Histórica sentencia contra el golpismo en Bolivia: Jeanine Áñez condenada a diez años de carcel por la vía penal – Por Julio Peñaloza Bretel, especial para NODAL

Histórica sentencia contra el golpismo en Bolivia: Jeanine Áñez condenada a diez años de carcel por la vía penal

Por Julio Peñaloza Bretel, especial para NODAL

La tarde del miércoles 15 de junio, durante cinco horas, fue leída in extenso la sentencia que ordena diez años de privación de libertad contra la ex presidenta de facto, Jeanine Áñez, por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes, en el marco del proceso denominado “Golpe de Estado 2” promovido por el Senado, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno, y dilucidado en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz. A partir de ese momento, las partes tienen quince días para presentar apelaciones que consistirán, desde la parte acusatoria, en la solicitud de ampliación de la condena a quince años y desde la defensa, en la anulación del proceso con los argumentos de injerencia política y vicios de nulidad.

El título del proceso es sugestivo debido a que la pregunta lógica tiene que ver con los contenidos del proceso “Golpe de Estado 1” iniciado por la ex diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Paty, por sedición (delito recientemente eliminado del ordenamiento jurídico boliviano), conspiración y terrorismo contra Luis Fernando Camacho y otros autores, por entonces Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, protagonista central de las movilizaciones producidas entre octubre y noviembre de 2019 para derrocar a Evo Morales y su gobierno.

La diferencia entre uno y otro proceso consiste en que como era prácticamente imposible conseguir los dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, debido a que el MAS cuenta con mayorías en las dos cámaras, pero sin en el control absoluto de las mismas, tramitar un juicio de privilegio o de responsabilidades hubiera significado un automático bloqueo por parte de las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y CREEMOS de Luis Fernando Camacho, en la actualidad, gobernador del departamento de Santa Cruz. En otras palabras, si se acudía sólo a esta opción, el enjuiciaminento a Jeanine Áñez no se hubiera producido, considerando que Mesa y Camacho fueron actores decisivos para el éxito del golpe. En pocas palabras, no se habría hecho justicia y nuevamente se habría impuesto la impunidad.

Mientras el caso Golpe de Estado 1 avanza a paso lento, con la característica de la retardación de justicia que prevalece en Bolivia, el caso 2 se ha resuelto en 15 meses a partir del apresamiento de Áñez, producido en marzo de 2021 en su ciudad natal, Trinidad. El sustento jurídico del proceso para haberse procedido por la vía ordinaria consiste en que se presentaron una centena de pruebas en su contra que demuestran que entre el 10 y 12 noviembre, cuando era nada más que segunda vicepresidenta del Senado, cometió los delitos por los que ha sido sentenciada, para alcanzar la presidencia de la Cámara Alta primero y a continuación la Presidencia del Estado.

En el momento culminante en que se producía la sentencia contra Áñez, reapareció Diego García Sayán, Relator de Naciones Unidas para la Independencia de Abogados y Magistrados, que en su cuenta de twitter escribió: “Un tribunal de La Paz condenó a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de prisión/…/ pero tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato.” Las afirmaciones de Sayán provocaron la inmediata respuesta del jefe del MAS y ex presidente Evo Morales quién lo acusó de “ponerse del lado de los golpistas”.

García Sayán visitó Bolivia en febrero y anunció el envío de recomendaciones para el funcionamiento de la justicia boliviana para el próximo 20 de julio, fecha en la que culmina su gestión. Entre sus constataciones, el Relator, de nacionalidad peruana, y en su momento ministro de Justicia del gobierno de Alejandro Toledo, afirma que hay una crisis estructural en el funcionamiento de la justicia boliviana que exige reformas profundas y que se deben poner en práctica las recomendaciones hechas por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente organizado para investigar las graves violaciones a los derechos humanos y las muertes producidas por fuerzas militares en los días de instalación del gobierno de Áñez en noviembre de 2019.

Los dichos del Relator indujeron inmediatamente a que el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pidiera la anulación del proceso por haberse gestado desde unos operadores de justicia “serviles”, mientras que desde el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS) se tomó  la decisión de buscar el procesamiento de quienes digitaron la sucesión inconstitucional, entre los que se cuenta el propio Mesa, autor del soliviantamiento para la toma de tribunales departamentales electorales que derivaron en quemas de los mismos, en varias ciudades del país, el 21 de octubre de 2019, cuando gritó “fraude monumental!” y la Organización de Estados Americanos (OEA) a la cabeza de Luis Almagro, introducía una auditoría con el consentimiento del gobierno de Morales, a través de la que se comprobaron “irregularidades” en el proceso electoral, pero sin jamás llegar a demostrar de manera rotunda que se había producido un fraude.

Los abogados de la parte acusatoria que ha dado lugar a una sentencia histórica contra la presidenta de un gobierno producto de una sucesión inconstitucional o de un golpe de Estado que es en términos prácticos lo mismo, sostienen firmemente que no se juzgó a Áñez como presidenta, sino más bien como Senadora, y que a partir de sus actos político jurídicos ya en calidad de primera autoridad del país, efectivamente le corresponde someterse a un juicio de responsabilidades, para enfrentar, por ejemplo, el establecimiento de autorías por las muertes producidas en Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal bajo el paraguas del decreto 4078 emitido por la presidenta Áñez y sus ministros para darles carta blanca sin consecuencias penales a los militares de abrir fuego contra la población civil que en los  turbulentos días de noviembre de 2019 salió a las calles y a las carreteras de las zonas rurales para defender la permanencia de Evo Morales en el gobierno.

El caso “Golpe de Estado 2” ha dado lugar también al juzgamiento y condena de los comandantes de las Fuerzas Armadas, Gral. Williams Kalimán y de la Policía Boliviana, Gral. Yuri Calderón, con diez años de reclusión para cada uno de ellos. Kalimán “sugirió” a Evo Morales renunciar, y Calderón avaló los motines escalonados producidos en distintas ciudades del país en clara desobediencia al poder legítimamente constituído, acciones que completan el cuadro de irregularidades y contravenciones a las normas que señalan que las Fuerzas Armadas no deliberan políticamente según su Ley Orgánica y la Policía debe observar estricta obediencia al poder formal civil.