Más de siete meses duró el juicio por el Golpe de Estado II
En noviembre del año pasado, la Fiscalía presentó la acusación formal en contra de la expresidenta transitoria Jeanine Añez por el caso denominado Golpe de Estado II. Una comisión de fiscales, de la ciudad de La Paz, presentó la acusación formal en contra de la exsenadora por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
“Solicito a su autoridad la remisión de la acusación ante la autoridad juzgadora conforme señala el art. 325 del Código de Procedimiento Penal a efectos de su juzgamiento y una vez celebrado el juicio oral público y contradictorio se dicte sentencia declarando a los acusados culpables de los delitos atribuidos considerando el concurso de su comisión, imponiéndoles la pena máxima que establece la norma penal sustantiva”, estableció parte de la acusación formal presentada entonces.
Además de Añez fueron acusados Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas; Yuri Calderón, excomandante de la Policía; Jorge Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana; Flavio Arce, excomandante de la Armada y exjefe de Estado Mayor; Carlos Orellana, excomandante de las Fuerzas Armadas; Jorge Fernández, exinspector de las Fuerzas Armadas; Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Jorge Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; y Palmiro Jarjury, excomandante de la Armada.
El Tribunal 1° de Sentencia Anticorrupción de La Paz definió, el 28 de marzo de este año, el inicio del juicio oral contra Jeanine Añez, del ex Alto Mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Inicialmente, la audiencia debería iniciarse el 10 de febrero; sin embargo, fue suspendida ante una serie de objeciones de la parte acusada que demandaba, entre otras cosas, que sea presencial.
En este caso, los exjefes militares Jorge Terceros y Palmiro Jarjury, a través de una carta, solicitaron ante el Ministerio Público el procedimiento abreviado para ambos uniformados dentro de este caso, aceptando su culpa en los hechos ocurridos en 2019.
En la acusación presentada por el Ministerio Público se entregaron más de 70 pruebas que están debidamente codificadas, casi una veintena de declaraciones testificales que indican que Añez hubiera adecuado su conducta al tipo penal previsto en el artículo 153 del Código Penal que es resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de haber adecuado su conducta al artículo 154 del mismo cuerpo normativo por incumplimiento de deberes.
A lo largo de este proceso, la defensa de Añez presentó una serie de chicanas para alargar el juicio, alegando desde motivos de salud hasta acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mismo que en los pasados días rechazó su consulta.
“Estamos realizando recién el conteo, pero no solo debemos referirnos al caso Golpe de Estado II, sino también al caso Golpe de Estado I, donde también ha presentado incidentes, pero por lo menos son más de 50 excepciones, incidentes dentro del proceso, adicionalmente ha presentado fuera del proceso acciones de libertad, acciones de amparo constitucional”, indicó en su momento el viceministro de Justicia, César Siles.
JORNADAS DE ALEGATOS ORALES
Luego del proceso que se realizó en el transcurso de estos meses, los bolivianos vieron en estos últimos días, desde el 6 de junio, el final del proceso, donde tanto las partes acusadoras como la de defensa presentaron sus alegatos orales.
La exsenadora estuvo recluida, con detención preventiva, en la cárcel de Miraflores. (Foto: Archivo)
Los constantes cuartos intermedios se dieron debido a que Añez arguyó en varias ocasiones que se encontraba cansada o presentaba alguna descompensación. Durante las audiencias, todas las partes acusadoras (Ministerio Público, Senado, Ministerio de Gobierno, entre otros) solicitaron 15 años contra la exsenadora.
Ayer, en la última jornada del proceso, los administradores de la justicia escucharon las últimas declaraciones de Añez y los exjefes militares que están con detención preventiva en San Pedro.
“Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso (…). Lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad”, afirmaba Añez.
“Se declara formalmente cerrado el debate y los miembros de este Tribunal pasan a deliberar de manera ininterrumpida hasta dictar la correspondiente resolución”, indicó el presidente del Tribunal ayer a las 12.57 para luego deliberar y así dictar una sentencia final.
NO PODÍA LLEGAR A LA SILLA PRESIDENCIAL
De acuerdo con el analista político José Pedro Ugarte, no existía ninguna posibilidad de que la exlegisladora asuma la presidencia de manera legal, por lo que ahora es juzgada.
“Asumo de inmediato la presidencia del Estado”, indicaba Añez el 12 de noviembre de 2019, al autoproclamarse sin cumplir el quórum de la Cámara de Senadores e incumpliendo los reglamentos internos y la Constitución Política del Estado.
Rememorando esta situación, el analista recalca que la exlegisladora no podía haber llegado a la Presidencia de manera Constitucional y siguiendo las leyes.
“Ella se autoproclama y asume (la Presidencia), el reglamento general de la Cámara de Senadores establece —de manera muy clara— que la presidencia corresponde al bloque de la mayoría, eso quiere decir que corresponde a la fuerza política con mayor representación en el Senado”, explicó Ugarte en Bolivia TV.
Bolivianos que hicieron vigilia para exigir una sentencia en contra de Jeanine Añez. (Foto: Archivo)
Aseveró que Añez y sus aliados utilizaron diversas “triquiñuelas” o artimañas para que el bloque minoritario tome el poder porque impidieron que los miembros del oficialismo ingresen a la sesión parlamentaria.
“Esto ha sido muy bien planificado, esto no ha sido cosa del momento como se ha querido ver. Había cercos en La Paz, había impedimentos para que no ingresen a su trabajo los diputados y senadores”, recordó.
EFECTO DOMINÓ
Si el Tribunal 1° de Sentencia Anticorrupción de La Paz se pronuncia por una sentencia condenatoria contra la exsenadora, se generaría un “efecto dominó” que implicaría a quienes participaron en la ruptura democrática en noviembre de 2019, afirmó el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez.
“Una sentencia por el caso golpe de Estado II (…) involucraría a las personas que tuvieron que ver con el golpe de Estado de 2019 y que hasta ahora han permanecido intocables”, remarcó el abogado en entrevista con la televisión estatal en alusión a que durante el proceso, que concluirá el lunes, surgieron elementos para enjuiciar a otras personalidades como Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés Waldo Albarracín.
RUPTURA DE LA DEMOCRACIA
En 38 años desde la restitución de la democracia en 1982, ocho presidentes y tres administraciones de sucesión cumplieron la Constitución, como lo hizo Antonio José de Sucre en 1826.
Jeanine Añez, en 2019, asumió de facto y se autoproclamó jefa de Estado. Fue la excepción.
Hernán Siles, Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada en 1993 y 2003; Hugo Banzer, Evo Morales y Luis Arce asumieron la primera magistratura del Estado luego de un verificativo electoral y avalados por el Poder Legislativo.
Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez lo hicieron en estricta sucesión constitucional.
