Gobernanza criminal en Guatemala – Por Carlos Figueroa Ibarra
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Carlos Figueroa Ibarra*
¿Quién gobierna en Guatemala? He aquí la pregunta que me he hecho desde hace algún tiempo y ahora que he visitado mi patria de origen después de dos años y medio, me la vuelvo a hacer. La pregunta tiene que ver con el concepto de gobernanza tal como lo he entendido después de revisar varios textos, particularmente el de Robert Jessop (El Futuro del Estado capitalista, La Catarata, 2009).
En ese texto Jessop analiza cómo en el contexto de la globalización neoliberal, el ejercicio del gobierno es compartido con actores privados y actores externos, además de los funcionarios electos o designados y representantes populares.
Esta situación es la que llevó a muchos/as analistas a pensar que el ejercicio del poder es compartido por actores privados y que la soberanía nacional es ahora porosa pues las decisiones están determinadas no solamente por los gobernantes nacionales. He aquí lo que a mi entender sería la gobernanza.
¿Pero qué sucede cuando la gobernanza es algo compartido con actores privados, que además están vinculados al crimen organizado y a la delincuencia de cuello blanco, crecida merced a la corrupción estatal? Estaríamos observando un caso de gobernanza criminal y el Estado sería en ese sentido un Estado criminal, no solamente por la índole de sus acciones sino también por la naturaleza de aquellos que ejercen el gobierno del Estado. He aquí un tema de investigación sociológica de primer orden para Guatemala y para otros países, en los cuales el Estado ha sido cooptado por lo que Norberto Bobbio llamó los poderes invisibles u ocultos.
Como hipótesis aventuro la aseveración de que Guatemala está siendo gobernada por tres grandes poderes: el crimen organizado, particularmente el narcotráfico; el grupo de funcionarios públicos que ha hecho del erario público un botín para la acumulación de riqueza personal y la derecha neofascista. Estos tres grupos tienen expresión en las distintas instancias del Estado como son el poder ejecutivo (lo que incluye ministerio público, ejército y policías), el poder judicial (las distintas cortes que funcionan en el país) y el poder legislativo.
Estos tres grupos serían los integrantes de lo que coloquialmente se ha llamado en Guatemala el Pacto de Corruptos. El Pacto de Corruptos tendría relaciones borrosas (una suerte de zona gris) con los grupos tradicionales de la clase dominante guatemalteca.
El proyecto de toda esta amalgama de intereses sería el que se instauró desde la contrarrevolución de 1954: la acumulación de ganancias desmedida sin que la misma se vea acompañada de un proyecto consistente para el resto de las clases sociales en el país. La diferencia ahora, es que hoy no se trata solamente de la vieja oligarquía anticomunista, sino de grupos que se nutren de las formas delincuenciales de acumulación capitalista.
Lo que hoy se está viviendo en Guatemala, es la contraofensiva de estos intereses oscuros después de haber sido puestos en entredicho por las acciones de la justicia transicional (juicios a militares y policías genocidas) y la justicia anticorrupción protagonizada en su momento por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Fiscalía General, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la oficina del Procurador de los Derechos Humanos y otras instancias.
El punto de quiebre para esa contraofensiva fue el cambio de política estadounidense durante el gobierno de Trump y el enojo que provocó en sectores empresariales el que las investigaciones anticorrupción los involucrara a ellos también.
Resultan claras las acciones represivas a través del Lawfare y a los sectores hacia las cuales van dirigidas. A diferencia de lo que se vivió durante la dictadura militar y particularmente a fines de los setentas y los ochentas del siglo XX, el Estado criminal actual no está practicando primordialmente el asesinato físico y la desaparición forzada de lo/as que se le resisten. Ahora se práctica el asesinato moral (linchamiento mediático) y el asesinato judicial (lawfare),
También hay un cambio no solamente en la metodología represiva sino hacia sus objetivos represivos. Ya no son los subversivos comunistas, reales o supuestos, sino son cuatro los sectores hacia los cuales se está dirigiendo la represión judicializada.
Ellos son los funcionarios judiciales y organizaciones de la sociedad civil que han estado involucrado/as en la justicia transicional; los funcionarios judiciales y organizaciones de la sociedad civil que han estado luchando contra la corrupción; los activistas y organizaciones de la sociedad civil que están luchando contra el extractivismo neoliberal y finalmente personalidades representativas vinculadas a la lucha insurgente observada hasta los acuerdos de paz de 1996.
El Pacto de Corruptos (funcionariado corrupto, crimen organizado y derecha neofascista) está triunfando en Guatemala. Su triunfo tiene también ánimo de venganza después de lo que ha acontecido en los últimos años. Está invadiendo las últimas instancias del Estado que funcionaban como reductos de honestidad, ha logrado hacer salir al exilio a funcionarios y agentes de la lucha en contra de la corrupción.
La derecha neofascista actúa como ariete aterrorizante mediante la represión judicializada y el discurso anticomunista. He aquí el rostro de una nueva forma de dictadura que Guatemala ha empezado a vivir.
*Sociólogo y profesor e investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Especialista en estudios de procesos políticos y violencia de Guatemala en conjunción con procesos políticos de México. Publicado en revista Con Nuestra América.
