores de edad.
La resolución del juez fue en respuesta a un recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone -quien ha defendido en otras oportunidades al diputado César Vega, conocido por su postura antivacuna- en el que entre otras cosas se pidió que se obligue al gobierno y a la empresa privada a dar a conocer “los contratos de adquisición” de las dosis y “la cantidad de muertos por efecto de la vacuna covid registrados”.
Aunque el gobierno no está necesariamente obligado en esta instancia judicial a dar la información requerida -que es más extensa que la solicitada por el abogado-, la disposición del presidente Luis Lacalle Pou es que se responda siguiendo uno de los principios simbólicos que ha buscado imprimir a su gestión: la transparencia con los datos.
Por eso el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo ayer en rueda de prensa que el gobierno “va a dar la cara” y contestar las preguntas -al menos una mayoría- trasladadas por Recarey. “(Vamos) a dar toda la información que se tiene que dar. Si algo hemos hecho durante estos dos años tan difíciles que sufrimos los uruguayos es ser transparentes con la gente, dar información permanentemente: lo bueno, lo malo (y) los riesgos”, señaló Delgado. Y se hará con el convencimiento de contar con el respaldo científico en todos los niveles, siguió. “No debe haber en la historia del Uruguay una decisión de gobierno que tenga discusión y aval científico como el hecho de vacunar para el covid-19, con diferentes plataformas, a diferentes grupos de población”, agregó el jerarca.
En tanto, según supo El País, en el Poder Ejecutivo tienen la seguridad de que todos los elementos que expondrá en el juzgado serán incontrastables, aunque en este momento no se tenga plena confianza en la ecuanimidad de Recarey, porque entienden que el magistrado ya dio muestras de tener cierta inclinación a priori en el tema. “Sabemos que es un juez antivacunas”, dijeron.
Por lo que por estas horas en el gobierno está la preocupación por la eventualidad de que Recarey “frene la vacunación a los niños”, especialmente la de aquellos que tienen “comorbilidades”, pese que hasta el momento los menores que tienen entre cinco y 11 años constituyen la franja etaria de la sociedad que presentó la menor adhesión a la inoculación.
Desde la Suprema Corte de Justicia, en tanto, señalaron a El País que para que el juez tome esa decisión tiene que demostrarse con pruebas científicas que verdaderamente los niños están ante un “riesgo” para su salud, en cuyo caso el gobierno no tendría otra opción que acatar la resolución.
Pide al juez
El otro elemento que al gobierno le genera desconfianza en cuanto a la imparcialidad Recarey es que, en la resolución, exigió “un montón de cosas” que no fueron solicitadas por el demandante.
Esto es algo que, de hecho, este magistrado -que actúa como subrogante debido a la feria judicial- dejó en claro al comienzo de su escrito: “El juez puede ‘en cualquier momento’ ordenar diligencias para mejor proveer”, escribió citando la ley de amparo. Y, en efecto, en los 16 puntos de su sentencia, varios fueron propuestos por “iniciativa inquisitiva”, como él mismo advirtió.
Así, por ejemplo, Recarey ordenó -sin que haya siquiera una mención por parte del demandante- que las autoridades informen “con nombres y apellidos, la identidad de los técnicos profesionales que han dirigido y dirigen” la campaña de vacunación -“o bien han brindado asesoría a cualquier nivel”-, y que incluso se determine “si alguno de ellos integra alguna organización gubernamental o paragubernamental”.
El juez también pidió por motu proprio que se especifique si las vacunas contienen “elementos nanotecnológicos” o que se determine “qué consecuencias terapéuticas o extraterapéuticas -adversas o no- pueden comportar para la persona” el hecho de recibir una vacuna cuya tecnología sea el ARN mensajero.
Algunas de estas preguntas ya están respondidas públicamente (ver nota aparte) mientras que otras, como aquellas que inquieren por los contratos asumidos con Pfizer, no serán contestadas bajo el argumento de la confidencialidad. Al respecto, se citará jurisprudencia: la sentencia del año pasado -también de la Justicia en lo Contencioso Administrativo- que amparó al Poder Ejecutivo a no dar a conocer detalles del acuerdo comercial con el laboratorio, emitida luego de una acción de acceso a la información pública.
