¿Hacia dónde va Guatemala? – Por Juan Calles
Por Juan Calles*
En 2015 durante las protestas ciudadanas que pidieron la renuncia del expresidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti la mayoría de la sociedad se movilizó motivada por un sentimiento de esperanza, confiada en la posibilidad de que las cosas podían cambiar.
Siete años después, tras dos cuestionadas administraciones gubernamentales, el ciclo de movilización social está en uno de sus puntos más bajos. Ello a pesar de la persecución que la Fiscal General, Consuelo Porras, está llevando adelante contra operadores de justicia que investigaron a casos de gran corrupción en los que están señalados funcionarios públicos y miembros del crimen organizado.
La actual situación por la que atraviesa el país, es decir la ofensiva contra las y los operadores de justicia y la respuesta de movilización en niveles menores que en otras oportunidades, en opinión de analistas consultados, se debe a que la población no lo ve como algo que afecte en lo inmediato sus intereses y rutina diaria, que se basa principalmente en buscar el sustento diario para su familia.
Revancha y retroceso
Para el profesor universitario Ricardo Sáenz de Tejada, “la coalición de actores interesados en mantener la impunidad, mantener privilegios y seguir utilizando al Estado y sus instituciones para beneficio personal, lo que se ha llamado el ‘Pacto de corruptos’, es lo que está llevando al país a una posible crisis, ante la cual, la sociedad, llegado el momento, responderá organizándose para enfrentar a estos grupos que hoy tienen cooptado al Estado en su conjunto”.
“Han mantenido durante dos años la no renovación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, utilizan al Ministerio Público (MP) para perseguir a sus opositores, tienen el pleno control de la Corte de Constitucionalidad y vemos acciones que, por caricaturescas que parezcan, muestran las facetas de esta coalición. Vemos que una Fundación contra el Terrorismo dicta la agenda del MP”, dijo Sáenz de Tejada.
Para el profesor universitario, “la sociedad guatemalteca no reconoce la gravedad del uso del sistema de justicia para defender los intereses de estos grupos corruptos, porque en el corto plazo no se ve como una afectación directa”.
Por otro lado, reconoció que la pandemia por COVID-19 aporta a la desmovilización social. “Estos dos años de una situación sui géneris, ha provocado también desmovilización social, por ejemplo, el movimiento estudiantil que jugó un papel muy importante en las movilizaciones del 2015, hoy vemos que no hay una AEU (Asociación de Estudiantes Universitarios) electa, que no hay clases presenciales, que se ha roto de alguna manera esa articulación”, indicó.
Por otra parte, el analista Luis Fernando Mack consideró que la sociedad no confía en los liderazgos actuales y en general tiene una visión negativa del futuro. “No hay confianza, el futuro se ve negativo, hay una sensación de desamparo”, comentó en diálogo con Prensa Comunitaria.
Mack opinó que si la sociedad pensara que existe la posibilidad de un futuro diferente volvería a las calles: “Por ejemplo en 2015 eso motivó las movilizaciones, había una esperanza de cambio, lo que no existe en la actualidad. En el ámbito de los partidos políticos no existe ninguna propuesta que motive la participación ciudadana, la gente no confía en nadie”.
La ausencia de respuesta ciudadana según Mack también se debe a lo que calificó como que “un error estratégico” de la sociedad civil organizada. “Las organizaciones de la sociedad civil están trabajando de manera dispersa, no se coordinan, no generan una visión de conjunto, eso favorece a la frustración, y que la situación siga igual, no hay visión estratégica de futuro, no se unen en una causa común”, señaló.
En el mismo sentido, Sáenz de Tejada agregó: “En esta estrategia de división, los medios de comunicación del monopolio de radios y televisión abierta que están sistemáticamente desinformando y generando división, ejemplifican lo que se llama ‘Pacto de corruptos’, hay una variedad de actores que están trabajando de manera paralela para dividirnos, para confundirnos, para revertir los procesos que iniciaron algún cambio en la sociedad. Hoy están tomando revancha contra los que se pusieron en primera línea tratando de cambiar las cosas. Después van a seguir con el resto de grupos, pero esto es claramente una revancha de quienes se vieron afectados por el trabajo que se hizo tratando de cambiar las cosas durante el periodo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”.
Para el abogado Ramón Cadena, la persecución en contra de operadores de justicia, está haciendo un daño irreparable al sistema de justicia, “se está retrocediendo al menos 50 años”, aseveró. “Se habían dado pasos importantes a favor de la lucha contra la impunidad, cuando en el país existía la CICIG, y lo que están haciendo es revertir todos los avances”, agregó.
“La justicia está sufriendo un daño que no tendrá posibilidades de sanearse, porque ha sido tan grande que, revertirlo, nos va a tomar al menos dos décadas. Por lo tanto, estamos hablando de una generación perdida, para los jóvenes esto es tremendo, el cierre de espacios para la juventud significa una agresión silenciosa, la agresión más nefasta que puede existir en un país”, indicó Cadena.
En una semana, el Ministerio Publico, con la fiscal Consuelo Porras al frente, ha perseguido a una exmandataria de la CICIG y también a cuatro investigadores de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FECI), acusándoles de abuso de autoridad durante su trabajo en causas judiciales, estas capturas son vistas como venganza contra las personas que en su momento investigaron a miembros del crimen organizado y a funcionarios públicos corruptos, además de ello hay 13 personas que han tenido que ir al exilio en los últimos meses por las mismas razones, incluidas dos fiscales generales.
El lunes por la noche, el medio digital salvadoreño El Faro, publicó una investigación que señaló al presidente Alejandro Giammattei de recibir 20 millones de quetzales, a través del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, de empresas constructoras para financiar su campaña en la segunda vuelta electoral de 2019, a cambio de obtener contratos para realizar obra pública.
¿Hacia dónde vamos?
Ante esta pregunta los analistas consultados señalaron tres aspectos. El primero es que el país se dirige hacia una dictadura, se reprimen y limitan los derechos de organización, protesta y crítica, situación extrema que llevaría a la sociedad guatemalteca a reaccionar, organizándose y exigiendo a las autoridades el respeto al Estado de derecho.
En cuanto al segundo aspecto, Sáenz de Tejada señaló que “el deterioro de las condiciones materiales puede también producir una respuesta ciudadana”, al verse afectada la economía familiar la sociedad empezará a exigir cambios.
“Otro factor a tomar en cuenta es que, en nuestra racionalidad, el ciclo electoral viene a ser una suerte de salida, es decir, aguantamos el desastre de las presidencias, porque tenemos la esperanza que en las próximas elecciones tengamos mejores autoridades”, afirmó Sáenz de Tejada.
El tercer aspecto, según el sociólogo Luis Fernando Mack es que “se está generando conciencia, hay grupos de la sociedad que están tratando de articular esfuerzos, el problema es que son muchos, y por ejemplo los partidos políticos siguen pensando en presentarse en las próximas elecciones de manera dividida, porque argumentan que les ha ido mejor de esa manera, entonces, están viendo que viene la tormenta y no se arrodillan, hay conciencia que se necesita unidad, pero no hay pasos concretos para hacerla, el gran problema es el protagonismo de los liderazgos”.
Mack mencionó como ejemplo las recientes elecciones en Honduras en las que un gran frente político y ciudadano logró hacerse con la presidencia. “Si tuviéramos un gobierno favorable a las expectativas de cambio la situación sería diferente, aún habría instituciones muy fuertes a las que se enfrentaría, pero al menos el gobierno estaría de nuestra parte, pero hoy es una batalla totalmente desigual”, señaló.
Los analistas hicieron énfasis en la manera de votar de los guatemaltecos, que se dejan seducir por las maquinarias electorales que prometen cambios significativos y hacen millonarias campañas mintiendo y vendiendo a los candidatos como personas sensibles e interesadas en apoyar a las grandes mayorías y sus necesidades, sin embargo, en realidad, responden a proyectos conservadores, de regresión autoritaria.
“Si en las próximas elecciones vamos a tener a otro Jimmy Morales o a otro Alejandro Giammattei estamos fritos; en el gobierno de Morales se empezó a cooptar la justicia, sigue el plan Giammattei; si llega otro presidente o presidenta que siga la línea de cooptación, no creo que la sociedad aguante otros cuatro años de este mismo ritmo, el tema electoral nadie lo está tomando en cuenta y esa es una muestra de cómo nos han dividido, como nos han confundido y como no tenemos la capacidad de articular”, opinó Mack.
Mack concluyó que “mientras los actores de la sociedad no visualicen que el principal escenario de cara al futuro es el electoral, no habrá un cambio”.
*Periodista y fotógrafo; dedicado a la comunicación desde hace más de 20 años, apasionado del periodismo radiofónico y comunitario. Publicado en Prensa Comunitaria
