El gobierno de Honduras rechaza la Lista Engel y denuncia “la política injerencista” de EEUU
Gobierno de Honduras rechaza Lista Engel y la cataloga como una política injerencista de EEUU
El Gobierno de Honduras rechazó de “manera categórica” la Lista Engel publicada este miércoles por el Departamento de Estado de Estados Unidos por tratarse de un “documento motivado políticamente e injerencista”.
“Honduras es una nación soberana y seguirá defendiendo el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería), en un comunicado divulgado horas después de que EE.UU. hiciera pública la también llamada Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos.
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— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) July 21, 2022
La lista —que fue filtrada el viernes, 15 de julio, a través de medios de comunicación, y oficializada este miércoles—incluye a dos vicepresidentes del Congreso Nacional, Rasel Antonio Tomé Flores y Edgardo Antonio Casaña Mejía, y al asesor presidencial Enrique Alberto Flores Lanza.
Para el gobierno que preside Xiomara Castro, la naturaleza e intención de la lista denota una permanente manipulación y una política intervencionista que, muchas veces en el pasado, ignoró los motivos que ahora invoca.
En ese sentido, reclama a la nación del norte que—en el gobierno anterior—las publicaciones de la Lista Engel, “de forma contradictoria, nunca incluyó a personajes como el dictador hondureño, expresidente Juan Orlando Hernández, evidentemente protegiéndolo, ya que apenas unas horas después de finalizado su mandato, EE.UU. procedió a acusarlo de narcotraficante y solicitó su extradición”.
El comunicado establece, además, que el Gobierno de Honduras está determinado a recuperar el Estado de Derecho, destruido desde el 28 de junio de 2009, y revertir ampliamente el golpe de Estado, y recuerda que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) lo reconoció como un ilícito internacional.
Para la administración Castro la publicación de EE.UU. constituye de forma inequívoca en un intento por validar el crimen del golpe de Estado y desconoce que “nos impuso una narcodictadura, que oprime y persigue implacablemente a compañeros mencionados injustamente en esta lista, quienes todavía este día, siguen pagando el alto costo por defender nuestra democracia”.
La Cancillería hondureña cierra su misiva diciendo que mantendrá una política de apertura democrática, en el marco del respeto mutuo, y la observancia irrestricta del derecho internacional.
No es la primera vez que el Gobierno de Honduras se dirige a EE.UU. haciendo un reclamo por sus posturas hacía los asuntos internos del país. El pasado 3 de mayo, el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina cuestionó desde su cuenta de Twiitter que la representante de Washington en Tegucigalpa, Laura Dogu, opinara en contra de una reforma energética que se efectuaba en aquel momento y que el final surtió efecto desde el Congreso Nacional.
La Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos obedece a la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, que requiere al Departamento de Estado la presentación de un informe al Congreso de los EE. UU., identificando a las personas que han participado en acciones que socavan los procesos democráticos, corrupción y obstrucción de justicia en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Filtrada el viernes, 15 de julio, y oficializada este miércoles, la Lista Engel incluye por Honduras a 15 funcionarios y exfuncionarios, la mayoría pertenecientes a los tres gobiernos anteriores y del conservador Partido Nacional que gobernó Honduras por doce años. El resto incluye a siete de El Salvador, 16 de Guatemala, y 23 jueces y fiscales de Nicaragua.
Desde las redes sociales el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, publicó este miércoles: “Los pueblos de Centroamérica merecen la oportunidad de crear una región más democrática, próspera y segura. Hoy, con la publicación de la lista de 2022 de quienes socavan la democracia o cometen actos de corrupción, apoyamos a quienes construyen un futuro mejor”.
Pese a las declaraciones del secretario del Departamento de Estado y la representante Norma Torres, en relación a que la lista busca la creación de una región más democrática, próspera y segura, existe un sentimiento entre algunos sectores que la publicación es instrumentalizada por EE. UU. para dirigir la política interna de los países involucrados.
Para el caso, en Honduras, militantes del gobernante partido Libre, expresaron su rechazo a la lista y denunciaron que EE. UU. filtró la información un día clave para incidir en la aprobación de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La polémica normativa, que comenzó a debatirse en el Congreso Nacional el jueves 14 de julio, fue finalmente aprobada la madruga del martes 19 de julio.
En Lista Engel por corruptos, dos vicepresidentes del Congreso y un asesor presidencial
El departamento de Estado de Estados Unidos, publicó este miércoles la Lista Engel 2022, la misma que había trascendido la semana anterior y en la aparecen dos vicepresidentes del Congreso hondureño, así como un asesor presidencial y otros exfuncionarios.
– 15 hondureños aparecen en la deshonrosa lista, entre ellos dos vicepresidentes del Congreso Nacional del país y un alto asesor presidencial.
– A los individuos incluidos en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, se les negará la entrada a EEUU y no podrán obtener visados para viajar a este país.
– Gobierno de Honduras rechaza la Lista Engel, la considera injerencista y políticamente motivada.
– Edgardo Casaña dijo que la Lista Engel es una actitud hipócrita de EEUU, ya que antes no incluyó a los funcionarios del expresidente Juan Orlando Hernández, mientras Rasel Tomé asegura que “es un ataque de EEUU”.
La Lista Engel 2022 señala por corrupción a 60 individuos de países de Centroamérica (Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala).
A diferencia del listado de julio de 2021, donde no había ningún nicaragüense, EEUU incluyó este año a 23 jueces y fiscales de Nicaragua. También hay 6 salvadoreños, 16 guatemaltecos y 15 hondureños.
El secretario de Estado, Antony Blinken, acusó en un comunicado a esas personas de «corrupción significativa», de buscar obstruir las investigaciones al respecto y de socavar los procesos democráticos y las instituciones de sus países.
Por ello, Blinken afirmó que contribuyen a «la migración irregular y a la desestabilización de las sociedades».
En la nómina aparecen los vicepresidentes del Congreso hondureño, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, así como el asesor presidencial Enrique Flores Lanza.
El listado también incluye a exdiputados y exfuncionarios de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, incluido en la lista Engel a inicios de este año y luego extraditado a los Estados Unidos.
Completan la lista por Honduras: Harvis Edulfo Herrera Carballo, Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, Claudia Yamilia Noriega González, David Eduardo Ortiz Handal (Hawit), Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Juan Ramón Maradiaga, Roberto David Castillo Mejía, Carlos Josué Romero Puerto, Carlos Josué Montes Rodríguez, Gonzalo Molina Solórzano, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares y Javier Rodolfo Pastor Vásquez.
A continuación la designación del departamento de Estado de EEUU:
Harvis Edulfo Herrera Carballo, Gerente General del Palacio Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal
, Supervisor de Controles Internos del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, transfirió ganancias de la corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Rasel Antonio Tomé Flores, Vicepresidente del Congreso, incurrió en una importante corrupción cuando usó su cargo como Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente $327,000 de fondos públicos.
Claudia Yamilia Noriega González, Coordinadora de Proyectos del Programa “Tarjeta Catracha” de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
David Eduardo Ortiz Handal (Hawit), Gerente de Finanzas del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, transfirió ganancias de la corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Gerente de Finanzas del Palacio Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Enrique Alberto Flores Lanza, Ministro de la Presidencia de 2006 a 2009, incurrió en una importante corrupción al recibir $2 millones en dinero público del Banco Central de Honduras y redistribuirlo indebidamente entre aliados políticos.
Juan Ramón Maradiaga, Gerente General del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario (BANADESA) de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Edgardo Antonio Casaña Mejía, actual miembro del Congreso, incurrió en una importante corrupción al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Pensiones de los Maestros para destinar más de $5 millones en beneficios a aliados políticos y electores, con el fin de asegurar votos y mantener el poder político.
Roberto David Castillo Mejía, miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Eléctrica de Honduras (ENEE) de 2006 a 2009, incurrió en actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales cuando usó su posición en el Comité Ejecutivo de la ENEE para interferir en el proceso de contratación pública y dirigir los contratos a una empresa en la que tenía un interés financiero.
Carlos Josué Romero Puerto, Coordinador de Proyectos del Bono 10 Mil, transfirió ganancias de la corrupción cuando colaboró en la apropiación indebida de más de $500.000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Carlos Josué Montes Rodríguez, Secretario del Trabajo de 2006 a 2009, incurrió en una importante corrupción al aceptar sobornos para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y agilizar los pagos.
Gonzalo Molina Solórzano, Jefe de Abastecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, transfirió ganancias de la corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, Director de la Policía Nacional de 2012 a 2013, incurrió en una importante corrupción cuando usó su cargo como Director de la Policía Nacional para facilitar el movimiento de cocaína a través de Honduras a cambio de sobornos.
Javier Rodolfo Pastor Vásquez, Ministro de Salud de 2006 a 2009, incurrió en una importante corrupción al aceptar $235.000 en sobornos para interferir en los procedimientos de contratación pública para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y agilizar los pagos.
En la lista también se menciona a altos funcionarios del gabinete del presidente Nayib Bukele, de El Salvador, mientras que, en Guatemala, una significativa porción de funcionarios integra la lista.
De Nicaragua la lista es integrada por 23 miembros del poder público, la mayoría jueces y fiscales.
Los individuos fueron incluidos en la conocida como «lista Engel» de actores corruptos y antidemocráticos, a quienes se les negará la entrada a EEUU y no podrán obtener visados para viajar a este país.
El registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la «Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte», aprobada en diciembre de 2020 y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel y se trata del segundo listado de este tipo que difunde el Gobierno de EEUU.
Blinken dijo en su nota que los «ciudadanos de Centroamérica se merecen y esperan Gobiernos que respeten sus derechos humanos, cumplan con la ley y creen las condiciones para que los individuos y las comunidades florezcan».
«EEUU seguirá colaborando con los funcionarios y organizaciones que muestren dedicación para combatir la corrupción y fortalecer el gobierno democrático».
Tomé y Casaña con sentencia firme
Cabe señalar que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), condenó a los exdirectivos de Inprema, incluido el ahora diputado Edgardo Casaña, a la pena principal de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público oneroso o gratuito relacionado con la administración o gerencia de instituciones del Estado centralizadas, desconcentradas o descentralizadas durante un período de seis años.
Los otros condenados en este caso son exdirectivos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema): Alfonso Guillén, César Ramos y Óscar Recarte.
Asimismo, los imputados fueron sentenciados a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo que dure la pena principal.
Asimismo, la Sala IV del Tribunal de Sentencia condenó a tres años de reclusión y seis años de inhabilitación especial a tres excomisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), por el delito de abuso de autoridad, entre ellos a Rasel Tomé, Gustavo Lara López y Edwin Torres Cruz.
El exdiputado, junto a los dos excomisionados, fueron declarados culpables por abuso de autoridad el 23 de noviembre de 2018.
La Fiscalía probó que los excomisionados en su cargo adjudicaron la frecuencia del canal 12 a la sociedad Televisora de Honduras S.A. pese a que había un recurso de casación pendiente de resolver.
Gobierno rechaza lista
El gobierno hondureño, a través de la Cancillería, rechazó categóricamente la Lista Engel por tratarse de un documento motivado políticamente e injerencista.
Asimismo, la administración de Xiomara Castro fija su postura que Honduras es una nación soberana y seguirá defendiendo el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
La lista denota -según el gobierno- una permanente manipulación y política intervencionista, que en el pasado ignoró los motivos que ahora invoca.
Igualmente, Cancillería critica que nunca se incluyó en esa deshonrosa nómina al expresidente Juan Orlando Hernández, en una clara evidencia de protección, ya horas después de finalizado su gobierno, EEUU procedió a acusarlo de narcotraficante y pedirlo en extradición.
