Gobierno de Bolivia rechaza injerencia de Bolsonaro por ofrecerle asilo político a Áñez
Bolivia responde a Bolsonaro que “bajo ningún concepto” acepta injerencia en la institucionalidad estatal
El gobierno del presidente Luis Arce respondió este martes a su par de Brasil y le aclaró que “bajo ningún concepto” aceptará la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana.
“Lamentamos las desafortunadas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que son absolutamente impertinentes, hace una inapropiada injerencia en asuntos internos, no respeta las formas de relacionamiento entre Estados y no coincide con las relaciones de buena vecindad y respeto mutuo entre Brasil y Bolivia”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, en rueda de prensa dictada en La Paz.
Bolsonaro, en entrevista con un medio brasileño, ofreció asilo político a la exlegisladora Jeanine Áñez, sentenciada por un tribunal a 10 de prisión en Bolivia, y calificó de “injustas” tanto la condena judicial como su detención.
Bajo ningún concepto, dijo el titular de Relaciones Exteriores, Bolivia aceptará la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia del país y la institucionalidad estatal.
Mayta, abogado de larga trayectoria en derechos humanos, recordó que sobre la política beniana pesan “cargos criminales” que se tramitan en instancias judiciales y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la primera entidad en investigar los sucesos de noviembre de 2019, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres y, por tanto, delitos de lesa humanidad.
Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción de Áñez a la presidencia y que dejaron al menos 38 muertos por amas de fuego, la mayoría de ellos, precisamente, en Senkata y Sacaba.
El 14 de noviembre de 2019, al tercer día de su régimen, firmó el Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad del Estado lanzadas contra la sociedad civil desarmada.
“La señora Áñez está siendo investigada y procesada criminalmente porque ha cometido graves violaciones a los derechos humanos”, remarcó la autoridad e insistió que, en ese marco, el Estado boliviano tiene la “obligación” de llevar adelante los procesos judiciales necesarios, recomendados también por organismos internacionales de derechos humanos, para brindar justicia a las víctimas de ese periodo.
El canciller señaló que es “inadmisible” una situación en la que Jeanine Áñez pudiera evadir la justicia.
“La impunidad es inadmisible, en esta ocasión queremos ratificar el compromiso de Bolivia para lograr el respeto de los derechos humanos que hubiesen sido trasgredidos en esos lamentables días de 2019, tal cual han expresado las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
Creemos impulsa ante organismos internacionales la ‘nulidad’ del proceso de Áñez
Por Edwin Condori
La bancada de la agrupación opositora Creemos envió una carta a organismos internacionales a los que solicitó que realicen un “llamamiento urgente al Estado boliviano en favor de la nulidad del proceso penal en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y exmilitares” que, en su criterio, están “ilegalmente privados de libertad”.
La carta fue remitida a la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante su relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán.
Los legisladores de Creemos buscan la nulidad del juicio a Áñez y otros porque consideran que sus procesos no tienen asidero jurídico debido a que, según su versión, durante la crisis de 2019 “no hubo un golpe de Estado” en Bolivia, sino un “fraude electoral” presuntamente cometido por el ahora expresidente Evo Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El pasado 10 de junio, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, por decisión unánime, condenó a 10 años de cárcel a Áñez por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada, al igual que otros involucrados, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Sin embargo, la jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, insistió en que la expresidenta es víctima de un linchamiento judicial supuestamente ordenado por el presidente Luis Arce y el expresidente Morales “en un claro afán de venganza por el fraude electoral ocurrido en 2019”.
“Ha sido la confesión de parte de Evo Morales, junto a Arce Catacora y otros ministros, quienes decidieron el linchamiento judicial de la expresidenta Áñez. Creo que esto es muy importante, porque prueba todo lo que se había anticipado en el sentido de que la Justicia no es independiente, que está cooptada por el poder político (…) y que el país está fuera del marco del respeto de las garantías de los derechos humanos y del debido proceso”, afirmó Rek.
