El Salvador: tres años de militarización como apuesta de seguridad – Por Claudia Espinoza
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Claudia Espinoza*
Los expertos aseguran que la militarización de la seguridad pública es la acción más tangible de las anunciadas por el Gobierno como parte de su política de seguridad pública, que sigue restringida al público.
El fortalecimiento de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) con fondos, equipos y tropa es, según expertos en el área de seguridad, la acción más tangible del Gobierno Bukele en su plan de seguridad que ya alcanzó tres años y sigue sin ser transparentado al público.
Nayib Bukele anunció en junio de 2019 el Plan Control Territorial (PCT), una política que a juicio de la investigadora Jeannette Aguilar es «inexistente». Según Aguilar, en la práctica el gobierno ha fortalecido al Ejército en detrimento del rol protagónico en el combate a la inseguridad que la Constitución le da a la PNC.
«Es un riesgo para la seguridad y los derechos de todos los habitantes dotar de tantas facultades, tecnología y equipamiento militar de última generación a una Fuerza Armada que, además de no tener la preparación técnica para atender los problemas de seguridad, se ha politizado y puesto al servicio pleno de un gobierno autoritario», detalló.
Sobre este poder de la FAES, Verónica Reyna del Servicio Social Pasionista (SSPAS), recalcó que la institución militar no debería de hacer tareas de seguridad pública porque estas le competen a la PNC.
«Se ha realizado una gran inversión presupuestaria en una institución a la que no debería de invertirse de esa forma en términos de apoyo a la seguridad, sino que esos fondos deberían de dirigirse a la PNC y a mejorar su capacidad de investigación, junto con la Fiscalía General de la República», enfatizó.
Reyna aseguró que este tipo de asignaciones presupuestarias y grandes cantidades de dinero que se mueve entre el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) tienen más una connotación de «asegurar lealtades de estas instituciones, sobre todo en un momento donde a la policía también se le ha exigido».
Reyna también mencionó las condiciones en que trabajan los agentes policiales y consideró que es necesario fortalecer sus prestaciones laborales.
Secretismo
Además del fortalecimiento de la FAES, los expertos señalaron la poca transparencia en la información de la implementación de la supuesta política de seguridad y de sus fases.
«Han transcurrido tres años desde que se anunció el Plan Control Territorial, sin embargo, aún no hemos podido ver un documento completo, ni siquiera de las fases que según el presidente ya no tendrían que ser reservadas porque ya se implementaron. Esto significa que no ha sido posible evidenciar analizar y contrastar las metas propuestas por dicho plan», dice Zaira Navas, jefa de Derecho y Seguridad de Cristosal.
La abogada aseguró que en las primeras fases fueron más publicidad que resultados. Según el gobierno, la Fase I fue de incursión a territorios y represión del delito e incluía oportunidades para los jóvenes y prevención de la violencia en comunidades en riesgo. En la tercera, vía redes sociales, anunció la modernización de las fuerzas de seguridad y en la cuarta y quinta fase se suponía que la FAES y la Policía iban a «arrebatar y tomar los territorios a las pandillas», según el discurso oficial. La semana pasada, el presidente Bukele informó que las fases 5,6 y 7 del PCT serán secretas.
En febrero pasado, una investigación de La Prensa Gráfica y Alharaca, quienes tuvieron acceso a dos copias del Plan, reveló que el Gobierno no estaba ejecutando ninguna de las acciones descritas en papel, ni siquiera 9 de febrero de 2020 ni durante el primer año de la pandemia de covid-19.
A la fecha, el Gobierno celebra como logro la «reducción de los homicidios», señala Navas, pero considera que en ese aspecto se ha dado un uso irregular en las estadísticas. «Las personas desaparecidas no cuentas en dichos números y por ende los homicidios también han bajado», dijo.
Para Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el PCT no es más que un «plan mano dura» que implica represión.
«El PCT no tiene acciones claras, concretas, definidas de prevención ni reinserción. Ningún plan de combate a la delincuencia es exitoso sin estos componentes. Podríamos mencionar espejismos en esto, tener falsos positivos, pues se disminuye la delincuencia, pero no se elimina desde sus orígenes», aseveró.
Para Aguilar es difícil analizar un plan que no existe como política de seguridad, ya que impide una evaluación o balance.
«El secretismo y la opacidad en el manejo del tema de seguridad obedece a que no hay política pública, y a los resultados que han presentado como indicadores de éxito (la reducción de homicidios), que por cierto, derivan de un acuerdo político con estos grupos (pandillas)», destacó.
*Coordinadora Sección Nación Judicial en La Prensa Gráfica
